Paul German Chugchilan Chugchilan
Expediente 1111/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1111/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/09/2023
Partes del expediente
- Paul German Chugchilan Chugchilan
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que fue celebrada la audiencia constitucional en el presente juicio y a la fecha, no ha sido dictada la sentencia. Asimismo se aprecia que por oficio SECNO/STCCNO/873/2023 de treinta de agosto de dos mil veintitrés, la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, informó que la citada comisión determinó que el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, apoye en el dictado de las sentencias referentes a los juicios de amparo que se tramitan ante este juzgado; y, que en la remesa de asuntos generada en el Programa para el Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encuentra el presente juicio. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento de las partes mediante lista de acuerdos, para los efectos conducentes. Se ordena vincular el expediente electrónico respectivo y hacerse la captura que corresponda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Se informa imposibilidad de designar perito. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio 525/2023 remitido por el Coordinador Estatal de Servicios Periciales en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, mediante el cual manifiesta la imposibilidad que tiene para designar un perito en materia de ingeniería civil, como le fue solicitado mediante proveído de uno de septiembre pasado. Se designa perito. En vista de lo anterior, teniendo en consideración que este órgano jurisdiccional ha formulado diversas peticiones a distintas instituciones con el fin de que proporcionen el auxilio de un perito gratuito; sin que se hubiesen obtenido resultados favorables. Por tanto, se procede a designar a un perito oficial en términos del artículo 9 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración de la Lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, se advierte que a efecto de designar peritos con cargo al presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, del referido precepto legal se observa que deben colmarse los siguientes requisitos a efecto de designar un perito de la lista aludida, los cuales son: I. Formular solicitud a dos instituciones públicas, educativas o colegios de profesionistas a fin de que proporcionen el auxilio de un perito gratuito; II. De no obtener respuesta favorable, accederá al Directorio de Peritos para elegir en el Circuito de su jurisdicción, el nombre y datos de localización del perito registrado. En caso de no encontrarlo, se elegirá al más cercano a su domicilio; III. Deberá asegurarse de designar de manera consecutiva los peritos en la materia, dentro del mismo circuito; IV. Una vez seleccionado el perito le solicitará manifieste estar en aptitud de prestar el auxilio y su conformidad con el Arancel correspondiente a la materia de su dictamen pericial; V. El Solicitante informará a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería, el monto de los honorarios para hacer la previsión de los recursos; VI. Realizado el servicio encomendado, se solicitará al perito presentar el comprobante fiscal digital y, en su caso, la documentación comprobatoria de Gastos, a fin de remitirla a la Administración Regional en Tijuana, Baja California, para el pago correspondiente. Pues bien, en el caso se advierte que en el presente juicio se encuentra colmado el requisito señalado con el número I, ya que esta autoridad ya solicitó a diversas instituciones públicas el auxilio con el fin de que proporcionaran un perito gratuito, sin haber obtenido respuesta favorable. Por tal motivo, a efecto de dar cumplimiento a los restantes puntos, esta autoridad una vez que procedió a consultar la "Lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil veintidós", en materia de ingeniería civil, observa que el perito Jorge Israel Ruiz Chavira, se encuentra registrado con el número P.0726-2022. Sin embargo, a efecto de dar cabal cumplimiento a los puntos IV, V y VI se estima necesario que el perito aludido manifieste lo siguiente: a) Si se encuentra en aptitud de prestar el auxilio para la emisión del dictamen requerido, esto es, si cuenta con los conocimientos necesarios para emitir el dictamen respectivo con relación a la prueba pericial ofertada en autos. b) Si está conforme con el "ARANCEL para el pago de honorarios y gastos de las personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio 2023". Consecuentemente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a Jorge Israel Ruiz Chavira con el fin de que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste ante este órgano jurisdiccional lo especificado en los incisos a) y b). Para lo cual se ordena que al momento de su notificación se le proporcione copia del escrito a través del cual se ofreció la prueba pericial en materia de ingeniería civil. Ello, con el fin de que esta autoridad se encuentre en aptitud de nombrarlo como perito oficial y se pueda efectuar el pago de los honorarios correspondientes una vez que emita el dictamen que se le encomiende. En ese sentido, dado que el citado perito tiene su domicilio ubicado en Avenida Jalisco, número 2571, colonia Madero (Cacho), en esta ciudad, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que se constituyan en el domicilio antes precisado y notifiquen el presente auto al perito referido; asimismo, lo requiera, para que en el momento de la diligencia, o dentro de los tres días posteriores acuda ante este juzgado a aceptar y protestar el cargo conferido, o bien, a manifestar el impedimento legal, que en su caso, tenga para ello. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo anterior en el plazo concedido, de conformidad con la aplicación analógica del artículo 147 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tendrá por no conforme y se procederá a designar un diverso perito. Notifíquese y personalmente al perito Jorge Israel Ruiz Chavira.
- Principal
Se notifica por medio de lista el acuerdo de ocho de septiembre de este año, a la parte quejosa, en cumplimiento a lo ordenado en autos que dice: Tijuana, Baja California, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Ratificación de demanda. Vista la constancia actuarial que antecede, de la que se advierte que el quejoso Paul German Chugchilan Chugchilan, manifestó que sí ratificaba la demanda de amparo promovida en su nombre. Prevención. En atención al contenido del escrito de demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad, y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Requerimiento. Por tanto, atendiendo a que la demanda de amparo debe estudiarse como un todo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, en relación con el 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso Paul German Chugchilan Chugchilan, para que al momento de la notificación o por escrito, dentro del plazo de cinco días, legalmente computados, de cumplimiento a la siguiente prevención: 1.- Bajo protesta de decir verdad informe si a la fecha tiene conocimiento de algún procedimiento migratorio con el fin de ordenar su extradición a su país de origen y, de ser el caso, la fecha que se hizo sabedor del mismo. 2.- En caso afirmativo, indique si lo señala como acto reclamado, para lo cual deberá narrar los antecedentes del mismo, bajo protesta de decir verdad. Lo anterior, a fin de fijar la litis, con el objeto de que esta juzgadora la analice en su momento procesal oportuno y sobre todo para que las autoridades a las que atribuya los actos de que se queja, cuenten con suficientes elementos para rendir sus informes en relación a los mismos y defender su constitucionalidad. Asimismo, deberá ajustar la demanda a los requisitos previstos en el artículo 108 de le Ley de Amparo; esto es, en la formulación el capítulo de antecedentes del acto reclamado, señalando bajo protesta de decir verdad, de manera clara, precisa y cronológica únicamente los hechos o abstenciones que dieron origen a los actos que pretende reclamar en el presente juicio de amparo. No pasa desapercibido, que la promovente en el escrito de demanda narró bajo protesta de decir verdad el apartado de antecedentes; sin embargo, al ser únicamente su dicho no se da certeza o seguridad de los hechos referidos. Con motivo de lo anterior, el directamente agraviado deberá aclarar bajo protesta de decir verdad, de manera clara, precisa y cronológica únicamente los hechos. Así como la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna." Así como la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna.". Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia J/18 (9a.) , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "REVISIÓN EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU DEMANDA CUANDO ÉSTA ES OSCURA E IMPRECISA AL SEÑALAR EL ACTO RECLAMADO, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA FALTA. . A fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es menester que el quejoso señale el acto reclamado con claridad y precisión, pues sólo así podrá el juzgador fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto; por tanto, si la demanda de garantías es oscura e imprecisa al señalar el acto cuya inconstitucionalidad alega, el Juez de Distrito está obligado a requerir al promovente en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo para que la aclare y, en caso de no hacerlo, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión debe ordenar la reposición del procedimiento para que se formule el requerimiento de mérito, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente y es obligación del órgano revisor velar por que se satisfaga tal extremo." Los requerimientos señalados deberán ser aclarados directamente por el quejoso, por ser un acto personalísimo y que sólo a él le corresponde. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), que dice lo siguiente "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.." Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntadas, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de septiembre de dos mil veintitrés.****************************************Radicación. ********************Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación como juicio de amparo 1111/2023-V. ****************************************Precisión. ********************Previo a pronunciarse sobre la demanda promovida, cabe destacar que de la certificación de cuenta se observa que el escrito que nos ocupa carece del certificado digital de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), a que alude el artículo 2, fracción XVI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, por parte de la promovente.****************************************Sin embargo, esta juzgadora estima que debe proveerse respecto a la suspensión de plano solicitada en dicha demanda, aun cuando carezca de lo anterior, ya que de una lectura íntegra de ésta se advierte que los actos que se reclaman revisten las características de aquellos prohibidos por el artículo 22 de constitucional y el numeral 15 de la Ley de Amparo.****************************************De ahí que, se considere que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 42 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; el cual dispone:****************************************"Artículo 42. El Portal contará con una opción para presentar demandas de amparo electrónicas en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo.********************Para ello, se deberá ingresar el nombre de la parte quejosa, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionar la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional.********************Además, se optará por adjuntar el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, utilizar el formato predeterminado o llenar el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición, tras lo cual se capturará un código de seguridad y se enviará el escrito de demanda. En cualquier opción, se podrán enviar los archivos que contengan documentos anexos al escrito de demanda."****************************************De la lectura del precepto legal transcrito, se observa que tratándose de demandas de amparo en las que se reclamen actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, no resulta necesario que contenga el certificado digital de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por parte del promovente, como lo obliga el artículo 45 del referido acuerdo, ya que únicamente bastará que se ingrese el archivo electrónico que contenga la demanda.****************************************Por tal motivo, si en el caso la demanda de amparo versa sobre actos considerados como prohibidos por el artículo 22 constitucional y se acompañó el archivo electrónico de la misma, se concluye que debe dársele el trámite correspondiente a la demanda, incluso al no estar firmada electrónicamente por parte de quien la promueve.****************************************Suspensión de plano. ********************Ahora, en la demanda de amparo los actos reclamados por la promovente se hacen consistir, esencialmente, en:********************- Deportación, expulsión del país o retorno asistido.********************- Incomunicación.********************- Detención y/o alojamiento, aseguramiento, privación de la libertad y del libre tránsito.****************************************De los que dice ser y puede ser objeto el agraviado********************, con motivo de encontrarse a disposición del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tijuana, Baja California, al indicarse que es de nacionalidad extranjera. ****************************************I. Deportación, expulsión del país o retorno asistido. ********************Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y el directamente agraviado no sea deportado o desterrado del país, así como trasladado a otra parte de la República Mexicana.****************************************II. Incomunicación.********************Las autoridades responsables de manera inmediata deberán cesar todo acto de incomunicación, infringido en contra del agraviado********************, y, en su caso, se le permita mantener comunicación con su defensor o familiares, así como mantenerlo informado de su situación migratoria; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo.****************************************En el entendido que esto es sin perjuicio de la continuación de algún procedimiento migratorio, en el que se encuentre involucrado el quejoso, debiendo acompañar las constancias que acrediten el cumplimiento a la suspensión de plano.****************************************III.- Detención y/o alojamiento, aseguramiento, privación de la libertad y del libre tránsito.****************************************Ahora, previo a pronunciarse sobre la suspensión de plano relativa a la detención, y/o alojamiento, aseguramiento, privación de la libertad y del libre tránsito de las personas en situación de migración, es necesario tener en cuenta que la Ley de Migración, establece las facultades de control, verificación y revisión migratoria a cargo del Instituto Nacional de Migración, entre las que se encuentra la instauración del procedimiento administrativo migratorio; éste comprende, entre otros aspectos, el control migratorio, consistente en la revisión de documentación de personas que pretendan internarse al país.****************************************Del mismo modo, implica la supervisión de los medios de transporte que se utilizan para internarse al país, lo que realizarán las autoridades migratorias con auxilio de las autoridades policiales, lo cual se efectúa en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por mar, aire y tierra y de manera excepcional, previa solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lugares distintos a estos.****************************************En ese contexto, es relevante tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 68, primer párrafo y 100 de la Ley de Migración, que establecen:****************************************"Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición.****************************************Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente Ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición." ****************************************De la anterior porción normativa se advierte que la presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por personal del Instituto Nacional de Migración, en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, lo cual deberá constar en actas y no podrá exceder del término de treinta y seis horas contadas a partir de su puesta a disposición, para lo cual, deberá dictarse acuerdo dentro de las veinticuatro horas derivado de la diligencia de verificación o revisión migratoria.****************************************En resumen, si la autoridad migratoria realiza una verificación en la que detecta a una persona migrante en situación irregular, debe dar inicio al procedimiento migratorio.****************************************A partir del momento de la revisión, la autoridad migratoria cuenta con un plazo de veinticuatro horas para dictar el acuerdo de puesta a disposición y hasta treinta y seis horas, de las que no se excluyen las primeras veinticuatro que se mencionaron, para que la persona continúe en la estación migratoria o estancia de alojamiento temporal, esto es, la autoridad cuenta con un máximo de treinta y seis horas, para que la persona continúe bajo la supervisión de la autoridad administrativa, en la estación migratoria o de alojamiento temporal.****************************************Por tanto, la suspensión de plano solicitada se puede conceder, bajo ciertos parámetros y condiciones, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el procedimiento, por lo que, esta juzgadora concede la suspensión de plano en los supuestos y para los efectos siguientes:****************************************a) En el caso de que la internación de******************** al país, no se considere irregular por la autoridad migratoria, o, en el caso de que se encuentre detenido, y éste no tenga relación con la comisión de un ilícito, las autoridades responsables deberá ponerlo en inmediata libertad.****************************************b) En el supuesto de que la detención de******************** derive de la comisión de un hecho que la ley señale como delito, las autoridades deberá ponerlo en inmediata disposición del agente del ministerio público competente a fin de que se dé inicio a la carpeta de investigación correspondiente.****************************************c) En el escenario de que la internación de******************** sea considerada irregular por parte de la autoridad migratoria, deberá, dentro del plazo de veinticuatro horas, contados a partir de que les fue puesta a su disposición, dictar el acuerdo de presentación a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración.****************************************En el entendido de que su presentación (o cualquier acción que implique la restricción de su libertad de tránsito) no deberá exceder de treinta y seis horas, por lo que, si no resuelve el procedimiento administrativo migratorio dentro de dicho plazo, deberán fijarle las medidas contempladas en la Ley General de Migración, para que******************** continúe en libertad su procedimiento.****************************************Por tanto, las medidas que señalen las autoridades deberán ser diversas a las que impliquen privación de la libertad personal de las personas en situación de migración, pero deberán tomar en cuenta aquellas que aseguren que ésta no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político; como puede ser, de manera enunciativa, mas no limitativa, la obligación de presentarse ante la propia autoridad administrativa cuantas veces les sea exigido y, en el supuesto de que determine imponer una garantía económica, ésta deberá ser asequible, debidamente fundada y motivada, atendiendo a la situación específica de la persona, lo que deberá analizar y justificar la autoridad administrativa, sin que ello, sea impedimento para que la persona migrante pueda seguir su procedimiento en libertad.****************************************Del mismo modo, en caso de que******************** opte por seguir su procedimiento alojado en la estación migratoria o en el alojamiento temporal con que cuente la autoridad administrativa, esta deberá hacerle saber los efectos y consecuencias de ello, en el entendido que, levantará un acta que así lo demuestre, así como, informarle que en cualquier momento (transcurridas las treinta y seis horas), puede continuar con su procedimiento en libertad, bajo las condiciones que se le fijen.****************************************Estas consideraciones, se desprenden de un análisis del Protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional, emitido y publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de dos mil veintiuno, ya que en dicho documento, la Corte estableció que las restricciones a la libertad personal deben ser seriamente analizadas para determinar su validez constitucional, pues no es casualidad que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos lo protejan con tanta intensidad y arrebato, por lo que se trata de un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, ya que garantiza a su vez el pleno ejercicio de otros derechos constitucional y convencionalmente reconocidos para un completo desarrollo y bienestar de las personas.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis PR.P.CN. J/5 P (11ª.), emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con sede en Ciudad de México, de rubro y contenido siguiente:****************************************"SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA A LAS PERSONAS MIGRANTES QUE RECLAMAN LA PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD POR MÁS DE TREINTA Y SEIS HORAS EN ESTACIONES MIGRATORIAS AL SER UN ATAQUE A SU LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO. ********************Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron de diversas quejas en las que se dilucidó si procede o no la suspensión de oficio y de plano en tratándose de personas extranjeras privadas de la libertad, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), al constituir la detención alegada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo. ********************Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México determina que cuando en el juicio de amparo indirecto las personas migrantes en situación irregular reclamen un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción), por más de treinta y seis horas, atribuida al Instituto Nacional de Migración, derivado del procedimiento administrativo en estaciones migratorias, procede conceder la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que sean puestas en libertad, al actualizarse la hipótesis del artículo 126 de la Ley de Amparo.********************Justificación: En atención al principio de excepcionalidad de la detención por ingreso irregular previsto en el Protocolo para Juzgar Casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado F, fracción I, numeral 3, inciso b, denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas", en el que establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su reglamento prevén la detención migratoria como la regla y no como la excepción. Asimismo, el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, en su capítulo VIII, intitulado "Reglas específicas de actuación", entre otros aspectos, expone ampliamente el tópico relativo a la excepcionalidad de la detención, por lo que la irregularidad en el ingreso es considerada una falta administrativa. En consecuencia, los derechos y las garantías que deben observar quienes juzgan son aquellas propias de las personas que son sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. Ello, además, atendiendo el principio pro persona previsto en el artículo 1o. constitucional, conforme al cual las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Ley Fundamental y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, se considera que en el caso debe privilegiarse la solución conforme con el derecho a la libertad personal de los quejosos, por lo que se debe conceder la suspensión de oficio y de plano cuando la detención de las personas migrantes sea, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en la estación migratoria con motivo del procedimiento administrativo previsto en la Ley de Migración, al ser esa detención reclamada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, para el efecto de que sean puestas en libertad inmediata, para continuar con el trámite migratorio. En el entendido de que la autoridad migratoria, a efecto de dar el debido seguimiento al procedimiento, podrá fijar los requisitos y medidas necesarias, tomando como parámetro las establecidas en los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, una vez que ya haya decretado la libertad."****************************************Informe. ********************Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, remitiéndoles para tal efecto copia simple del escrito de demanda.****************************************Apercibimiento. ********************Apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra.****************************************Autorización de informe vía electrónica. ********************Se autoriza a las autoridades responsables para que, en su caso, remitan el informe requerido al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o bien al correo electrónico 14jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; asimismo, se sirvan proporcionar un correo electrónico a fin de realizarles las subsecuentes notificaciones por esa vía, para privilegiar el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de que lo realicen mediante oficio que se envíe a este juzgado.****************************************Ratificación de demanda. ********************Se faculta a cualquiera de los actuarios judiciales de este juzgado para que se trasladen a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración Delegación Baja California con sede en esta ciudad, y busque al directamente agraviado en dicho lugar, y en caso de no localizarlo, y observar camiones dentro de las instalaciones de dicho Instituto, deberá también buscarlo en su interior; así como a aquellos lugares de los que tenga noticia en que pudiera encontrarse la parte agraviada, a fin de que notifique personalmente el presente acuerdo a********************, y lo requiera para que al momento de la notificación manifieste si ratifican o no la demanda interpuesta a su favor.****************************************Apercibimiento.********************Con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda promovida a su favor y quedaran sin efectos las providencias decretadas.****************************************Señalamiento de autorizado. ********************Se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por no contar con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.****************************************Requerimiento. ********************Ahora, en atención a que quien presentó el escrito de demanda fue ********************, requiérasele para que dentro del término de tres días, legalmente computado, informe a este órgano jurisdiccional si promovió diversa demanda de amparo en los municipios de Ensenada o Mexicali, o en su defecto, en otro Estado de la República, por el mismo quejoso y actos reclamados.****************************************Apercibimiento. ********************Con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior o no informar el impedimento legal que tenga para hacerlo, de acuerdo con lo estipulado en los ordinales 237, fracción I y 259 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalentes a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional), de conformidad con los artículos segundo y tercero Transitorios el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. ****************************************Cantidad que resulta de multiplicar por cincuenta la suma de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el uno de febrero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con el precepto 238 de la citada legislación.****************************************Notificación a promovente. ********************Ahora, a efecto de lograr la notificación de la promovente, atento a lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del mencionado Acuerdo General 12/2020, se le tiene autorizando la vía electrónica para que la notificación personal del presente proveído se le haga por la vía electrónica; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que la presente notificación se le practique a la promovente antes mencionada por ese medio.****************************************Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A realice la autorización respectiva para notificación electrónica a la promovente, por conducto del usuario "********************.****************************************Correo electrónico. ********************Téngasele señalando el correo electrónico. así como el número telefónico que indica única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente.****************************************Reproducción electrónica.********************Como lo solicita la promovente, de conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente, siempre y cuando no se trate de aquéllas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, dejando constancia en autos de la copia realizada.********************En vista de lo anterior, dígase a la promovente que el uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad. ********************Apoya lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA".********************Copias.********************Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase copia de la presente determinación a la promovente, previa razón que por su recibo de deje en autos.****************************************Habilitación de días y horas inhábiles. ********************De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. ****************************************Transparencia. ********************Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. ****************************************Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. ****************************************Expediente electrónico. ********************De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo.****************************************Notifíquese personalmente al directo agraviado******************** y por la vía electrónica a la promovente.
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