Patricio Arturo Ruíz Pilamunga

Expediente 336/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
336/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
26/04/2023

Partes del expediente

  • Patricio Arturo Ruíz Pilamunga
  • Patricio Arturo Ruíz Pilamunga y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de abril de dos mil veintitrés.********************Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera el recurso de queja contra el proveído de once de abril del año que transcurre, en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías promovida por ********************a favor de ********************en tales condiciones, se declara que el mismo causa estado.********************Por ende, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto totalmente concluido.********************En consecuencia, esta autoridad con fundamento en los artículos 6 y 12, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), concuerdan con las que obran en el expediente físico, por lo que se procede a valorar jurídicamente este juicio de amparo, por tanto, hace la precisión que este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.4, relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, pues no obstante que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa; en este asunto se decretó la suspensión de plano y de oficio de los actos reclamados, sin perjuicio de conservar las constancias relativas al otorgamiento de la medida cautelar antes mencionada, así como el presente acuerdo, además al prudente arbitrio de este juzgador se considera que no tiene relevancia documental.********************Asiéntense los anteriores datos en la carátula del expediente mencionado y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).********************Notifíquese.********************

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, once de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se aprecia que transcurrió el plazo de cinco días otorgado al promovente de amparo ******************** para que presentara ante este órgano jurisdiccional a la directa quejosa ********************, a fin de que ratificara la demanda de amparo que fue promovida a su favor, sin que dentro de tal temporalidad lo hubiera hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de veintiocho de marzo último, y con fundamento en el artículo 15 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda, quedando sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto; envíese oficio a las autoridades señaladas como responsables para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial que antecede, signada por el Actuario Judicial de la adscripción, se advierte que el quejoso ********************manifestó su deseo de no ratificar la demanda de amparo promovida a su favor por ********************En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en proveído de misma fecha y con fundamento en el artículo 15 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida a su favor, quedando sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto; envíese oficio a las autoridades responsables para que se impongan del contenido de este acuerdo. Por otra parte, vista la diversa constancia de veinticuatro de marzo del presente año, se aprecia la imposibilidad que tuvo el Actuario judicial de la adscripción, para notificar a la directa quejosa ******************** el auto de veinticuatro de los mencionados, en que se concedió la suspensión de plano a su favor, ya que al constituirse en las instalaciones que ocupa la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, el encargado de dicha dependencia le permitió el acceso al área de retención provisional, llamando en voz alta a la amparista ******************** sin que nadie respondiera a su llamado; razón por la cual no logró llevar a cabo la diligencia encomendada. Por ende, se requiere al promovente ********************para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación que de este proveído se le haga, presente ante este órgano jurisdiccional a ******************** a fin de que manifieste si es su deseo ratificar o no la demanda promovida a su favor; con el apercibimiento que de no acudir, o no hacer manifestación alguna al respecto en el término concedido, se tendrá por no presentada aquélla y quedaran sin efectos las providencias dictadas con motivo de este amparo. Finalmente, con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, glósese a los autos los oficios de cuenta, signados por el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación en Chihuahua, por sí y en suplencia por ausencia de la diversa responsable Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua, y por el Subrepresentante Local de Migración, adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y Actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez, todos del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta localidad; con los cuales rinde informe sobre la suspensión de plano; los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno, ello en atención a que aún no ha sido ratificada la demanda que originó el expediente en que se actúa. Sin que pase desapercibido que los directos quejosos Bertha Alexandra Lema Bravo y ********************no se encuentran a su disposición, así como tampoco sujetos a procedimiento administrativo migratorio que haya sido instaurado a los mismos, tal y como lo constató el Actuario Judicial adscrito, en sus constancias de veinticuatro de marzo del año que transcurre, lo anterior sin necesidad de emitir mayor proveído al respecto, dado lo acordado en los dos primeros párrafos del presente acuerdo.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ******************** a favor de los directos quejosos ********************, contra actos que atribuye a las autoridades responsables Titular de la Oficina de Representación, el Representante Local, ambos del Instituto Nacional de Migración y el Encargado de la Estación Migratoria, todos con sede en esta ciudad, en razón de que los agraviados se encuentran imposibilitados para ello. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15, 17, fracción IV, 19, 109, 112, primer párrafo, 125, 126 y 127, de la Ley de Amparo, a reserva de que sea ratificada. Regístrese en el libro de control de juicios de amparo con el número 336/2023-V, fórmese expediente electrónico e impreso, únicamente con las constancias que resulten necesarias de conformidad con lo dispuesto en el numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Ahora bien, vista la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como actos reclamados la detención, la privación de la libertad con motivo del alojamiento y la orden de deportación. Sobre dicha base, en la especie se tiene que los actos reclamados son de naturaleza positiva, por consiguiente, susceptibles de paralización; además con la concesión de la medida cautelar de que se trata, no se contravienen disposiciones de orden público o de interés social. En efecto, según se infiere de la demanda de amparo, el promovente manifestó, bajo protesta de decir verdad, que ******************** son de nacionalidad Ecuatoriana, se encuentran en la Estación Migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua. Corolario de lo anterior, no se tiene noticia de que el agraviado haya cometido delito alguno; hasta este momento no existe algún medio de convicción que demuestre, al menos de manera indiciaria que de concederse la medida suspensional, los impetrantes puedan evadirse de la acción de la justicia o causar un perjuicio a la sociedad o al orden público. Por el contrario, pone de manifiesto que en su condición de migrantes, su detención derivaría de algún procedimiento administrativo previsto por la Ley de Migración para llevar a cabo su retorno asistido o, en su caso, la deportación por su estadía irregular en territorio nacional, procedimientos los cuales cuentan con diversas etapas a seguir. En consecuencia, respecto de los actos reclamados de que se dice está siendo objeto los quejosos por parte de las autoridades responsables, en términos de lo dispuesto por el artículo 126, de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión para el efecto de que no se lleve a cabo la deportación o expulsión de los agraviados a su país de origen; se pongan en libertad siempre y cuando cumplan ante las autoridades responsables con las condiciones que más adelante se precisan; de igual forma, para que cese cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, toda vez que la parte que promueve en su representación manifiesta que se encuentran detenidos dada su calidad migratoria. Sin que lo anterior impida que puedan permanecer en la propia Estación Migratoria o Estancia Provisional en que se encuentran para efecto de realizar trámites migratorios, si es que su estancia en el país obedece a que estén buscando regularizar su situación migratoria. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia PC.X. J/15 K (10a.), del Pleno del Décimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, Décima Época, registro digital 2022090, Instancia: Plenos de Circuito, pagina 879, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración." En la inteligencia de que la medida cautelar que se otorga, deberá sujetarse en lo conducente a las condiciones a que se contrae la figura jurídica de la "custodia provisional", prevista en el numeral 102 de la Ley de Migración, que señala: "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley". La interpretación del precepto transcrito, permite concluir que el inmigrante indocumentado podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio respectivo. Asimismo, la autoridad migratoria del conocimiento tiene obligación de hacer saber al extranjero, cuya situación migratoria es irregular en este país y que se encuentre sometido a un procedimiento administrativo con la finalidad de regularizar su estancia dentro del mismo, que tiene derecho a que se le proporcione información acerca de sus garantías de acuerdo a la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, entre ellos, el relativo a que hasta en tanto se dicte la resolución definitiva que conforme a derecho corresponda en el procedimiento administrativo instaurado en su contra, pueden otorgar garantía a fin de permanecer en domicilio diverso a la estación migratoria, así como dar aviso a su embajada para la obtención de asistencia y representación consular. Esos derechos, se traducen en la posibilidad de enfrentar el procedimiento administrativo de la forma más efectiva y en apego a sus garantías constitucionales, así como también, el de obtener su libertad bajo las reservas que establece la citada Ley de Migración, en concordancia con lo dispuesto por la propia Constitución Federal, la Ley de Amparo y los Tratados Internacionales de los que México forma parte; como lo es, que ninguna detención prolongada podrá realizarse por autoridades administrativas, en este caso, la Estación Migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, en cuyo lugar permanecen alojados los quejosos, derivada de su calidad de extranjeros indocumentados. Adicional a lo anterior, surtirá efectos la medida suspensional concedida, siempre y cuando se cumpla ante las responsables, los lineamientos y medidas de seguridad siguientes: 1.- Establecer domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecerán. 2.- No podrá ausentarse sin previa autorización del juzgado federal, del domicilio que para tal efecto señale para su resguardo. 3.- En términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, deberá comparecer ante la autoridad migratoria las veces que sea requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración. 4.- Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Apercibidos que de no cumplir con las obligaciones impuestas, quedará sin efectos la suspensión otorgada, y será bajo el cuidado de las autoridades responsables que continúe el procedimiento respectivo para su debido cumplimiento. Ahora, ya que el promovente no refiere el estatus que guardan los agraviados dentro del país, se requiere a las responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas contado a partir del que sean notificadas de este acuerdo, informen la situación migratoria en la que los directos quejosos se encuentran. De igual forma, se les solicita den acceso a los quejosos para el inicio de los trámites migratorios, ya sea de visa humanitaria o reconocimiento de condición de refugiado o de algún otro que proceda y para que en el caso de que aquél haya realizado alguna solicitud relativa a la obtención de algún permiso o trámite para regularizar su estancia en el país, deberán resolverse sobre dicha petición dentro del plazo que establece la ley que rige dicho acto. Para efectos de lo anterior, se requiere a las responsables, para que en un término de setenta y dos horas contado a partir de que queden notificadas de esta determinación, que se resuelva, en su caso de ser procedente y de que así lo hayan solicitado, sean reconocidos legalmente como refugiados, de ser así, se le expida la constancia de trámite respecto de reconocimiento de la condición de refugiados y remita las mismas a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la que en el plazo de cinco días, a partir de que la resuelva, atendiendo a las características especiales de los quejosos, sobre las solicitudes del reconocimiento de la condición de refugiados en que se encuentran ********************, velará porque se cumpla en todo momento las garantías del debido proceso consistentes en: 1.- Que sea notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión que se adopte en el marco del proceso migratorio. 2.- El proceso migratorio sea llevado por un funcionario o juez especializado. 3.- En caso de ser necesario se les proporcione un traductor y/o intérprete. 4.- Se garantice el acceso efectivo del quejoso a la comunicación y asistencia consular. 5.- Se garantice el acceso a la asistencia de un representante legal y a comunicarse libremente con dicho representante. 6.- Se informe al quejoso la posibilidad de recurrir la decisión ante un juez o tribunal superior con efectos suspensivos. 7.- El proceso migratorio se efectúe dentro del plazo razonable. Con independencia de lo anterior, al margen de los lineamientos establecidos, las autoridades responsables deberán implementar los mecanismos pertinentes dentro de sus facultades para vigilar que el directo quejoso cumpla a cabalidad con la determinación así asumida. Ello, en razón de que las medidas de aseguramiento correspondientes, tienen como objeto principal garantizar la continuidad del procedimiento administrativo migratorio y devolver al quejoso a la autoridad responsable. Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.P.99 P, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de 2008, Novena Época, Materia(s): Penal, registro digital 169268, página 1745, que dice: "LIBERTAD PROVISIONAL. LOS ASEGURADOS CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO TIENEN DERECHO A OBTENERLA BAJO LA FIGURA DE "CUSTODIA PROVISIONAL". De la interpretación de los artículos 136, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, 153 de la Ley General de Población y 211, fracción II, de su reglamento, se obtiene que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional para el efecto de quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal. Es así porque el artículo 136, párrafo sexto, prevé que cuando se reclame en amparo una detención por orden de autoridad administrativa distinta del Ministerio Público -que es el caso de la autoridad migratoria-, el quejoso podrá ser puesto en libertad provisional para los efectos mencionados y mediante las respectivas medidas de aseguramiento. Y si bien la Ley de Amparo no establece esas medidas, el artículo 153 de la ley que rige la actuación de la autoridad administrativa y específicamente el procedimiento migratorio -Ley General de Población- prevé la "custodia provisional", que es una especie de libertad provisional porque permite que una persona asegurada deje de estar recluida en una estación migratoria o centro de detención y, en su lugar, sea entregada a una persona o institución, para lo cual se exigen las siguientes medidas: 1. El extranjero se entregue en custodia a una persona o institución de reconocida solvencia. 2. Otorgue una garantía. 3. Comparezca ante la autoridad migratoria las veces que así se le requiera; y 4. Firme en el libro de control de extranjeros. Las dos últimas medidas no requieren de explicación alguna, pues se trata de obligaciones procesales directas que se adquieren respecto del procedimiento migratorio. En cambio las primeras dos medidas de aseguramiento requieren determinar qué personas o instituciones se consideran de "reconocida solvencia" y qué clase de garantía es la que se debe otorgar. Así, respecto a la reconocida solvencia, del artículo 211, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Población, se obtiene que, salvo prueba en contrario, es dable asumir como esa clase de instituciones a las representaciones consulares -consulados o embajadas- a través de sus representantes acreditados y como ese tipo de personas a los extranjeros con residencia legal en el país o a los mexicanos. En lo que concierne a la clase y monto de la garantía, como ni en la Ley de Amparo ni en la Ley General de Población aparece parámetro alguno, el juzgador de amparo debe determinarla, y dentro de ese margen de arbitrio es posible guiarse, en lo conducente, por la reglamentación del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que sí se prevén elementos para determinarlos". Con independencia de lo anterior, si la detención de los quejosos fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese tal detención poniéndolos en libertad, o bien a disposición del representante social, lo anterior con apoyo en los artículos 164, primer párrafo y 165 de la Ley de Amparo. Con la consecuente obligación de las autoridades responsables de informar de inmediato el cumplimiento que se dé a esta determinación; con el apercibimiento que de no hacerlo, podrán ser sancionadas por la probable comisión del delito establecido en el artículo 265, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, las autoridades responsables deberán realizar las diligencias necesarias para que el agraviado tenga comunicación y asesoría del Consulado de su país de origen. Resulta aplicable al respecto, la tesis I.20o.A.20 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, Materia(s): Común, Administrativa, registro digital 2016410, página 3550, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada". Así como la diversa tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, Materia(s): Común, Administrativa, registro digital 2016412, página 3551, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional." Para el debido cumplimiento de esta determinación, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas informen el cumplimiento dado a la suspensión de plano; además, para que proporcionen al notificador las medidas necesarias a efecto de que cumpla con su encomienda; apercibidas que en caso de negativa o evasión para la ejecución y cumplimiento de esta suspensión se aplicarán en su contra los medios de apremio establecidos, sin dejar de mencionar que el desacato o violación a esta medida entraña la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la ley en la materia; por lo que, de consumarse, de inmediato se dará vista al Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Con la aclaración para dichas autoridades, que tratándose de juicios de amparo en los que se reclaman cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hay horas ni días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, de la Ley de Amparo. En el entendido que podrán rendir dicho informe a esta autoridad, al correo electrónico oficial de este juzgado federal 5jdo17cto@correo.cjf.gob.mx, siendo posible su confirmación en el número 656 227-26-00, extensión 1244, esto en atención a lo dispuesto por el artículo 117 de la ley de la materia. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Por otro lado, se tiene como usuario para oír y recibir notificaciones "FernandoRomero Malpica"; por tanto, se autoriza para que consulte esta controversia en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que se le practiquen, por esa ese medio, cualquier tipo de comunicación de carácter personal; respeto a los autorizados que proporciona, una vez que se admita la demanda, se acordara lo conducente. Así mismo, proporciona el teléfono 55-82-33-74-64 y correo electrónico feromeromalpicaabogado@gmail.com, como medio de contacto entre el personal de este Juzgado y el promovente. En ese sentido, se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de que realice la gestiones correspondientes Se hace saber que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3º de la ley de la materia, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes en forma física, en tanto que, las promociones que se presenten de manera electrónica solo obrarán en el expediente de esta naturaleza y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren a fin de consten de manera digital en términos del numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; debiendo el secretario cerciorarse de que las constancias que obren el expediente impreso o físico, coincida con el expediente electrónico. Se autoriza firmar electrónicamente, mediante el uso de la Firel, los oficios que correspondan a este asunto. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar en que se encuentran privados de su libertad.

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