Paula Caridad Cruz Tornes

Expediente 448/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
448/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
13/05/2022

Partes del expediente

  • Paula Caridad Cruz Tornes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a trece de mayo de dos mil veintidós. Adquiere firmeza. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la determinación que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa; en consecuencia, declárese que ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Incidente. No fue solicitado. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al Capítulo 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como el artículo 18, penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se decretó la suspensión de plano a favor de la parte quejosa. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". No ha lugar. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito y anexo de cuenta presentado por (1) Juan Carlos Briones Acosta, autorizado de la parte quejosa; mediante el cual solicita que este órgano jurisdiccional ordene a la autoridad responsable la devolución del billete de depósito exhibido como garantía para lograr la liberación de la quejosa (2) Paula Caridad Cruz, por lo que se provee lo siguiente: Dado lo solicitado por el autorizado del quejoso de mérito; dígasele que no ha lugar a acordar lo solicitado, virtud que en proveído de tres de abril del año en curso, en el que se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, siendo en el "tercer supuesto" de concesión, en el que se estableció, que conforme a los artículos 101 a 104 de la Ley de Migración, cuando un extranjero es puesto a disposición de una autoridad migratoria con motivo de un procedimiento administrativo, tiene derecho a obtener la libertad bajo la figura de "custodia provisional", destacando además que tal derecho puede ser ejercido ante las autoridades migratorias correspondientes, en términos y bajo los requisitos establecidos por los artículos 101 y 102, de la Ley de Migración, y su Reglamento, así como los acuerdos relativos, siempre y cuando satisfagan los supuestos que para el caso exigen las normatividades aplicables, como lo es otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad, para obtener la libertad en términos de la porción normativa en cuestión. Ahora, del escrito de cuenta se advierte que el propio autorizado de la parte quejosa expone que constituyó ante la autoridad responsable -y no este Juzgado de Distrito- el billete de depósito para que la quejosa (2) Paula Caridad Cruz, obtuviera su libertad, bajo el supuesto normativo que señala en su escrito de cuenta, lo que evidencia sin lugar a dudas, que se adhirió al tercer supuesto de la suspensión de plano concedida. Máxime, que la garantía en cuestión la parte quejosa la presentó ante la autoridad migratoria, y no en términos de la Ley de Amparo (según expuso el promovente en el escrito de cuenta), y no ante este órgano jurisdiccional, de ahí que en todo caso la devolución de que se trata, deberá solicitarla ante la autoridad ante quien se constituyó la garantía de referencia. Bajo esa premisa, dicha erogación monetaria garantiza actualmente la presencia del quejoso en los actos del procedimiento administrativo ante la autoridad responsable, lo cual es imprescindible para evitar que la medida cautelar impida su continuidad; conforme lo prevé el inciso a) del artículo 102 de la Ley de Migración, del tenor siguiente: "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; [.]" Incluso, en apoyo al tema se invoca como hecho notorio el precedente resuelto en la Queja 82/2022, del índice del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, que aparece publicado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, de la que se advierte modificó el auto de primer grado, que concedió la suspensión de plano y de oficio, para establecer que, lo anterior es sin perjuicio que las autoridades impongan a las personas quejosas las medidas alternativas respectivas que permitan la continuidad del procedimiento, es decir, las que sean necesarias para garantizar su comparecencia periódica ante la autoridad migratoria. En cuanto la cita del precedente, encuentra apoyo en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, son: "Registro digital: 2017123 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 16/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10 Tipo: Jurisprudencia HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Bajo ese orden de ideas, con independencia de la concesión de la suspensión de oficio y de plano decretada en el presente juicio de amparo, la cual, por cierto, en términos de lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley de Amparo, dejó de surtir efecto legal alguno al quedar firme el acuerdo que sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia -diecinueve de abril del año en curso-, no es posible que este Juzgado de Distrito se sustituya en la autoridad responsable para devolver la garantía de las medidas alternativas respectivas que permitan la continuidad del procedimiento, es decir, las que sean necesarias para garantizar su comparecencia periódica ante la autoridad migratoria; por lo que no ha lugar a ordenar la devolución de la cuantía impuesta por la autoridad administrativa con el fin de garantizar su comparecencia periódica ante dicha autoridad. Máxime, que no manifiesta -ni este órgano jurisdiccional advierte- imposibilidad o el impedimento legal alguno para que tenga que ser este órgano jurisdiccional quien haga el requerimiento a la autoridad administrativa correspondiente, y no la parte quejosa o alguno de sus autorizados. Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintidós de abril de dos mil veintidós. Escritos. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, los escritos de cuenta presentados por (1) *******************, autorizados de la parte quejosa; y, en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: No ha lugar. Visa el ocurso de cuenta, dígasele a los promoventes que no ha lugar a acordar de conformidad la petición orientada a renunciar a su cargo otorgado por la parte quejosa, como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; en razón a que omitieron exhibir la constancia donde se advierta que fue propia quejosa quien les revocó dicho nombramiento; de igual forma, omiten señalan domicilio en el que se le pueda dar vista con tal circunstancia para que manifieste lo que a su interés convenga; sino, por el contrario, aduce su fiadora que no ha llegado al domicilio en donde se comprometió quedarse y tampoco tiene conocimiento del paradero desde el día que salió de las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración. En virtud de lo anterior, al encontrarse la quejosa dentro de un grupo en situación de vulnerabilidad -personas migrantes-, y con el fin de no dejarla en un estado de indefensión, por no tener a diverso abogado que la represente en el presente juicio de amparo, pues únicamente señaló a dichos postulantes como sus representantes legales; es que se reitera sus deberes como autorizados. Asimismo, se previene a las profesionistas de referencia que podrán incurrir en la hipótesis que establece los artículos 231 y 232, fracción II, del Código Penal Federal, que dicen: "Artículo 231.- Se impondrá de dos a seis años de prisión, de cien a trescientos días multa y suspensión e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena señalada anteriormente para ejercer la profesión, a los abogados, a los patronos, o a los litigantes que no sean ostensiblemente patrocinados por abogados, cuando cometan algunos de los delitos siguientes: [.] Artículo 232.- Además de las penas mencionadas, se podrán imponer de tres meses a tres años de prisión. [.] II.- Por abandonar la defensa de un cliente o negocio sin motivo justificado y causando daño, y [.]" No ha lugar. Finalmente, en respecto a su solitud de informar a las autoridades responsables respecto a la renuncia a su cargo de autorizados legales de la quejosa, así como que la aquí quejosa no ha regresado al domicilio donde indicó permanecería mientras se llevaba su proceso migratorio; dígasele que no ha lugar acordar de conformidad, en razón a que no manifiestan -ni este órgano jurisdiccional advierte- imposibilidad o el impedimento legal alguno para que sean este órgano jurisdiccional quien haga del conocimiento sobre tales circunstancias a la autoridad administrativa correspondiente, y no dichos profesionistas. Notifíquese y personalmente a los autorizados de la parte quejosa. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinte de abril de dos mil veintidós. Telegrama. Vista la certificación que antecede, agréguese para los efectos legales conducentes el informe de cuenta, rendido por la Directora General de Procedimientos Constitucionales, en representación del Secretario en Gobernación, con sede en Ciudad de México, en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Acatamiento a suspensión de plano. Téngase a la autoridad en cuestión informando el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada a favor de la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto en el informe correspondiente. Delegados. Conforme con el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas indicadas en su oficio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciocho de abril de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe y anexos remitidos por la autoridad señalada como responsable Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa la situación migratoria de la hoy quejosa (1) ************, y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia que a la letra dice: "Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia que textualmente dice: "Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, la quejosa (1) Paula Caridad Cruz Tornes, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que a continuación se transcriben: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De la autoridad ordenadora y ejecutoria A) PRIMERO: el aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de 36 horas, en la estación migratoria del instituto nacional de migración. SEGUNDO: el aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de 36 horas, en la estación migratoria del instituto nacional de migración la incomunicación de la quejosa con su abogado defensor Y amenaza de deportación sin juicio previo ni oportunidad de tener una defensa adecuada. TERCERO: la falta de oportunidad por parte de las autoridades administrativas responsables de regularizar su estancia en el país conforme lo indica el artículo 102 de la ley de migración". De lo anterior, y de las constancias que obran en el presente contradictorio federal se puede concluir que la parte quejosa esencialmente, se duele de estar alojada por más de treinta y seis horas en las instalaciones de la estación migratoria en esta ciudad, con motivo del procedimiento administrativo migratorio correspondiente, el cual puede concluir con su incomunicación y/o deportación. Ahora, de la constancias enviadas por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, mismas que tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el once de abril del año en curso, se otorgó a la ahora gestora del amparo la condición de estancia de visitante por permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de cuarenta y cinco días, por lo que la dejó en libertad; lo anterior, con independencia de la suspensión de plano otorgada a la quejosa, ya que así lo estableció la autoridad en cita, en el oficio de cuenta al establecer: "En relación con los actos reclamados, se informa que esta autoridad migratoria le entregó (sic) DOCUMENTO PROVISIONAL DE VISITANTE CON PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS, motivos por el cual fue puesto en completa libertad y no se encuentra a disposición del Instituto Nacional de Migración, tal y como consta en los autos correspondientes." En las relatadas condiciones, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la jurisprudencia cuyo rubro y contenido reza: "Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las once horas con treinta minutos del cuatro de mayo de dos mil veintidós. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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