Patricio Patiño Patiño

Expediente 7/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
7/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
13/02/2018

Partes del expediente

  • Patricio Patiño Patiño

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el escrito que suscribe el quejoso ***, mediante el cual solicita la devolución del original del documento RT/1/99/0021024/2017 4232. En atención a lo anterior, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la devolución del documento que solicita previa copia que del mismo exhiba.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede asentada por el Secretario de este Juzgado Federal, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de diez de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Patricio Patiño Patiño; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, se ordena ARCHIVAR el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se desechó la demanda de amparo, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  3. Principal

    Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Visto el escrito de demanda promovida por ***, contra actos que reclama de la Directora de Ejecución de la Dirección General de Ingresos de la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato y otra autoridad, por violación a las garantías consagrada en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 7/2017-VII.1, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, con la finalidad de proveer respecto a la admisión de la demanda de amparo, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, página 890, cuyo rubro y texto es el siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente destacar que el acto reclamado que combate el quejoso en la presente instancia consiste en "el mandamiento de ejecución de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, no obstante que no existe el documento ejecutivo o resolución determinante del crédito fiscal ***, así como el requerimiento de pago.". De lo anterior se advierte que se actualizan de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, precepto que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". Del artículo citado se advierte, que la procedencia del juicio de amparo, como medio extraordinario de defensa, está condicionada a que el gobernado agote los recursos legales establecidos en la ley que regula el acto que reclama. Esto es, que previamente a la promoción del juicio de amparo, se deben sustanciar todos los medios ordinarios de defensa que se tengan al alcance para modificar o revocar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de derechos como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos públicos subjetivos de los gobernados, por lo que lógicamente, antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente reconocidos. En ese orden de ideas, del precepto legal trascrito, para que se actualice tal causal de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: a) Que se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que la ley ordinaria que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. No obstante lo anterior, por regla general existen cuatro casos de excepción al citado principio previstos en la transcrita fracción XVIII, del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, que son: 1) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, y la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, resolución que niegue la libertad bajo caución, orden de arresto, o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; y 4) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Asimismo, se advierte que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Así, la primera de las excepciones se refiere a aquellos casos en que los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; el segundo, cuando el acto reclamado consista en órdenes que afecten la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; el tercero, se refiere a los terceros extraños al juicio o procedimiento y el cuarto al auto de vinculación a proceso; quienes no están obligados a agotar los recursos ordinarios, antes de acudir al juicio de amparo, según lo dispuesto por el artículo 107 Constitucional, fracción III, inciso c), del máximo ordenamiento, lo que aparece reproducido en el numeral antes citado. Como se señaló en párrafos precedentes, el acto reclamado por ***, lo hizo consistir en el mandamiento de ejecución de veinticinco de octubre determinado en el crédito fiscal No. ***, así como, el requerimiento de pago por la cantidad de *** Ahora bien, a fin de determinar la procedencia del medio de impugnación idóneo para controvertir dicho proveído es necesario traer a colación los artículos 3 y 20, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, numeral que a la letra refiere: ARTÍCULO 3. El Tribunal tiene a su cargo, dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado y los particulares, así como conocer de los actos y resoluciones administrativas dictadas por los Ayuntamientos. En segunda instancia, conocerá de las resoluciones que pongan fin al proceso administrativo municipal. Asimismo, de los acuerdos dictados por los Juzgados Administrativos Municipales, que concedan, nieguen o revoquen la suspensión del acto impugnado." ARTÍCULO 20. Las Salas del Tribunal son competentes para conocer, en primera instancia, de los procesos administrativos que se promuevan en contra de: I. Los actos y resoluciones jurídico-administrativos que las autoridades estatales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares; II. Las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales estatales en que, se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida ésta o se den las bases para su liquidación, nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido, o cualquiera otra que cause un agravio en materia fiscal;. Del segundo artículo antes transcrito, se advierte que en contra de actos y resoluciones jurídico-administrativos que las autoridades estatales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, así como de las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales estatales en que, se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida ésta o se den las bases para su liquidación, nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido, o cualquiera otra que cause un agravio en materia fiscal, es procedente el juicio de nulidad en términos de lo establecido por el primer numeral plasmado en los párrafos que anteceden. De ahí que en el particular, al reclamarse el mandamiento de ejecución de veinticinco de octubre determinado en el crédito fiscal No. ***, así como, el requerimiento de pago por la cantidad de *** resulta evidente que en su contra procede el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, toda vez que mediante dicho procedimiento podría ser nulificado o revocado el acto reclamado, lo que trae como consecuencia que la demanda planteada resulte improcedente, al actualizarse en forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano. Lo anterior en virtud de que, si la Ley de Amparo señala que el quejoso debe interponer el medio de impugnación correspondiente, previamente a la instauración del Juicio de Amparo, pues éste tiene como efecto, modificar, revocar o nulificar el acto tildado de inconstitucional, es dable afirmar que si se acude al juicio de amparo sin agotar el Principio de Definitividad, conforme al cual, el acto reclamado debe ser atacado previamente, mediante los recursos o medios de defensa establecidos en la Ley que rige ese acto, el citado medio de control constitucional deviene improcedente precisamente porque para su procedencia, es indispensable el cumplimiento de aquel principio, puesto que la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común. Resulta aplicable a lo anterior por lo que informa la jurisprudencia VI.3o.A. J/5 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada con Registro 2004254, en la página 1470, del Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011).- Con la redacción del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, los actos impugnables en el juicio contencioso administrativo eran susceptibles de atacarse vía juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente aquél. Sin embargo, a partir del 10 de marzo de 2011 en que entró en vigor esa modificación, dicho numeral ya no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de 2013, para suspender la ejecución de los actos impugnados, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, que conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo, sino también la prenda, hipoteca, fianza y la obligación solidaria asumida por un tercero, entre otros; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que previo a la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad. Igualmente es de observancia por analogía la jurisprudencia 130/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con Registro 2004553, en la página 1446, del Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.- El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sin que pase desapercibido para el suscrito el hecho de que el promovente refiere que resulta procedente su demanda de amparo en virtud de que combate violaciones directas a la constitución; sin embargo, no se actualiza dicha excepción, pues por un parte aduce que en el acto reclamado no se encuentra fundada la competencia del autoridad emisora del mandamiento de ejecución, mientras que en párrafos siguientes manifiesta que en los numerales citados por el funcionario que emitió el acto reclamado no se contempla la facultad de cobro que pretende ejercer la responsable, específicamente la relativa a emitir liquidaciones o determinación de créditos fiscales por concepto de los derechos de refrendo anual de placas metálicas y tarjeta de circulación; situaciones las anteriores que la autoridad no está realizando, pues únicamente emitió el mandamiento de ejecución y no determinó la existencia del crédito fiscal, ello en virtud de que ésta no tiene las facultades para ello ya únicamente está llevando a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes. Aunado a que medularmente combate que la ejecución del crédito que se le pretende hacer efectivo no ha sido emitida por autoridad alguna, lo que transgrede su garantía de seguridad jurídica, cuestiones las anteriores que también deberán atenderse en el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, ello en virtud de que como lo dispone el artículo 263 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, aplicable al asunto que nos ocupa, el aquí quejoso puede válidamente combatir la determinación de crédito fiscal a partir de que se haya ostentado sabedor de su contenido o de que le haya realizado un acto tendiente a su ejecución, disposición normativa que a la letra refiere: "ARTÍCULO 263. La demanda deberá presentarse por escrito o en la modalidad de juicio en línea ante el Tribunal; y por escrito ante el Juzgado respectivo, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnado o a aquél en que se haya ostentado sabedor de su contenido o de su ejecución, con las excepciones siguientes: I. Cuando el interesado fallezca durante el término para la interposición de la demanda, el mismo se ampliará hasta por seis meses; II. Cuando se demande la nulidad de un acto favorable al particular, las autoridades podrán presentar la demanda dentro del año siguiente a la fecha en que sea emitido el acto o resolución, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de un año del último efecto, pero los efectos de la sentencia en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular sólo se retrotraerán al año anterior a la presentación de la demanda; y III. En caso de negativa ficta, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo, mientras no se notifique la resolución expresa. La demanda podrá enviarse por correo certificado con acuse de recibo, si el actor tiene su domicilio fuera de la ciudad donde resida el Tribunal o Juzgado, en cuyo caso, se tendrá por presentada en la fecha que fue depositada en la oficina de correos. Resulta aplicable al caso, el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1100, Tomo VIII, Octubre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73 fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Por tanto, al acreditarse que no se agotó el requisito de definitividad, es evidente que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda de cuenta, presentada por Patricio Patiño Patiño, en virtud de advertirse de manera manifiesta e indudable, que se actualizan la causal de improcedencia previstas en la fracciones XVIII del artículo 61, de la Ley de la materia. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando Décimo Quinto del Reglamento de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. No obstante lo anterior, dado que el quejoso manifiesta que se opone expresamente a la publicación de sus datos; por tanto, de ser procedente la publicación de las determinaciones que se emitan en el presente juicio de amparo, se ordena suprimir los datos personales, salvo su nombre, y los demás datos en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Se tiene autorizando en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a ***, por así solicitarlo expresamente y, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ***, de esta ciudad. Finalmente, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.

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