Paúl Ernesto Velazquez Benitez

Expediente 943/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
943/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Paúl Ernesto Velazquez Benitez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual informa que acepta la competencia declinada del juicio de amparo 954/2022-IV, del índice de este juzgado federal, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente. Valoración del expediente Asimismo, se advierte que se trata de un EXPEDIENTE AUXILIAR (cuaderno de antecedentes); en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el apartado 8.1.1, fracción I, inciso a), del aludido Manual, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***********, por propio derecho, contra actos de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en su Centésima Decima Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno y otra autoridad. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 943/2022-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso. Incompetencia Ahora bien, en el caso a estudio se advierte que en lo medular, el peticionario de amparo, en su escrito de demanda reclama: El oficio CEN/2845/2022, mediante el cual notificaron el acuerdo JG/ORD/489/2022, relativo al expediente MEC/CEN/001/P/E/2020, de cinco de de octubre de dos mil veintidós, suscrito por el Coordinador Ejecutivo Nacional de Mecanismos de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, en el cual se acordó que se solicitará a través del enlace por convenio del Estado de Sinaloa, la conclusión de los acompañamientos por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado, en su favor. Bajo esa premisa, este órgano constitucional carece de competencia para conocer del presente juicio de amparo en razón de la materia, respecto de dicho acto, por las siguientes consideraciones: Conviene citar el contenido del dispositivo 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: "Artículo 56. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo (.).". De lo anterior se aprecia, que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial; Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal; Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En ese contexto, el acto que reclama el quejoso no se ubica en alguna de las hipótesis antes señaladas, ya que no se trata de un acto relacionado con el desarrollo de una actividad materialmente penal, sino de un acto administrativo, imputado a una autoridad administrativa. Ahora bien, la resolución reclamada encuentra sustento en legal en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el que destaca por su importancia para la controversia del presente sumario constitucional los siguientes preceptos: "Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. Esta Ley crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.". "Artículo 2.- Para los efectos de ésta Ley se entenderá por: Agresiones: daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación que por el ejercicio de su actividad sufran las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Beneficiario: persona a la que se le otorgan las Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas Urgentes de Protección a que se refiere esta Ley. Estudio de Evaluación de Acción Inmediata: Análisis de factores para determinar el nivel de riesgo y Medidas Urgentes de Protección en los casos en los que la vida o integridad física del peticionario o potencial beneficiario estén en peligro inminente. Estudio de Evaluación de Riesgo: Análisis de factores para determinar el nivel de riesgo en que se encuentra el peticionario o potencial beneficiario. La Coordinación: Coordinación Ejecutiva Nacional. Mecanismo: Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Medidas de Prevención: conjunto de acciones y medios encaminados a desarrollar políticas públicas y programas con el objetivo de reducir los factores de riesgo que favorecen las agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como para combatir las causas que las producen y generar garantías de no repetición. Medidas Preventivas: conjunto de acciones y medios a favor del beneficiario para evitar la consumación de las agresiones. Medidas de Protección: conjunto de acciones y medios de seguridad para enfrentar el riesgo y proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad del beneficiario. Medidas Urgentes de Protección: conjunto de acciones y medios para resguardar, de manera inmediata, la vida, la integridad y la libertad del beneficiario. Peticionario: Persona que solicita Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas Urgentes de Protección ante el Mecanismo. Periodistas: Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen. Persona Defensora de Derechos Humanos: Las personas físicas que actúen individualmente o como integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos. Procedimiento Extraordinario: procedimiento que deriva en Medidas Urgentes de Protección con el fin de preservar la vida e integridad del beneficiario.". "Artículo 3.- El Mecanismo estará integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y unaCoordinación Ejecutiva Nacional y será operado por la Secretaría de Gobernación De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, queda de manifiesto que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tiene como objeto implementar y operar las medidas de prevención, de protección y urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo, las cuales consisten en el conjunto de acciones y medios para salvaguardar la integridad de las personas que se ubiquen en los supuestos que prevé la norma. Por lo anterior, es considera que la competencia para conocer cualquier determinación que emitida por la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en su Centésima Decima Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, recae en un juzgado de distrito en materia administrativa. Ello se estima así, toda vez que como se indicó el acto reclamado consiste en el oficio CEN/2845/2022, mediante el cual notificaron al justiciable el acuerdo JG/ORD/489/2022, relativo al expediente MEC/CEN/001/P/E/2020, de cinco de de octubre de dos mil veintidós, suscrito por el Coordinador Ejecutivo Nacional de Mecanismos de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, en el cual se precisa medidas de riesgo aprobadas en favor del directo agraviado. De ahí, que no se advierta que el acto del que se duele el ahora quejoso se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el ordinal 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco de juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII, del arábigo 107 constitucional, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; ni de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, ni mucho menos de denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo. En efecto en la especie no se actualiza alguna de las hipótesis que, de conformidad con el precepto antes citado, den competencia a este juzgado para conocer de la demanda, toda vez que el acto reclamado es un acto eminentemente administrativo, atribuido a una autoridad de carácter administrativa; por ende, se concluye la legal incompetencia de este órgano de control constitucional para conocer de este asunto, ya que por razón de la especialidad se considera que su conocimiento compete al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, al actualizar el supuesto previsto en el artículo 57 de la ley de la materia que establece: "Artículo 57. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas. (.) IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente.". (Lo destacado es nuestro) En virtud de lo anterior, remítase el presente juicio de amparo y las copias que se anexaron al mismo, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al Juez de Distrito en Materia Administrativa en Turno en la Ciudad de México, con la finalidad de que manifieste si acepta o no la competencia planteada y solicítese atentamente el acuse de recibo correspondiente, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Improcedencia de la suspensión de plano No se soslaya que la parte quejosa, al solicitar la suspensión del acto reclamado, invocó el artículo 126 de la Ley de Amparo. Sin embargo, el precepto en cita establece que la suspensión de oficio procederá cuando los actos reclamados descritos en párrafo primero del artículo 22 constitucional se están llevando a cabo, lo que no acontece en el presente asunto. Por tanto, no procede decretar la suspensión de plano. Notifíquese personalmente.

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