Patrick John Stirzaker

Expediente 671/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
671/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
07/11/2017

Partes del expediente

  • Patrick John Stirzaker
  • Procurador General de la República

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad de México, a siete de noviembre de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, toda vez que en el incidente derivado de la presente controversia constitucional se negó la suspensión provisional y definitiva respecto de los actos reclamados, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. De igual manera, el duplicado del mismo también es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de este acuerdo, por lo que se señala como fecha probable para ello el diez de mayo de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en los cuadernos incidentales.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 671/2017 promovido por Patrick John Stirzaker, contra actos del procurador General de la República, y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el nueve de agosto del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, remitido por razón de turno a este juzgado, el promovente del juicio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante del amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló transgredidos en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por auto del día siguiente se registró la demanda bajo el orden 671/2017, y se previno al promovente a efecto de que proporcionara el nombre completo y domicilio correcto de quien figurara como indiciado en la indagatoria de origen, para estar en aptitud de llamarlo a juicio en su carácter de tercero interesado, y además, precisara en forma concreta el acto o actos que reclamaba de diversas autoridades, pues sólo se advertía un señalamiento preciso en ese sentido. IV. Desahogada la mencionada prevención, por auto de dieciocho de dicho mes se admitió la demanda; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio intervención legal al representante social de la Federación adscrito; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que en su oportunidad, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el orden 169 aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden de ideas, del análisis integral de la demanda y de constancias del expediente, se aprecia y se precisa que los actos reclamados en este controvertido, son los siguientes. I. Del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Mesa Investigadora XVI-DDF de la Subdelegación de Procedimientos Especiales: a) La resolución de trece de julio de dos mil diecisiete, en que propuso el no ejercicio de la acción penal en la indagatoria AP/PGR/DDF/SPE-XII/2944/12-05/INC/AP/PGR/DDF/SZS/III/1206/10. II. Del procurador; y subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo: b) La autorización definitiva del no ejercicio de la acción penal propuesto en la indagatoria de referencia. Todas las autoridades señaladas, de la Procuraduría General de la República. Serán estos actos los que constituyan la materia de pronunciamiento en este juicio constitucional. La razón, porque por una parte, la fecha de la emisión del acto reclamado es la precisada en párrafos anteriores, y no la diversa que asentó el promovente del juicio en el impreso de demanda, y por otra, porque si bien es cierto precisó reclamaba del agente del Ministerio Público señalado, la emisión del no ejercicio de la acción penal, y haber llevado a cabo la notificación de la misma, es incuestionable que de conformidad con los motivos de disenso formulados, el acto reclamado en concreto, es dicha determinación y no su notificación; de ahí la precisión preliminar del mismo en la forma en que se hizo en el auto admisorio, que se reitera en esta resolución. Estimación que se determina del estudio y relación de las constancias que conforman el sumario, lo cual no significa en forma alguna que se cambie la cuestión efectivamente planteada en la litis, sobre todo cuando al dictar sentencia, corresponde al juzgado de amparo apreciar lo que quiso decir el inconforme en su demanda y no únicamente lo que en apariencia dijo, a fin de resolver sobre el proceder que estima transgresor de los derechos fundamentales involucrados. TERCERO. Las autoridades precisadas en el punto II de la anterior consideración, al rendir informe justificado (fojas 45 y 46), negaron la existencia del acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa aportara medio de convicción idóneo que desvirtuara dichas negativas. Por tanto, en razón de la inexistencia del acto atribuido a las autoridades de referencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, se sobresee en el juicio de amparo. CUARTO. Es cierto el acto atribuido a la autoridad señalada en el punto I de la segunda consideración de este fallo, pues así lo señaló al rendir informe justificado (foja 53), lo que se corrobora con la copia certificada que remitió en apoyo a dicho comunicado, entre cuyas constancias se encuentra la resolución reclamada (fojas 58 a 66); documental que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obstante, en el caso no se analizará el fondo de la cuestión debatida, con motivo de que a consideración de este órgano de control constitucional se actualiza una causal de improcedencia, cuyo análisis es de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el numeral 62 de la ley reglamentaria. As, en el caso se estima actualizado el supuesto de improcedencia contenido en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; .". Bajo esa consideración, es necesario puntualizar el contenido del artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, que en su parte específica establece lo siguiente: "ARTICULO 133.- Cuando en vista de la averiguación previa el Agente del Ministerio Público a quien la Ley Reglamentaria del artículo 102 de la Constitución General de la República faculte para hacerlo, determinare que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que se hubieren denunciado como delitos, o por los que se hubiere presentado querella, el denunciante, el querellante o el ofendido, podrán presentar su inconformidad a través de un escrito en el cual expongan los argumentos o elementos de la averiguación previa que considere que el Ministerio Público dejó de atender para ejercitar la acción penal, ante el Procurador General de la República dentro del término de quince días contados a partir de que se les haya hecho saber la determinación mediante notificación personal. El Procurador General de la República, oyendo el parecer de sus agentes auxiliares y analizando los argumentos del escrito de inconformidad y de las causas del no ejercicio de la acción penal propuesto por el Ministerio Público, decidirá en definitiva si debe o no ejercitarse la acción penal. .". De lo anterior, se advierte que el no ejercicio emitido en la indagatoria de origen, es impugnable a través de la inconformidad descrita, conforme lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que dicha determinación no tiene el carácter de definitiva, al proceder en su contra el medio de impugnación de referencia, que debe ser resuelto por la autoridad respectiva. Recurso por virtud del cual dicho acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, lo que implica la necesidad de agotar el principio de definitividad como presupuesto necesario para que proceda el juicio de amparo; por ende, este resultaría procedente únicamente contra la decisión que resolviera la inconformidad que establece el código adjetivo de la materia invocado. Por las razones que la integran, sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1410 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo II, noviembre de 2015, del rubro siguiente: "ACCIÓN PENAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE AUTORIZA SU NO EJERCICIO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XVI, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO". Por tanto, derivado de las razones hasta aquí expuestas, es que al actualizarse la causal de improcedencia referida, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, proceda sobreseer en el juicio contra la resolución de trece de julio de dos mil diecisiete, en que se propuso el no ejercicio de la acción penal en la indagatoria AP/PGR/DDF/SPE-XII/2944/12-05/INC/AP/PGR/DDF/SZS/III/1206/10. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 74, 75, 76, y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en la tercera y cuarta consideraciones de esta sentencia, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Patrick John Stirzaker, contra los siguientes actos reclamados. I. Del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Mesa Investigadora XVI-DDF de la Subdelegación de Procedimientos Especiales de la Delegación en esta ciudad: a) La resolución de trece de julio de dos mil diecisiete, en que propuso el no ejercicio de la acción penal en la indagatoria AP/PGR/DDF/SPE-XII/2944/12-05/INC/AP/PGR/DDF/SZS/III/1206/10. II. Del procurador; y subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo: b) La autorización definitiva del no ejercicio de la acción penal propuesto en la indagatoria de referencia. Todas las autoridades señaladas, de la Procuraduría General de la República.

  3. Principal

    Ciudad de México, a once de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el pedimento de cuenta, signado por el representante social de la Federación adscrito. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que hace valer, sin perjuicio de tenerlos por reproducidos en la audiencia constitucional. En cuanto a la copia que solicita, una vez que este juzgado pronuncie la resolución correspondiente, expídase la misma con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Jesús Alberto Chávez Hernández, juez Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, asistido de Marco Francisco Orozco Salazar, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia constitucional en la fecha y hora señaladas para tal efecto. En ese sentido, y toda vez que está transcurriendo el plazo concedido a las partes, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se señala como nueva fecha para celebrarse el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete a las diez horas con cuarenta minutos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".

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