Paula Becerra López
Expediente 1066/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1066/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Paula Becerra López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En veintitrés de septiembre de dos mil quince, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió para la parte quejosa del ocho al veintidós de septiembre del año en curso, con exclusión de cinco días por ser inhábiles, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el tres de septiembre de dos mil quince, por este Juzgado dentro del juicio de amparo 1066/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el día tres de septiembre de dos mil quince, en la cual se negó a la parte quejosa el amparo y protección solicitados; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE. Sonia
- Principal
El dieciocho de septiembre de dos mil quince, el Secretario de Juzgado licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta al Juez, con el sobre que contiene el oficio número 23651. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de septiembre de dos mil quince. Visto el sobre que contiene el oficio número 23651, del índice de este Juzgado Federal, dirigido a la Agente del Ministerio Público Número Dos Instructora de Averiguaciones Previas, con sede en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, del que se desprende una leyenda que dice: "Inf ya no hay A.M.P. #2 en esta Cd. R2 022740 9/09/15", anotada por personal de Correos de México; por tanto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por inexistente a la mencionada autoridad. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo resolvió y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE. Sonia
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1066/2015; y, RESULTANDO 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el cinco de febrero de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, PAULA BECERRA LÓPEZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridades Responsables Ordenadoras Jueces Primero y Segundo del Ramo Penal y Juez de Garantía y Juicio Oral de este Distrito Judicial. Jueces de Garantía y Juicio Oral y Juez del Ramo Penal del Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Jueces Primero, Segundo y Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Ejecutoras Director de la Policía Ministerial del Estado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Directora de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ambos con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO La orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La quejosa señaló como garantías individuales violadas las contempladas en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuyo Titular mediante proveído de seis de febrero de dos mil quince, ordenó su admisión y su registro bajo el expediente 144/2015; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se emplazó a los terceros interesados; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. En auto de once de febrero de dos mil quince, se tuvo por inexistente a la autoridad responsable que la quejosa señaló en su demanda de garantías como Directora de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. 3º. Separación de autos. Mediante proveído de veintiuno de mayo del año en curso, se advirtió que de los informes justificados rendidos por la Juez de Control y Enjuiciamiento de este Distrito Judicial, la Juez de Primera Instancia del ramo Penal de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas y la Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, existían diversas órdenes de aprehensión dictada dentro de la aquí quejosa; por lo que se dejó sin efecto legal alguno la celebración de la audiencia constitucional que estaba señalada para las doce horas del tres de junio de este año y se decretó la suspensión del procedimiento en ese juicio de garantías, señalándose fecha y hora, para la audiencia a que se refiere el artículo 67 de la Ley de Amparo. Una vez celebrada la audiencia antes citada, este Juzgado Federal resolvió procedente el incidente de separación de juicios de amparo, ordenando que con copia certificada de la demanda de garantías que motivó la formación del juicio de amparo 144/2015, así como de las demás constancias que lo integraban y resultaran necesarias, se formara y registrara diverso juicio de amparo, al que debería asignársele el número que por su orden le correspondiera. 4º. Continuación del trámite del juicio de garantías. En auto de veintidós de junio del presente año, se formó el nuevo juicio de amparo, el cual se registró con el número 1066/2015, en el que se estudiaría la orden de aprehensión dictada en contra de la aquí quejosa por el Juez del Ramo Penal del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, dentro de la causa penal número 42/2012, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico cometido en agravio de Antonio Cuevas de la Rosa y Antonio Maldonado Campos y su ejecución; se admitió a trámite y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. CONSIDERANDO I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridad que tiene su residencia en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que el quejoso reclama: La orden de aprehensión dictada en su contra el cinco de junio de dos mil doce, dentro del proceso penal número 42/2012I, por el Juez del Ramo Penal del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas y su ejecución. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. II.2.1. Certeza: El Juez del Ramo Penal de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas y el Director de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad, en su respectivo informe justificado manifestaron expresamente la existencia del acto reclamado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con las constancias que el Juez responsable remitió en apoyo de su informe justificado, consistente en el duplicado del proceso penal 42/2012 de donde emana la orden de aprehensión reclamada, documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, ya que se trata de documentos públicos expedidos por autoridad en ejercicio de sus atribuciones, y además de ellos se desprende la existencia de la determinación reclamada. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco este Juez de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia de manera oficiosa, razón por la cual se emprende el estudio de los conceptos de violación. IV. Litis Constitucional. IV. 1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Los conceptos de violación, en su parte substancial sostienen lo siguiente: Que se violan en perjuicio de la quejosa las garantías de legalidad, seguridad y libertad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que las autoridades responsables tratan de detenerla y privarla de su libertad, sin que se haya seguido una audiencia previa para esgrimir algún acto de autoridad. V. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. El acto reclamado se hace consistir, como ya se dijo, en la orden de aprehensión dictada el cinco de junio de dos mil doce, por el Juez del Ramo Penal de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, en contra de la quejosa dentro del proceso penal 42/2012, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de FRAUDE GENÉRICO, cometido en agravio de ANTONIO CUEVAS DE LA ROSA y ANTONIO MALDONADO CAMPOS. Contrariamente a lo afirmado por la promovente del amparo, la orden de aprehensión reclamada no transgrede en su perjuicio la garantía de audiencia consagrada por el artículo 14 constitucional, dado que para el dictado de una resolución de esa naturaleza, únicamente se requiere que se cumplan las exigencias previstas por el numeral 16 de la Carta Magna, esto es, que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley considere como delito, sancionado con pena privativa de la libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del inculpado, sin que sea necesario cumplir con el requisito de otorgar la garantía de audiencia a que se refiere el mencionado precepto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del siguiente rubro: "ORDEN DE APREHENSION. NO ES REQUISITO PARA DICTARLA, OBSERVAR LA GARANTIA DE AUDIENCIA.- De la interpretación sistemática del artículo 16 constitucional, se deduce que para dictar una orden de aprehensión es suficiente que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado; por tanto, la emisión de este acto de autoridad no exige como requisito observar la garantía de audiencia de la persona en contra de quien se dicta ". Además, también debe hacerse hincapié que la autoridad responsable cumplió con la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que no se aplicó en perjuicio de la quejosa una ley retroactiva, el mandamiento de captura se libró cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, dado que fue emitido por autoridad judicial competente, dentro de un procedimiento en el que precedió denuncia de hechos determinados que la ley señala como delito, por así contemplarlo el artículo 339 fracción II, del Código Penal del Estado de Zacatecas, mismo que prevé y sanciona el ilícito de fraude, en el que existen datos que acreditan los elementos que los integran, así como la probable responsabilidad de la indiciada en su comisión; amén de que el procedimiento se siguió ante tribunales previamente establecidos y no se encuentra involucrado en tales hechos ningún miembro del ejército, de ahí que el acto de molestia combatido no deja en estado de indefensión o incertidumbre jurídica a la solicitante del amparo. Criterio que se encuentra plasmado en la jurisprudencia que dice: ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.- La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre las cuales descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna. Respecto al concepto de violación donde la inconforme sostiene que el mandato de captura viola el artículo 16 de la Carta Magna, debe decirse que el mismo es infundado, pues del estudio de la resolución reclamada se advierte que el Juez del Ramo Penal de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas citó los preceptos legales y las razones que establecen su competencia para emitirla; estimó que se colmaban los requisitos que para el dictado de un mandamiento de esa naturaleza exige el precepto constitucional antes citado; y de acuerdo con el análisis que el juez responsable realizó respecto de la conducta desplegada por la activo del delito, aquí quejosa, se advierte la existencia de hechos determinados por la ley como delitos, sancionados cuando menos con pena privativa de la libertad, ya que se trata del ilícito de fraude genérico, previsto y sancionado por el artículo 339 fracción II, del Código Penal del Estado de Zacatecas, vigente en la época de ejecución de los hechos. La orden de aprehensión que la quejosa reclama como inconstitucional, está regida por el artículo 16 Constitucional, el cual, en su párrafo segundo establece: ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Que contrariamente a lo señalado por la impetrante del amparo, la orden de captura impugnada sí satisface los requisitos establecidos por el artículo 16 Constitucional, toda vez que la responsable dio cumplimiento a los siguientes requisitos: 1. Exista denuncia o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito. 2. Se trate de un delito que se encuentre sancionado, cuando menos, con pena privativa de libertad. 3. Existan datos que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad penal del indiciado. 4. Lo solicite el Ministerio Público en uso de las facultades que le confiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5. Sea emitida por autoridad judicial competente, en cumplimiento de las atribuciones que las leyes le confieren. En este caso, la autoridad responsable, acertadamente consideró que los requisitos antes precisados se encuentran satisfechos en atención a que existe la denuncia de los ofendidos ante la presencia ministerial; en la que hace del conocimiento de la Representación Social, hechos posiblemente constitutivos de delito. Asimismo la autoridad judicial responsable, de manera correcta estableció que la conducta que se imputó a la ahora quejosa está sancionada por el Código Penal del Estado de Zacatecas. Esto es, el delito que se atribuye a la peticionaria de garantías fraude genérico está sancionado con pena privativa de libertad; la orden de captura fue emitida por la autoridad judicial competente Juez de lo Penal de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, a petición del Agente del Ministerio Público Número Dos Instructora de Averiguaciones Previas de ese Distrito Judicial, en su determinación de ejercicio de la acción penal de veintiocho de mayo de dos mil doce, en uso de las facultades que le confiere el artículo 21 constitucional. De igual forma, del análisis de la orden de captura se desprende que existen datos que acrediten el cuerpo del delito y que hacen probable la responsabilidad de la indiciada hoy quejosa, según se evidenciará más adelante. Además, deberá colmar las exigencias de fundamentación y motivación que se requieren en todos los actos de molestia. El juez responsable consideró que el tipo penal del delito de FRAUDE GENÉRICO, por el que se dictó la orden de aprehensión, se encuentra previsto y sancionado por los artículos 6° fracción I y 339 fracción II, del Código Penal vigente en el Estado, que establecen lo siguiente: "Artículo 6º. Los delitos pueden ser: Intencionales. Obra intencionalmente el que, conociendo las circunstancias del hecho típico, quiera o acepte el resultado por la ley como delito". "Artículo 339. Comete el delito de fraude el que engañando a alguno o aprovechándose del error en que éste se halla se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido para sí o para otro. El delito de fraude se sancionará: . II.- Cuando exceda de cien pero no de trescientas cuotas, la pena será de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cien cuotas.". De igual forma, el juez responsable consideró que del contenido de los preceptos legales antes transcritos llega a saberse que los elementos materiales del delito de fraude genérico son los siguientes: a). Una conducta engañosa o de aprovechamiento del error desplegada por el agente hacia el pasivo. b). Que el agente se haga de una cosa ilícitamente o alcance un lucro indebido, para sí o para otro. c). El nexo causal existente entre la conducta desplegada por el activo y el resultado dañoso producido. En efecto la juez responsable, a efecto de tener por comprobado el primero de los elementos del delito en estudio, consistente en una conducta engañosa o de aprovechamiento del error desplegada por el agente hacia la pasivo, lo tuvo por acreditado con los siguientes medios de prueba: Con la denuncia interpuesta porSonia Maldonado Campos, la cual ratificada el once de abril de dos mil doce por ANTONIO CUEVAS DE LA ROSA, ante la Representación Social, quien en lo conducente manifestó: Que en el mes de febrero de dos mil ocho, su esposo Antonio Cuevas de la Rosa y ella se dieron cuenta que la señora PAULA BECERRA LOPEZ podía regularizar vehículos de procedencia extranjera, porque al pasar por el puente peatonal que está frente a la Presidencia Municipal de Zacatecas, Zacatecas, se percataron que afuera de una casa de dos pisos estaba una lona que decía: "SE REGULARIZAN VEHICULOS EXTRANJEROS", situación que llamó su atención, pues tanto ella como su padre Antonio Maldonado Rodríguez, cuentan con un vehículo de esas características, esto es, de procedencia extranjera, por lo que decidieron llegar a informarse al citado domicilio atendiéndolos la señora PAULA BECERRA LOPEZ, quien les comentó que su oficina la tenía en la ciudad de Calera y que era en esa ciudad donde recibía los papeles y el dinero para la regularización, indicándoles los papeles y la cantidad de dinero que debían entregar en su oficina, lo que hizo así la denunciante, (esposa del ofendido) quien se constituyó en la ciudad de Calera, en una casa que era como tipo restaurante, donde fue atendida por una persona del sexo femenino de nombre Alejandra Gaeta quien dijo ser la secretaria de PAULA BECERRA, siendo esta persona quien recibió los papeles para el trámite de la regularización del vehículo así como la cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N para dar inicio al trámite entregándole a cambio a la señora Sonia un recibo a nombre del ofendido que amparaba dicha cantidad, quien les menciono que cuando tuviera noticias de que habían llegado los papeles les mandaba hablar, lo que nunca pasó y así transcurrió el tiempo sin que a la fecha la incriminada le haya regresado su dinero, o bien, haya realizado el trámite para la legalización del vehículo del agraviado. Así como con la denuncia interpuesta por Antonio Maldonado Rodríguez, la cual fue ratificada el once de abril de dos mil doce, por Antonio Maldonado Campos, quien expuso ante el Fiscal Investigador que en el mes de febrero de dos mil ocho, sin recordar la fecha exacta acudió con PAULA BECERRA LOPEZ a la ciudad de Calera, que no recuerda el domicilio exacto pero era a la entrada de ese Municipio, en donde PAULA tenía una oficina con una leyenda que dice "ADUANA DE LAREDO EN CALERA, ZACATECAS", que le entregó la cantidad de nueve mil ochocientos pesos, acordando que a cambio de la citada cantidad la incriminada le legalizaría un vehículo de motor propiedad de su hijo ANTONIO MALDONADO CAMPOS, diciéndole PAULA que en un mes le entregaría los documentos de la camioneta ya legalizada, por lo que llegado el mes, acudió con esta persona quien le dijo que todavía no llegaban los hologramas, a lo que así lo trajo con muchas vueltas sin arreglar nada respecto de su trámite de legalización, diciéndole después de un tiempo que si le arreglaba la camioneta pero que le entregara otros ocho mil pesos, a lo que el denunciante se negó diciéndole que no podía entregarle más dinero, por lo que PAULA le dijo que fuera a los ocho días para entregarle sus nueve mil ochocientos pesos, lo que hasta la fecha en que interpuso su denuncia Paula Becerra López, le haya regresado su dinero, o bien le haya realizado el trámite de regularización a que se comprometió. Denuncias que fueron valoradas por el juez de la causa de conformidad a lo establecido por el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado. Argumentando el juez responsable lo siguiente: "Se debe aclarar que por ENGAÑO se entiende aquella actividad positivamente mentirosa, considerado como el elemental medio para cometer el delito que por el momento ocupa a la resolutora, consistente en una trampa empleada para provocar en la víctima un estado subjetivo de error, sobre las características de una cosa, un acontecimiento o un hecho que emplea el sujeto activo para hacer incurrir a la víctima en una creencia falsa de la realidad y de esa manera, facilite a aquél la obtención ilícita de una cosa o de un lucro indebido. A lo que se suma las declaraciones rendidas por Antonio Maldonado Rodríguez y Cleotilde Campos Jara, quienes en términos similares manifestaron ante el Fiscal Investigador el diecinueve de julio de dos mil once, ser los padres de la denunciante Sonia Maldonado Campos, por tanto son suegros del ofendido Antonio Cuevas De La Rosa, y que en relación a los hechos refirieron que en el dos mil ocho, al pasar por la Presidencia Municipal de esta ciudad de Zacatecas, acompañados de su hija Sonia se dieron cuenta que se encontraba una lona que decía "SE REGULARIZAN VEHICULOS EXTRANJEROS", lo que llamó su atención, pues tanto su hija Sonia como ellos contaban con un vehículo de esas características, es decir, de procedencia extranjera, por lo que decidieron preguntar sobre el trámite en ese lugar, siendo atendidos por una persona quien se identificó como PAULA BECERRA LOPEZ, quien les comentó que efectivamente ella realizaba los trámites para regularizar vehículos extranjeros, que su oficina la tenía en la ciudad de Calera, preguntándole Sonia cuál sería el costo por la regularización, indicándole la incriminada que el costo era de NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. $9,800 que además le indicó los documentos que tenían que llevar para el trámite, así las cosas se retiraron de ese lugar, con la firme intención de llevar los documentos y el dinero que aquella les había indicado pues les interesaba la regularización de sus vehículos, por lo que fueron después de unos días a la oficina de la Señora Paula ubicada en Calera, siendo atendidos por su secretaria quien dijo llamarse Alejandra Gaeta Garcia, persona que les recibió el dinero y los documentos, extendiéndoles a cambio un recibo por la cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS, que tanto a la señora Sonia como al señor ANTONIO MALDONADO RODRIGUEZ, les dijo que preguntaran en quince días a partir de esa fecha y ella les indicaría si ya habían llegado o no los papeles, así las cosas, se llegaron los quince días y preguntaron por los papeles y todavía no estaban y así pasaron los meses sin tener noticias sobre la regularización de sus vehículos, ante esa situación acudieron al domicilio particular de la señora PAULA encontrándola una o dos ocasiones, después ya no los atendía ni les daba la cara hasta la fecha de sus declaraciones. Deposados a los que el juez de la causa, otorgó el valor que estimó pertinente, de conformidad con lo previsto en los artículos 277 y 281 del Código Procesal Penal en vigor. De igual forma, se tuvo por acreditado el segundo de los elementos, consistente en que el activo mediante el engaño a otro obtenga un lucro indebido; con los siguientes medios de prueba: Con las denuncias interpuestas por Sonia Maldonado Campos, la cual ratificada el once de abril de dos mil doce, por el ofendido ANTONIO CUEVAS DE LA ROSA; y Antonio Maldonado Rodríguez ratificada por el ofendido Antonio Maldonado Campos, así como con las declaraciones de Antonio Maldonado Rodríguez y Cleotilde Campos Jara. Medios de prueba que fueron valorados por la Juez responsable de conformidad con el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Argumentando la Juez responsable lo siguiente: "Respecto al elemento del antijurídico en estudio consistente en que la obtención del lucro fuese para la agente del ilícito, se tiene que se acredita a cabalidad con las probanzas que se han analizado, ya que de las mismas se desprende que quien aprovechó la cantidad de dinero obtenida del patrimonio del ofendido por el supuesto tramite de legalización del vehículos de motor citado en diversas ocasiones lo fue precisamente la inculpada, pues no hay dato alguno que demuestre lo contrario, sino que todo apunta a que la misma sacó provecho de la cantidad de dinero que fue aludida, por tanto la hizo para sí". Respecto del nexo causal existente entre la conducta desplegada por el activo y el resultado dañoso producido por este, el juez responsable adujo que el engaño de que fueron objeto los ofendidos, por parte de PAULA BECERRA LOPEZ, para que ésta obtuviera un lucro indebido, siendo que el engaño lo fue el factor determinante para que la activo obtuviera de los pasivos la cantidad total de NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N, ya que de haberse dado la ausencia del engaño, la incriminada no hubiese alcanzado un lucro indebido (dinero) que obtuvo para sí, desplegando así la actividad típica idónea llevando a los ofendidos a una falsa creencia de la realidad, al colocar afuera de una casa de dos pisos, una lona que dice "SE REGULARIZAN VEHICULOS EXTRANJEROS", y al ocurrir a dicho lugar, hablaron con la sujeto activo, quien les hizo caer en el error de que tramitaría la regularización del vehículo de motor propiedad del ofendido pidiéndoles para ello la cantidad de nueve mil ochocientos pesos, cero centavos, con lo cual se vio menoscabado su patrimonio por dicha cantidad que fue a lo que ascendió el monto de lo defraudado, por lo que así se obtuvo un lucro indebido por parte de la ahora inculpada, toda vez que hasta la fecha de la presentación de las denuncias no hizo ninguna regularización del vehículo propiedad de los ofendidos. Citando el Juez de la causa la tesis del rubro y texto siguiente: "FRAUDE POR ENGAÑO, DELITO DE.- El artículo 386 del Código Penal del Distrito Federal previene que comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Conforme a este precepto, los elementos materiales del delito de fraude son: a) el engaño a una persona; b) Obtener ilícitamente una cosa o alcanzar un lucro indebido y c) relación de causa a efecto entre el engaño y la obtención de la cosa, o del lucro, Ahora bien como el engaño consiste en la mentira, cuya finalidad es producir en el sujeto pasivo una representación falsa o errónea de la realidad que debe de ser suficiente para producir convencimiento y causa eficiente para ello, resulta que es requisito sine qua non que con el engaño también se pretenda que el ofendido preste su voluntad, por lo que si este no la presta con motivo de la mentira, no se configura el delito de fraude, por ausencia de uno de los elementos; la relación de causa a efecto". A fin de determinar el monto a que ascendió la cuantía del ilícito en estudio, el juez responsable consideró que dicho delito encuadraba dentro de la fracción II del artículo 339 del Código Penal vigente en el Estado, en razón de que excede de cien pero no de trescientas cuotas de salario mínimo vigente, al momento de la consumación de los hechos, dado que el monto de lo defraudado ascendió a la cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N y la cuota de salario mínimo vigente al momento de la consumación de los hechos equivalía a cuarenta y nueve pesos con cincuenta centavos moneda nacional. Por lo que tuvo por demostrado la existencia del delito de FRAUDE DE CUANTÍA QUE EXCEDE DE CIEN PERO NO DE TRESCIENTAS CUOTAS DE SALARIO MÍNIMO AL MOMENTO DE LA CONSUMACIÓN DE LOS HECHOS, en perjuicio de ANTONIO CUEVAS DE LA ROSA y ANTONIO MALDONADO CAMPOS. En otro tenor, respecto a la probable responsabilidad penal de PAULA BECERRA LÓPEZ, en la comisión del delito de FRAUDE GENÉRICO cometido en perjuicio de ANTONIO CUEVAS DE LA ROSA y ANTONIO MALDONADO CAMPOS, el juez responsable consideró que sí se encuentra demostrada en el sumario, principalmente con lo siguiente: Con la denuncia interpuesta porSonia Maldonado Campos, la cual fue ratificada el once de abril de dos mil doce por ANTONIO CUEVAS DE LA ROSA, ante la Representación Social, quien en lo conducente manifestó: Que en el mes de febrero de dos mil ocho, su esposo Antonio Cuevas de la Rosa y ella se dieron cuenta que la señora PAULA BECERRA LOPEZ podía regularizar vehículos de procedencia extranjera, porque al pasar por el puente peatonal que está frente a la Presidencia Municipal de Zacatecas, Zacatecas, se percataron que afuera de una casa de dos pisos estaba una lona que decía: "SE REGULARIZAN VEHICULOS EXTRANJEROS", situación que llamó su atención, pues tanto ella como su padre Antonio Maldonado Rodríguez, cuentan con un vehículo de esas características, esto es, de procedencia extranjera, por lo que decidieron llegar a informarse al citado domicilio atendiéndolos la señora PAULA BECERRA LOPEZ, quien les comentó que su oficina la tenía en la ciudad de Calera y que era en esa ciudad donde recibía los papeles y el dinero para la regularización, indicándoles los papeles y la cantidad de dinero que debían entregar en su oficina, lo que hizo así la denunciante, (esposa del ofendido) quien se constituyó en la ciudad de Calera, en una casa que era como tipo restaurante, donde fue atendida por una persona del sexo femenino de nombre Alejandra Gaeta quien dijo ser la secretaria de PAULA BECERRA, siendo esta persona quien recibió los papeles para el trámite de la regularización del vehículo, así como la cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N, para dar inicio al trámite entregándole a cambio a la señora Sonia un recibo a nombre del ofendido que amparaba dicha cantidad, quien les mencionó que cuando tuviera noticias de que habían llegado los papeles les mandaba hablar, lo que nunca pasó y así transcurrió el tiempo sin que a la fecha la incriminada le haya regresado su dinero, o bien, haya realizado el trámite para la legalización del vehículo del agraviado. Así como con la denuncia interpuesta por Antonio Maldonado Rodríguez, la cual fue ratificada el once de abril de dos mil doce, por Antonio Maldonado Campos, quien expuso ante el Fiscal Investigador que en el mes de febrero de dos mil ocho, sin recordar la fecha exacta acudió con PAULA BECERRA LOPEZ a la ciudad de Calera, que no recuerda el domicilio exacto pero era a la entrada de ese Municipio, en donde PAULA tenía una oficina con una leyenda que dice "ADUANA DE LAREDO EN CALERA, ZACATECAS", que le entregó la cantidad de nueve mil ochocientos pesos, acordando que a cambio de la citada cantidad la incriminada le legalizaría un vehículo de motor propiedad de su hijo ANTONIO MALDONADO CAMPOS, diciéndole PAULA que en un mes le entregaría los documentos de la camioneta ya legalizada, por lo que llegado el mes, acudió con esta persona quien le dijo que todavía no llegaban los hologramas, a lo que así lo trajo con muchas vueltas sin arreglar nada respecto de su trámite de legalización, diciéndole después de un tiempo que si le arreglaba la camioneta pero que le entregara otros ocho mil pesos, a lo que el denunciante se negó diciéndole que no podía entregarle más dinero, por lo que PAULA le dijo que fuera a los ocho días para entregarle sus nueve mil ochocientos pesos, sin que hasta la fecha en que interpuso su denuncia Paula Becerra López, le haya regresado su dinero, o bien le haya realizado el trámite de regularización a que se comprometió. Imputación a la que el Juez de la causa le otorgó valor probatorio, de conformidad con lo establecido por el artículo 277 del Código Procesal Penal vigente en el Estado. Así como con las declaraciones rendidas por Antonio Maldonado Rodríguez y Cleotilde Campos Jara, quienes en términos similares manifestaron ante el Fiscal Investigador el diecinueve de julio de dos mil once, ser los padres de la denunciante Sonia Maldonado Campos, por tanto son suegros del ofendido Antonio Cuevas De La Rosa, y que en relación a los hechos refirieron que en el dos mil ocho, al pasar por la Presidencia Municipal de esta ciudad de Zacatecas, acompañados de su hija Sonia se dieron cuenta que se encontraba una lona que decía "SE REGULARIZAN VEHICULOS EXTRANJEROS", lo que llamó su atención, pues tanto su hija Sonia como ellos contaban con un vehículo de esas características, es decir, de procedencia extranjera, por lo que decidieron preguntar sobre el trámite en ese lugar, siendo atendidos por una persona que se identificó como PAULA BECERRA LOPEZ, quien les comentó que efectivamente ella realizaba los trámites para regularizar vehículos extranjeros, que su oficina la tenía en la ciudad de Calera, preguntándole Sonia cuál sería el costo por la regularización, indicándole la incriminada que el costo era de NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. $9,800 que además le indicó los documentos que tenían que llevar para el trámite, así las cosas se retiraron de ese lugar, con la firme intención de llevar los documentos y el dinero que aquella les había indicado pues les interesaba la regularización de sus vehículos, por lo que fueron después de unos días a la oficina de la Señora Paula ubicada en Calera, siendo atendidos por su secretaria quien dijo llamarse Alejandra Gaeta Garcia, persona que les recibió el dinero y los documentos, extendiéndoles a cambio un recibo por la cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS, que tanto a la señora Sonia como al señor ANTONIO MALDONADO RODRIGUEZ, les dijo que preguntaran en quince días a partir de esa fecha y ella les indicaría si ya habían llegado o no los papeles, así las cosas, se llegaron los quince días y preguntaron por los papeles y todavía no estaban y así pasaron los meses sin tener noticias sobre la regularización de sus vehículos, ante esa situación acudieron al domicilio particular de la señora PAULA encontrándola una o dos ocasiones, después ya no los atendía ni les daba la cara hasta la fecha de sus declaraciones. Declaraciones que la Juez de origen valoró de conformidad con lo dispuesto por los artículos 277 y 281 del Código Procesal Penal. Así como con las declaraciones ministeriales Paula Becerra López, la primera de fecha veintiuno de junio del año dos mil once en la que literalmente y en lo que interesa manifestó: ". Que efectivamente recibí del señor Antonio Maldonado Rodríguez la cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS para regularizar un vehículo de su propiedad no recordando por el momento las característica del vehículo, tampoco recuerda la fecha en que recibió el dinero pero fue hace aproximadamente tres años y al ver que no le podía arreglar las placas del vehículo del señor Antonio Maldonado en fecha quince de junio del año dos mil nueve, el señor ANTONIO FRAUSTO GALLEGOS le entregó una camioneta de la marca Chevrolet con placas de circulación ZD-32-621 del Estado de Zacatecas, propiedad de la de la voz que recibió el señor ANTONIO MALDONADO RODRIGUEZ firmando por concepto de pago por la cantidad de VEINTE MIL PESOS.aclarando que el señor Antonio Maldonado Rodríguez tuvo la propiedad del vehículo de la marca Chevrolet por un tiempo de cuatro meses, para posteriormente regresarme dicho vehículo en malas condiciones y alegando que ya no servía.". Posteriormente en fecha catorce de febrero de dos mil doce, la indiciada expresó literalmente y en lo conducente lo siguiente: ".Primeramente quiero manifestar que la suscrita no conozco a la señora Sonia Maldonado Campos, por tal motivo no he tenido trato alguno con ella, hace aproximadamente un año fui requerida en la Procuraduría General de Justicia en el Estado, para una conciliación con el señor ANTONIO MADONADO, persona a la cual yo si conozco porque le realicé dos trámites de regularización de vehículos extranjeros, siendo el de él y el de su yerno del cual de momento no recuerdo su nombre.así las cosas creo que fue en el año dos mil ocho, no recuerdo muy bien ya que ha pasado mucho tiempo el señor Antonio Maldonado.acudió a mi oficina ubicada en esta Ciudad de Calera.con el fin de regularizarle dos vehículos de procedencia extranjera, una vez que platicó conmigo personalmente le mencioné los requisitos que necesitaba así como el costo de cada legalización, quedando esta persona en regresar nuevamente, pasarían como quince días aproximadamente, cuando me informa mi secretaria de nombre ALEJANDRA GAETA GARCIA que ya había ido nuevamente el señor ANTONIO MALDONADO a llevar los documentos que había pagado la legalización de un vehículo y que posteriormente regresaba a pagar el otro, del cual mi secretaria le había expedido el recibo correspondiente, por la cantidad de nueve mil ochocientos pesos cero centavos moneda nacional, cantidad que en ese tiempo se cobraba por cada vehículo legalizado, dándome cuenta que posteriormente acude nuevamente a dicha oficina y liquida el importe de la legalización del otro vehículo, entregándole de igual manera el dinero a mi secretaria extendiéndole su recibo correspondiente.diciéndoles que se iba a tardar un poco el trámite porque teníamos que llevar los vehículos a la frontera y estas personas no querían llevarlos.pasó el tiempo cuando acude a mi domicilio particular el señor Antonio Maldonado.preguntándome sobre su trámite, diciéndole la de la voz que le iba a cancelar su gestión porque ya era mucho tiempo y no había respuesta que era mejor así, y de esa manera la de la voz podía regresarles su dinero, contestándome en esos momentos el señor ANTONIO MALDONADO que no hiciera la cancelación que se esperaba el tiempo que fuera necesario, a los quince días de esto, regresa nuevamente el señor MALDONADO a mi domicilio particular manifestándome que hiciera el trámite de cancelación porque su yerno quería los papeles y el dinero, a lo que yo le dije que en esos momentos no tenía dinero, pero que si le interesaba a cambio le podía entregar un vehículo de motor de mi propiedad marca CHEVROLET.por el pago de las dos legalizaciones que me había entregado, ya que eran NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS por cada una de ellas.como a los tres días regresó a mi domicilio, en esos momentos yo no me encontraba, solo ANTONIO FRAUSTO persona quien en ese tiempo era mi secretario, mismo que me dijo que ahí estaba el señor MALDONADO que iba por el vehículo.pidiéndole a mi secretario ANTONIO que se lo entregara .por iniciativa del propio Antonio Frausto le elaboró un recibo manuscrito por él mismo, el cual se lo firmó de conformidad el señor ANTONIO MALDONADO, tengo entendido que el vehículo que se llevó el señor MALDONADO fue en calidad de pago como lo dije por las dos cantidades que me había entregado de dinero, y no como en calidad de préstamo para calarlo como él lo dice ya que este vehículo se encontraba en buen estado.así quedó paso el tiempo y yo ya no supe que pasaría con este señor hasta como a los ocho meses que acude nuevamente a mi domicilio particular informándome que el vehículo no funcionaba a lo que yo si le comenté que ese no era problema ya mío, que lo había traído funcionado ocho meses y que porque apenas me lo informaba, yo ya no se lo quise recibir.a la fecha el señor ANTONIO MALDONADO tiene en su poder el vehículo que le entregué como pago total del adeudo.". Declaraciones a las que el juez de la causa consideró como una confesión calificada divisible en los términos del numeral 200 en relación al 279 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, en virtud de que reconoce haber obtenido un lucro indebido a costa del patrimonio del agraviado del presente asunto, aún y cuando refiere que no conoce a la esposa del ofendido, siendo ésta la persona que le entregó la cantidad solicitada para la regularización del vehículo del ofendido, sin embargo, acepta que le hizo dos trámites de regularización al señor ANTONIO MALDONADO, que sabía que era un trámite para él y otro para su yerno, siendo éste, precisamente el ahora ofendido, igualmente reconoce la indiciada que el señor MALDONADO RODRIGUEZ le entregó la cantidad de nueve mil ochocientos pesos por cada vehículo para el trámite de regularización, prestación la anterior a la que se obligó al recibir de aquel las cantidades señaladas, lo que a la fecha no ha ocurrido, refiere la incriminada una serie de circunstancias con el fin de aminorar su responsabilidad, pues afirma que le dio en pago al señor MALDONADO RODRIGUEZ un vehículo de motor marca CHEVROLET por concepto del pago del dinero que aquel le entregó para el supuesto tramite, que el señor MALDONADO RODRIGUEZ trató de regresárselo a los ocho meses a lo que ella se negó, circunstancias las anteriores que no se encuentran apoyadas con ningún medio de convicción que obre en el sumario, sino por el contrario se encuentran desvirtuadas con las afirmaciones que en ese sentido hacen Antonio Maldonado Rodríguez, Sonia Maldonado Campos y Cleotilde Campos Jara, quienes al comparecer ante la escucha ministerial en fecha siete de marzo de dos mil doce en unánimes términos señalan que efectivamente la señora PAULA le entregó a ANTONIO MALDONADO un vehículo de motor, pero no por concepto de pago, sino para calarlo, por lo que al percatarse el señor MALDONADO RODRIGUEZ que el vehículo no servía, pues incluso al momento de llevárselo no le funcionaba el vidrio optaron por regresarlo a la incriminada lo que así hicieron aproximadamente un mes después, comentándoles PAULA al momento de recibir el vehículo que la esperaran con su dinero porque de momento no tenía. Y citó la tesis del rubro y texto siguiente: "CONFESION CALIFICADA DIVISIBLE. La confesión calificada por circunstancias excluyentes o modificativas de responsabilidad es divisible si es inverosímil, sin confirmación comprobada o si se encuentra contradicha por otras pruebas fehacientes, en cuyos casos el sentenciador podrá tener por cierto sólo lo que perjudica al inculpado y no lo que le beneficia". En efecto, acorde al material probatorio allegado en autos se arriba a la convicción que PAULA BECERRA LÓPEZ, es la persona que probablemente cometió el delito de FRAUDE GENÉRICO, cometidos en perjuicio de Antonio Cuevas de la Rosa y Antonio Maldonado Campos, lo cual se acreditó con las denuncias ratificadas por los citados ofendidos y con las declaraciones rendidas por Antonio Maldonado Rodríguez y Cleotilde Campos Jara; medios probatorios que acertadamente fueron valorados por el juez responsable, en términos de lo establecido por los artículos 277 y 278 del Código Penal. En tales condiciones, cabe concluir que la resolución reclamada no resulta violatoria de garantías en perjuicio del quejoso, pues conforme a lo expuesto, también se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que el Tribunal responsable citó los preceptos en que apoyó su determinación, los cuales son exactamente aplicables al caso, asimismo, expresó los argumentos en que sustentó su determinación, de lo cual se advierte concordancia y congruencia entre los razonamientos expuestos y los fundamentos invocados y como el artículo 16 de la Constitución Federal no exige que haya pruebas plenas que acrediten la responsabilidad del quejoso, sino que únicamente existan datos que la hagan probable en la comisión del injusto, es inconcuso que la orden de aprehensión no viola las garantías individuales del quejoso, según las razones expuestas en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SU LIBRAMIENTO NO REQUIERE DE PRUEBAS PLENAS DE LA RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO. Para dictar una orden de aprehensión no se requiere de pruebas plenas que acrediten la responsabilidad del inculpado sino únicamente es necesario que se reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 16 constitucional, y que se desprendan datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado ." Por tanto, contrario a lo expresado por la quejosa sí existen elementos suficientes para demostrar los elementos corpóreos del ilícito en estudio, así como la probable responsabilidad de la quejosa en su comisión. Por último cabe precisar, que se encuentran acreditadas las circunstancias de tiempo, ya que los hechos fueron ocurridos en el mes de febrero de dos mil ocho, según se advierte de las constancias que integran la causa penal de la cual deriva la resolución reclamada; de modo y de lugar, en razón de que los hechos ocurrieron en la ciudad de Calera, Zacatecas, al entregar a la aquí quejosa cierta cantidad de dinero para un supuesto trámite de regularización de vehículos en esa ciudad; además de que se citó la legislación aplicable para el presente caso, es decir, es la vigente en la época de ejecución de los hechos. Así las cosas, procede negar a PAULA BECERRA LÓPEZ el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada, ya que como quedó asentado en párrafos precedentes, no se advierte queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Negativa que se hace extensiva, respecto del acto de ejecución de esa orden, reclamada a la autoridad ejecutora, por no reclamarse por vicios propios. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia, que expresa: AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO VIOLATORIOS DE GARANTÍAS. Los actos de las autoridades ejecutoras, relativos a mandamientos que se ajusten a la ley, no pueden considerarse violatorios de garantías. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 75, 76 y 124, de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A PAULA BECERRA LÓPEZ, contra los actos de las autoridades precisadas en el considerando II.2.2 y por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy tres de septiembre de dos mil quince, en que las labores del Juzgado lo permitieron. DOY FE. mtm
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a uno de septiembre de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por Paula Becerra López en su carácter de quejosa; en atención a su contenido y como lo solicita se tiene como autorizado en los amplios términos del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al licenciado Andrés Sarellano Martínez cuenta con cédula profesional número (8871947) registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE.
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