Paul Combe Ainza

Expediente 1570/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 26 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1570/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
26/12/2023

Partes del expediente

  • Paul Combe Ainza

Actuaciones

  1. Principal

    Recepción de la demanda de amparo. Se tiene por recibida la demanda promovida por *, por derecho propio, contra actos del Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Radicación. Fórmese el expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el numeral 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1570/2023-V. Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186605, de la literalidad siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como actos reclamados los siguientes: -El proveído de cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente *, que inadmitió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veintitrés de noviembre de este año, en el que se ordenó que las notificaciones a cargo del codemandado -ahora quejoso-, le surtieran a través de boletín judicial, al haber sido inexacto el domicilio que señaló para tal efecto. -El acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintitrés, en el que se le dijo que debía estar a lo determinado en auto de veintitrés de noviembre del año en curso. -La ejecución y/o aplicación de los citados autos. Partiendo de esa base, la suscrita juzgadora considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". De la interpretación de los arábigos reproducidos, se concluye que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos en el juicio que tengan efectos de imposible reparación, es decir, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y en las convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyas consecuencias ya no pueden repararse en el curso del procedimiento del que derivan, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes de la quejosa, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera. Luego, conforme a los artículos transcritos, un acto con efectos de imposible reparación es aquél que vulnera de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución, en los tratados y en las convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en oposición a los actos intraprocesales que no reúnen estas características para por sí mismos afectar a los gobernados, puesto que sus consecuencias pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrán interponerse recursos e incluso recurrirlos en vía de amparo indirecto, como en el presente asunto. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las personas o las cosas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el agraviado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los resultados intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen secuelas de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del juicio relativo con vistas a obtener un fallo favorable. Ello, porque de acuerdo con el artículo 107 de la Ley de Amparo, ahora ya se define con precisión lo que debe entenderse por actos en procedimiento cuyas implicaciones sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquellos que transgreden materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y en las convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una vulneración de imposible reparación, como sucedía antaño, sino que fue taxativo al señalar qué debe entenderse por dicha cuestión jurídica. Conforme a lo expuesto, los actos combatidos en estudio por su naturaleza no son irreparables, ya que constituyen actuaciones procesales que no tienen efectos materiales sobre los derechos sustantivos tutelados en la constitución, en los tratados y en las convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al existir la posibilidad legal que la resolución que ponga fin a la controversia de origen sea favorable a la quejosa, ya que en este caso las consecuencias intraprocesales que han generado los actos combatidos desaparecerían, pues sólo producen resultados de carácter formal o adjetivo que inciden en la conducta que ha tomado en el procedimiento de primera instancia con vista a obtener un fallo favorable. Por tanto, los actos reclamado en el presente juicio consistentes en los autos a través de los cuales se inadmitió el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso en el que se ordenó que las notificaciones a cargo del codemandado -ahora quejoso-, le surtieran a través de boletín judicial, al haber sido inexacto el domicilio que señaló para tal efecto y, el proveído en el que se le dijo que debía estar a lo ahí determinado en el sentido de que las notificaciones se le realizarían por boletín judicial, no constituyen actos dentro del procedimiento natural cuyos efectos sean de imposible reparación, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y en las convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque sólo ocasionan consecuencias de carácter adjetivo que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, amén de que esas determinaciones no privan del derecho de defensa a las partes, ni alteran las cuestiones debatidas. Esto es, dichas determinaciones no cumplen con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que tal actuación no puede considerarse como un acto en la controversia de origen que tenga efectos de imposible reparación, pues no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho sustantivo fundamental constitucional o convencionalmente tutelado, sino que, en todo caso, esa violación produce únicamente una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, no obstante que, como acontece en el presente caso, se aleguen violaciones a los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de alguna determinación autónoma al procedimiento de primera instancia, sino que se presenta justamente dentro de éste. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a esos derechos de forma directa; sin embargo, ello por sí solo es insuficiente para considerar procedente el amparo, ya que dicha afectación no puede verse de forma autónoma, sino que debe tenerse presente la naturaleza jurisdiccional del procedimiento del cual derivan los actos reclamados. En ese tenor, cuando en el juicio de amparo se aduce violación a los derechos sustantivos previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto combatido, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, por lo que tales derechos no se ven materialmente afectados, como se deduce de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. Los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, tratándose de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En los actos jurisdiccionales, que derivan de procedimientos legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que pueda trascender a su esfera jurídica, en forma de molestia o de privación. La afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal al infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades jurisdiccionales. Además, el Alto Tribunal ha puntualizado que acorde a la Ley de Amparo, sólo la violación de derechos sustantivos o de afectación material al gobernado son considerados de imposible reparación; y, en el caso, la determinación que aquí se combate no afecta materialmente tales prerrogativas, puesto que no se restringe o suprime algún derecho de esta naturaleza o priva de ellos. Al respecto resulta aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2006589, del tenor siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En efecto, el juicio de amparo indirecto solamente procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados de los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier daño a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues es necesario que se trate de una afectación material o directa; lo que en el caso no sucede, como se ha visto. Ilustra lo precedente, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1947, Libro 19, junio de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2009302, que establece: "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE)". Lo expresado, además, porque se trata de aspectos que se desarrollan en la secuela del procedimiento de primera instancia, que se sigue en la vía planteada, donde el solicitante de amparo es demandado, de lo que se concluye que se está en presencia de cuestiones que no afectan derechos sustantivos del quejoso, sino que sólo generan la posibilidad de que ello ocurra. Habida cuenta que, se insiste, tales actos producen efectos meramente intraprocesales, en virtud de que esas violaciones la promovente de amparo las podrá hacer valer cuando impugne el fallo que resuelva en definitiva el procedimiento de donde derivan los actos combatidos; por tanto, aquellas determinaciones no causan afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa (propiedades, posesiones o derechos), siendo inaplicable en el contexto de la nueva Ley de Amparo el criterio de las violaciones en grado predominante o superior como actos de ejecución irreparable, el cual regía conforme a la Ley de Amparo abrogada. Así se determina, ya que los actos combatidos no encuadran en la hipótesis a que se refiere el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener ejecución ni efectos de imposible reparación para la quejosa, en atención al concepto de irreparabilidad expuesto, en virtud de que al tener la calidad de parte (demandada) dentro del procedimiento de origen, puede emprender su defensa conforme a su derecho convenga, y por ende, la resolución que se dicte en ese proceso puede resultarle favorable, con lo cual los efectos de las violaciones de que se trata, desaparecerán en la realidad sin dejar huella en su esfera jurídica, pudiendo en su caso, reclamar tales violaciones a través del juicio de amparo que llegare a promover contra el fallo respectivo, en caso de que éste le resultara adverso. Los razonamientos expuestos y el fundamento jurisprudencial aplicado ponen de relieve lo manifiesto de las causas de improcedencia invocadas en el presente controvertido, las cuales resultan indudables, habida cuenta de que no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, debe DESECHARSE DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se analiza, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con apoyo en los numerales 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el ubicado en *. Autorizados. Conforme a la certificación de cuenta, se faculta en términos amplios del precepto 12 de la legislación invocada a *, al contar con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; asimismo, respecto al diverso profesionista que menciona, se les autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos de acuerdo con la última parte del segundo párrafo del precepto legal invocado, por así haberlo solicitado. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la tesis 2a. VIII/2020, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4456, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2021840, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Acceso al expediente electrónico. Se le permite a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico, mediante los usuarios "*", de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo. Transición al expediente electrónico. Se informa a las partes que a partir de este proveído se integrará únicamente el expediente electrónico, de conformidad con en el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De conformidad con el Acuerdo General citado, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; en el entendido que al expediente físico únicamente se deberán integrar los documentos que se reciban de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen llevar a cabo en este procedimiento. Integración del expediente. De igual manera, conforme al acuerdo citado, hágase del conocimiento de las partes que únicamente las promociones que se reciban de manera física, serán digitalizadas e integradas al expediente electrónico con firma electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad, no así las que se reciban de manera electrónica, las cuales ya se encuentran digitalizadas y firmadas por ese medio, debido a su naturaleza. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Mesa V

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