Patricio Manuel Martínez Brito
Expediente 415/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 26 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 10/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Elisa Martínez Elizondo
- Patricio Manuel Martínez Brito
- agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación Número Dos Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales en Monterrey, Nuevo León de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Nuevo León
- ISABELLA MARTÍNEZ ELIZONDO y Otros.
- Paulina Elizondo Belden
- Isabella Martínez Elizondo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta de los que se desprende que afectos al presente asunto se encuentran los documentos allegados por la parte quejosa ******************, consistentes en: 1) Acta de nacimiento con número de Folio A198654294, con fecha de registro cuatro de diciembre de dos mil doce. 2) Acta de nacimiento con número de identificador electrónico 19019000220200008723, con fecha de registro de quince de julio de dos mil trece. 3) Original de notificación de acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. Asimismo, los anexos allegados en auto de veintidós de octubre de dos mil veinte, por la tercero interesada *****************, mismos que consisten en: 1) Copias del dictamen psicológico practicado al quejoso **********************************de diecisiete de junio de dos mil catorce, dentro del expediente judicial 111/2013 del índice del Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, formado con motivo del Juicio Oral de Convivencia y Posesión Interina de Menores, el cual consta de trece (13) fojas útiles. Por lo que, atendiendo a que por auto de nueve de agosto del año actual, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ordenándose el archivo del mismo como asunto concluido. En consecuencia, de conformidad con el referido artículo 21 párrafo antepenúltimo del mencionado Acuerdo General, dichos documentos se dejan a disposición de la quejosa *****************, así como también de la tercero interesada *********************por un plazo de noventa días hábiles, a fin de que acudan a este Juzgado a recuperar los documentos de que se habla, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos.
- Incidental
SE devuelven anexos a la autoridad
- Principal
Se notifica por medio de lista el auto de diez de agosto de dos mil veintiuno a la parte quejosa y tercero interesado, por no acudir al órgano jurisdiccional a notificarse personalmente mediante el cual se dejan a disposición de la quejosa y tercero interesado la documentación allegadas respectivamente por un plazo de noventa días hábiles, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos.
- Principal
Monterrey, Nuevo León, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, se observa que por proveído de veintidós de julio de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con las constancias allegadas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente asunto, para que dentro del plazo de tres días manifestaran lo que a su legal interés conviniera; apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. El citado acuerdo se notificó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al asesor jurídico licenciado ********************, el veintitrés de julio del año en curso; al quejoso **************************, en lo personal y en representación de sus menores hijas I.M.E. y E.M.E. (a quien en lo sucesivo se les denominará parte quejosa o quejoso), el treinta de julio del año en curso; y a la tercero interesado ******************, el dos de agosto del año en curso; sin que ninguna de las partes se haya pronunciado al respecto. Por ende, considerando que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con apoyo en el párrafo segundo del citado precepto, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI Marzo de 2000, Novena Época, de rubro siguiente:"INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". En primer orden es importante señalar que en la resolución constitucional emitida durante la audiencia constitucional celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, por una parte, se sobreseyó el presente juicio de amparo por los actos reclamados al Director Jurídico de la Agencia Estatal de Investigaciones; y, por otra parte, se concedió la tutela constitucional solicitada por el quejoso, para efecto de que el agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación Número Dos Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales en Monterrey, Nuevo León de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Nuevo León (en lo subsecuente autoridad responsable), realizara lo siguiente, dentro de la carpeta de investigación 292/2020-UIMTY-VFS-2, de su índice: I. Dejara sin efectos el proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. II. Emitiera una nueva determinación en función del interés superior de las menores I.M.E. y E.M.E., en el que considere si resulta necesario someter a las menores a un nuevo estudio psicológico, para determinar si presentan una afectación en su estado psicoemocional derivado de los hechos denunciados por *******************, para lo cual debe tomar en cuenta que en la indagatoria ya obra un dictamen psicológico, por lo que debe estimar si éste resulta insuficiente y razonar por qué no reúne los requisitos para ser tomado en consideración; y en caso de considerar necesaria una nueva evaluación de las menores, la responsable debe requerir a los expertos para que elaboren un protocolo para el desahogo de las periciales, en el que contemplen la forma y el tiempo en que habrá de desarrollarse la misma, así como requerir al experto que establezca qué pruebas o aspectos resultarían innecesarios abordar por ya haberse agotado en diverso dictamen. Contra dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, la cual fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, mediante ejecutoria de veinticuatro de junio del año en curso, dentro del amparo en revisión 14/2021. Por tal motivo, se requirió a la autoridad responsable, para que en procediera a dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con relación a la carpeta de investigación 292/2020-UIMTY-VFS-2, de su índice, conforme a los lineamientos precisados en la resolución constitucional. Por tal motivo, en auto de veintidós de julio de este año, se tuvo a la autoridad responsable allegando copias certificadas de las siguientes constancias, emitidas dentro de la carpeta de investigación 292/2020-UIMTY-VFS-2, de su índice, siendo las siguientes: Determinación de veinte de julio de dos mil veintiuno (en el entendido que las referencias posteriores a dicha determinación, se harán como resolución de cumplimiento), en la que medularmente la autoridad responsable dejó sin efectos todos y cada uno de los puntos ordenados en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, ordenando notificar a la tercero interesada, quejoso y al Encargado del Destacamento de Justicia Familiar y Delitos Sexuales en Monterrey de la Agencia Estatal de Investigaciones, a fin de que ésta dejara sin efectos lo que le ordenó mediante oficio 587/2020, de ocho de julio de dos mil veinte, mas no así por lo que hace al Director del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, en virtud de que si bien se había ordenando una nueva pericial en psicología a practicarse en las menores de iniciales I.M.E. y E.M.E., relacionó que no se generó el oficio respectivo a esa institución, conforme a la negativa del quejoso de presentar a las menores para el desahogo de las mismas; asimismo, la responsable consideró que, a fin de no re victimizar a las menores, con fundamento en el artículo 4 de la Constitución Política, así como también con lo establecido en los artículos 3 y 9 de la Convención sobre los derechos del niño, se realizara una nueva experticia por parte de la licenciada ******************, perito oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sin tener presentes a las menores, y teniendo como base su primera experticia; lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable estimó necesario contar con esa información para estar en posibilidad de ejercitar o no acción penal en contra de la tercero interesado ***********************, pues si bien es cierto en la primera experticia a criterio de la fiscalía, sí se establece la metodología del mismo, consideró importante que la totalidad de los puntos que menciona de la estructura de dicha experticia, quedaran debidamente aclarados y así estar en posibilidades de acatar a cabalidad las disposiciones de orden nacional e internacional. En tanto a la solicitud por parte de la tercero interesada *****************, de que dichas experticias también se le practicaran a ella, así como al quejoso, la responsable lo consideró impertinente, toda vez que su desahogo no influiría en el resultado del asunto que se investiga, pues éstos no cuentan con el carácter de víctimas en la indagatoria. Por tal motivo, ordenó la notificación a la tercero interesada y quejoso; asimismo, requirió a la licenciada ******************, perito oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a fin de que emitiera una nueva experticia en razón de los planteamientos mencionados. Documentales que tienen eficacia demostrativa plena, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, al proceder a examinar la constancia allegada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se concluye que se ha subsanado totalmente a la parte quejosa respecto al acto reclamado por cuya inconformidad se le concedió el amparo de la Justicia Federal; como a continuación se expondrá. En cuanto al efecto precisado en el punto I, se tiene por cumplido; pues en la resolución de cumplimiento, la autoridad responsable dejó insubsistente lo ordenado en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de investigación 292/2020-UIMTY-VFS-2 En lo tocante a los efectos contemplados en el punto II, también se tiene por cumplido; pues la autoridad responsable consideró que a fin de no revictimizar a las menores de iniciales I.M.E. y E.M.E., con fundamento en el artículo 4 de la Constitución Política, así como también con lo establecido en los artículos 3 y 9 de la Convención sobre los derechos del niño, se realizara una nueva experticia por parte de la licenciada **************, perito oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, acotando que ésta sería sin tener presentes a alas menores, y teniendo como base su primera experticia realizada el uno de julio de dos mil veinte, haciéndole ver a la perito que el dictamen a su cargo, debe determinar los siguientes puntos: a) Si al momento de la valoración inicial, las menores se ubicaban orientadas en tiempo, espacio y persona. b) Determinar el estado emocional o si presentan o no un trastorno mental, debiendo explicar en qué consiste el mismo. c) Si el dicho de las menores es confiable. d) Si presentan perturbación en su tranquilidad de ánimo y en caso afirmativo, señale si es consecuencia de los hechos denunciados o establecer la causa. e) Si presentan un estado emocional o trastorno en su estado emocional que provoque modificaciones en su personalidad o conducta, ambas resultantes de la agresión y en su caso señale de qué tipo. f) Si presentan daño psicoemocional con motivo de los hechos que se denuncian. g) Si requieren tratamiento, refiera su duración y costo. h) Señale la metodología empleada para la elaboración del nuevo dictamen, esto en virtud de que se estima necesario contar con esa información para estar en posibilidad de ejercitar o no acción penal. Entonces, la autoridad responsable al emitir la determinación en cumplimiento, lo hizo con base en el interés superior de las menores, pues tomó en cuenta los aspectos dirigidos a proteger y garantizar su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, ya que al limitar la comparecencias de las infantes, para la realización del nuevo dictamen pericial, evitó que las menores pudieran ser expuestas a revivir situaciones que pudiesen tener efectos nocivos para su salud. Y precisamente para evitar exponer a las menores, la responsable optó por la alternativa de ordenar la elaboración del dictamen psicológico, sin su presencia; haciendo ver a la perito encargada de su elaboración, que para llegar a los puntos objeto del dictamen, debía tomar en consideración un dictamen previo que había realizado la misma experta. Con dicho actuar, la autoridad responsable evita que las menores afectadas sean sometidas a una nueva evaluación que les pudiera ocasionar algún perjuicio emocional. Con lo anterior, se tiene que la autoridad responsable cumplió cabalmente con los efectos especificados en la ejecutoria de amparo, pues en primer lugar, declaró insubsistente el acto reclamado en esta instancia constitucional; seguidamente en estricto acatamiento a los lineamientos de la sentencia de amparo, emitió una nueva determinación, tomando como criterio rector el interés superior del menor, y, a fin de no revictimizar a las menores de iniciales I.M.E. y E.M.E., ordenó se realice una nueva experticia sin la presencia de las menores. Por tanto, es evidente que se acató el fallo protector; en tal virtud, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, al haberse satisfecho los extremos de la protección constitucional concedida. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 2a. CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Octubre de 1997, página 414, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósense los cuadernos de suspensión y archívese el expediente como asunto concluido, al tenor de lo establecido por el artículo 214 de la expresada ley reglamentaria, aplicado en sentido contrario. Ahora bien, al encontrarse totalmente concluido el presente asunto, devuélvanse a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación Número Dos Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales en Monterrey, Nuevo León, las constancias remitidas como justificación a su informe. En la inteligencia de que el acuse de notificación del presente proveído, bastará para saber que dicha autoridad recibió las constancias en mención, es decir, no tendrá que acusar recibo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el presente expediente, deberá ser conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años; y toda vez que se sobreseyó en este juicio y además se concedió la protección de la justicia federal a la parte quejosa, con apoyo en lo dispuesto en el citado numeral, el presente expediente se considera susceptible de depuración; por lo que, una vez que transcurra el plazo antes aludido, esta autoridad dentro de los siguientes noventa días, deberá depurar el expediente, para lo cual se deberá conservar la demanda o escrito inicial del recurso de que se trate, entendiéndose como parte integrante de la demanda, la sentencia, entendiéndose la emitida por esta autoridad y en su caso, el testimonio en los que se advierta la resolución que emitió el Tribunal Colegiado; el auto mediante el cual se declara la ejecutoria de la resolución que pone fin al juicio; así como el presente proveído; hecho lo anterior, esta autoridad deberá solicitar la transferencia del presente expediente al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación correspondiente. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, conforme al artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo en cita, deberá desincorporarse y destruirse una vez que haya transcurrido el plazo de seis meses a que hace alusión el referido numeral; mientras que el original del cuaderno de suspensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 18 inciso a) del mencionado acuerdo en relación con el punto 7.1.1, número 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, es depurable en virtud de haberse concedido en definitiva la medida cautelar solicitada por el impetrante de garantías. Notifíquense personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, parte quejosa y tercero interesada; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, licenciado *****************, ante el Secretario que da fe, licenciado *******************. Doy fe. AdriánTr
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