Paul Ochoa Flores

Expediente 1037/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1037/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
29/10/2019

Partes del expediente

  • Paul Ochoa Flores

Actuaciones

  1. Principal

    CÚMPLASE.

  2. Principal

    Agréguense a los autos los oficios de cuenta signados por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social en la Ciudad de México y otras autoridades, visto su contenido, se les tiene informando el cumplimiento a la suspensión de plano decretada a favor del quejoso Paul Ochoa Flores, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Sin que obste que dichos oficios se recibieron en la vía indicada, toda vez que el mismo cuenta con la certificación correspondiente. Así mismo, mediante oficio vía correo electrónico que al efecto se gire, requiérase al Director General y Presidente del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 " Noroeste" en Tepic, Nayarit, para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de que le surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita a este juzgado federal las constancias relativas a la atención médica que haya recibido el quejoso Paul Ochoa Flores en cumplimiento a la suspensión de plano aquí decretada, así como de las medidas que para su cabal cumplimiento haya practicado. Apercíbase a la autoridad en cita que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiese, se le impondrá multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos del DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, NÚMERO "4" NOROESTE y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1037/2019. SUSPENSIÓN DEPLANO Del análisis del escrito de demanda, se aprecia que el quejoso se duele en esencia, de la falta de suministrarle la totalidad de los medicamentos; así como el no otórgale la dieta que requiere en razón a la patología que padece. Ahora bien, tomando en consideración que el suscrito juzgador no cuenta con la información necesaria respecto de la gravedad del padecimiento del quejoso ni de los medicamentos que se le debe administrar; sin embargo, con el objeto de no agravar su salud o poner en riesgo la misma; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO a favor de ***, para el efecto de que el DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, NÚMERO "4" NOROESTE y el ENCARGADO DEL ÁREA MÉDICA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, NÚMERO "4" NOROESTE, adopten las medidas necesarias para que se proporcione a ***, el medicamento y dieta necesarios para el tratamiento y cuidado de su patología dentro del referido centro penitenciario. Ello, en virtud que tal medida no contraviene disposiciones de orden público, por el contrario, el interés social exige que las personas reciban atención médica, así como el suministro de medicamentos bajo prescripción de un especialista en caso de ser necesario, tomando en consideración que conforme a los artículos 1o., párrafos primero y tercero, 4o., párrafo tercero y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; situación que impone la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, destacando, entre ellos, el de la protección a la salud, cuyos titulares son todos los seres humanos, incluidas las personas sujetas a prisión, quienes siguen gozando de dicha prerrogativa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala 1a./J. 55/2019 (10a.), visible en la página 1270, del Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento. Requiérase a las autoridades responsables mediante oficio vía ordinaría y correo electrónico que al efecto se giren para que dentro del término de dieciocho horas, informen acerca de la forma o términos en que dieron cumplimiento a esta suspensión, se previene a las autoridades responsables que la violación de este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en los artículos 206 de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal, remitiendo para tal efecto las constancias que acrediten dicha circunstancia. Hágase saber a las autoridades responsables que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad conforme a lo dispuesto por el artículo 206 de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que la secretaria autorizada para recibir fuera del horario de labores de la Oficialía de Partes del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, así como en días inhábiles es Mónica Grisell Hernández Velázquez, con teléfono 2223902239, y que podrán remitir su correspondiente informe vía fax o correo electrónico a las direcciones y número siguientes: - Correo electrónico oficial: 5jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx; o monica.hernandez.velazquez@correo.cjf.gob.mx (en un horario de 15:01 a 08:59 hrs. del día siguiente) - Número de fax: 01 22 22 37 66 67. - Debiendo confirmar su recepción. A fin de dar una comunicación efectiva, en términos del artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena notificar de manera inmediata el contenido de esta resolución a las autoridades responsable mediante oficio. INCOMPETENCIA Con independencia de lo anterior, debe decirse que del análisis integral de la demanda de amparo promovida por PAUL OCHOA FLORES, se advierte que señala como autoridades responsables al COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINSITRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, NÚMERO 4 NOROESTE, COMITÉ TÉCNICO DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, NÚMERO 4 NOROESTE y ENCARGADO DEL ÁREA MÉDICA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, NÚMERO "4" NOROESTE; a quienes les reclama en esencia la falta de suministrarle la totalidad de los medicamentos; así como el no otórgale la dieta que requiere en razón a la patología que padece. Tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, se advierte que a este Juzgado Federal no le corresponde el conocimiento de la demanda de amparo ue se provee, por los motivos que a continuación se exponen. Al respecto, debe destacarse que en conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado tenga ejecución será competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en que: a) Deba tener ejecución; b) Trate de ejecutarse; c) Se esté ejecutando; o, d) Se haya ejecutado. En el caso, el acto reclamado por el quejoso constituye un acto negativo con efectos positivos que conlleva una ejecución material, por lo que para determinar la competencia del juez para conocer del asunto se debe atender al lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En esa tesitura, es necesario precisar que PAUL OCHOA FLORES se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste" en Nayarit; por ende, es inconcuso que la ejecución del acto que tilda de inconstitucional, se surte en aquella Entidad Federativa y, en consecuencia, tiene que conocer del presente juicio de amparo el Juez de Distrito con jurisdicción en aquel lugar. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis: PC.XVI.P. J/3 P (10a.), visible en la página 2124 décima época del Libro 64, marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. De lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), de título: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.", se advierte que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Por otra parte, los artículos 34 y 72 a 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal imponen a las autoridades penitenciarias la obligación de garantizar atención médica a los internos bajo su resguardo, en tutela al derecho humano a la salud. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la ejecución material de un acto reclamado no atiende solamente a su contenido -en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo-, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Así, la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica a los internos bajo su resguardo constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento de su estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado, es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario. Por tanto, resulta evidente que el acto reclamado constituye un acto negativo con efectos positivos, ya que se produce una afectación que trasciende a la materialidad, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente; por ende, es competente el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar en el que el quejoso se encuentra recluido, en el caso, el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno, con residencia en Tepic, Nayarit, de conformidad en los acuerdos segundo, fracción XXIV, y cuarto, fracción XXIV, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en Turno, con residencia en Tepic, Nayarit, el original del presente juicio de amparo. Así mismo, se solicita al homólogo federal se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Fórmese el expedientillo de antecedentes correspondiente y, una vez que el Juez de Distrito a quien le corresponda conocer de la incompetencia planteada comunique la resolución recaída al respecto, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO Ahora bien, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", con sede en el Rincón, Municipio De Tepic, Nayarit, gírese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en Turno, con Residencia en Tepic, Nayarit, para que en auxilio de la labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique personalmente el contenido del presente proveído a ***, para lo cual, deberá realizar lo siguiente: Se constituya en las instalaciones del CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO CUATRO "NOROESTE", CON SEDE EN EL RINCÓN, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT; Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso en cita, y se cerciore de su identidad; Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación "Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla", así como el número de expediente -juicio de amparo 1037/2019; Le notifique el presente acuerdo; Le corra traslado con copia del presente acuerdo; y, Asiente razón en el sentido de si quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia. Solicitándole que, una vez que se encuentre diligenciada dicha comunicación, remita a este Juzgado por la misma vía. Se solicita al Juez exhortado que, de no tener inconveniente legal alguno, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al funcionario encargado de practicar la notificación ordenada en este proveído, para que de ser necesario la realice aun en días y horas inhábiles. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional, para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el Actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información, elaborará la versión pública protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

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