Paul Iván García Palomares
Expediente 1175/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1175/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Paul Iván García Palomares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; once de octubre de dos mil veintidós. SOLICITA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, mediante el cual solicita le sean devueltas las documentales y copias de traslado que anexó a su escrito inicial de demanda, así como sus anexos; en atención a su solicitud, dígase al promovente que deberá estarse a lo acordado en auto de diecisiete de agosto pasado, en el cual se acordó que una vez que causara estado el diverso auto de nueve de agosto corriente, le serían devueltos, lo que ocurrió el veintitrés del mismo mes y año. SE DEJAN DOCUMENTOS A DISPOSICIÓN. En consecuencia, de conformidad con el artículo 18, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se dejan a disposición del quejoso los documentos originales que hayan exhibido; apercibido que, de no como comparecer a recibirlos, una vez que transcurra el término de noventa días, serán destruidos. En el entendido que de acuerdo con el artículo 3, fracción XVIII, del referido acuerdo general se considera documento original el instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; por tanto no se consideraran con ese carácter aquellos documentos de los que se pueda obtener una copia certificada por alguna dependencia pública, notarías o corredurías públicas, sin que sea necesario la autorización de las partes del acto jurídico que consignen. GENERACIÓN DE CITAS PARA LA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Ahora bien, a fin de que la citadas partes puedan acudir a este juzgado federal por los documentos que fueron puestos a su disposición, de conformidad con los artículos 3 y 6, fracción II, del referido acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, deberán programar la cita correspondiente a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, que puede consultarse en la página electrónica que se inserta a continuación: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionale s/home....M-IV
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Pachuca de Soto, Hidalgo; veintitrés de agosto de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y el registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO. Con fundamento en los dispositivos 3, último párrafo y 214 de la Ley de Amparo, ya que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con su original, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 2 valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen. ...M-IV
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Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de agosto de dos mil veintidós. SOLICITA DEVOLUCIÓN DE COPIAS. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Paul Iván García Palomares, mediante el cual solicita le sean devueltas las documentales y copias de traslado que anexó a su escrito inicial de demanda, así como sus anexos; en atención a su solicitud, dígase al promovente que una vez que cause estado el auto de nueve de los corrientes, se le devolverán....M-IV
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Pachuca de Soto, Hidalgo; nueve de agosto de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Paul Iván García Palomares, dando cumplimiento a la prevención formulada en auto de veintiséis de julio pasado, pues narra los antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad, e indica que en el juicio natural no se ha dictado sentencia definitiva, y que el acto reclamado no deriva de una medida cautelar. DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de causal de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Así, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.] Del dispositivo legal en comento se desprende que para la procedencia del juicio de amparo, cuando se reclamen actos emitidos por autoridades formal o materialmente jurisdiccionales, respecto de los cuales conceda la ley algún recurso dentro del procedimiento que pueda tener como consecuencia su modificación, revocación o nulificación, es necesario que previamente se agote dicho medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige el acto reclamado, ya que sólo de esa manera se cumple con el principio de definitividad previsto en el artículo 107 de la Ley Suprema. En efecto, el juicio de amparo se rige, entre otros principios, por el de definitividad, que obliga a los gobernados previamente a instarlo a agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley que rige el acto, para remediar los vicios que se adviertan de los actos de autoridades jurisdiccionales en su aspecto más amplio (tribunales judiciales, administrativos o del trabajo); lo que implica que, por regla general, la acción constitucional sólo será procedente contra actos definitivos, esto es, respecto de aquellos que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación a través de algún recurso o medio ordinario de defensa que pueda hacerse valer ante los tribunales ordinarios. Ciertamente, el mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo; de tal suerte que, existiendo un medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. Dicho principio se fundamenta en la naturaleza misma del amparo; es decir, éste es un medio extraordinario sui generis, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Resulta ilustrativa la jurisprudencia VI.2. CJ/259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1654, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo título y rubro menciona: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES." Precisado lo anterior, se considera que el acto reclamado consistente en el acuerdo de veinte de junio anterior, emitido en el juicio familiar 1552/2013, en el cual, a dicho del quejoso, el Juez responsable omitió dejar sin efectos lo ordenado en diverso auto de diecinueve de abril pasado, y como consecuencia, la entrega de la menor de iniciales R.G.T., a su madre, es impugnable a través del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 364, fracción II, 379, 382, 383 y 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, que establecen: Artículo 364. Este código prevé los siguientes recursos: [.] II. Apelación; [.] Artículo 379. El Tribunal Superior de Justicia, es el competente para conocer y resolver del recurso de apelación. Artículo 382. El recurso de apelación tiene por objeto que el Superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Artículo 383. Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, podrá apelar también. Artículo 395. De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señalará los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. El juez deberá resolver si la admite en ambos efectos conforme a lo solicitado, exhibiendo garantía conforme a lo establecido en el Artículo 398 de este ordenamiento." De la lectura de dichos numerales se advierte que, la ley de enjuiciamiento familiar del Estado de Hidalgo prevé el recuso de apelación, mismo que es de naturaleza vertical, ya que su conocimiento y resolución corresponde al Tribunal Superior de Justicia, a través de sus salas, y mediante su interposición se puede revocar o modificar la determinación recurrida. Dicho medio impugnatorio, procede, entre otras determinaciones, contra autos o sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y será admitido en ambos efectos, esto es, suspende desde luego la ejecución en términos del numeral 392 de la ley de enjuiciamiento familiar del Estado de Hidalgo, en caso de que el apelante lo solicite y se expongan los motivos por los que considere que el daño que ocasiona es irreparable o de difícil reparación. En el caso, se reclama la omisión inmersa en el acuerdo de veinte de junio anterior, en el cual la autoridad responsable no dejó sin efectos lo decretado en auto de diecinueve de abril pasado, en el juicio familiar 1552/2013, en el que se ordena la entrega de la menor de iniciales R.G.T. a su madre; acto que, se considera, produce una ejecución de difícil reparación. De ahí que, como el acto reclamado en el presente juicio es de difícil reparación, es procedente el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 334, fracción II, 379, 382, 383 y 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo. Es importante mencionar, que la causal de improcedencia invocada es notoria y manifiesta, porque bajo el contexto del corpus juris internacional, los recursos y medios de impugnación no pueden ser considerados una mera posibilidad que ponga en tela de juicio su procedencia, al grado de considerar que la existencia de recursos no es notoria y manifiesta. Esto es, lo notorio y manifiesto significa que se está frente a algo cierto, real y que necesariamente debe acontecer; así, se repite, bajo el contexto de los derechos humanos, las personas no tienen a su alcance una mera expectativa de la posibilidad de impugnar la resolución de las autoridades, sino que ese derecho, es decir, el de impugnación, es real y no puede estar supeditado a más condiciones que en los casos en que el legislador considere que la procedencia de un recurso puede afectar el orden público y el interés social. En efecto, conforme a los artículos 8, punto 1, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial. Asimismo, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. En este sentido, conforme al principio de progresividad de los derechos humanos, ya no puede considerarse que la existencia de un recurso en la ley, constituya sólo una posibilidad, pues el derecho humano a la impugnación evidencia que es una realidad que todas las personas tienen a su alcance los recursos y medios de defensa que las leyes secundarias establecen a su favor. De manera que, si en la especie, el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo prevé el recurso de apelación contra resoluciones que sean de imposible o difícil reparación, el quejoso puede acudir a hacer valer dicho recurso, porque la ley no se lo prohíbe expresamente, por motivos de afectación del orden público y el interés social. Cabe mencionar que, si bien la determinación en la que se deja subsistente un requerimiento para la entrega de una menor se considera como un acto de imposible reparación, esa circunstancia no significa que la quejosa esté exenta de observar el principio de definitividad, pues aun cuando el amparo es procedente contra actos de esa naturaleza, ello será una vez que se agoten los recursos ordinarios. Así lo consideró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, registro digital 2017117; que es del tenor siguiente: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Como ha quedado plasmado, del artículo 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, se advierte que en el supuesto de que el acto reclamado pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación a alguna de las partes; puede ser reclamado mediante la interposición del recurso de apelación, en el cual se deberán señalar los motivos por los que se consideran tales circunstancias, a lo que el juez tendrá la obligación de declararlo procedente en ambos efectos, concediendo la suspensión de su ejecución hasta en tanto se resuelva el medio de impuganción. En esa tesitura, al contener el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, el medio de defensa analizado en párrafos que anteceden, que puede tener por efecto revocar o modificar el acto reclamado, es incuestionable que el quejoso se encuentra obligado a agotarlo, previo a acudir a la tutela constitucional, ya que de lo contrario el juicio de amparo será improcedente, en virtud de que no es optativo para el inconforme cumplir o no con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; pues la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, únicamente establece las siguientes excepciones: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; y, d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Sin embargo, en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en la Ley de Amparo, así como tampoco los supuestos previstos en la jurisprudencia emitida por los tribunales federales. En esas condiciones, al actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo...M-IV
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