Paul Ledezma Rosales
Expediente 984/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 19 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 984/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 19/02/2021
Partes del expediente
- Francis Rubi Torres Nova
- Paul Ledezma Rosales
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Tepic
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término de tres días que se le concedió mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, aun cuando se le apercibió que de no hacerlo, se resolvería al respecto conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a FRANCIS RUBÍ TORRES NOVA y PAÚL LEDEZMA ROSALES, para los siguientes efectos: "[.]1. Se desincorpore de la esfera jurídica de los quejosos FRANCIS RUBÍ TORRES NOVA y PAÚL LEDEZMA ROSALES, lo previsto en el artículo 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los numerales 11, 12 y 13 del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a los quejosos, en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, en tanto no se modifiquen dichas normativas. Esto es así, en virtud que del instrumento público número 16,212 se advierte que los quejosos FRANCIS RUBÍ TORRES NOVA y PAÚL LEDEZMA ROSALES, celebraron un contrato de compraventa respecto del inmueble que se indica en dicho instrumento; asimismo, que el pago de derechos por inscripción de documento público o privado fue realizado por FRANCIS RUBÍ TORRES NOVA, a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 2. Para que el Director General de Ingresos y el Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, devuelvan a la quejosa FRANCIS RUBÍ TORRES NOVA, única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $560.00 (quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la suma de $16,606.39 (dieciséis mil seiscientos seis pesos 39/100 moneda nacional); que pagó el once de abril de dos mil diecinueve. Esto último, pues al incidir la inconstitucionalidad aducida en elementos esenciales de la contribución analizada y la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima que para el servicio inherente a inscripción o registro de documentos establece la fracción XVIII del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que en la especie es la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), la cual debe pagar por cada uno de los servicios cuya inscripción o registro solicitó la parte quejosa y que aquí impugna, sin las contribuciones adicionales que establece la referida disposición, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige el impuesto declarado inconstitucional." En cumplimiento a ello, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, mediante oficio recibido en este Juzgado de Distrito el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dio cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, incluso, que le fue devuelta a la impetrante la cantidad de $16,046.39 dieciséis mil cuarenta y seis pesos 39/100 moneda nacional), según se desprende de la copia del reporte de transferencias SPEI, a favor de FRANCIS RUBÍ TORRES NOVA; restituyendo de esa manera a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales violados. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, dado que se concedió el presente juicio de amparo. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Por otra parte, agréguese a sus autos el oficio signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, y en atención a lo que solicita, dígasele que se esté a lo acordado en líneas que anteceden. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término de tres días que se le concedió mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, aun cuando se le apercibió que de no hacerlo, se resolvería al respecto conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a FRANCIS RUBÍ TORRES NOVA y PAÚL LEDEZMA ROSALES, para los siguientes efectos: "[.]1. Se desincorpore de la esfera jurídica de los quejosos FRANCIS RUBÍ TORRES NOVA y PAÚL LEDEZMA ROSALES, lo previsto en el artículo 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los numerales 11, 12 y 13 del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a los quejosos, en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, en tanto no se modifiquen dichas normativas. Esto es así, en virtud que del instrumento público número 16,212 se advierte que los quejosos FRANCIS RUBÍ TORRES NOVA y PAÚL LEDEZMA ROSALES, celebraron un contrato de compraventa respecto del inmueble que se indica en dicho instrumento; asimismo, que el pago de derechos por inscripción de documento público o privado fue realizado por FRANCIS RUBÍ TORRES NOVA, a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 2. Para que el Director General de Ingresos y el Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, devuelvan a la quejosa FRANCIS RUBÍ TORRES NOVA, única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $560.00 (quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la suma de $16,606.39 (dieciséis mil seiscientos seis pesos 39/100 moneda nacional); que pagó el once de abril de dos mil diecinueve. Esto último, pues al incidir la inconstitucionalidad aducida en elementos esenciales de la contribución analizada y la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima que para el servicio inherente a inscripción o registro de documentos establece la fracción XVIII del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que en la especie es la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), la cual debe pagar por cada uno de los servicios cuya inscripción o registro solicitó la parte quejosa y que aquí impugna, sin las contribuciones adicionales que establece la referida disposición, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige el impuesto declarado inconstitucional." En cumplimiento a ello, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, mediante oficio recibido en este Juzgado de Distrito el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dio cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, incluso, que le fue devuelta a la impetrante la cantidad de $16,046.39 dieciséis mil cuarenta y seis pesos 39/100 moneda nacional), según se desprende de la copia del reporte de transferencias SPEI, a favor de FRANCIS RUBÍ TORRES NOVA; restituyendo de esa manera a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales violados. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, dado que se concedió el presente juicio de amparo. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Por otra parte, agréguese a sus autos el oficio signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, y en atención a lo que solicita, dígasele que se esté a lo acordado en líneas que anteceden. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
- Principal
EN TERMINOS DEL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, y anexo que acompaña, a través del cual hace manifestaciones sobre el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga respecto al referido cumplimiento; apercibida que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito resolverá al respecto conforme a las constancias que obran en autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, y anexo que acompaña, a través del cual hace manifestaciones sobre el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga respecto al referido cumplimiento; apercibida que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito resolverá al respecto conforme a las constancias que obran en autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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