Paula Cuautle Arce
Expediente 176/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 176/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Paula Cuautle Arce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, doce de junio de dos mil diecinueve. Tribunal Colegiado remite ejecutoria. Agréguese el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja civil 95/2019, en la cual se confirmó el auto de cinco de abril de dos mil diecinueve (fojas 29 a 33), y cuyos puntos resolutivos son: PRIMERO. Se confirma el auto recurrido. SEGUNDO: Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Paula Cuahutle Arce, en contra del acto reclamado de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistente en la resolución de siete de febrero de dos mil diecinueve, emitida dentro del toca 2/2019. Asimismo, se le tiene devolviendo el juicio de amparo 176/2019-II de este índice; en consecuencia, como lo solicita la autoridad oficiante acúsese recibo de estilo. Se ordena archivo. En tal virtud, glósense las constancias devueltas, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, trece de mayo de dos mil diecinueve. Tribunal Colegiado informa admitió a trámite recurso de queja. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Paula Cuahutle Arce, contra el proveído de cinco de abril de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, el cual quedó registrado bajo el número 95/2019 de su índice, de lo que este Juzgado Federal toma conocimiento para los efectos legales que haya lugar.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de veintiséis de abril de dos mil diecinueve: Agréguese a los autos el escrito signado por Paula Cuahutle Arce, en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de cinco de abril de dos mil diecinueve (fojas 29 a 33), mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito y, por ende, remítase al Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en Turno, el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja, sin que haya lugar a distribuir copias entre las partes, ya que no han sido emplazadas dado el desechamiento de la demanda; manifestando en vía de informe que es cierto el acto impugnado. Por tanto, con diversa copia del escrito de recurso de queja, fórmese el cuaderno de anteced.entes relativo al presente asunto; una vez notificado el presente proveído a la parte promovente, remítanse las constancias precisadas dentro del plazo que prevé el artículo 101 de la Ley de Amparo, al citado tribunal colegiado.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de cinco de abril de dos mil diecinueve: Agréguese el escrito signado por Paula Cuahutle Arce, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de cuatro de marzo de dos mil diecinueve (fojas 9 a 12). Desechamiento de demanda. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado, la resolución dictada el siete de febrero de dos mil diecinueve, en el recurso de queja 2/2019, que confirmó la determinación de uno de octubre de dos mil dieciocho, pronunciada en el recurso de revocación derivado del expediente 248/2018, interpuesto en contra el auto de dos de julio de dos mil dieciocho, en el cual el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, tuvo por contestada la demanda respecto a la ahora quejosa y donde, aduce la impetrarte fue omisa en proveer sobre su solicitud de llamar a juicio a Hilario Netzahual Cruz. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En esas condiciones, este juzgado considera que en el presente asunto se advierte que se acredita la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". En efecto, en el precepto citado se establece que el amparo biistancial procede contra actos dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional sólo cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, y explica que por éstos se entiende los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Los actos en juicio de imposible reparación son aquellos que lesionan derechos fundamentales consagrados en la Ley Fundamental o los tratados internacionales mencionados, ya sean personales, reales o del estado civil, porque sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Así, para que dichos actos puedan ser calificados como irreparables, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y además deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva Estas consideraciones encuentran apoyo en la tesis jurisprudencial que enseguida se cita: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir en la resolución dictada el siete de febrero de dos mil diecinueve, en el recurso de queja 2/2019, que confirmó la determinación de uno de octubre de dos mil dieciocho, pronunciada en el recurso de revocación derivado del expediente 248/2018, interpuesto en contra el auto de dos de julio de dos mil dieciocho, en el cual el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, tuvo por contestada la demanda respecto a la ahora quejosa y donde, aduce la impetrarte fue omisa en proveer sobre su solicitud de llamar a juicio a Hilario Netzahual Cruz, no puede ser considerado como acto de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que la determinación de la autoridad responsable confirma un auto en el que la autoridad de origen fue omisa en proveer respecto del llamamiento a juicio de una persona, sólo constituyen violaciones procesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos de la fracción V del artículo 107, de la Ley de Amparo, porque no afectan los derechos sustantivos del agraviado ni decide el fondo de la litis planteada, pues constituye una violación. Se afirma lo anterior, en razón a que el acto reclamado, no puede considerarse un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que no produce de manera directa e inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues a través de dicho auto no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino que se trata de una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a sus derechos sustantivos y sin dejar huella en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación localizable en la página 6 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I; Materia Común; Décima Época, cuyo contenido es: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos". Sobre esa base, la negativa a denunciar el juicio a terceros no es de naturaleza irreparable, pues esa actuación carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. La postura anterior es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza". Esto es, los efectos de la resolución se actualizan hasta el dictado de la sentencia, toda vez que en ese momento se podrá apreciar si con motivo de la falta de llamamiento a juicio de Hilario Netzahual Cruz, se vulneraron sus defensas y con ello si se incurrió en una violación procesal que trascendió al resultado del fallo, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación. Por tanto, en el caso se actualiza la causal de inejercitabilidad prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.
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