Paúl Mitchell Garlock

Expediente 1212/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 27 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1212/2018
Año
2018
Actuaciones
27
Última actuación
27/05/2019

Partes del expediente

  • PAÚL MITCHELL GARLOCK y Otros.
  • Paúl Mitchell Garlock
  • Terri Linn Garlock
  • TERRI LINN GARLOCK y Otros.
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el veintisiete y veintiocho de febrero del año en curso (fojas 247 a 249 y de la 250 a 252), la autoridad denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su delegada, indicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de veintiocho de febrero del año actual, se dio vista a la parte quejosa con los referidos oficios y sus anexos, para que manifestaran lo que a sus intereses legales conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el referido numeral 196, segundo párrafo de la Ley en comento, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, por sentencia terminada de engrosar el cinco de septiembre del año próximo pasado (fojas 104 a 123) se concedió para los efectos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la quejosa la cantidad de $53,441.26 pesos, por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, cantidad pagada por la justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó, relativos al instrumento público "19,661", emitido por el Notario Público número Cuatro, de la primera demarcación Notarial en Nuevo Vallarta, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit,, que se pagó el ocho de mayo de dos mil dieciocho. [.] Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a los contribuyentes de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. [.] En la inteligencia de que la cuota de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que se comenta, es aplicable porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. [.]" De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a la peticionaria de garantías en el presente ni en el futuro el mencionado precepto legal; y B) Devolverle el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, respecto de la cantidad de $53,441.26 pesos, por los conceptos de inscripción de documento público, además de las diversas percepciones de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", que se pagó el ocho de mayo de dos mil dieciocho; las cuales debían ser actualizadas en términos de la ejecutoria de que se trata. En cumplimiento a ello, mediante oficios presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el veintisiete y veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 247 a 249 y de la 250 a 252), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por conducto de su delegada, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia de las pólizas de cheque 941 y 939, valiosos cada uno por la cantidad de $27,193.17 pesos, a nombre de las quejosas Paul Mitchell Garlock y Terri Linn Garlock, respectivamente; asimismo, adjuntó copia de los cheques números 0001145 y 0001146, trece de febrero del mismo año, valiosos cada uno por la cantidad de $231.35 pesos, a nombre de las citadas quejosas (fojas 251 y 252); sumas las anteriores que se pagaron a las promoventes del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $53,441.26 pesos, menos la suma de $280.00 pesos, que corresponde a cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, da como resultado un total $53,161.26 pesos, cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de $53,161.26 pesos, numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el ocho de mayo de dos mil dieciocho y el trece y quince de febrero de dos mil diecinueve, se efectúo la devolución a la parte quejosa. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de noviembre del mismo año, en el entendido de que este último mes, se toma como fecha de su devolución, aún y cuando no se haya materializado por diversas circunstancias, pues la responsable pretendió dar cumplimiento desde el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, de ahí que se considere como fecha de su actualización el mes de noviembre de dos mil dieciocho; aunado a que si se toma en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de dos mil dieciocho fue de 99.155; y para el mes de noviembre del mismo año de 102.303. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.03174827. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $53,161.26 pesos, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $54,849.03 pesos; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $53,161.26 pesos, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $1,687.77 pesos. Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad total de $54,849.04 pesos, por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. Aunado a lo anterior, la autorizada de la parte quejosa por escrito recepcionado el uno de marzo del año actual (foja 257), manifestó estar conforme con el pago obtenido, considerando por cumplida la sentencia protectora del amparo. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo por un laso se sobreseyó y por otro, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el veintisiete y veintiocho de febrero del año en curso (fojas 247 a 249 y de la 250 a 252), la autoridad denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su delegada, indicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de veintiocho de febrero del año actual, se dio vista a la parte quejosa con los referidos oficios y sus anexos, para que manifestaran lo que a sus intereses legales conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el referido numeral 196, segundo párrafo de la Ley en comento, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, por sentencia terminada de engrosar el cinco de septiembre del año próximo pasado (fojas 104 a 123) se concedió para los efectos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la quejosa la cantidad de $53,441.26 pesos, por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, cantidad pagada por la justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó, relativos al instrumento público "19,661", emitido por el Notario Público número Cuatro, de la primera demarcación Notarial en Nuevo Vallarta, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit,, que se pagó el ocho de mayo de dos mil dieciocho. [.] Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a los contribuyentes de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. [.] En la inteligencia de que la cuota de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que se comenta, es aplicable porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. [.]" De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a la peticionaria de garantías en el presente ni en el futuro el mencionado precepto legal; y B) Devolverle el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, respecto de la cantidad de $53,441.26 pesos, por los conceptos de inscripción de documento público, además de las diversas percepciones de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", que se pagó el ocho de mayo de dos mil dieciocho; las cuales debían ser actualizadas en términos de la ejecutoria de que se trata. En cumplimiento a ello, mediante oficios presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el veintisiete y veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 247 a 249 y de la 250 a 252), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por conducto de su delegada, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia de las pólizas de cheque 941 y 939, valiosos cada uno por la cantidad de $27,193.17 pesos, a nombre de las quejosas Paul Mitchell Garlock y Terri Linn Garlock, respectivamente; asimismo, adjuntó copia de los cheques números 0001145 y 0001146, trece de febrero del mismo año, valiosos cada uno por la cantidad de $231.35 pesos, a nombre de las citadas quejosas (fojas 251 y 252); sumas las anteriores que se pagaron a las promoventes del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $53,441.26 pesos, menos la suma de $280.00 pesos, que corresponde a cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, da como resultado un total $53,161.26 pesos, cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de $53,161.26 pesos, numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el ocho de mayo de dos mil dieciocho y el trece y quince de febrero de dos mil diecinueve, se efectúo la devolución a la parte quejosa. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de noviembre del mismo año, en el entendido de que este último mes, se toma como fecha de su devolución, aún y cuando no se haya materializado por diversas circunstancias, pues la responsable pretendió dar cumplimiento desde el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, de ahí que se considere como fecha de su actualización el mes de noviembre de dos mil dieciocho; aunado a que si se toma en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de dos mil dieciocho fue de 99.155; y para el mes de noviembre del mismo año de 102.303. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.03174827. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $53,161.26 pesos, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $54,849.03 pesos; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $53,161.26 pesos, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $1,687.77 pesos. Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad total de $54,849.04 pesos, por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. Aunado a lo anterior, la autorizada de la parte quejosa por escrito recepcionado el uno de marzo del año actual (foja 257), manifestó estar conforme con el pago obtenido, considerando por cumplida la sentencia protectora del amparo. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo por un laso se sobreseyó y por otro, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por la apoderada legal de la parte quejosa ********************, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con el acatamiento dado por la autoridad responsable a la sentencia concesoria de amparo; por tanto, con fundamento en el ordinal 196 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las expresiones que aduce, en la inteligencia de éstas se analizarán al momento de resolver sobre el cumplimiento del fallo concedido. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la solicitante del amparo, con los comunicados de cuenta y anexos que adjuntó, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

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