Patricia Viridiana Ochoa Moreno
Expediente 702/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 702/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 16/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Secretario de Seguridad Pública del Estado
- Patricia Viridiana Ochoa Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, y en atención a su contenido se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer Patricia Viridiana Ochoa Moreno, en contra de la resolución dictada en el presente juicio de amparo 702/2022-I-B, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81 fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, en su oportunidad remítanse al TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo y del escrito de expresión de agravios de la parte recurrente, con copia de este último para el Agente del Ministerio Público de la Federación, asimismo, se ordena recabar copias de dicho escrito y distribuirlas entre las demás partes. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 702/2022-I-B promovido por ********************, por derecho propio, contra actos de la Comisión Estatal de Seguridad y otras autoridades; y, RESULTADO: Primero. En escrito presentado el doce de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito en Ciudad Juárez, Chihuahua, turnado en la misma fecha al Juzgado Noveno de Distrito, con sede en esta ciudad, ********************, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en contra de las autoridades y por los actos que siguen: "IV. ACTOS RECLAMADOS: a) Los actos de violencia institucional para impedir el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia, salud, seguridad social, maternidad y lactancia con afectación y privación de los mismos derechos a mi menor recién nacido. b) La separación, remoción, baja, cese o cualquier forma de terminación del servicio de seguridad pública, fuera de procedimiento o garantía de audiencia y sin fundamento; así como su ejecución con las anotaciones que se deriven en mi hoja de servicios o en mi cédula única de identificación policial y en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública derivadas del acto administrativo de terminación del servicio de seguridad pública." (sic) Segundo. La demanda de amparo presentada por ********************, fue admitida mediante proveído de fecha dieciocho de abril de dos mil veintidós, bajo el expediente 302/2022-VI, del índice del Juzgado Noveno de Distrito, con sede en esta localidad; seguido el juicio de amparo en trámite, el titular de dicho órgano jurisdiccional, dictó un proveído de fecha veintinueve de julio de dos mil veintidós, por medio del cual, consideró que en este Juzgado Federal, se admitió el diverso sumario de amparo 76/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por la misma quejosa ********************, contra actos idénticos a los reclamados en el juicio de amparo 302/2022-VI, del índice del Juzgado Noveno de Distrito, con sede en esta ciudad, lo que implicó que existía un conocimiento previo del asunto por este órgano jurisdiccional, por lo que señaló que el juicio de amparo registrado con el expediente 302/2022-VI, de su registro, debía returnarse a este juzgado federal, por haber realizado algún procedimiento sobre el problema planteado en el juicio en estudio. En tal sentido, por auto de tres de agosto de dos mil veintidós, el titular de este órgano jurisdiccional, señaló que del proveído descrito en el párrafo anterior, se returno el juicio de amparo 302/2022-VI, del índice del juzgado Noveno de Distrito, con sede en esta ciudad, en virtud de que este órgano jurisdiccional tuvo conocimiento previo de dicho asunto. Tercero. El quejoso señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos reclamados y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. Cuarto. Por auto de tres de agosto de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo indirecto bajo el expediente ********************, del índice de este Juzgado Federal, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación y se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se realizó en los términos del acta que antecede, por lo que, CONSIDERANDO: Primero. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, Constitucionales; 1, fracción I y 37 primer párrafo, de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos que se combaten han sido ejecutados dentro de la circunscripción territorial en la que este resolutor ejerce jurisdicción. Segundo. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención del impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la quejosa son: los actos de violencia institucional para impedir el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia, maternidad y lactancia con afectación de los mismos derechos a su menor hijo recién nacido. Así como la separación, remoción, baja o cese o cualquier forma de terminación del servicio de seguridad pública, fuera de procedimiento o garantía de audiencia y sin fundamento, así como su ejecución con las anotaciones que se deriven en su hoja de servicio o su cédula única de identificación policial y en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, derivadas del acto administrativo de terminación de servicio de seguridad pública. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la aquí impetrante, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Tercero. La existencia de los actos reclamados, consistentes en los actos de violencia para impedir el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia, salud, maternidad y lactancia, así como los relativos a la separación, remoción, baja o cese o cualquier forma de terminación del servicio de seguridad pública, fuera de procedimiento o garantía de audiencia y sin fundamento, así como su ejecución, no quedaron plenamente probados en el presente juicio de amparo. Así, al rendir el informe justificado las autoridades responsables, Comisión Estatal de Seguridad, Comisionado Estatal de Seguridad, este último en representación del Supervisor Administrativo de Control de Nóminas en su denominación correcta, con domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua, Jefa del Departamento de Personal y Director de Recursos Humanos, con domicilio en Chihuahua, Chihuahua, negaron la existencia de los actos que les atribuyó la quejosa, en razón de que en ningún momento se le amenazó, ni se realizaron acciones de discriminación, ni se violentaron los derechos humanos de la ex agente policial, aquí quejosa. Tampoco las autoridades responsables descritas, efectuaron actos relativos a la separación, remoción, baja o cese o cualquier forma de terminación del servicio de seguridad pública, fuera de procedimiento o garantía de audiencia y sin fundamento, así como su ejecución, por lo que, en todo caso incumbe a la parte impetrante la carga de desvirtuar tal negativa. Ante la negativa especifica externada por las autoridades responsables al rendir su informe justificado en torno a tales actos reclamados, a la parte impetrante toca demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones las autoridades se hallan frente a la imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos de que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." A juicio de este juzgador, los medios de prueba propuestos por la impetrante en este juicio, aunque adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, resultan insuficientes para acreditar la existencia de los actos atribuidos a las autoridades que nos ocupan, pues, en ellos, no hay dato o elemento alguno del cual se advierta, siquiera de manera indiciaria, la participación o intervención de dichas autoridades en los propios actos; por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías, establecida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5º, fracción II, interpretada en sentido contrario, pues a las autoridades señaladas como responsables a que se refiere en este considerando, no les resulta tal carácter. Luego, si, aparte de que las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados que nos ocupan, la quejosa no desvirtuó dicha negativa, por resultar insuficientes los medios de prueba exhibidos en este juicio, lo procedente en este caso es sobreseer en el presente juicio en los términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 124 y demás relativos de la Ley de la Materia, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra acto y autoridades precisados en el Tercer considerando del presente fallo constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, por ante el Secretario de Acuerdos José Universo Bautista Fuerte, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en que así lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se reciben el oficio y anexo de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado y agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, por los que cumple con lo solicitado por este tribunal. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que, no obra el contrato de servicios de la quejosa ********************; En tal virtud, se ordena requerir de nueva cuenta al Director de Recursos Humanos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad; para que, dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, remita copia certificada de los referidos documentales. Bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá como medida de apremio una multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 237 y 238 de la Ley de Amparo. En tal sentido, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para verificarse el día de hoy, y en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.
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