Patricio Aguilar Guzmán

Expediente 1300/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1300/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
12/12/2016

Partes del expediente

  • Patricio Aguilar Guzmán

Actuaciones

  1. Principal

    se declara que han causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de la materia, archívese este juicio como concluido. ... este expediente es susceptible de ser destruido.

  2. Principal

    ...EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL PROVEIDO DE REFERENCIA QUE DICE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. Vista; la demanda de amparo promovida por Patricio Aguilar Guzmán, por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por violación a los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 Constitucionales. I. RADICACIÓN DE DEMANDA Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1300/2016. II. DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1910, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." De la lectura íntegra de la demanda se advierte que concretamente se señala como acto reclamado: ".De la autoridad señalada como responsable ordenadora: la resolución de fecha veintisiete de octubre del año en curso, emitido dentro del Toca No. 3360/2016 por la Segunda Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, que estimo violatoria de mis derechos humanos de acceso a la justicia y del debido proceso, así como de legalidad y fundamentación y exacta aplicación de la ley." En el caso particular, se estima que el juicio de amparo resulta improcedente en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la ley de la materia, los cuáles establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: --- (...) V.- Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Así tomando en consideración que el acto reclamado se hace consistir en la resolución del recurso de apelación de veintisiete de octubre del año en curso, dictada en los autos del toca número 3360/2016 del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, interpuesto por el aquí quejoso contra la diversa resolución incidental de doce de agosto de la presente anualidad, dentro de los autos del expediente civil número 462/2015 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, derivada del incidente de nulidad e ineficacia de los dictámenes periciales emitidos, condenándolo al pago de gastos y costas del citado incidente. Expresiones las anteriores, que para el suscrito adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Nueva Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Expuesto lo anterior, resulta conveniente exponer que de acuerdo con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, tratándose de actos dentro de juicio, el amparo bi-instancial solamente procede contra aquéllos que se consideren de imposible reparación entendiéndose por tales los que afectan materialmente los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación a un derecho fundamental; en caso contrario, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas de la promovente, trascendiendo al resultado del fallo. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página mil quinientos treinta y nueve del Libro 6, Mayo de dos mil catorce, Tomo III, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En este aspecto, también debe tomarse en consideración el contenido del artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, vigente a partir del tres de abril del año en curso, que contempla de manera enunciativa, más no limitativa, cuáles son las violaciones a las leyes del procedimiento, que afectan las defensas de la quejosa trascendiendo al resultando del fallo, y que por ello, sólo pueden ser reclamables cuando se impugne en amparo directo la sentencia definitiva que ponga fin al juicio donde se cometieron tales violaciones, momento en el que pueden válidamente invocarse como agravios en los conceptos de violación, para ser objeto de análisis por el tribunal competente. Para una mejor comprensión del asunto, se transcribe el artículo 172, fracción V, de la Nueva Ley de Amparo: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se consideran violaciones a las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; En ese orden de ideas, es evidente que la resolución de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, dictada en los autos del toca número 3360/2016 del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa en el juicio de origen, contra la resolución incidental de doce de agosto del actual, dentro de los autos del expediente civil número 462/2015 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Martínez de la Torre, Veracruz, donde declaró improcedente el incidente de nulidad e ineficacia de los dictámenes emitidos y condenándolo al pago de gastos y costas del incidente, en modo alguno constituye un acto en el juicio que tenga una ejecución de imposible reparación, en los términos que han sido indicados, sino que se trata de una violación a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de la resolución respectiva, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva que resuelva el juicio en lo principal, resulta finalmente favorable a sus intereses, ello tomando en consideración que en la controversia que se sigue ante el juzgado responsable, aún no se encuentra concluida. Cabe destacar además, que en caso de que el acto aquí combatido, entrañe violaciones que trascienda al sentido del fallo del referido juicio, podrá hacerlo valer como concepto de violación y reclamarse a través del amparo directo que en su caso, promueva la solicitante del amparo en contra de la sentencia que en su momento llegare a dictarse y que ponga fin a la controversia. Cobra relevancia al caso en estudio la diversa tesis (III Región) 5o.14 K (10a.), del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con Residencia en Morelia, Michoacán, publicada en la página dos mil quinientos veintiuno, del Libro 10, Septiembre de dos mil catorce, Tomo III, Materias Constitucional y Común de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, AL RESTRINGIR LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYOS EFECTOS SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR AFECTAR MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE, NO LO VULNERA. La Ley de Amparo abrogada contenía las bases para impugnar en la vía indirecta, los actos en juicio cuya ejecución fuera imposible de reparar, entendidos -éstos por los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- como los que importaran violación de derechos sustantivos, al igual que los de naturaleza procesal que afectaran a las partes en grado predominante o superior. Esa normativa, que permitía a las partes que se consideraban insatisfechas con algún acto procesal, combatirlo por medio del amparo indirecto, generó un abuso de la promoción de los juicios ante el Juez de Distrito, con fines dilatorios, traicionando así, la bondad de las interpretaciones judiciales del Más Alto Tribunal para permitir la procedencia del amparo indirecto no sólo contra transgresiones a derechos sustantivos, sino también (por excepción) contra actos que importaban violaciones a derechos procesales, pero que encuadraban en los supuestos señalados en diversas tesis como infracciones exorbitantes que afectaban a las partes en un grado predominante o superior. En ese sentido, bajo la redacción del artículo 107, fracción V, de la nueva ley, la promoción del amparo ante el Juez de Distrito contra actos en juicio que afecten derechos procesales ya no es posible, porque sólo se admite su procedencia cuando sean de imposible reparación, los que el legislador define como los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, esa restricción no vulnera el principio de progresividad contemplado en el párrafo tercero del artículo 1o. de la Carta Magna, que implica que los Estados deben dedicar sus esfuerzos a una mejora continuada, con la mayor rapidez y eficacia posible, de las condiciones de existencia de las personas y que, en su modalidad de no regresión, genera una prohibición para el país, a fin de que no se dé marcha atrás en los niveles alcanzados de satisfacción de los derechos que les asisten. Así se considera, porque dicho principio no impide que se emitan medidas legislativas, que si bien generen una disminución en los niveles alcanzados de satisfacción de los derechos humanos, estén constitucionalmente justificadas, en virtud de que los citados derechos no son, por regla general, absolutos, atendiendo al principio de interdependencia entre las diversas prerrogativas fundamentales. Por ese motivo, para determinar si una norma general conlleva una disminución al grado de tutela, y respeta el principio de progresividad en su vertiente de no regresividad, es necesario verificar si tiene como fin incrementar el grado de protección de un derecho humano. Luego, si se toma en cuenta que en los juicios se tramita una controversia, por lo menos, surgida entre dos partes -actor y demandado- cada una con derechos sustantivos sometidos a la jurisdicción del juzgador, los que buscan su solución a través de una sentencia que dirimirá sus posturas, con base en los procedimientos legales establecidos por la ley y que deben cumplir con el debido proceso, acorde con el artículo 14 de la Constitución Federal, es evidente que no se vulnera el citado principio, pues frente al particular que vea limitada su posibilidad de impugnación por esa variación legislativa, está la finalidad de dar una tutela adecuada y real a los derechos de las partes en el juicio, para la agilidad en su trámite, lo que opera a favor de ambas partes, porque los juicios no se establecieron para dilucidar afectaciones en sus derechos procesales, sino en los sustantivos de una y otra en el litigio respectivo. Así, la nueva normativa persigue un fin constitucionalmente válido de dar celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios, al impedir que las partes acudan a estrategias dilatorias buscando un pronunciamiento federal, sobre la violación a un derecho adjetivo, cuando las normas procesales no deben verse como un fin en sí, sino como un medio para que la administración de justicia se aplique a las controversias, decidiendo sus derechos en litigio. De este modo, la nueva definición de actos en juicio de imposible reparación, brinda certidumbre a las partes, y respeta el mencionado principio, pues los procedimientos serán tramitados conforme al diverso de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, respondiendo así a la relación de interdependencia entre los derechos que someten a la instancia jurisdiccional, y se genera un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar la eficacia de alguno de ellos. Por ende, no se está ante una legislación regresiva, pues el estudio sistemático de la nueva ley permite inferir que no se ha dejado a las partes en estado de indefensión para hacer valer las violaciones contra aquellos actos que, en su criterio, infrinjan sus derechos en el juicio, porque las violaciones procesales pueden terminar por carecer de relevancia si al dictarse la resolución en el juicio, se resolviera a favor del particular que se sintió agraviado en sus derechos procesales, ya que dicha afectación desaparecería; y, en caso contrario, de obtener resolución desfavorable, podrá impugnarla en el amparo directo al tenor del artículo 170, fracción I, de la propia ley; de ahí que la nueva normativa equilibra los derechos humanos de las partes en las contiendas jurisdiccionales, en relación con la finalidad primordial que constitucionalmente se ha asignado a los juicios, que estriba en ser el medio procesal para que se diriman las controversias entre las personas, bajo la premisa de una administración de justicia pronta, completa e imparcial." De lo expuesto con antelación, queda plenamente demostrado el motivo notorio e indudable de improcedencia del juicio de garantías que se pretende instaurar, razón por la que, con apoyo en el artículo 113, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado contrario sensu, y 172, fracción V, todos de la Nueva Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda con que se dio cuenta. Se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Sin que pase inadvertido el hecho que algunas de las jurisprudencias a que se hace mención, aun se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, las que siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de amparo no sufrió modificación que provoque la pérdida de las mismas, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fuera expedida la nueva Ley de Amparo. X. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el precisado en el proemio de su demanda y como su autorizado en los amplios términos que establece el artículo 12 de la ley de la materia, a Abel Chavira Abad, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y con las restricciones que impone el citado numeral a Abraham Contreras Martínez, por no tener registrada su cedula profesional en dicho sistema ni tampoco acreditó contar con ella. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la parte promovente señale en el capítulo respectivo como autoridad responsable ordenadora a la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que de la lectura integra de la demanda, se advierte que la autoridad que emitió la resolución reclamada lo es la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado y no la que erróneamente se señaló. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Arbea Pérez, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, autorizado para actuar como encargado de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia académica otorgada al licenciado Arnulfo Moreno Flores, titular de este Juzgado, por el periodo que comprende del veintitrés al veintiséis de noviembre de dos mil dieciséis, comunicada mediante circular número CCJ/08/2016 de quince de noviembre de dos mil dieciséis, signado por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Penélope Rodríguez Landa, Secretaria quien autoriza y da fe...

  3. Principal

    Notifíquese, y personalmente a las partes.

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