Paul Mendieta Cordero
Expediente 61/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 105 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 61/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 105
- Última actuación
- 28/02/2023
Partes del expediente
- Paul Mendieta Cordero
- Gobernador Constitucional del Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 105.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Juzgado devuelve anexo. Agréguese el oficio del actuario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por el que devuelve un anexo consistente en copias certificadas de diversas actuaciones del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, dado que este asunto se encuentra en archivo como asunto concluido, tomando en consideración que el tomo de pruebas que se recibió fue formado con copias certificadas, se estima innecesaria su conservación y, por ende, se ordena su destrucción inmediata. Finalmente, devuélvase el presente asunto al archivo físico en el que se encontraba. Cúmplase.
- Incidental
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de enero de dos mil veintidós. Parte quejosa solicita copias certificadas. Agréguese el escrito del quejoso Paul Mendieta Cordero, a través del cual solicita copias certificadas de diversas constancias que obran agregadas en el presente incidente. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, expídanse a su costa las copias certificadas que solicita, previa razón que por su entrega se asiente en autos de la persona que las reciba; en el entendido que deberán comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente con fotografía, y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de dos mil veinte, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por las copias certificadas antes precisadas. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa. |
- Incidental
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de enero de dos mil veintidós. Parte quejosa pretende solicitar copias certificadas, no ha lugar porque carece de su firma electrónica. Agréguese el escrito de Paul Mendieta Cordero, mediante el cual solicita copias certificadas de diversas constancias que obran en el incidente de suspensión en que se actúa. Cuestiones previas. Previo a acordar lo conducente, es pertinente traer a colación lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Del precepto reproducido se advierte, en lo que interesa, que el artículo 3° de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información, siempre que se haga uso de la denomina firma electrónica avanzada (FIREL), cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal. En ese orden, el Consejo de la Judicatura Federal, actuando en conjunto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidieron los Acuerdos Generales Números 1/2013 y 12/2020, que se refieren a lo siguiente: A) El Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; y, B) El Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Ahora bien, del artículo 3º de la Ley de Amparo y los Acuerdos Números 1/2013 y 12/2020, se desprende, en suma: 1. Que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. 2. Que a través de la Firma Electrónica Certificada es posible presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se desecha el escrito por falta de firma electrónica del quejoso. Ahora bien, la posibilidad de promover por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 1072, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63 de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL, con los mismos efectos jurídicos que las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando una parte presenta un escrito vía electrónica, pero no cuenta con la firma electrónica, no se expresa la voluntad del promovente; toda vez que la falta de su firma electrónica indica que no hay instancia de parte de quien promueve y, por ende, el Juez está facultado para desecharlo de plano. En este caso, del escrito de cuenta se advierte que el promovente es Paul Mendieta Cordero, en su carácter de parte quejosa; sin embargo, el libelo se presentó vía electrónica pero carece de la respectiva firma electrónica, ya que contiene la firma electrónica sólo de Juan Carlos García López, autorizado en términos amplios, y no del mencionado quejoso, lo cual, se insiste, al ser enviada vía electrónica, ésta debe contener una firma electrónica avanzada de quien promueve, para considerar que el promovente expresó su voluntad de presentar el escrito. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 6 de la Ley de Amparo; y, los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 12/2020, procede desechar el escrito de cuenta por no contar con la firma electrónica de la parte quejosa y, por ende, incumplir el principio de instancia de parte agraviada. Sirven de fundamento, por analogía, las jurisprudencias siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Cabe precisar que este órgano jurisdiccional no es indiferente ante la problemática que se ha suscitado para la obtención de la FIREL, en el sentido de que las citas para tal efecto se encuentren suspendidas; sin embargo, el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada (FIREL) y al Expediente Electrónico, dispone que se podrá utilizar un certificado digital de firma electrónica que hubiere emitido otro órgano del Estado, siempre y cuando el Poder Judicial de la Federación, haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados. En tales condiciones, como se estableció en párrafos precedentes, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado por la parte quejosa, en virtud de las consideraciones vertidas en el contenido del presente acuerdo. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
- Incidental
San Andrés Cholula, Estado de Puebla dos de diciembre de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado declara infundado el recurso de queja. Agréguese el oficio de la Actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual remite copia certificada del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 61/2019-III, así como testimonio de la ejecutoria del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el recurso de queja 174/2021, de su índice, misma que en su punto resolutivo establece: "ÚNICO. Se declara infundada la queja." Acuse de recibo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos a fin de que obre como legalmente corresponda, acúsese recibo de estilo a la Superioridad, respecto de la ejecutoria pronunciada el diecinueve de noviembre del año en curso, y de la copia certificada del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 61/2019-III. Por otra parte, tomando en consideración que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este juzgado federal, procédase a la destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, con motivo de la tramitación del citado recurso de queja y agréguense a los autos únicamente las actuaciones originales realizadas en dicho cuaderno. En tal virtud, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En ese orden, en atención a que en la caja de valores de este juzgado federal, se encuentra el billete de depósito número N 652391, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $11,665.43 (once mil seiscientos sesenta y cinco pesos con cuarenta y tres centavos) exhibido por la parte quejosa para reparar el daño e indemnizar el perjuicio que, en su caso, se causara a terceros y toda vez que la parte tercera interesada Alejandro Javier Hauser Canales, por conducto de su autorizado, promovió incidente de reparación de daños y perjuicios, el cual se declaró fundado en sentencia de uno de julio de dos mil veintiuno, contra la cual se interpuso recurso de queja, mismo que se declaró infundado tal como se advierte de líneas que anteceden; por tanto, dígasele a la citada parte procesal que está en aptitud de comparecer ante este órgano jurisdiccional a hacer efectiva la garantía exhibida por la parte quejosa, esto es, recoger el referido billete de depósito. Lo que deberá realizar dentro de los dos años siguientes a que se le notifique el presente auto, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho plazo -dos años- se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, con fundamento en el artículo citado. Notifíquese; personalmente a la parte tercera interesada Alejandro Javier Hauser Canales, y vía electrónica a la parte quejosa.
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