Paúl Enrique Alonso Arévalo

Expediente 1025/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1025/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Paúl Enrique Alonso Arévalo
  • Quinta Sala Especializada En Materia Civil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Cambio de titular. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/684/2022 suscrito electrónicamente por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo del conocimiento que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se adscribió a la juez Alva Miranda Ramírez como titular de este órgano jurisdiccional. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes la adscripción de la nueva titular de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. Autoridad acusa recibo. Por recibido el oficio suscrito por la Presidenta de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, mediante el cual, acusa recibo de los autos de primera y segunda instancia, así como los demás documentos relativos al toca ********************, de su índice. Comunicado que se ordena agregar en autos para que obre como constancia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Alva Miranda Ramírez, Jueza Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistida por la secretaria María del Rosario García Pérez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Autoridad acusa recibo y solicita sean devueltas constancias. A sus autos el oficio que signa la Presidenta de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia, atento a su contenido se le tiene acusando de recibo el diverso comunicado 40675/2022, del índice de éste Juzgado, asimismo, solicita le sean devueltos las constancias remitidas al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, toda vez que la demanda fue tramitada en primera instancia por la vía de Amparo de Directo. Atento a lo que solicita, se ordena remitir los cuatro tomos formados consistentes en el toca 138/2022; original del expediente 324/2020, y dos sobres amarillos con diversos documentos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria María del Rosario García Pérez, que autoriza y da fe. RAAG/MRGP/bab

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, cinco de octubre de dos mil veintidós. Firme resolución. Toda vez que de la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes diese inconformaran contra la sentencia dictada el quince de agosto de dos mil veintidós, mediante la cual se determinó sobreseer en audiencia el juicio de amparo y así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan hecho, en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo aplicado por analogía, archívese el presente expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. Por lo que ve a este sumario constitucional, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. Asimismo, se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros electrónico y de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria María del Rosario García Pérez, que autoriza y da fe. RAAG/MRGP/bab

  4. Principal

    SENTENCIA CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado. Debido a que se reclama un acto de autoridad jurisdiccional en materia civil, con domicilio dentro del lugar en que este órgano de control constitucional, ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de garantías, se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: La sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintidós, en la cual se ordenó revocar la diversa de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, y, en su lugar, se determinó reponer el procedimiento a fin de que admitiera la demanda reconvencional promovida por la parte demandada, así como, se corriera traslado con dicha demanda al aquí quejoso, para que dentro de los cinco días diera contestación a ésta ello, en autos del toca 138/2022 del índice de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. TERCERO. Determinación acerca de la existencia de lo reclamado. Por razón de método en principio, debe analizarse si el acto reclamado en verdad existen, habida cuenta que, de no resultar cierto, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no habría materia para efectuarlo. Son ciertos los actos reclamados a la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, toda vez que así lo reconoció al rendir su informe de ley. Lo que se corrobora con las copias certificadas del toca 138/2022 y los autos originales del juicio de origen, remitidos por la autoridad responsable como complemento de su informe justificado; documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, párrafo segundo, al ser expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Definido que resultó cierto lo reprochado por la parte quejosa, técnicamente ahora es menester examinar si respecto a ello resulta procedente la acción de amparo, en acatamiento a lo que ordena el numeral 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, de oficio, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, del propio ordenamiento, dado que la resolución combatida no afecta materialmente los derechos sustantivos del impetrante de amparo. El precepto legal referido en primer término, en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En ese tenor, conforme al primero de los preceptos reproducidos en lo conducente, el juicio de amparo, es improcedente cuando así derive de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo. De acuerdo al segundo de los citados numerales, el juicio de amparo indirecto, procede contra actos dictados dentro de juicio, que tengan una ejecución de imposible reparación, por los cuales debe entenderse aquellos que de manera inmediata lesionen derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que México sea parte. En ese sentido, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe considerarse a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pueden reparar en el curso del procedimiento del que deriven tales actos procesales, como sería, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa y el decreto de alimentos provisionales o definitivos, entre otros; en razón de los perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les pueden resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución definitiva que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no afectan derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este último caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En el caso, según quedó establecido, se reclama la sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintidós, por la cual se ordenó revocar la diversa de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, y, en su lugar, se determinó reponer el procedimiento a fin de que admitiera la demanda reconvencional promovida por la parte demandada, así como se corriera traslado con dicha demanda al aquí quejoso para que dentro de los cinco días, diera contestación a ésta, ello, en autos del toca 138/2022, del índice de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco Determinación que, se considera, no es un acto de imposible reparación, al no ubicarse en la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que únicamente genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del pretensor de amparo. Al respecto, la jurisprudencia que resolvió la contradicción de tesis 17/90, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION"; refiere que si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto contra la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. De igual forma, la citada jurisprudencia refiere que, por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo tutelado por la Ley Fundamental, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, ya que tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo abrogada (ahora 172 de la Ley de Amparo) y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo. En efecto, de conformidad con la jurisprudencia que resolvió la contradicción de tesis 17/90, se actualiza el segundo de los supuestos a que hace alusión el citado criterio que refiere que si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por la constitución, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, dado que tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo abrogada (ahora 172 de la Ley de Amparo), y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo. Para evidenciar lo anterior, es importante precisar lo actuado en el juicio de origen, a saber: Por escrito de veintitrés de julio de dos mil veinte, el aquí quejoso Paul Enrique Alonso Arévalo promovió demanda en la vía civil sumaria en contra de Ana Cecilia Ramírez Ramos, en la que reclamó la disolución de la copropiedad. Previo emplazamiento de Ana Cecilia Ramírez Ramos, compareció por escrito de dos de septiembre de dos mil veinte a contestar la demanda instaurada en su contra y promovió demanda reconvencional en contra de la parte actora, a dicho ocurso recayó auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se admitió la contestación de demanda y se desechó la recovención formulada por las razones ahí expresadas (folios 56 a 59 de autos). Seguidas las etapas conducentes y el desahogo los medios de convicción ofrecidos, se dictó sentencia definitiva el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se condenó a la parte demandada a las prestaciones reclamadas. En contra de dicha resolución, ambas partes interpusieron recurso de apelación, los cuales fueron resueltos el veintidós de marzo de dos mil veintidós, en la que se determinó que existió una violación procesal en el procedimiento, pues sí era procedente admitir a trámite la demanda reconvencional promovida por la demandada, por lo que se ordenó reponer el procedimiento a fin de que se admitiera dicha demanda reconvencional, -acto reclamado- (folios 52 a 74 del tomo II del cuaderno de pruebas). Sobre esa base, del análisis de dichas actuaciones del juicio de origen, las cuales valoradas en términos del numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de las que se desprende que, con motivo del acto reclamado, no implica la ejecución de alguna medida cautelar en su contra o, en sus bienes, sino únicamente la admisión a trámite de la demanda reconvencional en contra del aquí quejoso. Así pues, la determinación combatida no conlleva una ejecución que sea de imposible reparación, ya que aun cuando la sala responsable determinó la reposición del procedimiento natural, a fin de se admitiera a trámite la demanda reconvención y se otorgará un término de cinco días para que el quejoso contestara dicha demanda, ello no implica violación a los derechos sustantivos del quejoso, ya que atendiendo a lo actuado en el juicio de origen no se advierte que con dicha reposición se le afecte algún derecho sustantivo sino al contrario. En efecto, no se desprende que con la reposición del procedimiento ordenada se afecte algún derecho de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, por lo que, si la resolución impugnada tiene como efecto que se dé trámite a la demanda reconvencional en contra del aquí quejoso, ello se traduce en la continuación del proceso de origen y, por ello, sólo se pueden afectar los derechos procesales del impetrante de amparo. De ahí, que el que se haya resuelto que se reponía el procedimiento natural, a fin de que se admita la demanda reconvencional presentada por la demandada, aun cuando implique que se siga el juicio por las diversas etapas para dictar sentencia definitiva, esto no vulnera derecho fundamental alguno del peticionario, pues basta recordar que la tramitación de un juicio no es considerada de imposible reparación, ya que es la manera en que las partes pueden dirimir sus controversias a la luz del artículo 17 constitucional; en consecuencia, sólo tiene relevancia, en la expectativa procesal (que no en un derecho adquirido), de la parte quejosa, de obtener una sentencia favorable a sus intereses; lo que inclusive, puede obtener, dada las amplias posibilidades que, conforme a la ley aplicable al juicio de origen, pueden llegarse a demostrar los elementos de una acción o de una excepción. Aunado a que la sentencia que emitió la Sala responsable, no contiene condena alguna en contra del quejoso, por lo que, en este aspecto, tampoco se le genera una afectación a un derecho sustantivo, lo que revela que, se insiste, los aspectos en que incide la decisión que constituye el acto reclamado, son única y exclusivamente de índole procesal o formal. Luego, será en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo definitivo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la solicitante de amparo. En la inteligencia, que no se le afecta un derecho fundamental en relación con las pruebas ofrecidas y desahogadas por las diversas partes, dado que ello se traduce en una afectación procesal que no incide el algún derecho sustantivo de la parte quejosa, pues será en su caso, hasta que se dicte la sentencia conducente, cuando se pudiera advertir alguna afectación a sus derechos que trascendió al sentido del fallo. Sirve para justificar lo anterior la jurisprudencia siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." Cabe precisar que no se soslaya el criterio 1a./J. 64/2016 (10a.), que puede ser consultado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, diciembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, Penal, que dice: "REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LA ORDENA OFICIOSAMENTE RESPECTO DE UN IMPUTADO QUE SE ENCUENTRA EN RECLUSIÓN PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Con base en ello, la decisión de un tribunal de alzada que ordena oficiosamente la reposición de un proceso penal instaurado contra un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que si bien es cierto que esa determinación no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, también lo es que derivado de ésta, la decisión del caso se pospone y la restricción a la libertad personal a la que el quejoso está sujeto de forma preventiva se prolonga, pudiéndose afectar, desde el pronunciamiento de dicha resolución, el derecho fundamental a que la citada restricción de la libertad sea por un plazo razonable, el cual está reconocido tanto en la Constitución Federal, como en diversos tratados internacionales suscritos por México." Empero, debe decirse que dicho criterio fue emitido en materia penal, en el cual, se encuentra involucrado la libertad personal del imputado, por lo que, la reposición del procedimiento implicaría la prolongación de la restricción de la libertad del quejoso, y con ello, una afectación a un derecho sustantivo, lo cual, en el caso, no acontece, de ahí que, no resulta aplicable. De igual manera, tampoco se inobservó el criterio sostenido en la jurisprudencia de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO", ello es así, ya que en términos del artículo Sexto Transitorio de la ley de la materia, la jurisprudencia precitada resulta inaplicable, ya que para que proceda el amparo indirecto las violaciones procesales deben producir una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado y, no por el hecho de que se califiquen de grado predominante o superior, como lo establecía dicha jurisprudencia. Asimismo, resulta inaplicable para sustentar la procedencia del presente amparo el diverso criterio que señala la parte quejosa de rubro: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", dado que, en dicho criterio nuestro Máximo Tribunal determinó que tratándose de la resolución de segunda instancia que ordene la reposición del procedimiento, en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva, por lo que es este momento oportuno para estudiar tal extremo, tal como se estudió en párrafos antecedentes. No pasa desapercibido la jurisprudencia de rubro: "RECONVENCIÓN. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU DESECHAMIENTO.", dado que se desprende que en dicho criterio nuestro Máximo Tribunal resolvió que el amparo indirecto procede contra la determinación que confirma el desechamiento de una demanda reconvencional, sin embargo, en el caso, el acto reclamado versa respecto de la resolución que la admite, esto es, supuesto contrario a lo determinado en la jurisprudencia citada, por lo que no resulta aplicable dicho criterio. Similar criterio sostuvo el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la revisión principal 233/2021 formada con motivo del recurso de revisión interpuesto en autos del juicio de amparo 1362/2020 del índice de este juzgado. Consecuentemente, se actualiza la causa de inviabilidad prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en términos del precepto 63, fracción V, del ordenamiento invocado, por lo que procede sobreseer en el presente juicio constitucional. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por ---, contra el acto que reclama de la Quinta Sala del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco, por los motivos establecidos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente

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