Paúl Iván Guerrero Terrazas

Expediente 241/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
241/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
09/11/2021

Partes del expediente

  • Paúl Iván Guerrero Terrazas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución dictada en este asunto; por lo tanto, con fundamento en el numeral 2, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena enviar el presente asunto al archivo de trámite y tomando en consideración que se sobreseyó por todos los actos reclamados, aunado al hecho que no es de relevancia documental, procede determinar que este expediente es destruible en un plazo de tres años, contado a partir de la notificación de este proveído. Por tanto, una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo que antecede, procédase a la destrucción de este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Cabe precisar que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos contenidos en el numeral 15 del Acuerdo General en consulta, motivo por el que no se considera de información reservada, además, no obran en autos documentos originales que devolver.

  2. Principal

    En Chihuahua, Chihuahua, a las nueve horas con trece minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto, el licenciado Adolfo Rendón Sotelo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en funciones de Juez, quien actúa con la licenciada Sandra Guadalupe Pardo Muñiz, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124, de la actual Ley de Amparo, declara abierta la audiencia pública, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria hace relación de las constancias, entre las que se encuentran la demanda de amparo. Asimismo, se hace constar que la autoridad responsable Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de obrar en autos la constancia de que recibió el oficio por medio del cual se le solicitó. El Secretario en funciones de Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias, y respecto a la autoridad que fue omisa, procédase en términos de lo ordenado por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Abierto el periodo probatorio, se hace constar que las partes fueron omisas en ofrecer pruebas. Luego, se pasa a la etapa de alegatos, donde se hace constar que las partes no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Con lo anterior se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda: V I S T O para resolver el juicio de amparo 241/2021-I promovido por Paúl Iván Guerrero Terrazas, contra actos de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, residente en esta ciudad, que estimó violatorios de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 14, y 16, y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. El diez de febrero de dos mil veintiuno, *******, por conducto de su apoderado legal ****** presentó demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, la cual se turnó el doce de febrero de dos mil veintiuno, a este órgano jurisdiccional, contra el acto atribuido a la autoridad señalada como responsable en el proemio que antecede, y que a continuación se precisa: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- La omisión de la autoridad responsable de fijar dentro de las 24 horas siguientes, a partir de recibir el escrito de demanda, dictar acuerdo en el que se señale día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, misma en la que se deberá fijas audiencia para el desahogo de pruebas que debía efectuarse dentro de los diez días siguientes y no exceder un periodo de 30 días lo cual a la fecha no ha ocurrido". SEGUNDO. El diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de amparo bajo el número estadístico 241/2021-I; se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente corresponde a la representación social federal, quien no formuló pedimento; finalmente, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede, sin la asistencia de las partes. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 37, último párrafo, y 107, de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado se trata de una omisión y la demanda de amparo se presentó ante este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado a la autoridad responsable. En ese tenor, del examen integral del escrito de demanda y su anexo, se obtiene que el quejoso reclama, esencialmente: - La omisión de la autoridad responsable de dictar acuerdo en el que señale día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas. Es aplicable al caso concreto, el criterio P. VI/2004, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 255, tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así las cosas, este órgano de control constitucional procede al análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. TERCERO. La autoridad responsable Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, no rindió su informe justificado, no obstante de estar debidamente notificada del oficio *****, por medio del cual se le requirió, por lo que debe presumirse cierto el acto que se le reclama, en términos del artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examina la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por falta de interés jurídico. El artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, y los diversos 5o. y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. De los dispositivos transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional, es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectadas por el acto de autoridad reclamado. Tiene aplicación al respecto, la tesis jurisprudencial I. 1o. A. J/17, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 35, Gaceta 60, Diciembre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro digital 217651, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". En el caso, el quejoso no demostró tener interés jurídico para promover este juicio de amparo. Se afirma que el quejoso carece de interés jurídico porque la violación reclamada, a saber, la omisión de la autoridad responsable de dictar acuerdo en el que señale día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, es de naturaleza procesal, por ende, el quejoso debe demostrar que es parte en el juicio de origen, de lo contrario carece de dicho interés, aun y cuando la autoridad responsable no haya rendido su informe justificado; además, es obligación del quejoso probarlo, aunque no se haya rendido tal informe. En la especie, el Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, residente en esta ciudad, omitió rendir su informe justificado, por lo que, en términos del artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ha presumido cierta la omisión que se le atribuye. Sin embargo, la parte quejosa, pese a encontrarse obligada a demostrar su interés jurídico, esto es, que es parte en el juicio laboral, no lo hizo, es decir, fue omisa en adjuntar pruebas fehacientes que acrediten que es parte en el juicio de origen. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento jurídico. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo.". Asimismo, la tesis 2a./J. 23/94, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. OBLIGACIÓN DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME. La presunción de existencia del acto reclamado por falta de informe justificado de las autoridades responsables, prevista por el artículo 149 de la Ley de Amparo, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que el acto que reclama afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 73, y fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Paúl ******, contra los actos que reclamó de la autoridad responsable señalada en el resultando primero de esta resolución, por los motivos y fundamentos expuestos en último considerando de esta sentencia. Notifíquese y hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 9, fracción XIII y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, así como el diverso sin número publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de marzo de dos mil quince, por acuerdo de los Coordinadores de Magistrados y Jueces de los órganos jurisdiccionales integrantes del Decimoséptimo Circuito, con motivo de la falta del suministro de energía eléctrica generada por la situación climatológica en el estado de Chihuahua, mediante oficios 7/2021 y 8/2021, se determinó la suspensión de labores los días quince y dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Por tanto, la audiencia constitucional señalada para el quince de febrero de dos mil veintiuno, se reprograma para las DOCE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo.

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