Patricia Villegas Tlaxcala
Expediente 922/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 24 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 922/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 23/09/2022
Partes del expediente
- Patricia Villegas Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido (...)" Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, primer tercero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de anexos. Finalmente dado que durante la tramitación del presente juicio de amparo se ordenó la formación del anexo I, con las constancias que remitió la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, devuélvase a la citada autoridad las constancias de referencia, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Informa que se notificó incidente. Agréguese a los autos el oficio de la Presidente de la Junta Local Tres de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual informa que se notificó a las partes la resolución dictada en el incidente de nulidad planteado dentro del juicio laboral D-3/1068/2017. Asimismo remite las constancias que apoyan su dicho, se toma conocimiento, sin realizar mayor pronunciamiento dado que por auto de treinta de agosto de dos mil veintidós se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de septiembre de dos mil veintidós. Rinde informe justificado. Agréguese a los autos el oficio del Subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, mediante el cual rinde su informe justificado respecto de la ampliación de demanda de amparo. No obstante, no se realiza mayor pronunciamiento dado que por auto de treinta de agosto de dos mil veintidós se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Domicilio y delegados. Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tienen como delegado y domicilio para oír y recibir notificaciones, los que señala la autoridad responsable. Comunicación no procesal. Por otro lado, en atención lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, y a fin de mejorar la comunicación -no procesal- con las partes en el presente juicio de amparo, se toma conocimiento de las direcciones de correo electrónico y números de teléfono que proporciona en el oficios de cuenta. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil veintidós. Autoridad remite constancias. Agréguense a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual remite la resolución de veintidós de agosto de dos mil veintidós dictada en el incidente de nulidad de actuaciones promovido en el juicio laboral D-3/1068/2017, promovido por la quejosa. En el cual resolvió declarar fundado el incidente de nulidad planteado por la parte demandada en el juicio de origen Patricia Villegas Tlaxcala; por lo que declaró nulo lo actuado desde la notificación de veintiuno de febrero de dos mil veintiuno. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que adjunta a su informe de referencia, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto de los actos reclamados, consistentes en los siguientes: El artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo -en su carácter de norma heteroaplicativa-. Su aplicación en la resolución del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno dictada en la etapa de cumplimiento de laudo, dentro del juicio laboral D-3/1068/2017, a través de la cual se ordenó requerimiento de pago y posterior embargo; así como su ejecución, llevada a cabo en diligencia de diecinueve de abril de dos mil veintidós. La diligencia de once de abril de dos mil veintidós, por la cual se realizó el requerimiento de pago y embargo y se solicitó el auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Director de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para la búsqueda, detención y presentación de dos vehículos, para efecto de trabar formal embargo, solicitándose girar oficio a la Secretaria de Planeación y Finanzas.; respecto de los vehículos: a).Volkswagen sedán, serie 1182061420, modelo 1978, placas TNK7107. b.) Nissan Kicks, Serie 3N8CP5HE6ML549883, modelo 2021, placas TYC099A 4) El embargo ordenado por la Actuaria adscrita a la Junta Especial número 3 de la Local de conciliación y Arbitraje, derivado de la diligencia de once de abril de dos mil veintidós, respecto de los vehículos citados. 5). Oficio SPF-SI-CGENYASF-DI-SCV3369/2022 de veinticinco de abril de dos mil veintidós. 6). Memorándum SSC-CGOP-3168/2022 de tres de mayo de dos mil veintidós. 7). Memorándum SSC-DERI-0542/2022 de cuatro de mayo de dos mil veintidós. 8). Memorándum SSC-DPP1148/2022 de once de mayo de dos mil veintidós. 9). Memorándum SSC-DCT-4339/2022 de dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica jurídica, es necesario precisar los siguientes antecedentes del juicio laboral de origen. Por acuerdo de catorce de septiembre de dos mil diecisiete, la junta responsable tuvo a María Salomé Esther Castillo Flores, promoviendo demanda laboral en contra de Citar la interposición de la demanda laboral Patricia Villegas Tlaxcala; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Seguidas las etapas procesales, el doce de marzo de dos mil veinte se dictó laudo en el expediente laboral D-3/1068/2017, en el que se condenó a la parte demandada; misma que se le notificó el doce de febrero de dos mil veintidós. Por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, la junta responsable ordenó turnar los autos al Actuario de su adscripción a efecto de que se constituyera en el domicilio de la demandada y la requiriera de pago y para el caso de que no lo exhibiera, procediera a realzar el embargo correspondiente; diligencia que tuvo verificativo el veintidós de junio de dos mil veintidós; sin que en el caso hubiera obtenido el pago de lo condenado. En auto de doce de enero de dos mil veintidós, la responsable ordenó girar oficios a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, para que informara si en sus registros se encuentra algún vehículo a nombre de la parte demandada. El once de abril de dos mil veintidós, la Actuaria de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, se constituyó en el domicilio de la parte demandada, y al no haber exhibido el pago al que fuie condenada, previo señalamiento de bienes, se trabó embargo respecto del vehículo Volkswagen sedán, serie 1182061420, modelo 1978, placas TNK7107 y Nissan Kicks, Serie 3N8CP5HE6ML549883, modelo 2021, placas TYC099A; al no tener los vehículos a la vista el Actuario solicitó el auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para que se realizara su búsqueda, detención y presentación. El veinte de abril de dos mil veintidós, la junta ordenó girar oficios a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, para que procediera al registro y etiquetamiento de los vehículos Volkswagen sedán, serie 1182061420, modelo 1978, placas TNK7107 y Nissan Kicks, Serie 3N8CP5HE6ML549883, modelo 2021, placas TYC099A; solicitó también a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, asentara en sus registros el embargo ordenado y que designara elementos para localizar y detener los vehículos aludidos. Actuaciones que constituyen los actos reclamados en el presente juicio de amparo Por acuerdo de once de mayo de dos mil veintidós, la junta admitió a trámite el incidente de nulidad de notificaciones promovido por Patricia Villegas Tlaxcala, a través del cual controvirtió la notificación de doce de febrero de dos mil veintiuno -por la cual se le notificó el laudo dictado en el juicio laboral- y veinticinco de marzo de dos mil veintidós -por la cual se realizó la diligencia de requerimiento de pago y embargo-; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, misma que se celebró el doce de agosto de dos mil veintidós. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en el oficio de cuenta, se advierte, lo siguiente: Que por resolución de veintidós de agosto de dos mil veintidós dictada en el incidente de nulidad de notificaciones promovido por la aquí quejosa en el juicio laboral D-3/1068/2017, la junta responsable determinó declarar fundado dicho incidente y, con motivo de ello ordenó dejar insubsistente todo lo actuado a partir de la notificación de doce de febrero de dos mil veintiuno, por medio de la cual se le notificó el laudo dictado en el juicio laboral de referencia. Como se advierte de lo anterior, la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla; por resolución de veintidós de agosto de dos mil veintidós, declaró fundado el incidente de nulidad de notificaciones promovido por la quejosa; y, ordenó dejar insubsistente todo lo actuado a partir de la notificación de doce de febrero de dos mil veintiuno, es decir, que ha quedado insubsistente todo lo actuado por la responsable hasta antes de la emisión de los actos que por esta vía de amparo controvierte. En consecuencia, dado que han cesado los efectos de los actos tildados de inconstitucionales, pues estos desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido; con motivo de la resolución emitida el veintidós de agosto de dos mil veintidós, es patente que no ha quedado huella alguna de las afectaciones que controvirtió la quejosa. Es aplicable, por analogía, la tesis de contenido siguiente. "ACTO RECLAMADO, CESACION DE LOS EFECTOS DEL, TRATANDOSE DE LA OMISION DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. El acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro de los plazos legales un recurso administrativo cesa en sus efectos con el dictado del fallo respectivo, sin que para así estimarlo obste el hecho de que se alegue que no se notificó al interesado el sentido de ese fallo. En efecto, la omisión que se analiza no se traduce en la falta de respuesta a un ocurso elevado por un particular a la autoridad administrativa, sino en no haberse dictado una resolución dentro del término que señala la ley; por lo que hay que entender que la violación que se impugna atañe a la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República y no al derecho de petición establecido por el artículo 8o. de la Carta Magna." Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. No se soslaya que la quejosa también reclama el articulo 940 de la Ley Federal del Trabajo -en su carácter de norma heteroaplicativa-, con motivo de su primer acto de aplicación, el cual refiere tácitamente que ocurrió en el acuerdo controvertido de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se ordenó la diligencia de requerimiento de pago y embargo. En ese contexto, dado que se determinó la actualización de la causa de improcedencia del juicio de amparo en contra del acto de aplicación, consistentes en la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se ordenó la diligencia de requerimiento de pago y embargo; por cesación de efectos, la norma impugnada debe seguir la misma suerte, por lo que el sobreseimiento se hace extensivo al precepto legal. Resulta aplicable la jurisprudencia 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 235, tomo XII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a agosto de 2000, de rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En ese sentido, dado que los diversos actos reclamados consistentes en el embargo ordenado por la Actuaria adscrita a la Junta Especial número 3 de la Local de conciliación y Arbitraje, derivado de la diligencia de once de abril de dos mil veintidós, respecto de los vehículos citados; oficio SPF-SI-CGENYASF-DI-SCV3369/2022 de veinticinco de abril de dos mil veintidós, memorándum SSC-CGOP-3168/2022 de tres de mayo de dos mil veintidós, memorándum SSC-DERI-0542/2022 de cuatro de mayo de dos mil veintidós, memorándum SSC-DPP1148/2022 de once de mayo de dos mil veintidós, y memorándum SSC-DCT-4339/2022 de dieciséis de mayo de dos mil veintidós; son consecuencia directa del proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se ordenó la diligencia de requerimiento de pago y embargo; corren la misma suerte, pues se reclamaron en vía de consecuencia y no por vicios propios. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las ONCE HORAS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. En las relatadas condiciones al haberse actualizado la causa de improcedencia antes analizada, respecto del acto reclamado, dese de baja el presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese, y electrónicamente a la parte quejosa y por lista a la terce4ra interesada.
Quedan 20 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 8,646 expedientes
- Patricia Roldan Cordero1399/2021
- Patricia Sánchez Sánchez1244/2019
- Patricia Torres Sánchez1077/2020
- Patricia Torres Sánchez1078/2020
- Patricia Vega Cárdenas1052/2020
- Patricia Vicuño González1850/2023
- Patricia Villegas Tlaxcala2062/2022
- Patricia Villegas Tlaxcala995/2021
- Patricia Villegas Tlaxcala1765/2023
- Patricia Xicotencatl Torres1592/2019
- Patricia Xicotencatl Torres719/2019
- Patricio Gómez Abad535/2022