Paul Cuevas González

Expediente 4/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
4/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
04/02/2021

Partes del expediente

  • Paul Cuevas González

Actuaciones

  1. Principal

    "... Vista la razón suscrita por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, donde manifiesta las razones que le impidieron llevar a cabo la notificación personal a la parte quejosa del proveído de trece de enero de dos mil veintiuno; en consecuencia, hasta en tanto no señale nuevo domicilio,.... hágase la correspondiente notificación a la parte quejosa, así como las subsecuentes, mediante lista de acuerdos...."

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de enero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Paul Cuevas González, contra actos del Superintendente General de la Zona Sur de la Comisión Federal de Electricidad. Registro. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 4/2021. Análisis e improcedencia En principio, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de inejercitabilidad prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, 5°, fracción II, y 217 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (...). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales". Respecto al tema materia de este juicio, es decir, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, existe la siguiente jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo". Los preceptos y tesis transcritas revelan que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; teniendo carácter de autoridad responsable aquella que con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, teniendo también tal calidad los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, contra actos que no sean emitidos por autoridad o por particulares que no tengan esa calidad, es improcedente el juicio de amparo. Para mayor claridad, existe la siguiente jurisprudencia: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". (Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, Novena Época). Luego, los parámetros que deben satisfacerse para considerar que un acto emana de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son: La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, Que para emitir esos actos no requiere de acudir a órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior encuentra consonancia con el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, donde se establece que autoridad es la que la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Finalmente, contempla la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares, entendiéndose que éstos tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten los derechos de los demás gobernados. En el caso, no se está en presencia de un acto de autoridad propiamente dicho, como tampoco de un acto de particular que se conduzca con tal carácter, pues como se ve, el quejoso Paul Cuevas González, señala como acto reclamado, el corte de suministro de energía eléctrica. Ello, pues manifiesta que a su domicilio se presentaron unas personas que le informaron ser empleados de la Comisión Federal de Electricidad, y le manifestaron que presentaba un adeudo de tres meses, y que si no realizaba el pago correspondiente dentro del plazo de veinticuatro horas, procederían al corte de la energía eléctrica. De lo anterior, se colige que el acto reclamado deriva de un contrato de prestación de servicios, donde interviene la voluntad de ambos contratantes, lo que coloca a ambas partes en un plano de igualdad, por ello, el acto que emane de una de las partes, en el caso, de la Comisión Federal de Electricidad, carecen de la naturaleza de un acto de autoridad, pues la relación jurídica entre los particulares usuarios del servicio de energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad no corresponde a la de una autoridad y un gobernado (de supra a subordinación) sino a una relación de coordinación entre aquéllos, originada mediante un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos, de ahí que los referidos actos dentro de esa relación, no corresponden a los privativos y de molestia previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no derivan de un mandamiento unilateral del Estado, sino de la mera consecuencia del contrato de suministro de energía eléctrica; por tanto, se reitera, todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado, por lo que contra tales actos procede el recurso de revisión, en términos de los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Sin que pase desapercibido para este Juzgador, la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "AMPARO CONTRA LA SUSPENSIÓN O CORTE DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. CUANDO ESOS ACTOS PONGAN EN RIESGO EVIDENTE LA VIDA, LA SALUD O LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN UNA SITUACIÓN VULNERABLE O ESTÉN IMPOSIBILITADAS PARA PROVEER SU SUBSISTENCIA, EL JUZGADOR DEBE ALLEGARSE DE ELEMENTOS PARA VERIFICAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO Y NO DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, AL ESTIMAR QUE LA VÍA PROCEDENTE PARA DIRIMIR EL CONFLICTO ES LA ORDINARIA MERCANTIL [APLICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN CONTENIDA EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 30/2018 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), de título y subtítulo: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA.", determinó que cuando se reclamen actos relacionados con la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, no debe considerarse a la empresa productiva del Estado mencionada como autoridad responsable en el amparo, pues su relación con los usuarios no deriva de un plano de supra a subordinación, porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes, de manera que, al estar ante una relación comercial, la vía procedente para dirimir los conflictos relativos es la ordinaria mercantil. Sin embargo, el Alto Tribunal hizo hincapié en una excepción amplia, cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o aplique normas que se estimen inconstitucionales y, en este evento, la empresa puede equipararse a una autoridad; verbigracia, ante la negativa de reconexión del servicio, es decir, actos que ostensiblemente aparejen situaciones que comprometan derechos constitucional y convencionalmente protegidos y coloquen en estado de vulnerabilidad al gobernado; es decir, cuando la suspensión o corte del servicio ponga en riesgo evidente la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable o estén imposibilitadas para proveer su subsistencia. Por tanto, en esos casos, no se actualiza un motivo notorio y manifiesto de improcedencia que lleve al desechamiento de plano de la demanda de amparo; de ahí que el juzgador debe allegarse de mayores elementos para verificar la procedencia del juicio, conforme a las particularidades del caso".(Época: Décima Época, Registro: 2018549, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, Materia(s): Común, Administrativa, Tesis: I.10o.A.81 A (10a.), Página: 1006). Lo anterior, pues en el presente caso, se considera que no se está en un supuesto de excepción, para considerar a la Comisión Federal de Electricidad como autoridad para efectos del juicio de amparo, pues de la lectura integral de la demanda de amparo, no se advierte que dicha empresa se encuentre realizando actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes dentro del contrato de servicio de prestación de energía eléctrica, ni mucho menos, se desprende la aplicación de normas que se estimen inconstitucionales, o que se coloque a la impetrante en estado de vulnerabilidad al gobernado. En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, y procede desechar de plano, la demanda de garantías de cuenta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizado únicamente para tal efecto a Eduardo Vargas Torres, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de la materia, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Transparencia. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,074 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano