Paula Calderón Herrera

Expediente 1045/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1045/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Paula Calderón Herrera

Actuaciones

  1. Incidental

    Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 140, 144 y 217, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E : PRIMERO. Se declara SIN MATERIA el presente incidente de suspensión, en términos de lo expuesto en el quinto considerando de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva, por los fundamentos y motivos expuestos en el último considerando de esta interlocutoria. Notifíquese y por oficio al tercero interesado y autoridades responsables

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio suscrito por la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, en funciones de Juez de Control, por medio del cual rinde su informe justificado; con su contenido y anexos, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlos el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con fundamento en el arábigo 119 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se tienen como pruebas el disco compacto y las documentales que exhibe, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.5o.C.2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. Con la documental que remite, fórmese el primer tomo de pruebas por separado, que deberá tenerse a la vista al momento de resolver el presente asunto. En el mismo orden, toda vez que de las constancias que adjuntó la autoridad responsable, se advierte que, conforme al artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo1, le resulta el carácter de terceros interesados a las víctimas de identidad reservada Rodrigo Medina Miranda, Moisés Gómez García, Guillermo Rosas Pérez, José Asael Flores Cervantes, Ausencio Rodríguez Martínez, Neftalí Martínez Osorio, Silvestro Victoriano Ayodoro, Octavio de Ramona Rendón, Esteban Flores Martínez, Jesús Romero Romero, Lauro Teresa Secundino, Tomás Díaz Martínez, Ismael Neri Mayo, Ausencio Santiago Morales, Alejandro Jacobo Nolberto, Erikc Antonio Santiago Benito, Alberto Reyes Reyes, David Tapia Quiroz, Juan Jesús Gonzaga Santiago, Gamaliel Antonio Reyes Prudente, Adolfo Carranza Santiago, Miguel Ángel Moreno Soriano, Raciel Manzo Ramos, Rogelio Guízar Radilla y Sergio Chávez López, por conducto de su asesor 1 Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: (.) c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; (.)" MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 WordSISE ??????????????? jurídico Jesús Jiménez Morales, sargento segundo oficinista, asignado al Cuartel General de la Trigésimo Quinta Zona Militar, con sede en Chilpancingo, Guerrero. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y el numeral 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena girar atento exhorto vía electrónica al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO, CON SEDE CHILPANCINGO, EN TURNO, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado federal, se sirva ordenar a quien corresponda que se constituya en el citado domicilio, y emplace juicio a los terceros interesados referidos con antelación, por conducto de su asesor jurídico Jesús Jiménez Morales, corriéndoles traslado con copia simple de la demanda de amparo, auto admisorio y del presente proveído; asimismo, le hagan saber que se fijaron las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; de igual forma, los requieran en el acto de la notificación para que señalen domicilio donde puedan recibir notificaciones en esta ciudad, o bien, lo hagan por escrito en el término de TRES DÍAS siguientes a la notificación del presente proveído; y los aperciban que de no hacerlo así, las subsecuentes actuaciones aun las de carácter personal se les notificarán por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado federal, hasta en tanto lo señale. En el entendido que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 12, incisos b) y g), del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Federal Electoral y Consejo de la Judicatura Federal, la comunicación oficial será firmada mediante el certificado digital de firma electrónica. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 Notifíquese y por exhorto a los terceros interesados, por conducto de su asesor jurídico Jesús Jiménez Morales

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Paula Calderón Herrera, por propio derecho, contra actos de la Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad responsable. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de control electrónico con el número 1045/2023-I-A, para lo cual se forman expedientes, tanto el físico como electrónico, acorde a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Toda vez que a criterio de este órgano jurisdiccional de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento de la demanda de amparo, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer del presente asunto; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite a trámite. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 Tramítese por separado el incidente de suspensión de los actos reclamados por así haberlo solicitado la parte quejosa. Hágase saber a las partes que el siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales. Por tanto, en términos de lo establecido en el artículo 264 del citado Acuerdo General, no se formará el duplicado físico del incidente de suspensión. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. En términos del artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere informe justificado a las autoridades responsables, el que deberán rendir respecto de los actos que en específico se le atribuyen, en el plazo de quince días computado a partir del día siguiente al en que les surta efectos la notificación del presente proveído. Se le apercibe que ante la omisión sobre el particular, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario, conforme al artículo 117, párrafo cuarto de la ley de la materia. Conforme al artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere para que en el mismo plazo, exponga las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 WordSISE ??????????????? improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad de los actos atribuidos y remita copia certificada de la totalidad de las constancias que acrediten la veracidad de su dicho, las que deberán ser legibles. Y en el supuesto de que el acto derive de un asunto tramitado bajo el sistema de justicia penal acusatorio, la autoridad responsable deberá acompañar a su informe justificado el formato digital en que se contenga la videograbación de la audiencia correspondiente con los datos de prueba que hayan sido tomados en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional. Y de ser el caso, el índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado en el que indique el orden de intervención de cada una de las partes -acorde a lo preceptuado en el párrafo tercero del citado precepto legal-; o en su defecto, manifieste el impedimento legal o material que le asista para hacerlo. Orienta a lo anterior la tesis XV.3o.4 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INCONGRUENTE SI AL DICTARLA EL JUEZ DE DISTRITO SE APOYA EN LA VERSIÓN ESCRITA DEL ACTO EMITIDO ORALMENTE EN LAS AUDIENCIAS DICTADAS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO PENAL DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL, SIN ANALIZAR LA VIDEOGRABACIÓN QUE LO CONTIENE. Resulta incongruente la sentencia de amparo indirecto que para su dictado se apoya en la versión escrita del acto emitido oralmente en las audiencias dictadas dentro de un procedimiento penal de corte acusatorio y oral, sin que el Juez de Distrito analice la videograbación que lo contiene, porque, de conformidad con los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, uno de los requisitos necesarios para que una sentencia sea congruente, es que el juzgador que conozca del juicio analice el acto reclamado, pues de lo contrario no puede cumplirse con ninguno de los demás requisitos necesarios para el dictado de una sentencia válida, en la medida en que invariablemente la determinación que llegara a dictarse no cumpliría con la finalidad de verificar si el acto de autoridad es o no violatorio de derechos fundamentales. De ahí que la falta de análisis del formato digital en que se contenga la videograbación de la audiencia, implica que no se apreció el acto reclamado, porque la resolución escrita no sustituye al acto procesal dictado de manera oral, en tanto que sólo constituye un registro administrativo de que efectivamente se llevó a cabo; MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 máxime que las consideraciones que rigen aquél son aquellas expresadas en la audiencia, las cuales no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser sustituidas o complementadas en la versión escrita." En la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. En la inteligencia de que ese informe deberá remitirlo a este juzgado, con la anticipación que permita su conocimiento por las partes con por lo menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional de este juicio, ya que de lo contrario se propiciaría su diferimiento, con la consecuente dilación en la impartición de justicia. Indíquese a las autoridades responsables que en términos de los numerales 260 y 238, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio, en caso de que no rindan sus informes justificados, o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio. Comuníqueseles que se sancionará de igual forma, en caso de negativa a recibir la notificación a que se refiere el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, tal como lo MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 WordSISE ??????????????? establece el diverso numeral 245 de la ley de la materia; habida cuenta la obligación de recibir los oficios que se les dirijan, pues en caso de negarse bajo cualquier excusa que no resulte trascedente, se tendrán por hechas las notificaciones. Se informa a las autoridades responsables que las notificaciones se le practicarán por medio de lista, salvo las que por su trascendencia se le deban notificar mediante oficio, en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 64 y 16 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o del fallecimiento del quejoso o alguno de los terceros interesados, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto; apercibidas que de no hacerlo se les impondrán las multas previstas en los numerales 251 y 242 del ordenamiento legal en cita, respectivamente. De igual forma, para que informe a este juzgado federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieren estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde a la Fiscal de la Federación adscrita. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jovany Nahúm Juárez Zárate, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Carlos Lorenzo MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 Ayala y Alicia Guadalupe Lorenzo Loredo, por no contar con dicho requisito. Ahora bien, toda vez que de la revisión hecha en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se desprende que efectivamente el usuario "Lex_Zarate" corresponde a Jovany Nahúm Juárez Zárate. En consecuencia, como lo solicita expresamente la promovente, se le autoriza a dicho profesionista la consulta del expediente electrónico, en la inteligencia de que dicha autorización está condicionada en todo momento a que la Firma Electrónica se mantenga vigente, y se ordena notificar a la quejosa las actuaciones de carácter personal, vía electrónica, para los efectos legales conducentes. Por lo que deberá dársele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el nombre de usuario que proporciona, para los efectos legales conducentes. Lo anterior, acorde a lo dispuesto en la Jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), de la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, registro digital 2026122, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." Por tanto, se instruye al Oficial SISE, así como al Actuario adscrito a este Juzgado Federal, a efecto de que verifiquen que la parte quejosa cuenta con los permisos y accesos necesarios para visualizar los archivos de todas y cada una de las promociones presentadas en el expediente en que se actúa, así como los acuerdos emitidos y las notificaciones practicadas. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 WordSISE ??????????????? Se le tiene proporcionando correo electrónico, sólo para cuestiones no procesales, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos soluciones digitales como ejes rectores del nueve esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo vigente. Con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso e)1, de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado al: ? AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, TITULAR DE LA CEDULA I-1, CHILPANCINGO, GUERRERO. Con domicilio ubicado en calle Acceso al Tecnológico, número 3, Colonia Predio la Cortina, Chilpancingo, Guerrero. En consecuencia, emplácesele por oficio, tal como lo establece el numeral 26, fracción II, inciso b), del ordenamiento legal en cita, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo. En la inteligencia que una vez que obre constancia de su debido emplazamiento se le tendrá por impuesto de los autos, para los efectos que señala el artículo 117, segundo párrafo de la Ley de Amparo. En el mismo orden, este órgano jurisdiccional se reserva a emplazar a las víctimas en calidad de terceros interesados, 1 Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: (.) e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. (.)" MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 hasta en tanto obre el informe justificado que rinda la autoridad responsable. Se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hubieren formulado, o bien, mientras el negocio no haya sido resuelto definitivamente. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio, así como la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el asunto; sin embargo, en este punto, se hace del conocimiento de las partes que actualmente, los órganos jurisdiccionales federales en este puerto de Acapulco, carecen de un centro de fotocopiado en el interior de las instalaciones que ocupa el Poder Judicial de la Federación; ello, no obstante que desde que esa circunstancia inició, han transcurrido varios meses; por tanto, a efecto de materializar la presente autorización, se les solicita que al momento de elevar su petición, proporcionen una cuenta de correo electrónico a fin de que les sean remitidas por personal de este juzgado en formato PDF. La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 WordSISE ??????????????? Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, las partes deberán solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. En caso de que las partes exhiban documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Se comunica a las partes que de conformidad con lo establecido en el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, las cuales serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. Por lo que se les exhorta para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Por otro lado, se hace del conocimiento que el horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales, será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 WordSISE ??????????????? digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. Para ello, en el área de atención al público se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los servidores públicos, a efecto de que cualquier persona los pueda contactar para la atención correspondiente. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Notifíquese; personalmente a la Fiscal de la Federación adscrita y por oficio al tercero interesado.

  4. Incidental

    Acapulco de Juárez, Guerrero; diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta a la cuenta secretarial que antecede y en cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 1045/2023-I-A, promovido por Paula Calderón Herrera, por propio derecho, contra actos del Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en Funciones de Juez de Control, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y de otra autoridad responsable. Hágase saber a las partes que el siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales. Por tanto, en términos de lo establecido en el artículo 264 del citado Acuerdo General, no se formará el duplicado físico del incidente de suspensión. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 Con fundamento en los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que queden legalmente notificadas del presente proveído, enviándoles copia de la demanda de amparo, solicitándoles que en el mismo se precise si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, pudiendo expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permita al órgano jurisdiccional establecer el monto de la garantía correspondiente. Se fijan LAS DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Luego, se hace saber a la autoridad responsable que la falta de la rendición oportuna de su informe previo, esto es, antes de la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, se sanciona con una corrección disciplinaria, y que de conformidad con el artículo 260, fracción I, en relación con el diverso 238, ambos de la ley de la materia, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio, en caso de que no rindan su informe previo en el término antes señalado, resultando aplicable a este apercibimiento, la tesis IV.2o. P.C.4K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Cuarto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "MULTA. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 WordSISE ??????????????? CORRECCIÓN DISCIPLINARIA IDÓNEA PARA SANCIONAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE OMITE RENDIR INFORME PREVIO". Por otro lado, en aras de una pronta impartición de justicia, se exhorta a la responsable para que remita su informe previo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico institucional 4jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, con evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma", del Servicio de Administración Tributaria, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. En el entendido de que no se acordarán de conformidad las promociones que se presenten sin firma electrónica de la persona servidora pública que las suscriba. Apoya lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia PC.XVII. J/3 k (11ª.) del Pleno del Decimoséptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2023740, de rubro: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". Se informa a la autoridad responsable que las notificaciones se les practicarán por medio de lista, salvo las que por su trascendencia se les deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 176/2012 MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Antes de determinar si es procedente conceder la suspensión provisional solicitada, es menester precisar los actos que en la especie se reclaman, y una vez realizado un cabal estudio de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: a) La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a la quejosa, en audiencia inicial de catorce de septiembre de dos mil veintitrés, en la carpeta judicial 212/2023, reiterada en la continuación de la audiencia inicial de dieciocho de ese mes. b) El auto de vinculación a proceso dictado en la continuación de la audiencia inicial de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en la carpeta judicial 212/2023; y, c) La ejecución de dichas determinaciones. Una vez precisados los actos reclamados, atinente a la ejecución del acto reclamado descrito en el inciso a), consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Al respecto, cabe destacar que esta juzgadora es la legalmente facultada para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 WordSISE ??????????????? conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el justiciable. Funda lo anterior, la jurisprudencia P./J.4/2019 (10ª), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2019200, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Así, de los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, se obtiene que para que proceda la suspensión, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que lo solicite el quejoso. b) Que de otorgarse dicha medida, no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. c) Demostrar un aparente buen derecho que evidencie la inconstitucionalidad del acto reclamado, que permita determinar MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 bajo un juicio ponderativo, que sería mayor el perjuicio ocasionado a la parte quejosa de no otorgársele la suspensión con efectos restitutorios, que la posible afectación del interés social y la contravención de disposiciones de orden público. Al respecto, el primero de los requisitos se encuentra satisfecho, ya que existe la solicitud expresa realizada por la parte quejosa en la demanda de amparo. Además, se destaca que el cumplimiento del primer requisito lleva implícito el acreditamiento del interés suspensional, al prever que la petición sea de parte quejosa, que en términos del artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo que se ve afectado de forma real y actual o inminente por el acto tildado de inconstitucional, lo cual también se encuentra satisfecho. Se afirma lo anterior, dado que de los antecedentes que la quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, se aprecia que en audiencia celebrada el catorce de septiembre de dos mil veintitrés, dictada dentro de la carpeta judicial 212/2023, se impuso a la quejosa la prisión preventiva oficiosa; circunstancia que se estima suficiente para acreditar indiciariamente que la quejosa es titular del derecho subjetivo público de libertad personal que se ve afectado por la medida cautelar reclamada. Luego, el segundo requisito también se satisface, pues por "interés social" se entiende el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público; mientras que por "orden público" se entiende como las disposiciones contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 WordSISE ??????????????? En ese sentido, se estima que de conceder la suspensión para el efecto de que se lleve a cabo una nueva audiencia a fin de que el juez responsable realice un control ex officio de convencionalidad y decrete el cese de la prisión preventiva oficiosa y con plenitud de jurisdicción, resuelva lo conducente a la imposición de las medidas cautelares que estime legalmente pertinentes, con base en el debate de las partes, así como las reglas que sobre su imposición prevea el Código Nacional de Procedimientos Penales o las que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos; de manera alguna se afectaría el interés social, ni se contravendrían disposiciones de orden público. Se afirma lo anterior, habida cuenta que tal efecto restitutorio de la suspensión no conlleva necesariamente que la quejosa quede en libertad, o que se desprotejan los derechos de las víctimas u ofendidos o que se ponga el peligro la seguridad pública; sino que implica que la prisión preventiva sea considerada como una medida cautelar extrema y excepcional que sólo podrá aplicarse en caso de que alguna otra medida no logre la efectividad que requiera el caso para salvaguardar el riesgo de cautela y los derechos fundamentales en riesgo; y, si eventualmente se llegare a decretar alguna medida cautelar distinta a la prisión preventiva, el juez en presencia de las partes podrá tomar las previsiones que considere adecuadas para que la imputada no impida el desarrollo del procedimiento ni eluda la acción de la justicia. Además de que con su otorgamiento no se estaría fomentando alguno de los actos previstos en el artículo 129 de la Ley de Amparo, a saber: "I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De ahí que de ninguna constancia de autos se aprecia que se encuentren comprometidos la afectación al interés social y la contravención a disposiciones de orden público. Referente al tercer requisito, también se encuentra satisfecho, pues en el caso, el aparente buen derecho se encuentra acreditado con lo resuelto por la Corte Interamericana MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 WordSISE ??????????????? de Derechos Humanos en la sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, correspondiente al caso García Rodríguez y otros contra México, en la que, en lo conducente se decretó la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 Constitucional. En efecto, de la citada resolución se aprecia que el Tribunal Interamericano estimó que la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta arbitraria y por ende, violatoria del principio de presunción de inocencia. Ello, porque para su aplicación sólo requiere la concurrencia de presupuestos materiales, consistentes en el hecho punible y la participación del imputado, así como a la gravedad del delito que se atribuye, sin considerar las finalidades de tal prisión preventiva, ni los peligros procesales que buscaría precaver, aunado a que no exige hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad, ni de su proporcionalidad. De ahí que dicho tribunal coligiera que la citada prisión preventiva oficiosa constituía una pena anticipada, que además limita el rol del juez al anular su margen de decisión y estar exenta de todo control real por estar prevista en la norma constitucional, lo cual afecta la independencia judicial e impide al imputado controvertir los hechos o discutir el fundamento. Asimismo, el Tribunal Interamericano determinó que la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 transgrede el principio de igualdad y no discriminación, al prever un trato diferenciado que puede verificarse en el hecho de que quienes están imputados de cometer ciertos delitos no tendrán posibilidad de controlar ni de defenderse adecuadamente de la MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 medida toda vez que hay un mandato constitucional que impone preceptivamente la medida cautelar privativa de la libertad. Por esos motivos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró responsable al Estado mexicano de diversas vulneraciones de derechos humanos y, en cuanto a las garantías de no repetición impuestas en la sentencia que se analiza, la Corte Interamericana ordenó al Estado adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convención Americana. Asimismo, la Corte destacó que la supresión o adecuación de las normas en el derecho interno no garantizan los derechos contenidos en la Convención Americana, sino que también se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma, puesto que la existencia de una norma no garantiza, por sí misma, que su aplicación sea adecuada. En ese sentido, indicó que las autoridades internas, al aplicar la figura de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito, atendiendo al principio pro personae. En ese aspecto, la Corte reiteró que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y juezas, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, sean éstas de naturaleza constitucional o legal. Por ello, determinó la Corte, las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 WordSISE ??????????????? tienen la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana; y en esa tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Finalmente, debe destacarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las resoluciones pronunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para todos los órganos del Estado Mexicano, al haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial no sólo los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en ella. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. LXV/2011 (9a.), del Pleno de la Corte Nacional, publicada en la página 556, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO. El Estado Mexicano ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ello, cuando ha sido parte en una controversia o litigio ante esa jurisdicción, la sentencia que se dicta en esa sede, junto con todas sus consideraciones, constituye cosa juzgada, correspondiéndole exclusivamente a ese órgano internacional evaluar todas y cada una de las excepciones formuladas por el Estado Mexicano, tanto si están relacionadas con la extensión de la competencia de la misma Corte o con las reservas y salvedades formuladas por aquél. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun como tribunal constitucional, no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es correcta o incorrecta, o si excede en relación con las normas que rigen su materia y proceso. Por tanto, la Suprema Corte no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que para el Estado Mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada. Lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos. Así, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional son obligatorias para todos los órganos del Estado Mexicano, al haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 no sólo los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en ella." En ese sentido, si en el caso de los antecedentes que narró la quejosa, bajo protesta de decir verdad, se aprecia que en audiencia de catorce de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en la carpeta judicial 212/2023, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a la quejosa reiterada en la continuación de la audiencia inicial de dieciocho de ese mes, es claro que en apariencia la imposición de dicha medida es inconvencional. Pues acorde a lo expuesto, la Juez de Control responsable debió realizar, ex officio, un control de convencionalidad sobre la figura de la prisión preventiva oficiosa prevista en el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e inaplicarla en el caso concreto, en razón de que dicha figura jurídica es contraria a la Convención Americana. En esas condiciones, debido a que la autoridad responsable no actuó en los términos referidos, es indudable que al imponer la prisión preventiva oficiosa vulneró aparentemente los derechos humanos de la parte quejosa a no ser privada de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, a la presunción de inocencia y a la igualdad y no discriminación. En consecuencia, procede conceder la suspensión solicitada, pues se estima que sería mayor el perjuicio ocasionado a la parte quejosa de no otorgársele la medida cautelar con efectos restitutorios al afectarse directamente la libertad personal, que la posible afectación del interés social y la contravención de disposiciones de orden público, que pueden salvaguardarse si el juez de control en presencia de las partes toma las previsiones que considere adecuadas para que la MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 WordSISE ??????????????? imputada no impida el desarrollo del procedimiento ni eluda la acción de la justicia. En las relatadas condiciones se determina conceder la suspensión provisional para los efectos siguientes: a) Cite a las partes a una audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, en donde, con base en los lineamientos establecidos en la presente resolución, realice un control ex officio de convencionalidad y decrete el cese de la prisión preventiva oficiosa impuesta a la quejosa; 1. En consecuencia, en ese mismo acto, dé intervención a las partes, para que expongan lo que en derecho estimen pertinente; y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo conducente a la imposición de las medidas cautelares que estime legalmente pertinentes, para lo cual deberá considerar el debate de las partes, así como las reglas que sobre su imposición prevea el Código Nacional de Procedimientos Penales o las que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaladas en esta resolución. Suspensión que se concede única y exclusivamente si se le impuso a la quejosa como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, no así si la medida cautelar fue la prisión preventiva justificada. Todo ello hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo del que deriva el incidente de suspensión que se revisa; en la inteligencia que ésta no surtirá efecto alguno respecto de hechos, actos o autoridades distintas a las que se han ponderado en esta resolución. Resta destacar, que la presente determinación es acorde a lo previsto en la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.) de la MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 que establece que por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal, pues en el caso se está privilegiando el respeto a los derechos humanos a fin de que no se materialicen por más tiempo las violaciones que conlleva la imposición de la prisión preventiva oficiosa, por encima de llegar al dictado de una sentencia de fondo, que es uno de los objetivos de conservar la materia del juicio. Ello, en razón de que existe la obligación legal de ejercer un control ex oficio de convencionalidad derivada de la condena al Estado Mexicano en la resolución de la Corte Interamericana mencionada, que válidamente permiten que el juez constitucional otorgue un efecto restitutorio en cumplimiento a tal obligación legal. En otro orden, respecto a la ejecución del acto identificado con el inciso b), consistente en el auto de vinculación a 1 Jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.), de la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, con registro digital: 2026730, del contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 WordSISE ??????????????? proceso decretado a favor de la quejosa, lo procedente es conceder la medida cautelar solicitada, toda vez que se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, para conceder el beneficio de la suspensión provisional, a saber: 1.- Que la solicite el quejoso. 2.- Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Pues bien, el primero de ellos se colmó plenamente toda vez que se solicitó la medida suspensiva. En cuanto al segundo de los requisitos en comento se toma en consideración que con la concesión de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 61, fracción XVII, último párrafo, en relación con los artículos 150, 163 y 166 de la Ley de Amparo, y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el efecto de dicha medida es para que la quejosa quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal se refiere, y de la Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en Funciones de Juez de Control, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, para la continuación del procedimiento penal. Asimismo, para que una vez concluida la etapa intermedia en carpeta judicial respectiva, dicha juzgadora suspenda el procedimiento sólo por cuanto hace a la incidentista Paula Calderón Herrera, hasta en tanto se le notifique sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde a la Fiscal de la Federación adscrita. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jovany Nahum Juárez Zárate, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Carlos Lorenzo Ayala y Alicia Guadalupe Lorenzo Loredo, por no contar con dicho requisito. Ahora bien, toda vez que de la revisión hecha en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se desprende que efectivamente el usuario "Lex_Zarate" corresponde a Jovany Nahum Juárez Zárate. En consecuencia, como lo solicita expresamente la promovente, se le autoriza a dicho profesionista la consulta del expediente electrónico, en la inteligencia de que dicha autorización está condicionada en todo momento a que la Firma Electrónica se mantenga vigente, y se ordena notificar al quejoso las actuaciones de carácter personal, vía electrónica, para los efectos legales conducentes. Por lo que deberá dársele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el nombre de usuario que proporciona, para los efectos legales conducentes. Lo anterior, acorde a lo dispuesto en la Jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), de la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, registro digital 2026122, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 WordSISE ??????????????? Por tanto, se instruye al Oficial SISE, así como al Actuario adscrito a este Juzgado Federal, a efecto de que verifiquen que la parte quejosa cuenta con los permisos y accesos necesarios para visualizar los archivos de todas y cada una de las promociones presentadas en el expediente en que se actúa, así como los acuerdos emitidos y las notificaciones practicadas. Se le tiene proporcionando correo electrónico, sólo para cuestiones no procesales, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos soluciones digitales como ejes rectores del nueve esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo vigente. Lo anterior, hágasele del conocimiento al tercero interesado2: ? AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, TITULAR DE LA CEDULA I-1, CHILPANCINGO, GUERRERO. Con domicilio ubicado en calle Acceso al Tecnológico, número 3, Colonia Predio la Cortina, Chilpancingo, Guerrero. 2 Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: (.) e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. (.)" MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 En consecuencia, notifíquese por oficio, tal como lo establece el numeral 26, fracción II, inciso b), del ordenamiento legal en cita. Se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hubieren formulado, o bien, mientras el negocio no haya sido resuelto definitivamente. En caso de que las partes exhiban documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se le apercibe que si la autoridad responsable señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se le tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde al peticionario del amparo estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 WordSISE ??????????????? pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Comuníquese a las partes que de conformidad con lo establecido en el referido Acuerdo General, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 agregarse al expediente electrónico. Por lo que se les exhorta para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. Para ello, en el área de atención al público se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los servidores públicos, a efecto de que cualquier persona los pueda contactar para la atención correspondiente. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Notifíquese.

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