Paúl Ramírez Zambada
Expediente 937/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 937/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Paúl Ramírez Zambada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, este tribunal resolverá si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. En resolución de once de octubre del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a .......... para los efectos siguientes: QUINTO. Efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En consideración de la etapa procedimental del juicio laboral ....... , la concesión de amparo es para efecto de que se lleve a cabo de manera inmediata el emplazamiento del ente público demandado. En cumplimiento a lo anterior, la responsable remitió el oficio ...... al que anexó copia del acta de emplazamiento de dieciocho de noviembre del año en curso a la parte demandada en el juicio de origen. Documentales que tienen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos ...... , ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se determina que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos; por tanto, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, conforme a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva así como la relativa al archivo, en el entendido que este expediente es susceptible de depuración. Consecuentemente, una vez que trascurra el término de tres años, remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial correspondiente. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados y página electrónica a la parte PARTE QUEJOSA: Paúl Ramírez Zambada. Culiacán, Sinaloa, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio remitido por el Presidente del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad, al que en cumplimiento de la ejecutoria de amparo anexa copia certificada de diversas constancias. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el citado oficio y constancias dese vista a las partes para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efecto la notificación correspondiente, manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto dicho cumplimiento. Trascurrido el plazo concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se emitirá pronunciamiento en torno el cumplimiento de la sentencia protectora. Notifíquese personalmente.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad, dé cumplimiento al fallo protector dentro del plazo de tres días hábiles, legalmente computados; para lo cual, deberá remitir las constancias con las que acredite el acatamiento a la ejecutoria de amparo. Apercibida que en caso de desacato sin causa justificada, con sustento en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización en términos del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de sus puestos y su respectiva consignación. En la inteligencia que el amparo y protección se concedió para el efecto de que: QUINTO. Efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En consideración de la etapa procedimental del juicio laboral *****, la concesión de amparo es para efecto de que se lleve a cabo de manera inmediata el emplazamiento del ente público demandado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese.
- Principal
Audiencia constitucional. En Culiacán Rosales, Sinaloa, a las diez horas del once de octubre de dos mil veintidós, señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 937/2022, asistido del Secretario José Leónides Miguel Santos Cortés y sin presencia de las partes, el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, procede a celebrar la audiencia, para lo cual solicita al secretario dé cuenta y relación de las constancias del expediente. El Secretario da cuenta con las constancias relevantes, entre ellas: demanda de amparo, auto admisorio, notificación a las partes e informe justificado. El Juez acuerda: Téngase hecha la anterior relación de constancias y rendido el informe justificado; apertúrese la siguiente etapa. Se abre el período de pruebas, en el que a solicitud del Juez, el Secretario hace constar que la autoridad responsable allegó diversas documentales. El Juez acuerda: Se admiten dichas pruebas y se tienen desahogadas en razón de su naturaleza. Al no existir medio de convicción pendiente de relacionar, admitir o desahogar, se cierra esta fase y se ordena pasar a la siguiente. Se apertura el periodo de alegatos, en el que a instancia del Juez el Secretario hace constar que las partes no los formularon y la agente del Ministerio Público adscrita no presentó alegato ministerial. El Juez acuerda: Se cierra esta fase de alegatos. Concluidas las etapas de pruebas y alegatos, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. Vistos para resolver los autos del amparo indirecto 937/2022. TRÁMITE PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado en seis de septiembre de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Culiacán Rosales, Sinaloa, Paúl Ramírez Zambada solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra acto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa y otra autoridad. SEGUNDO. Admisión. En proveído de ocho siguiente se admitió la demanda de amparo, se ordenó solicitar informe justificado a la responsable, dar intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede. RESOLUCIÓN PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente, virtud que se reclama omisión de autoridad jurisdiccional. SEGUNDO. Acto reclamado y autoridad responsable. Para fijar los actos reclamados en forma correcta, la demanda de amparo debe interpretarse en forma integral, para con conocimiento de causa determinar lo que el quejoso quiso decir y no sólo lo que en apariencia dijo. Al respecto es aplicable la tesis P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, registro 181810 que establece: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. La lectura integral de la demanda de amparo revela que el quejoso reclama del: Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa: -La omisión de proveer el escrito presentado el diez de mayo del dos mil veintidós, en el juicio laboral 288/2021. -Omisión de dictar acuerdo de admisión dentro del plazo y término que establece el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa en el expediente laboral 288/2021, y la omisión de emplazar a juicio a la entidad demandada. Del Presidente del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa: -La omisión de cuidar que los términos en el procedimiento se lleven conforme a la ley laboral TERCERO. Certeza de los actos. Es cierto el acto reclamado al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, pues así lo manifestó al momento de rendir su informe justificado. CUARTO. Inexistencia de acto. Resulta inexistente el acto que se reclama al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, consistente en la omisión de proveer el escrito presentado el diez de mayo del dos mil veintidós, en el juicio laboral 288/2021. Lo anterior, se corrobora con la consulta de las copias certificadas que derivan del expediente 288/2021, remitidas por esa autoridad. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. En efecto, de las constancias allegadas se advierte que mediante acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós, virtud el oficio remitido por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, se proveyó respecto del escrito presentado por la parte quejosa el diez de mayo de este año. Luego, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, es decir, el seis de septiembre de este año, no existía la omisión atribuida a la autoridad responsable, puesto que ya se había proveído sobre el escrito presentado el diez de mayo del dos mil veintidós, en el juicio laboral 288/2021; de ahí que resulte inexistente el acto reclamado. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, con registro 206346, que dice: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Por tanto, resulta evidente que no existe la omisión reclamada por la parte quejosa, en consecuencia, debe sobreseerse en el presente juicio de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Causa de improcedencia. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXllI, en relación con el numeral 77, fracción ll, ambos de la Ley de Amparo, en lo atiente al acto reclamado al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa y su Presidente, consistente en llevar a cabo el procedimiento del juicio laboral 288/2021, fuera de los términos que la Ley Federal de Trabajo dispone para ello, numerales que disponen lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXllI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Lo anterior, en consideración lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CV/2013, en la que abandonó su propio criterio emitido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007 y determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional cuando se declara la omisión y dilación en el trámite de un juicio laboral, deben delimitarse en función del acto reclamado y de acuerdo a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral. La indicada tesis esta publicada en la página setecientos treinta y dos de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de dos mil trece, tomo I, Décima Época, de rubro y texto siguientes: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Por tanto, los efectos restitutorios de la eventual sentencia concesoria del amparo, en términos del artículo 77, fracción ll, de la ley de la materia, serían obligar a la Junta y su Presidente que realicen las actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. Empero, toda vez que, conforme lo establece la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CV/2013, los alcances por los que se llegara a otorgar la protección constitucional deben delimitarse en función de determinado acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, no a las etapas subsecuentes, por lo cual no sería posible obligar a la junta y su Presidente, de forma genérica, que lleven a cabo actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural con el dictado del laudo respectivo. En ese contexto, existe imposibilidad material y jurídica de cristalizar los efectos restitutorios del juicio de amparo. Tiene aplicación por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 90/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Tomo Vl, Diciembre de 1997, Registro 197245, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio respecto a los actos aquí abordados, con fundamento en el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causa de improcedencia derivada de los numerales 61, fracción XXIlI y 77, fracción ll, todos de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio de fondo. El acto reclamado consiste en la omisión de emplazar a juicio a la entidad demandada, dentro del expediente laboral 288/2021. Lo fundado de los motivos de disenso estriba en el hecho que el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje dentro de las setenta y dos horas siguientes a la presentación de la demanda, dictará el auto de radicación, en el que se ordenará emplazar a la entidad pública demandada dentro de los cinco días posteriores, apercibiéndola que de no contestar la demanda en el término de diez días, o de resultar mal representada, la misma se tendrá por contestada en sentido afirmativo, tal y como lo establecen los numerales 127 y 128 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, a fin de cumplir con lo ordenado en el artículo 17 de la Constitución Federal. De conformidad con el artículo 17 Constitucional, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, de manera pronta, completa e imparcial; el numeral en cita consagra el llamado derecho a la jurisdicción, cuya finalidad es que los tribunales resuelvan con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia las controversias que se les presenten. Por su parte, la lectura del citado artículo 127 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, aplicable al caso, evidencia que las notificaciones de carácter personal, entre ellas el emplazamiento a juicio, deberá llevarse a cabo a más tardar a los cinco días posteriores a la emisión de la determinación correspondiente, pues de admitirse lo contrario, provocaría que la sustanciación de los juicios se prorrogara sin control alguno en el tiempo. En el caso concreto, de la narrativa de los antecedentes por parte de la quejosa se advierte que el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje recibió el expediente turnado por incompetencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa y mediante auto de seis de mayo de dos mil veintidós requirió a la parte quejosa, quien desahogó dicho requerimiento mediante escrito presentado en diez de mayo de este año; posteriormente, mediante proveído de cinco de agosto siguiente admitió la demanda y se ordenó el emplazamiento de la entidad pública demandada Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa. Sin embargo, no se allegó constancia alguna en la que se advierta que dicho ente público ya fue emplazado. Como se observa si bien se dictó auto de radicación de la demanda y se ordenó el emplazamiento del citado ente público demandado, dicho emplazamiento no se ha llevado a cabo de acuerdo con lo establecido por el numeral 127 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa; con lo cual se trasgredió dicho precepto. En efecto, de lo señalado se aprecia que el Tribunal Local responsable ha trasgredido lo dispuesto en el artículo 17 constitucional y en diversos numerales de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, toda vez que se advierte que no se ha llevado a cabo el emplazamiento del ente público demandado en el juicio laboral de origen dentro del término establecido en el numeral 127 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, lo que hace evidente que no han acatado los términos legales para la prosecución del juicio de origen, lo que implica que no ha cumplido con las obligaciones jurídicas que le impone la citada legislación laboral. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa. QUINTO. Efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En consideración de la etapa procedimental del juicio laboral 288/2021, la concesión de amparo es para efecto de que se lleve a cabo de manera inmediata el emplazamiento del ente público demandado. Por lo expuesto y fundando, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo por lo expuesto en los resolutivos cuarto y quinto. SEGUNDO. La Justicia de la UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Paúl Ramírez Zambada, por vicios de fondo. Así lo resolvió el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, ante José Leónides Miguel Santos Cortés, Secretario que asiste y da fe. Doy fe.José Leónides Miguel Santos Cortés
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