Patsy Carvajal Yépez
Expediente 1171/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1171/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Patsy Carvajal Yépez
- Todas las Partes
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto dictado el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio, y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el trece de enero de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese...
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA LUCIA CELIA USCANGA CRUZ EL PROVEÍDO DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C: "...Boca del Río, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vistos los autos, se advierte que por sentencia autorizada de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se concedió a Rosa Elena Cruz Uscanga el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos siguientes: "a) Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio sucesorio agrario, 392/2011 de su índice, desde el auto de radicación; lo anterior, sin que implique declarar la nulidad de las actuaciones y diligencias desahogadas por las partes, que en un momento dado sea imposible reponer; y, b) Deje intocado lo que no es materia de los efectos de este amparo, y ordene emplazar, con las formalidades de ley, a la aquí quejosa Rosa Elena Cruz Uscanga, a efecto de que comparezcan ante esa potestad, y haga valer sus derechos dentro del expediente en mención; c) Asimismo, ordene que se incorpore a la relación jurídica procesal, en calidad de hijos del de cuius, a Romelia y Celso, también de apellidos Cruz Uscanga; a fin de que puedan comparecer a defender sus intereses. Lo anterior, se estima así pues al haber de diversos posibles herederos del de cuius, de los sujetos previstos en el artículo 18 de la Ley Agraria, surge la existencia de un litisconsorcio activo necesario, en tanto que todos tienen interés para ser llamados al juicio agrario de origen a deducir sus derechos. Por tanto, ante la existencia de este, el Tribunal responsable debe llamarlos, oficiosamente, para que, al igual que en el litisconsorcio pasivo, la sentencia que se dicte sea válida para todos los interesados y comparezcan al procedimiento para defender sus intereses. Máxime que como quedo evidenciado en esta sentencia, y de conformidad con la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 185/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el juicio sucesorio agrario se emplazará a la parte demandada y, que a diferencia de la materia civil o familiar, en materia agraria se entabla un juicio contencioso, por lo que debe llamarse al procedimiento sucesorio a la o las personas que hubiera sido designadas demandadas o, en su defecto, a quien el Magistrado unitario estime que pueda resultar interesado. Así tratándose del juicio de amparo en materia agraria, en el que se reclamen actos que puedan afectar derechos agrarios individuales, los herederos aspirantes a ejidatarios cuentan con legitimación para defender la sucesión agraria del ejidatario fallecido. Luego, si el ejidatario cuyos derechos están en disputa, y este no hubiere realizado la designación de sucesores, cualquiera de las personas mencionadas en el artículo 18 de la Ley Agraria, que acredite el vínculo con aquél, cuenta con una expectativa de derecho a su favor que lo coloca como aspirante a ejidatario y como tal tiene legitimación para acudir al amparo en defensa de los derechos de la sucesión. Orienta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 87/2011 (9a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 3048 del libro IV, tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de enero de 2012, Décima Época, con registro digital 160464, que dice: AMPARO AGRARIO. CUALQUIERA DE LAS PERSONAS MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY AGRARIA QUE ACREDITE EL VÍNCULO CON EL EJIDATARIO FALLECIDO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE GARANTÍAS CONTRA ACTOS QUE PUEDAN AFECTAR LOS DERECHOS DE LA SUCESIÓN. Conforme a los artículos 212 y 216 de la Ley de Amparo, tratándose del juicio de garantías en materia agraria, en el que se reclamen actos que puedan afectar derechos agrarios individuales, los herederos aspirantes a ejidatarios cuentan con legitimación para defender la sucesión agraria del ejidatario fallecido. Luego, si durante la tramitación de un juicio agrario fallece el ejidatario cuyos derechos están en disputa, y éste no hubiere realizado la designación de sucesores, cualquiera de las personas mencionadas en el artículo 18 de la Ley Agraria, que acredite el vínculo con aquél, cuenta con una expectativa de derecho a su favor que lo coloca como aspirante a ejidatario y como tal tiene legitimación para acudir al amparo en defensa de los derechos de la sucesión. Concesión que debe hacerse extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos al Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, al no reclamarse su actuar por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hacía derivar del diverso acto atribuido al referido Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta, con residencia en la ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz, corriendo por tanto la misma suerte que este último acto en mención." Dicha sentencia causó ejecutoria el veinticuatro de septiembre de este año. Ahora, mediante oficios TUA.DTO.40.U.J./2383/2021 y TUA.DTO.40.U.J./2629/2021 signados por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuadragésimo, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, informó sobre el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo. En proveído de veintinueve de octubre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con el contenido de los oficios y anexos referidos por el término de tres días, para que realizaran las manifestaciones que a su derecho correspondiera en relación al cumplimiento efectuado por la autoridad responsable, sin que hubiesen desahogado la misma, no obstante de encontrarse debidamente notificadas. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si está o no cumplida la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por el tribunal responsable, a las que se les confiere pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el cinco de octubre pasado en los autos del juicio agrario 392/2011 se dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio sucesorio agrario, desde el auto de radicación, sin que ello implicara la nulidad de las actuaciones y diligencias desahogadas por las partes, que en un momento dado sean imposibles reponer y que serán especificadas por ese tribunal. Mediante determinación de veintidós de octubre de este año, hizo referencia a lo ordenado en el citado auto de cinco de octubre pasado, relativo a dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio sucesorio agrario, desde el auto de radicación de ocho de diciembre de dos mil once, así como la resolución de dieciocho de mayo de dos mil doce; dejando intocado, las pruebas aportadas por la parte actora en el juicio agrario, sin perjuicio que en el momento procesal oportuno pueda ofrecer otras pruebas y ordenó reponer el procedimiento, así como emplazar a la aquí quejosa Rosa Elena Cruz Uscanga, a efecto de que comparezca al juicio agrario 392/2011 y haga valer sus derechos, así también ordenó incorporar a la relación jurídica procesal, en calidad de hijos de la de cujus; a Romelia y Celso, también de apellidos Cruz Uscanga; a fin de que puedan comparecer a defender sus intereses, por lo que señaló día y hora para el desahogo de la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria. Así también, ordenó girar oficio al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado, para que no realice actos de ejecución y deje sin efectos lo ordenado por oficio 1209/2012 de veintidós de mayo de dos mil doce, en el que ordenó que se inscribiera el reconocimiento de derechos parcelarios a Lucía Celia Uscanga Cruz, y diera de baja al extinto ejidatario Ponciano Cruz Hermina quien fuera ejidatario del Ejido Zacate Colorado municipio de Ignacio de la Llave, Veracruz, así como la cancelación de los certificados parcelarios 338947 y 338948, y en su oportunidad expidiera los correspondencia a favor de Lucía Celia Uscanga Cruz, por lo que ordenó dejar sin efectos la inscripción de la sentencia de veintidós de mayo de dos mil doce, así como expedición de los certificados parcelarios antes citados, y si los expidió a favor de Lucía Celia Uscanga Cruz sean cancelados. Entonces, resulta incuestionable que se ajustó el tribunal responsable a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, al no existir exceso o defecto en el cumplimiento. Háganse las anotaciones correspondientes y de conformidad con lo establecido por el citado artículo 196, párrafo cuarto, archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que se trata de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y, carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro. Por otro lado, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió en definitiva la medida cautelar solicitada; por lo que en términos del artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece como fecha probable el veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro. Ahora, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el veintinueve de mayo de dos mil veintidós. Insértese copia de este proveído en los cuadernos incidentales para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea necesario que se hagan las notificaciones correspondientes en aquéllos. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Por otra parte, en atención a que obra en autos documentos exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del aludido Acuerdo General, requiérasele para que, dentro del plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil comparezca ante este Juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, seguirán la suerte de este expediente. Ahora, tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este órgano jurisdiccional tiene actualmente asignado el horario matutino de siete horas con cuarenta y cinco minutos a trece horas con cuarenta y cinco minutos, y que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecen las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Por tanto, para la devolución del documento citado en párrafos precedentes, deberá generar la cita correspondiente a través del proceso automatizado que le otorgará, un código "QR", para el ingreso al órgano jurisdiccional, cumpliéndose previamente los requisitos para pasar los filtros sanitarios y dentro del horario de labores interno fijado para la atención al público en general en días hábiles. Notifíquese, .
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Boca del Río, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el informe justificado rendido por el apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en Xalapa, Veracruz, personalidad que acredita con el instrumento notarial número 101,769, de treinta de abril de dos mil veintiuno, pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública número 98, con residencia en la Ciudad de México, adjunto al que ahora se provee, con lo cual se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, téngase a la referida autoridad responsable señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que describe en su informe y con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, designando como delegados a los profesionistas que ahí menciona. Por cuanto hace al correo electrónico y número telefónico que proporciona dicha responsable, éstos serán utilizados únicamente como medios de contacto de ser necesario, toda vez que se trata de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables, en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Ahora bien, de los anexos remitidos por la referida autoridad responsable, se advierte la existencia del oficio DX/CV/0300/2021 de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dirigido a la aquí quejosa ********************, a través del cual en respuesta a su solicitud, que tuvo por recibida esa institución el veinticinco de octubre de este año, le proporcionó diversa información respecto de la documentación necesaria para que proceda a la inscripción del crédito de ********************, con número de seguridad social ********************, para poder operar la venta del inmueble y así poder liquidar el pasivo que guarda con el instituto, así como se le tenga por exhibidas fotos del inmueble, así como el avalúo versado por la ********************, sociedad anónima de capital variable, documento del que fue notificada y tuvo por recibido el veinticuatro de noviembre del año en curso, como se evidencia del nombre, fecha y firma que aparece estampado al margen del mismo; documental que tiene valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, del estado de autos se advierte que la parte quejosa en el presente asunto hace consistir el acto reclamado en: "El acto de autoridad consistente en la negativa de dar contestación a mi escrito presentado con fecha 25 de octubre de la presente anualidad ante la autoridad responsable". En tales condiciones, como quedó asentado en los párrafos que anteceden, de los anexos adjuntos al informe que nos ocupa, se advierte que el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable a través del oficio DX/CV/0300/2021, dio respuesta a lo solicitado por la parte quejosa mediante escrito fechado el veinte de octubre del año en curso, presentado ante dicha responsable el veinticinco de octubre siguiente; por tanto, se colige que han cesado los efectos del acto reclamado, y por ende, debe decretarse el sobreseimiento en este juicio, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se dice lo anterior, toda vez que, de las constancias relatadas con antelación, se advierte que el diecisiete de noviembre del año en curso, la autoridad responsable dio contestación a lo peticionado mediante escrito que le fue presentado el veinticinco de octubre de este año, por lo que, resulta indudable que dejo de existir la omisión reclamada por la parte quejosa. De ahí, que la causa de improcedencia invocada resulte notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, por lo que resulta procedente sobreseer el presente juicio. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es no es acorde con lo establecido por el artículo 17 constitucional. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2ª./J.10/2003, visible en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Robustece lo anterior, la Jurisprudencia número ciento tres, que aparece publicada en la página ochenta y uno, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, años 1997-2000, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL"; quedando, por consiguiente, sin efecto las medidas decretadas en este expediente, así como la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, y comuníquese lo anterior a las responsables para los efectos legales a que haya lugar." En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional en el presente juicio, por los motivos señalados en líneas precedentes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable...
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Boca del Río, Veracruz, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, se tiene (n) por recibido (s) el (los) informe (s) de cuenta; con su contenido dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el 21/20 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese.
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