Paul Arturo Encinas Vásquez
Expediente 520/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 520/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Paul Arturo Encinas Vásquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dos de marzo de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó y negó el amparo solicitado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Incidente de suspensión. Provéase en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, lo correspondiente a su valoración y destino. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, dos de marzo de dos mil veintiuno. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la resolución por la que se sobreseyó y negó el amparo solicitado en lo principal y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar provisional. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con doce minutos del siete de diciembre del año en curso,, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Efrén Ibarra Othón, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, revisado el estado procesal de autos, se advierte que en auto de admisión, se reservó proveer respecto al señalamiento de terceros interesados; a lo que el juez acuerda: atento al contenido de los informes justificados, se concluye que no existe tercero interesado, al no actualizarse alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes no las anunciaron; el juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para ofrecerlas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 520/2020; y Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al día siguiente hábil, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Paúl Arturo Encinas Vásquez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados del Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sonora, y otras autoridades. En veintisiete de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto de reclamo emana de una autoridad con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: a) La orden aprehensión y/o presentación y/o detención; y, b) Su ejecución. Inexistencia de los actos en reclamo No son ciertos los actos reclamados a las siguientes autoridades, pues así lo manifestaron al rendir informe justificado. Agencia Ministerial de Investigación Criminal, con residencia en esta ciudad. Juez Primero de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Ures, Sonora. Ahora, la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, ni desvirtuaran las negativas formuladas por las autoridades; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia de los actos reclamados. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Presunción de certeza de los actos Por su parte, la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Agencia del Municipio de Ures, Sonora, fue omisa en rendir informe justificado, no obstante habérsele solicitado oportunamente, como se advierte del acuse de recibo del oficio 9854/2020; por tanto, con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama. Estudio Toda vez que las partes no manifestaron causa de improcedencia, ni se advierte que en el caso se configure alguna, procede analizar el fondo de la cuestión planteada. En el caso, el quejoso aduce que la orden de aprehensión y/o presentación y/o detención girada en su contra y su posible ejecución, viola los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que carece de las formalidades establecidas en esos numerales. Dichos motivos devienen infundados, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En efecto, no obstante la presunción de la posible privación de libertad, debe decirse que el promovente de amparo no probó que ésta vulnere alguno de esos derechos fundamentales, toda vez que no es en sí misma violatoria de la máxima ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente existan elementos que así lo demuestren. Esto es, a través de la propia naturaleza intrínseca del acto y que el mismo contravenga la ley fundamental, es decir, su inconstitucionalidad depende de que realmente exista dicha orden y que ésta no cumpla con las formalidades esenciales que rige todo procedimiento en la materia o que carezca de alguno de los requisitos previstos en la legislación aplicable para emitir dicha resolución. En consecuencia, los actos reclamados no pueden estimarse violatorios de derechos en sí mismos, ya que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas que tienen la responsables para emitirlo respecto del delito que, en su caso, se le imputa al aquí quejoso. En ese sentido, como los actos reclamados aludidos no son inconstitucionales en sí mismo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde a la parte quejosa conforme a lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia. En esa intelección, si el promovente de amparo no allegó al juicio medio de convicción alguno para demostrar la violación de derechos que aduce, este órgano judicial se encuentra impedido para determinar si dicho acto presenta los vicios por los que se alega su inconstitucionalidad; y es por esa omisión que se reitera que resultan infundados los motivos de disenso que se plantean en la demanda, lo que da pauta para negar la protección constitucional solicitada en contra de los actos reclamados. No es obstáculo para considerar lo anterior, el hecho de que el artículo 75 de la Ley de Amparo establece que deben recabarse de oficio las pruebas que se estimen necesarias para la resolución del asunto, ya que en ese supuesto, es necesario que las responsables reconozcan en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, para que se pudieran recabar y determinar las pruebas en que se apoyaron para emitir la determinación impugnada y, en todo caso, de faltar alguna constancia estar en aptitud de recabarla de oficio. Sin embargo, dicha situación es diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, pues como ya se dijo, los actos reclamados no son inconstitucionales en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende directamente de los motivos, datos o pruebas en que se hayan fundado. Atento a las consideraciones anteriores, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Decisión En las relatadas condiciones, al ser inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el apartado IV, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto de los actos reclamados al agente del Ministerio Público de la Agencia del Municipio de Ures, Sonora y ante lo infundado del concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, lo conducente es negar la protección constitucional solicitada. Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Paúl Arturo Encinas Vásquez, respecto de los actos precisados en el apartado III del presente fallo, por las razones expuestas en el apartado IV. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Paúl Arturo Encinas Vásquez, contra los actos reclamados de la autoridad responsable, precisada en el considerando V, por las razones señaladas en el apartado VI de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Efrén Ibarra Othón, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos, se advierte que mediante auto de veintisiete de agosto de dos mil veinte, se requirió al agente del Ministerio Público de la Agencia del Municipio de Ures, Sonora, a fin de que rindiera el informe justificado, sin embargo, a la fecha no se tiene constancia de emplazamiento a la cita autoridad responsable. En consecuencia, reexpídase el citado acuerdo vía acelerada al mencionado agente responsable, a fin de que rinda el informe respectivo y en caso de ser necesario remita las constancias correspondientes. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijas las nueve horas con doce minutos del siete de diciembre del año en curso, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes
- Patricia Vasquez García39/2018
- Patricia Vasquez Garcia165/2018
- Patricio Del real López551/2020
- PATRICIO GUILLERMO MARTINEZ MARTINEZ y Otros.1377/2016
- Patricio Quintero Garibay1014/2023
- Patrick William Tritico558/2020
- Paul Arturo Navarro Rascon1333/2019
- Paul Arturo Navarro Rascon1405/2019
- Paul Arturo Navarro Rascon1385/2019
- Paúl Eduardo Tapia Castro1134/2022
- Paul Montiel Galindo1533/2017
- Paul Ramses Carrasco Parra1237/2019