Paul Ochoa Flores
Expediente 145/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 145/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/02/2023
Partes del expediente
- Paul Ochoa Flores
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de febrero de dos mil veintitrés. Intégrese el oficio firmado vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic; por medio del cual, devuelve diligenciado el exhorto 23/2023-II-B, número de orden 25/2023, del índice de este juzgado, del que se advierte que se notificó al quejoso el proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones respectivas. Información de la que se toma conocimiento, sin hacer mayor pronunciamiento; toda vez que en auto de trece de febrero del presente año, se ordenó el archivo en el presente juicio, en virtud de que el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, asumió el conocimiento del juicio de mérito. Cúmplase. *
- Principal
Toluca, Estado de México, trece de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio firmado vía electrónica por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, a través del cual, comunica que dicho órgano jurisdiccional asumió el conocimiento del presente juicio de amparo promovido por ***, registrándolo con el número de amparo indirecto 83/2023-III, de su índice. Atento a lo anterior, archívese como concluido el cuaderno en que se actúa, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como, el diverso 8.1.2, numeral 10, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos del Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual se declinó competencia y carece de relevancia documental. ***
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de febrero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda promovida por ********************, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 145/2023-II-B. ACTO RECLAMADO La parte quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: Directora General del CEFERESO Número 4, en la Ciudad de Tepic, Nayarit. Comité Técnico del CEFERESO Número 4, en la Ciudad de Tepic, Nayarit. Titular del Área Técnica del CEFERESO Número 4, en la Ciudad de Tepic, Nayarit. Directora de Seguridad del CEFERESO Número 4, en la Ciudad de Tepic, Nayarit. Comandantes de la Primera, Segunda y Tercera Compañía del CEFERESO 4, en Tepic Nayarit De quienes reclama: La medida de vigilancia especial impuesta el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, por el periodo de seis meses en el módulo USC por la Directora General y Presidenta del Comité Técnico del centro penitenciario donde se encuentra recluido. INCOMPETENCIA En ese contexto, este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se declara legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio, atendiendo a los motivos y consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". Conforme a tales preceptos, este órgano federal se declara legalmente incompetente por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se surte a favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en turno. Lo anterior es así, ya que el acto reclamado lo hace consistir en las medidas especiales de seguridad, impuestas por las autoridades penitenciarias del Centro Federal de Readaptación Social Número 4, en la Ciudad de Tepic, Nayarit, como se advierte de lo manifestado por el quejoso. Es pertinente destacar que en el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. Atento a lo anterior, y al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo en cita, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando que el aquí quejoso aduce que el acto reclamado lo hace consistir en las medidas especiales de seguridad, impuestas por las autoridades penitenciarias del Centro Federal de Readaptación Social Número 4, en la Ciudad de Tepic, Nayarit; en consecuencia, el juez competente es aquel que tiene jurisdicción donde se trate de ejecutar o se está ejecutando el acto reclamado. Puntualizado lo anterior, se colige que el acto reclamado implica una ejecución material que se da en el lugar en que se encuentra en jurisdicción de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic; máxime que el promovente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, Noroeste, en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic -lugar en donde se llevó a cabo la medida de seguridad especial que le fue impuesta-, por lo que el suscrito juzgador de ningún modo resulta competente para substanciar el presente asunto. Así, sin resolver sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítase el escrito original de la demanda al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en turno, solicitándole de la manera más atenta, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada, y acuse el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. DOMICILIO Conforme el artículo 26, fracción I, inciso k), de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa el centro de reclusión en el que se encuentra privado de su libertad. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO Atento a lo anterior, como el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, Noroeste, en Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la ley en materia, envíese exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda se constituya en el lugar de reclusión del impetrante ******************** y haga de su conocimiento el presente proveído. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al órgano jurisdiccional encargado de llevar a cabo la diligencia encomendada para que en caso de ser necesario, habiliten días y horas inhábiles, a fin de realizar su desahogo. Se precisa que el exhorto derivado del presente pronunciamiento deberá remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Debido a lo anterior, se solicita al Juez federal al que corresponda el exhorto en cita, de no existir impedimento legal, devuelva la referida comunicación por la misma vía. Consulta de expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal . HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con evidencia criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional.
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