Patricia Zamudio Tovar

Expediente 161/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
161/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • Patricia Zamudio Tovar
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Téngase al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, acusando recibo e informando que admitió el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Presidente de la República Mexicana, contra la sentencia del veinticuatro de mayo pasado, el cual registró con el número 317/2023, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora bien, como lo solicita el Tribunal Colegiado oficiante, se comisiona al actuario dela adscripción para que se constituya en el domicilio señalado en el escrito inicial de demanda a efecto de notificar personalmente a la quejosa ********** el auto del veintitrés de junio del año en curso, emitido en el recurso de revisión 317/2023, de su índice y la requiera para que en el término de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en Naucalpan de Juárez, Estado de México; lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término concedido, se le realizarán las posteriores notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista electrónica del citado Tribunal. Finalmente, una vez que se cuente la diligencia ordenada en el párrafo que antecede, remítase de manera inmediata al Órgano Colegiado oficiante. Notifíquese personalmente a la quejosa ********** y por lista electrónica a las demás partes. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de junio de dos mil veintitrés. Téngase al Director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en representación del Presidente de la República, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticuatro de mayo pasado. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, se da trámite al citado recurso, por lo que una vez que se encuentren agregadas la totalidad de constancias de notificación a las partes, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo anterior, una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítanse las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, así como el escrito de expresión de agravios, para su substanciación. Distribúyanse las copias del escrito de expresión de agravios entre las partes e intégrese por separado el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Asimismo, se instruye al Oficial Judicial "A" de este juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expediente", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con el presente para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio de impugnación de que se trata. Notifíquese y por lista electrónica a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y representación social adscrita. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    III. NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 161/2023-III; R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el tres de febrero de dos mil veintitrés en el Buzón Judicial de la Oficialía de Partes de los Juzgado de Distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, el que por razón de turno tocó conocer al Juzgado Decimotercero de Distrito con residencia en esta ciudad, quien a su vez por conocimiento previo remitió a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, el quince de febrero del año en curso. II. Por auto del diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, se registró la demanda con el número 161/2023-III, y previa aclaración, en proveído del veintiocho de marzo del mismo año, se admitió la demanda de amparo; se pidió a las autoridades responsables rindieran su respectivo informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; la que previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar este juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo en vigor; 49 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución material dentro de la residencia en el cual se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que los actos reclamados son los siguientes: I. Del Congreso de la Unión, integrado por las Cámaras de 1) Diputados y 2) Senadores y del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias: a) La aprobación, expedición y promulgación del Decreto por el que se expidió la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en particular el artículo 132, fracción II. II. De la Jefa del Departamento de Pensiones Subdelegacional de la Coordinación de Prestaciones Económicas de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social: a) La resolución con folio 89806306174001, del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se niega la pensión de viudez por no cumplir con lo establecido en el artículo 132, fracción II, de la Ley del Seguro Social. III. Del Presidente del Consejo Consultivo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social: a) La resolución del diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el recurso de inconformidad CC.EMO. 1310/2022, que declaró improcedente el recurso de inconformidad y deja firme la resolución con folio 8980630617401, del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se niega la pensión de viudez, solicitada por la aquí quejosa ********************, por no cumplir con lo establecido en el artículo 132, fracción II, de la Ley del Seguro Social. TERCERO. Son ciertos los actos atribuidos al Congreso de la Unión, integrado por las Cámaras de 1) Diputados y 2) Senadores y del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias, consistentes en: a) La aprobación, expedición y promulgación del Decreto por el que se expidió la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en particular el artículo 132, fracción II. Lo anterior es así, toda vez que así lo manifestaron al rendir su correspondiente informe justificado, además que tratándose de actos de naturaleza materialmente legislativos, éstos se acreditan plenamente con la publicación de las disposiciones de observancia general controvertidas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Certeza que se obtiene de la propia naturaleza del ordenamiento normativo impugnado, la cual no se encuentra sujeta a prueba en términos de lo dispuesto en los artículos 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo conforme a los cuales las leyes (ordenamientos generales) no son objeto de prueba, pues basta que estén divulgadas en el Diario Oficial de la Federación, para que el órgano jurisdiccional esté obligado a tomarlas en cuenta, al tratarse de un hecho notorio. Al respecto, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 65 Primera Parte, página 15, que expresa: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas; debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." De igual forma, sirve de apoyo a esta consideración, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J.65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, Tomo XII, agosto de 2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dispone: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza obligatoria y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueden argüir desconocerlo." También es cierto el acto reclamado a la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Tlalnepantla, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Oriente del Instituto Mexicano de Seguro Social (denominación correcta de la señala por la quejosa como Jefa del Departamento de Pensiones Subdelegacional de la Coordinación de Prestaciones Económicas de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social), ya que así lo reconoció al rendir su informe justificado, consistente en la resolución con folio 8980630617401, de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se niega la pensión de viudez por no cumplir con lo establecido en el artículo 132, fracción II, de la Ley del Seguro Social; lo que se corrobora con la documental que exhibió la parte quejosa en su demanda de amparo, consistente en copia de la resolución antes mencionada, misma que no fue objetada por la autoridad en cita. Es importante precisar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley de Amparo, el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, carácter que tienen las copias fotostáticas, por ser reproducciones fotográficas de documentos, quedan al prudente arbitrio del juzgador; por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio se otorga valor probatorio a la documental exhibida por la parte quejosa en el presente juicio de amparo. En ese orden, al haberse exhibido en el presente juicio de amparo copia simple del acuse de la resolución atribuida a la autoridad, es dable presumir su existencia, aunado a la manifestación de certeza del acto de las autoridades responsables, por ello, dicha constancia y certeza del acto vertida por la autoridad, es suficiente para tener por acreditado el mismo. Conclusión que además guarda congruencia con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, acaecidas el diez de junio de dos mil once, en específico lo dispuesto en el texto del artículo 1o. constitucional, en relación con el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por virtud de las cuales constituye una obligación de los juzgadores asegurarse de que los gobernados puedan tener un real y efectivo acceso a la justicia, en específico al juicio de amparo, por ser éste el medio de impugnación extraordinario que existe en nuestro país para amparar a las personas contra actos que violen sus derechos humanos reconocidos por la Constitución, la ley o cualquier tratado internacional del que México sea parte. Finalmente, es cierto el acto atribuido a la Presidente del Consejo Consultivo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues así lo reconoció al rendir su correspondiente informe justificado, consistente en: a) La resolución del diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el recurso de inconformidad CC.EMO. 1310/2022, que declaró improcedente el recurso de inconformidad y deja firme la resolución con folio 89806306174001, del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se niega la pensión de viudez, solicitada por la aquí quejosa ********************, por no cumplir con lo establecido en el artículo 132, fracción II, de la Ley del Seguro Social. CUARTO. Continuando con el estudio de las causas de improcedencia por la Presidente del Consejo Consultivo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social y Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Tlalnepantla, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Oriente del Instituto Mexicano de Seguro Social, al rendir su informe justificado manifiestan que se actualizan las causas de improcedencia previstas por las fracciones XIV, XXIII, en relación con el 5º, fracción II, este último interpretado en sentido contrario; y, XX, todas del artículo 61 de la Ley de Amparo, debido a que -aducen- la quejosa consintió la resolución recaída al recurso de inconformidad y, que transcurrió el plazo para promover el juicio de amparo, además, considera que no es acto de autoridad lo reclamado, y que no agotó la quejosa el principio de definitividad, pues en el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, se establece un medio ordinario de defensa, al cual debió acudir previo a la presentación del juicio de amparo. Son infundadas las causas de improcedencia, como en seguida se demostrará. En primer lugar, el numeral 61, fracción XIV, de la ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento.". De este precepto legal, en esencia, se advierte que el juicio de amparo será improcedente contra aquellos actos de autoridad en los que la parte a quien le perjudica no promueva el juicio de amparo dentro de los términos expresamente establecidos por la ley. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo. Asimismo, se establece que si contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo; de ahí que una vez agotado el recurso, conforme a los intereses del gobernado, puede acudir al juicio de amparo, contra el primer acto de aplicación de la norma que afecte sus interés jurídico. Ahora, a fin de establecer por qué esta causa de improcedencia es infundada, es necesario traer a colación lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en la contradicción de tesis 48/2007-SS, que, en lo que interesa, determinó lo siguiente: ".Así de acuerdo a lo anterior, las acciones dirigidas a obtener la pensión jubilatoria o la fijación correcta de la misma, no prescriben, porque la privación del pago de la pensión o el otorgamiento de una inferior a la que realmente corresponde al interesado, como ya se dijo son actos de tracto sucesivo, los cuales se producen día a día, por lo que, en realidad, el término para ejercer esas acciones comienza a computarse todos los días, lo cual hace imprescriptibles las acciones para ejercerla, pues no debe soslayarse el principio elemental de la ciencia jurídica, consistente en que las acciones duran el mismo tiempo que los derechos de donde dimanan; luego, si el derecho a la jubilación y a la pensión es imprescriptible, por consecuencia lógica también lo es la acción para exigir su otorgamiento o la fijación correcta de ellas, porque la misma dura igual tiempo que tal derecho, pues ambos forman una unidad indisoluble. Este criterio tiene apoyo, en lo conducente, en las tesis siguientes: "JUBILACIÓN. IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LAS ACCIONES RELATIVAS A LA PENSIÓN.-Las pensiones jubilatorias que fincan algunos contratos de trabajo a cargo de los patrones, se equiparan en cierta forma a la obligación de dar alimentos, ya que en ambos casos se trata de proporcionar a personas que no tienen plena capacidad para obtener su sustento, determinadas prestaciones que los ayuden a subsistir. Consecuentemente, las acciones que tienden a obtener la pensión jubilatoria o la fijación correcta de la misma, no prescriben, pues la privación del pago de la pensión o el otorgamiento de una inferior a la que realmente corresponde, son actos de tracto sucesivo que se producen día a día, por lo que, en realidad, el término para ejercitar esas acciones comienza a computarse todas los días, lo que hace que sea imprescriptible el derecho para ejercitarlas. Lo que prescribe en términos del artículo 328 de la Ley Federal del Trabajo, es la acción para cobrar las pensiones que se hubieran dejado de pagar o las diferencias cuando se trate de un pago incorrecto, cuando esas pensiones o diferencias se hubieran causado con anterioridad a un año contado a partir de la presentación de la demanda." (Séptima Época. Cuarta Sala, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 20 Quinta Parte, página 17). "ANTIGÜEDAD DE LOS FERROVIARIOS, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EXIGIR LOS DERECHOS DE.-La acción, para exigir el reconocimiento de la antigüedad de un obrero, no puede considerarse como de tracto sucesivo, en primer lugar, porque la connotación del término no puede ser aplicada a la acción, que no es otra cosa que la capacidad de las personas, de hacer efectivos sus derechos en la vía y forma correspondiente y ante los órganos jurisdiccionales preexistentes, siendo elemental en la ciencia jurídica que las acciones duran el mismo tiempo que los derechos de donde dimanan, y en segundo lugar, porque ese término solamente se ha aplicado a los actos con repercusión en el tiempo y los cuales implican su continuidad a través del mismo; de tal suerte que cuando se hicieron los escalafones y el trabajador tuvo conocimiento de la antigüedad que se le atribuía, surgió su derecho para reclamarla, y exigir que se reconociera la que verdaderamente le correspondía, y si no usó de su derecho en el término que le concede el artículo 132 del contrato colectivo de trabajo y el 328 de la ley de la materia, es indudable que abandonó ese derecho, dando lugar a la prescripción." (Quinta Época, Cuarta Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXVIII, página 2377). En este orden de ideas, cuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuantifique la pensión en cantidad inferior a la que legalmente corresponde al jubilado o pensionado o cuando la cuota para calcularla sea menor a la que realmente corresponda a los interesados y que éstos la hubieren aceptado de esa forma, no significa que los trabajadores jubilados o pensionados carezcan de acción para exigir en cualquier tiempo la modificación de la resolución definitiva en la cual se hayan cometido tales incorrecciones, pues no debe perderse de vista que las prestaciones en comento son de tracto sucesivo debido a su vencimiento periódico e imprescriptible legalmente el derecho a las mismas, carácter que por vía de consecuencia también revisten las acciones para hacer efectivo éste. [.] Como base en los razonamientos precedentes se considera que el artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, es una ley especial en cuya disposición expresa se prevé que el derecho a la pensión y jubilación es imprescriptible y, en consecuencia, también lo es la acción para impugnar la resolución definitiva en la cual se establezcan los términos en que se fijen tales prestaciones o la cuota base para calcularlas adquiere ese carácter de imprescriptible y, por ello, la demanda respectiva se puede promover en cualquier tiempo porque de acuerdo a todo lo razonado el derecho con el cual se vincula no prescribe. [.] De lo hasta aquí expuesto esta Segunda Sala concluye que el artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el cual se establece que no es prescriptible el derecho a la jubilación y a la pensión, es una norma especial relativa únicamente a ese derecho y a la acción por medio de la cual se debe hacer valer el mismo, lo que obliga a su aplicación exacta y hacer que prevalezca sobre la regla general prevista en la primera parte del artículo 207 precitado, pues en casos como éste debe estarse a la ley especial, por ello se reitera que tratándose del ejercicio de la acción para impugnar los términos en que la resolución definitiva se fijó la pensión o jubilación o la base con la cual se debía calcular su monto, es inaplicable el plazo de los cuarenta y cinco días para la presentación de la demanda respectiva, pues dada la imprescriptibilidad de la misma, esa presentación puede hacerse valer en cualquier tiempo.". Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 115/2007 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 171969, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, julio de 2007, página 343, que establece lo siguiente: "PENSIÓN Y JUBILACIÓN. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN LA CUAL SE FIJA INCORRECTAMENTE AQUÉLLA O EL SALARIO BASE PARA CALCULARLA, PODRÁ IMPUGNARSE EN CUALQUIER TIEMPO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Conforme al artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007, el derecho a la jubilación y a la pensión es imprescriptible, por lo que en atención al principio elemental de la ciencia jurídica, consistente en que las acciones duran el mismo tiempo que los derechos de donde dimanan, se considera que es también imprescriptible la acción por medio de la cual se tutela el estricto cumplimiento de ese derecho, motivo por el que podrá promoverse en cualquier tiempo la demanda en la cual se impugne la resolución definitiva en la que se afirme que se fijó incorrectamente la pensión jubilatoria o la cuota diaria para calcularla, y no en el plazo de 45 días previsto en el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, porque la norma contenida en el indicado numeral 186 es especial y por ello debe prevalecer sobre la regla general instituida en el precepto citado." Ahora, en el caso, la quejosa combate en esta instancia constitucional la aprobación, expedición y promulgación del Decreto Legislativo mediante el cual se emitió la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en concreto, el artículo 132, fracción II; ello, con motivo de su acto de aplicación, el cual se materializó con la resolución con folio 89806306174001, del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se niega la pensión de viudez por no cumplir con lo establecido en el artículo 132, fracción II, de la Ley del Seguro Social y respecto de la que hizo vale recurso de inconformidad, mismo que se registró bajo el número CC.EMO. 1310/2022 y, en el que se emitió resolución el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en el que se declaró improcedente el recurso de inconformidad y, por tanto deja firme la resolución con folio 8980630617401, del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se niega la pensión de viudez. Por su parte, las autoridades responsables aludidas sostienen que la ulterior resolución reclamada, fue notificada a la parte quejosa el doce de enero de dos mil veintitrés; al respecto, la peticionaria del amparo señala en el mismo sentido que tuvo conocimiento de ese oficio el doce de enero de esta anualidad. Al respecto, debe señalarse que, resulta innecesario realizar mayor pronunciamiento al respecto, pues como se expuso en párrafos precedentes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia al resolver la contradicción de tesis 48/2007-SS, determinó que la negativa de otorgar una pensión -en el caso por viudez- por lo que se materializa de momento a momento, debido a que su naturaleza es de tracto sucesivo. De ahí que, con independencia de la data en la que se notificó la resolución reclamada a la promovente del amparo, quien resuelve considera que el presente juicio de amparo indirecto fue presentado en tiempo, ya que la quejosa reclama la privación del pago de una pensión por viudez, acto que -se insiste- de acuerdo con su naturaleza, es de tracto sucesivo y sus efectos se perpetúan en el tiempo, puesto que implican una reiteración por parte de la autoridad encargada de cubrirla, creando así una situación permanente que se lleva a cabo día a día mientras no se subsane aquella irregularidad, siendo esta peculiaridad la que conduce a establecer que en los supuestos como el que nos ocupa puede promoverse el juicio de amparo en cualquier tiempo. Por tanto, resulta infundada la causa de improcedencia en estudio. Es orientadora al respecto, por el principio que la rige, la tesis aislada XVII.1o.P.A.9 A (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con número de registro digital 2014182, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 41, abril de 2017, tomo II, página 1773, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN POR VIUDEZ OTORGADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA PRIVACIÓN DE SU PAGO O LA CONCESIÓN DE UNA INFERIOR PUEDE IMPUGNARSE EN CUALQUIER TIEMPO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 115/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, julio de 2007, página 343, de rubro: "PENSIÓN Y JUBILACIÓN. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN LA CUAL SE FIJA INCORRECTAMENTE AQUÉLLA O EL SALARIO BASE PARA CALCULARLA, PODRÁ IMPUGNARSE EN CUALQUIER TIEMPO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.", la privación del pago de la pensión por viudez o el otorgamiento de una inferior a la que realmente corresponde, por su naturaleza, son actos de tracto sucesivo que perpetúan sus efectos en el tiempo, ya que implican una reiteración por parte de la autoridad encargada de cubrirla (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), que crea una situación permanente que se lleva a cabo día a día, mientras no se subsane aquella irregularidad; peculiaridad que conduce a establecer que el plazo para la interposición de la demanda de amparo no puede computarse a partir de un momento concreto, al subsistir el agravio de forma continuada mientras persiste la afectación tachada de transgresora del derecho humano a la seguridad social, tutelado por el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe su reducción o restricción e, incluso, del inherente a la dignidad humana, que esa Carta Fundamental prevé en su numeral 1o.; de ahí que la demanda constitucional que contiene su reclamo no debe desecharse, en aplicación del principio de preclusión procesal, ni tener por actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que puede presentarse en cualquier tiempo." De igual forma, resulta ilustrativa al respecto la tesis aislada XVIII.2o.P.A.6 A (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con número de registro digital 2023232, de la Undécima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 2, junio de 2021, tomo V, página 5105, que establece lo siguiente: "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) A OTORGARLA PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO, MÁXIME SI SE FUNDAMENTA EN UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) negó al quejoso el otorgamiento de una pensión por viudez; contra ese acto promovió amparo indirecto, el cual se desechó de plano, al estimarse que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por considerar que su presentación fue extemporánea. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que contra la resolución del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que niega otorgar una pensión por viudez al quejoso no se actualiza la causal de improcedencia citada, pues el derecho a obtenerla es imprescriptible y, en consecuencia, el juicio de amparo indirecto puede promoverse en cualquier tiempo, máxime si se fundamenta en una ley declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificación: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 48/2007-SS, determinó que la acción para reclamar el derecho al otorgamiento inicial de una pensión es imprescriptible, en atención al principio elemental de la ciencia jurídica, consistente en que las acciones duran el mismo tiempo que los derechos de donde dimanan. Por otra parte, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 66/2009, la Primera Sala del Alto Tribunal declaró que el artículo 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, al restringir el derecho de recibir la pensión por viudez derivada de la muerte del trabajador, viola la garantía de seguridad social. En consecuencia, los efectos de la negativa a otorgar una pensión a quien tiene ese derecho se reiteran en el tiempo, porque día a día se le priva de ese beneficio que, como se dijo, es imprescriptible; además, dicho acto se traduce en una pena trascendental y grave, al privársele de su medio principal de subsistencia, poniendo en riesgo no sólo su salud, sino también su vida." Cabe señalar que, no puede considerarse que resulta consentida la disposición reclamada, ya que conforme lo establece la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de amparo, si contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo; lo que en el caso, optó la parte quejosa y, tal como se establece en tal Proción normativa, una vez agotado el recurso, conforme a los intereses del gobernado, puede acudir al juicio de amparo, contra el primer acto de aplicación de la norma que afecte sus interés jurídico, lo que se actualiza en el presente asunto, al acudir al juicio de amparo, en contra del acto de aplicación, al considerar la parte quejosa, la afectación en sus intereses. Asimismo, conforme a la notificación de la parte quejosa de la resolución recaída al recurso de inconformidad, resulta inconcuso que se encuentra en tiempo, para reclamar la porción normativa, ya que le fue notificada lo determinado en tal recurso, el doce de enero de dos mil veintitrés y la demanda se depositó en el Buzón Judicial correspondiente el tres de febrero del mismo año, es decir, dentro de los quince días previstos en la legislación de la materia, ya que el plazo fenecía en el día en que se presentó el escrito inicial. Continuando con el estudio de las causas de improcedencia, las mencionadas autoridades aducen que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, toda vez que, el Instituto Mexicano del Seguro Social, no actúa con imperio de su soberanía, pues el acto reclamado no constituye un hecho de persona de derecho público o autoridad, sino que se trata de una cuestión en un plano de igualdad, pues el instituto actúa como un ente asegurador. Tal argumento es infundado. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 772/2015 concluyó que de acuerdo con el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo y los criterios de la Suprema Corte, los actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ente asegurador, en ese caso en particular, eran de autoridad ya que con independencia de su naturaleza formal, dictó el acto que negó la pensión solicitada por la quejosa de forma unilateral y obligatoria. La Segunda Sala adujo que el Instituto, como ente asegurador, es un organismo descentralizado y al someterse a la jurisdicción laboral actúa en igualdad como todo particular, y en esos casos el juicio de amparo no puede sustituir a la jurisdicción ordinaria en la resolución de conflictos sobre seguridad social. Estimó que tales remedios judiciales, en materia de seguridad social, encuentran regulación especial en la Ley del Seguro Social, así como en la Ley Federal del Trabajo; que tales procedimientos tienen la amplitud de competencia y conocimiento que corresponde a la jurisdicción ordinaria en materia de legalidad y probatoria, que no tiene el juicio de amparo en la medida que éste es una instancia subsidiaria de protección de los derechos humanos. Sin embargo, la Segunda Sala mencionó que existen casos excepcionales en los que dicho organismo público, como ente asegurador, emite o ejecuta actos que afectan directamente la protección y garantía constitucional y convencional del derecho a la seguridad social o de cualquier otro derecho fundamental, como el derecho a la salud, de manera unilateral y obligatoria, además, de que los emite en ejercicio de sus funciones que están determinadas por las normas generales que reglamentan la garantía y satisfacción del derecho a la seguridad social, y para combatirlos es necesario y eficaz acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin agotar la jurisdicción ordinaria en materia de seguridad social. La Segunda Sala estimó que en esos casos no se puede desconocer que el Instituto actúa como autoridad para efectos del amparo, en términos del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, pues con el acto de aplicación consistente en la resolución que niega el otorgamiento de la pensión de viudez a la quejosa, de forma unilateral, esto es, no en un plano de igualdad, le niega ese beneficio. Asimismo, la Sala sostiene que el Instituto Mexicano del Seguro Social presta un servicio público para dar cumplimiento a las obligaciones del Estado mexicano en materia de seguridad social. Tal es el mandato contenido en el artículo 4 de la Ley del Seguro Social, el cual coincide con su calidad del servicio que presta, de manera universal y en atención al interés social y general, a todos quienes cumplan los requisitos previstos en la ley para ser incorporados en ese régimen de seguridad social y gozar de las prestaciones que taxativamente surgen y se otorgan conforme a las disposiciones de la ley que lo regula. En el ejercicio de esa actividad, los particulares ejercen derechos configurados legalmente y su protección se encuentra prevista en ley, y para el ejercicio de esos derechos los particulares se encuentran en una relación de asimetría con dicho Instituto. La Suprema Corte menciona que en la prestación de ese servicio público, el Instituto está facultado para emitir actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de manera unilateral u obligatoria, o bien puede incurrir en omisión de actos que de realizarse crearían situaciones, modificarían o extinguirían situaciones jurídicas. Tal es el caso de determinaciones sobre la procedencia o no de prestaciones de seguridad social, previstas en la ley a la que tienen derecho los particulares, las cuales se emiten de forma unilateral y de manera vinculante para los particulares, y que prevalecen hasta que se dicta el laudo o resolución que las invaliden en el juicio o medio de defensa procedente. En el caso, la autoridad que nos ocupa, confirmó una resolución que negó una pensión de viudez, por lo que debe considerarse un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que con independencia de la naturaleza formal de dicho Instituto, dicha determinación la dictó de forma unilateral y obligatoria. Lo anterior es así, ya que tal como sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el precedente invocado, independientemente de la naturaleza formal de ente asegurador del Instituto Mexicano del Seguro Social, el acto de aplicación controvertido constituye uno de autoridad, dado que tiene a su cargo la aplicación de la Ley del Seguro Social y el objetivo de garantizar el derecho a la seguridad social a los trabajadores y a los beneficiarios asegurados, lo cual realizó de forma unilateral y obligatoria al confirmar la negativa de pensión por viudez de la quejosa. Por otra parte, las autoridades responsables que nos ocupa, también aducen que debe agotarse los medios ordinarios de defensa ante las autoridades laborales, pues estima que la quejosa puede inconformarse con el acto reclamado en la vía ordinaria laboral en materia de seguridad social ante los Tribunales Laborales Federales competentes en controversias laborales y de seguridad social, de conformidad con el artículo 295 de la Ley del Seguro Social. Lo anterior es infundado. El artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. (.) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;". Por su parte el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo menciona: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.)". En el caso, la quejosa aduce la inconstitucionalidad del artículo 132, fracción II, de la Ley del Seguro Social, pues aduce que dicho precepto viola su derecho a la igualdad en materia de seguridad social. De ahí que se surta el supuesto de excepción al principio de definitividad previsto en la última disposición citada. En ese sentido, en la ejecutoria del amparo en revisión 772/2015, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya citada, el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ente asegurador, es un organismo descentralizado y al someterse a la jurisdicción laboral actúa en igualdad como todo particular, y en esos casos el juicio de amparo no puede sustituir a la jurisdicción ordinaria en la resolución de conflictos sobre seguridad social. Los medios ordinarios en materia de seguridad social, están regulados en los artículos 295 de la Ley del Seguro Social, así como 899-A a 899-G de la Ley Federal del Trabajo. Dichos procedimientos tienen la amplitud de competencia y conocimiento que corresponde a la jurisdicción ordinaria, en materia de legalidad y probatoria, que no tiene el juicio de amparo en la medida que éste es una instancia subsidiaria de protección de los derechos humanos. Sin embargo, como ya se destacó, existen casos excepcionales en los que dicho organismo público, como ente asegurador, emite o ejecuta actos que afectan directamente la protección y garantía constitucional y convencional del derecho a la seguridad social o de cualquier otro derecho fundamental, de manera unilateral y obligatoria, además, de que los emite en ejercicio de sus funciones que están determinadas por las normas generales que reglamentan la garantía y satisfacción del derecho a la seguridad social, y para combatirlos es necesario y eficaz acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin agotar la jurisdicción ordinaria en materia de seguridad social. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destaca que, de manera excepcional, el juicio de amparo indirecto es procedente para conocer de los actos que emita el Instituto Mexicano del Seguro Social como ente asegurador y, en los que sea necesario acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin que medie la jurisdicción ordinaria, a fin de obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados; pues debe tenerse en cuenta que en el presente caso, se advierte que la quejosa reclama la resolución atribuida a la autoridad del Instituto Mexicano del Seguro Social que confirma la determinación que niega la pensión de viudez, con base en el artículo 132, fracción II, de la Ley del Seguro Social, el cual la quejosa tilda de inconstitucional. De donde se obtiene que, la el acto reclamado por la aquí quejosa, no implica únicamente cuestiones de legalidad o probatorias que se dilucidan con mayor eficacia ante la jurisdicción ordinaria, sino que basta que se analice la regularidad constitucional del fundamento invocado en el acto de autoridad, para determinar si debe o no otorgarse la prestación de viudez solicitada. Finalmente, la autoridad Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Tlalnepantla, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Oriente del Instituto Mexicano de Seguro Social, invoca que se actualiza las causas de improcedencia previstas en las fracciones XXI, XXII y XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin embargo, no vierten consideración alguna bajo la que se sustente la actualización de las hipótesis de improcedencia invocadas; por lo que, este órgano jurisdiccional, se encuentra imposibilitado para abordar el estudio de tales porciones jurídicas, al no contar con argumentos a la luz de los que la autoridad señale su actualización. De ahí lo infundado de las causas de improcedencia en estudio. Dado que las partes no hicieron valer otra causa de improcedencia ni este juzgado la advierte de oficio, se aborda el fondo del asunto. QUINTO. Los conceptos de violación se tienen por reproducidos en este apartado, dado que la Ley de Amparo no obliga a transcribirlos. Al respecto, se cita la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Por otra parte, es conveniente exponer que para que proceda dicho estudio basta con que la parte quejosa exprese en sus argumentos de inconstitucionalidad una causa de pedir, lo que significa que, sin incurrir en rigorismos o en fórmulas sacramentales, debe exponer las razones por las que considera inconstitucionales o ilegales los actos reclamados, es decir, el agravio que le causan tales actos y los motivos que originan ese agravio para que deban ser analizados. De igual forma, es preciso indicar que en el juicio de amparo en que se actúa se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 79, de la Ley de Amparo, ya que ya que la quejosa se ostenta como beneficiaria del trabajador fallecido y por tanto, en caso de ser necesario se abordará el análisis de constitucionalidad bajo la suplencia de la queja. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 199/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, página 697, que a la letra dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. OPERA A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO INDEPENDIENTEMENTE DE SU EDAD Y DE QUIENES FIGUREN COMO DEMANDADOS. Si se tiene en cuenta, por un lado, que la institución de la suplencia de la queja deficiente ha tenido una evolución tanto legal como jurisprudencial para ampliar su ámbito de aplicación y, por otro, que en materia laboral actualmente se aplica de manera total y aun en suplencia de conceptos de violación o agravios a favor de la clase trabajadora, es indudable que la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe comprender a los beneficiarios de los trabajadores, independientemente de su edad, cuando acudan al juicio de garantías o a los recursos que derivan del ordenamiento citado en defensa de los derechos que les corresponden como beneficiarios de un trabajador fallecido, sin importar quienes figuren como demandados, esto es, si la reclamación se entabló contra el patrón, una institución de seguridad social o cualquier otro obligado, pues en este caso su situación debe asimilarse a la del trabajador, ya que de no considerarse así se estaría desconociendo, a priori, que los reclamantes son beneficiarios directos de éste, sin permitir al juzgador, a través del ejercicio de esa facultad, descubrir la verdad legal en torno a su calidad de derechohabientes del trabajador fallecido y sobre los derechos controvertidos." En la demanda de amparo la quejosa aduce que el artículo 132, fracción II de la Ley del Seguro Social, es inconstitucional porque viola el derecho de igualdad que tutela el artículo 1º, en relación con el numeral 123, Apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal. Señala que el precepto impugnado prevé mayores requisitos para el otorgamiento de la pensión por viudez a la esposa supérstite, por la sola situación de que no estuvo casada por más de un año con el trabajador fallecido, para tener derecho a gozar de una pensión de viudez. Lo que asegura, es por demás discriminatorio y encontrándose en abierta contradicción con lo establecido en esos preceptos constitucionales. Afirma, que se le impone a la quejosa una carga que no se encuentra en posibilidades de cumplir, en virtud de que si bien es cierto, la fecha de matrimonio está al alcance de los contrayentes y pueden manejarla a su antojo, no ocurre así con la fecha de fallecimiento del trabajador y/o pensionado asegurado; por tanto, es indudable al suceder su fallecimiento, aun cuando este ocurra antes de cumplir el año de matrimonio, por tanto, a la agraviada le corresponde una pensión por viudez. También se expone que se vulnera el contenido del artículo 123, Apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal, ya que aun cuando no se trata de una garantía individual, sí se trata de una garantía social y de seguridad social que deben observarse y ser protegidos. Dichos argumentos, son fundados, y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, en razón de lo siguiente: En efecto, sobre el artículo aquí combatido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 320/2021 analizó su constitucionalidad y determinó que al sujetar la procedencia del otorgamiento de la pensión de viudez a un hecho independiente de la voluntad del asegurado, como lo es que entre su matrimonio y muerte hubiera transcurrido al menos un año, vulnera los derechos de igualdad y a la seguridad social, previstos en los artículos 1°, 4° y 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal, puesto que condiciona el otorgamiento de la pensión a una causa ajena al trabajador, como lo es la muerte, ya que si bien la fijación de la fecha del matrimonio se encuentra a su alcance, la fecha de la muerte no lo está. Así, la Segunda Sala analizó el numeral aquí combatido, 132, fracción II de la Ley del Seguro Social, y precisó que el antecedente de ese precepto legal, se encontraba en el diverso 154 de la misma legislación de mil novecientos setenta y tres, el cual dijo, era de contenido idéntico al aquí reclamado, y que incluso, antes de ello, en la Ley del Seguro Social de mil novecientos cuarenta y tres, en el artículo 80. Luego, analizó la exposición de motivos, y concluyó que se advertía que el legislador estableció límites al otorgamiento de las pensiones por viudez con la finalidad de evitar la celebración de matrimonios con el único fin de gozar de la pensión, desvirtuando la institución familiar y el objeto para el que se establecieron, así como para proteger el patrimonio colectivo de los asegurados frente a posibles fraudes a la institución de seguridad social. Que no obstante, ha sido criterio reiterado de esa Segunda Sala, en atención a la jurisprudencia del Tribunal Pleno, que las referidas limitantes previstas en las leyes de seguridad social para el otorgamiento de pensiones por viudez son inconstitucionales, porque vulneran los derechos de igualdad y a la seguridad social, previstos en los artículos 1° y 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal, bajo el argumento de que la pensión de viudez se actualiza con la muerte del trabajador o del pensionado, por lo que no debe ser motivo para no otorgarla el hecho de que su muerte sucediera antes de cumplir seis meses o un año de matrimonio o que no hubiesen procreado hijos, pues si bien, podría admitirse que la finalidad perseguida por el legislador, en principio, es constitucionalmente válida; no justificaba el trato diferenciado, porque debía existir la presunción de que el matrimonio no fue celebrado en fraude del instituto de seguridad social, ya que considerar lo contrario dejaría en estado de indefensión al cónyuge supérstite que no tendría posibilidad alguna de destruir la presunción legal. Así pues, dijo que tales consideraciones, fueron retomadas conforme a lo expuesto por el Tribunal Pleno, en la jurisprudencia P./J. 150/2008, de rubro: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY RELATIVA, AL LIMITAR LA PENSIÓN DE VIUDEZ DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE, ES VIOLATORIO DE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007)". Con ello, indicó que debía reiterarse lo expuesto por el Tribunal Pleno, y concluyó que la fracción II del arábigo 132 de la Ley del Seguro Social vigente, mantenía el mismo vicio de inconstitucionalidad que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (analizada en aquel criterio jurisprudencial), porque sujeta la procedencia del otorgamiento de la pensión de viudez a un hecho independiente de la voluntad del asegurado, como lo es que entre su matrimonio y su muerte hubiera transcurrido al menos un año, por lo que resultaba inconstitucional. Así pues, conforme a las consideraciones antes expuestas, como se adelantó se consideran fundados los planteamientos en estudio, puesto que el artículo reclamado es inconstitucional, y el cual le fue aplicado a la parte quejosa, en la resolución con folio 89806306174001, del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se niega la pensión de viudez por no cumplir con lo establecido en el artículo 132, fracción II, de la Ley del Seguro Social, bajo el argumento que el finado asegurado, después de cumplir cincuenta y cinco años no había transcurrido un año del enlace matrimonial entre la quejosa y el finado Aniceto Zempoalteca León, a la fecha de defunción de este último y tampoco haber acreditado la procreación de hijos con el finado; lo que se convalidó con la resolución del diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el recurso de inconformidad CC.EMO. 1310/2022, que declaró improcedente el recurso de inconformidad. Así es, porque tal artículo vulnera los derechos de igualdad y a la seguridad social, previstos en los artículos 1°, 4° y 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal, ya que condiciona el otorgamiento de la pensión a una causa ajena al trabajador, como lo es la muerte, ya que si bien la fijación de la fecha del matrimonio se encuentra a su alcance, la fecha de la muerte no lo está, ya que incluso, es un hecho fortuito y, por ende, de verificación desconocida, de suerte que, al margen de la edad que tenía el asegurado cuando contrajo nupcias, a su cónyuge le corresponde recibir la pensión de viudez. Sirve de apoyo la tesis de tesis XI.1o.A.T.81 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y De Trabajo del Décimo Primer Circuito, publicada bajo el registro digital 2015976, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, página 2206, que dice: "PENSIÓN DE VIUDEZ. LA RESTRICCIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 132, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, CONSISTENTE EN HABER ESTADO UN AÑO EN MATRIMONIO CON EL DE CUJUS, ES DESPROPORCIONAL, AL CONSTITUIR LA MUERTE UN HECHO FORTUITO. Conforme a la facultad que deriva del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que las normas relativas a derechos humanos deben interpretarse con apego a ésta y a los tratados internacionales en la materia, y en aplicación del principio pro persona, que contiene un criterio hermenéutico de acuerdo con el cual, debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, se concluye que la restricción al derecho fundamental a una pensión de viudez, prevista en el artículo 132, fracción II, de la Ley del Seguro Social, es desproporcional, porque impone una carga al particular que no está en posibilidad de cumplir, al exigirle haber estado un año en matrimonio con el de cujus, cuando al contraer nupcias éste tuviera más de cincuenta y cinco años de edad, pues se soslaya que la muerte constituye un hecho fortuito y, por ende, de verificación desconocida, de suerte que, al margen de la edad que tenía el asegurado cuando contrajo nupcias, a su cónyuge le corresponde recibir la pensión de viudez." En las referidas condiciones, ante lo fundado del concepto de violación y a efecto de restituir a la quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, lo que se impone es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados y con fundamento en el artículo 74 fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se procede a fijar los efectos de la concesión del amparo decretada en los siguientes términos. Como en el caso se declaró la inconstitucionalidad del artículo 132, fracción II, de la Ley del Seguro Social, la concesión del amparo es para que: - Dicho precepto sea desincorporado de la esfera jurídica de la quejosa ********************, para el caso concreto y para futuras posibles aplicaciones en su perjuicio. - La Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Tlalnepantla, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Oriente del Instituto Mexicano de Seguro Social, deje sin efectos la resolución con folio 89806306174001, del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se niega la pensión de viudez por no cumplir con lo establecido en el artículo 132, fracción II, de la Ley del Seguro Social y emita una nueva resolución en la que prescinda de aplicar la porción normativa en cita y con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda. - La Presidente del Consejo Consultivo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social, deje insubsistente la resolución del diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el recurso de inconformidad CC.EMO. 1310/2022, que declaró improcedente el recurso de inconformidad hecho valer contra la resolución con folio 8980630617401, del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, al ser un acto derivado de un acto viciado, atento a la inconstitucionalidad decretada en el presente fallo, con relación al artículo 132, fracción II, de la Ley del Seguro Social y emita diversa resolución en el sentido de dejar sin materia dicha inconformidad, atento a la concesión que se otorga en el presente fallo con relación al acto recurrido en tal recurso. Por lo que hace a las autoridades legislativas que participaron en la emisión de la porción normativa declarada inconstitucional, quedan exentas de cumplimiento alguno de este fallo, dada la naturaleza de los actos legislativos que se les reclaman, el cual deben acatar. En la inteligencia de que la concesión del amparo contra los actos atribuidos a las autoridades responsables Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, no tiene los alcances de ordenar a éstas la formulación de una norma precisa para la parte quejosa, pues esta facultad es propia de las autoridades creadoras de la norma, por lo que una vez que quede firme esta sentencia bastará con que se manifiesten sabedoras del sentido de este fallo. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 135, del Tomo IV, Noviembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es su rubro dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos y autoridades, señalados en los considerandos segundo y tercero de la presente sentencia, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese y por lista electrónica a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y representación social adscrita. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, hasta el día de hoy veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, secretario quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Téngase a la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Tlalnepantla, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social (en su denominación correcta), rindiendo su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con él dése vista a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga. Conforme a los numerales 9o. y 28 de la misma legislación, se tienen como delegadas a las personas que designa y como domicilio el señalado. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la legislación de la materia, se tienen como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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