Patricia Vera Álvarez
Expediente 1928/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1928/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/11/2022
Partes del expediente
- Patricia Vera Álvarez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Oficio. Visto el comunicado de cuenta, se tiene a la secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, remitiendo copia certificada del oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por el que se informa el contenido del acuerdo de dieciséis de noviembre del año en curso, dictado en el recurso de revisión número +++++, en el que se solicita se informe si el pasado veintitrés de junio de dos mil veintidós fue devuelto a este órgano jurisdiccional un tomo de pruebas consistente en copia certificada del expediente de responsabilidad administrativa R-9/2021 de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla. Fundamentación. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo Agréguese a los autos la misiva de cuenta e infórmese al Tribunal de Alzada oficiante, que dentro del expediente en el que se actúa (mismo que no obra físicamente en este órgano jurisdiccional, sino únicamente en un cuaderno de antecedentes, pues se envió al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en Turno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en autos), no se advierte que se haya recibido el tomo de pruebas que refiere, tal como se advierte del sello de recepción que al efecto se adjunta: Cabe precisar que los tres tomos recibidos, consisten en tres tomos de pruebas relacionados al juicio de amparo del que deriva en cuaderno de antecedentes en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Escrito. El tercero interesado, ---, a través de su abogada autorizada realiza lo siguiente: 1.- Promueve incidente de reclamación de daños y perjuicios, conforme al artículo 156 de la ley de Amparo; y, 2.- Señala los hechos, y las prestaciones que solicita Acuerdo. Se admite el incidente de reclamación de daños y perjuicios. Prestaciones. Se tienen por señalados los hechos, y las prestaciones que solicita. Audiencia incidental. Asimismo, una vez que transcurra el término otorgado a la aquí quejosa, se señalará día y hora para llevar a cabo la audiencia incidental de daños y perjuicios. Vista. Se ordena dar vista a la parte quejosa, para que, en el plazo de tres días, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con el incidente y las prestaciones reclamadas, ofrezca pruebas y, en su caso, formule los alegatos que estime pertinentes. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DICTADO EL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con tres anexos consistentes en los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, un tomo de pruebas y el testimonio de la ejecutoria emitida el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en el toca de revisión 364/2022 de su índice; cuyos puntos resolutivos son los siguientes: Acuse de recibo. Acúsese de inmediato el recibo de estilo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), y agréguese a la brevedad la constancia de su envío al expediente electrónico y físico en que se actúa. Cuaderno de antecedentes. Glósense el cuaderno de antecedentes que se ordenó formar con motivo del recurso de revisión. Archivo. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el expediente principal una vez transcurridos tres años, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General,1 además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del artículo 15 del citado Acuerdo.2 En ese orden, como lo dispone el artículo 35, del acuerdo en comento,3 háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Toda vez que este expediente se tramitó con INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, acuérdese lo relativo a su destino en los cuadernos incidentales. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado4 , se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos originales. Toda vez que en autos obran documentos aportados por la parte quejosa, que se ubican dentro de los referidos en el artículo 3, fracción XVIII del Acuerdo General de que se habla, y en cumplimiento a lo dispuesto en el diverso 21 de la misma legislación; requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa copia certificada que de éstos se dejen en autos, apercibida que de no hacerlo podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido de que al presentarse a las instalaciones de este Juzgado de Distrito deberá exhibir identificación oficial y vigente (y una copia simple de la misma)5 , para ser certificada por el secretario (previo cotejo) y agregarse a los autos para debida constancia legal. Devolución de otros documentos. Asimismo, se indica a las partes que, en caso de que requieran la devolución de documentos diversos a los recién precisados, deberán solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Devolución de anexo. Por otra parte, en atención a que obra por separado un tomo de pruebas; consecuentemente, y en virtud que no hay más actuaciones que realizar en el expediente en que se actúa, se ordena devolver a la autoridad respectiva dicho tomo, por ser de su competencia. En el entendido de que el sello de recepción servirá como acuse. Notifíquese; y personalmente a la tercera interesada y quejosa.
- Principal
ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C), Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA TERCERA SENTENCIA DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2022 SENTENCIA Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 352/2022, promovido por Eric Herrera Cuevas, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales X.N.H.V. e I.A.H.V., contra actos del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla y otras autoridades. ANTECEDENTES 1. Demanda. Por escrito recibido el siete de marzo de dos mil veintidós en este Juzgado de Distrito, Eric Herrera Cuevas, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales X.N.H.V. e I.A.H.V., demandó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla; Jefe de Grupo Ministerial adscrito a la Unidad de Apoyo Policial de Zacatlán, Puebla y Encargado de Seguridad Pública del Municipio de Zacatlán, Puebla. Precisión del acto reclamado: La resolución dictada el quince de febrero de dos mil veintidós, por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, dentro del juicio de guardia y custodia 624/2018, a través de la cual decretó en contra del quejoso un arresto de diez horas. 2. Trámite. Por acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, originándose la formación del juicio número 352/2022, la cual se tramitó según aparece de autos. 3. Celebracio´n de la audiencia constitucional. El diez de octubre de dos mil veintidós, se celebró´ la audiencia pruebas, alegatos y sentencia, conforme al acta que antecede. CONSIDERACIONES A.- COMPETENCIA 4. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como en el 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito de competencia territorial que corresponde a la jurisdicción de este juzgado. B.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. 5. Con las copias certificadas del juicio de guardia y custodia 624/2018, que remitió el Juez responsable como justificación de su informe, quedó acreditada la existencia del acto reclamado; constancias cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 202 y 217, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por su parte, el Encargado de Seguridad Pública del Municipio de Zacatlán, Puebla negó el acto que se le reclama, no obstante, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le presume cierto el acto que se le reclama, toda vez que el Juez responsable aceptó haber decretado la orden de arresto en contra del quejoso. C.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 6. Este Juzgado de Distrito no transcribirá los conceptos de violación expresados, pues, por una parte, no existe disposición legal que obligue a ello y, por otra, basta con resolver las cuestiones efectivamente planteadas, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, lo que es acorde con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN" D.- ESTUDIO DE FONDO 7. En atención a las constancias que obran en autos, se advierte que la controversia en este asunto consiste en determinar la legalidad de la resolución dictada el quince de febrero de dos mil veintidós, por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, dentro del juicio de guardia y custodia 624/2018, a través de la cual decretó en contra del quejoso un arresto de diez horas. Puntualizado lo anterior, es procedente abordar el estudio del acto reclamado, para lo que resulta aplicable la prerrogativa de la suplencia de la queja deficiente, toda vez que el acto reclamado conlleva la restricción de la libertad personal del quejoso, derecho fundamental que es merecedor de una protección superior, jurídica y axiológicamente. La suplencia de la queja deficiente en materia penal prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, tiene como finalidad proteger la libertad personal y otorgar seguridad jurídica a los gobernados a través del dictado de una resolución de amparo que examine, de manera completa y acuciosa, el acto mediante el cual se ha ordenado dicha privación de la libertad. En consecuencia, es factible concluir que en los juicios de amparo en los que se controvierta la imposición de un arresto como medida de apremio, también opera la figura jurídica de suplencia de la queja deficiente, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VI, y penúltimo párrafo del invocado precepto legal, que resulta aplicable a los actos reclamados en materia civil que incidan en la libertad personal. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia P. /J. 16/98, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 34, de rubro y texto: ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado diversos criterios procesales y sustantivos en torno a la imposición del arresto como medida de apremio, cuando se impugna en el juicio de garantías, bajo la consideración fundamental de que si bien dicho acto es de naturaleza formalmente civil, de conformidad con la autoridad jurisdiccional que lo ordena, también ha atendido, de manera preponderante, al estado de privación de la libertad personal del gobernado a que se expone con su ejecución, privación que se ha estimado como de protección superior, jurídica y axiológicamente. Por tanto, como la suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, opera aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del quejoso, siendo su finalidad proteger la libertad personal y otorgar seguridad jurídica a los gobernados, a través del dictado de una resolución de amparo que examine, de manera completa y acuciosa, el acto mediante el cual se ha ordenado dicha privación de la libertad, debe concluirse que en los juicios de amparo en que aparezca como acto reclamado la imposición del referido arresto como medida de apremio, deberá suplirse la queja deficiente aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del afectado, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VI del invocado precepto legal, que resulta aplicable a los actos reclamados en materia civil. Conviene destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n ha considerado que la suplencia de la parte queja no se encuentra condicionada a que los menores tengan el cara´cter de parte en el juicio de amparo, pues basta que exista una afectacio´n a su esfera jurídica, independientemente de la naturaleza de los derechos discutidos -si son familiares o de otra índole-, para que proceda suplir la deficiencia de la queja en toda su amplitud, aun ante la ausencia de conceptos de violación, e independientemente del carácter de quien promueva el juicio de mérito. Tiene soporte lo anterior, en la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 167, que dice: MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. Sentado lo anterior, por cuestión de técnica jurídica y en atención al principio del mayor beneficio, se procederá´ al análisis de los vicios atinentes a la necesidad de la medida de apremio que se decretó´. Ahora, para el estudio de una medida de apremio consistente en el arresto, deben tomarse en cuenta las consideraciones expuestas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 125/2007, en sesión del veintiuno de mayo de dos mil ocho, en donde se destacó´: "SE´PTIMO. [...] Es pertinente sen~alar lo que esta Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n ha establecido en cuanto a los requisitos que debe reunir una medida de apremio, para lo cual, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: - Que exista determinacio´n por parte de un o´rgano jurisdiccional. - Que la misma se encuentre fundada y motivada. - Que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las involucradas en el litigio. - La notificacio´n oportuna y personal al obligado. - El apercibimiento de que en caso de incumplimiento se aplicara´ una medida de apremio precisa y concreta. [...] De lo anterior podemos concluir que el arresto es una medida de privacio´n de la libertad contemplada en las leyes que posee diversos objetivos: como medida cautelar personal dentro de un proceso penal, como medida de apremio para el cumplimiento de ciertos actos, o como sancio´n punitiva. En esas condiciones, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n estima pertinente aludir a las garanti´as de legalidad y seguridad juri´dica, para sostener el criterio que va a prevalecer, esto es asi´, ya que en base a su concepto y contenido se podra´ determinar su aplicacio´n en el presente estudio. [...] Ahora, de todo lo anterior podemos concluir que como el apercibimiento es la advertencia de las consecuencias desfavorables que se pudiesen tener al dejar de cumplir con un determinado mandamiento, el cual, en el caso, es de un arresto que no es otra cosa que la medida de apremio consistente en la privacio´n de la libertad por un tiempo determinado (hasta por treinta y seis horas); por lo que como u´nicamente es una advertencia de las consecuencias que pudiesen ocasionar por su incumplimiento y no la imposicio´n de la medida de apremio en si´ misma, en virtud de que so´lo hasta cuando se da el incumplimiento se puede calificar la conducta omisiva, puesto que se puede cumplir parcialmente o justificar en cierta medida el incumplimiento, por lo que, se puede concluir que el simple apercibimiento no puede contener la temporalidad de la medida que todavi´a no ha sido impuesta, misma que en la mayori´a de los casos no puede exceder de treinta y seis horas; esto es, su imposicio´n so´lo puede determinarse hasta que el obligado realice la conducta de desacato, la cual puede ser contumaz, de cumplimiento parcial o alguna otra, por lo que a priori no se puede calificar la conducta e imponer en consecuencia la temporalidad del arresto. Efectivamente, se puede observar que el apercibimiento no deja de ser una prevencio´n especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, donde se especifica la consecuencia por hacer o dejar de hacer algo, que debe cumplirse y que se concreta en una advertencia conminadora, respecto de una sancio´n que tambie´n se puede aplicar en caso de incumplimiento. Ahora, la emisio´n de un acto de autoridad debe contener la fundamentacio´n y motivacio´n apropiada como requisito indispensable, adema´s, debera´ ir precedida del apercibimiento correspondiente de donde derive, con el fin de que el particular tenga la certeza de que el mandamiento le ordena hacer o dejar de hacer algo y sus consecuencias; sin embargo, como ya se dijo, en el apercibimiento no se puede especificar el tiempo de duracio´n del arresto pues, se insiste, en ese momento todavi´a no se puede calificar el dolo o grado de desacato, hasta en tanto no se realice esta conducta. En efecto, los juzgadores para hacer cumplir sus determinaciones pueden emplear como medio de apremio el arresto hasta por treinta y seis horas, lo que permite delimitar el li´mite ma´ximo que puede imponerse, pues la preposicio´n "hasta" se emplea para expresar la duracio´n de un periodo, lo que deja abierta la posibilidad de que la duracio´n de tal medida pudiese ser menor a ese lapso de tiempo. Asi´, para determinar el tiempo de arresto que corresponde imponer a un sujeto sancionado, la autoridad jurisdiccional tiene la libertad de imponer la medida hasta por el te´rmino estipulado en la ley, pero no es sino hasta que vence el te´rmino sen~alado para el cumplimiento de la obligacio´n, en la que la autoridad que impone la medida puede calificar la contumacia y aspectos referentes a e´sta, es decir, el dolo, la intencio´n o incluso alguna justificacio´n de esta persona por la falta de cumplimiento, por lo que en el auto en el que se apercibe la imposicio´n de la medida no se puede tener dicha informacio´n y, por tanto, imposibilita determinar la temporalidad desde el apercibimiento. La aplicacio´n de las medidas de apremio como el arresto deriva de la ley y es consecuencia inmediata de la resistencia o incumplimiento injustificado por parte del obligado a cumplir una prevencio´n; de ahi´ que el empleo y duracio´n de esas medidas no puedan ser violatorios de garanti´as bajo el argumento de que el interesado ignoraba a lo que se exponi´a por su desacato, pues las consecuencias las preve´ la propia ley, cuyo desconocimiento no puede alegarse; ma´xime que el objetivo de la imposicio´n de las medidas afecta directamente el intere´s pu´blico, ya que tiene por objeto hacer efectiva y expedita la administracio´n de justicia. Por tanto, si al requerido, concedie´ndosele un lapso para cumplir una prevencio´n, dentro de la cual puede manifestar los impedimentos que tuviera para acatar el mandamiento, no cumple con dicha prevencio´n, debe concluirse que no resulta violatoria de garanti´as la aplicacio´n de medidas de apremio en su contra, no obstante que la autoridad no le advirtiese la temporalidad y consecuencias a las que se exponi´a en caso de incumplimiento, pues dichas consecuencias las preve´ la propia ley y su imposicio´n no ocurre sino hasta que el obligado presenta la conducta determinada frente a la orden, por lo que u´nicamente hasta ese momento la autoridad puede determinar la cantidad de horas del arresto segu´n la conducta desplegada por el sujeto al que se le aplica la medida. Lo anterior es asi´, pues en el acuerdo donde se apercibe la imposicio´n de un arresto no se esta´ imponiendo propiamente dicho medio de apremio, sino que se le esta´ advirtiendo que de incumplir con el mandamiento se le arrestara´ hasta por un tiempo determinado, lo cual quiere decir que cuando culmine el plazo para su cumplimiento se decidira´ sobre el nu´mero de horas de arresto, es decir, que se le advierte que de no realizar o abstenerse de realizar lo ordenado se le impondra´ dicha medida, cantidad de horas que no puede ser determinada al momento de apercibir pues, se insiste, so´lo hasta que se incumple se podri´a determinar la duracio´n del arresto, segu´n las particularidades del incumplimiento, pues podri´a haber un cumplimiento parcial o que se justificara de alguna forma este incumplimiento, o bien, que con plena contumacia dejaran de acatarlo, cuestiones que so´lo pueden ser evaluadas o ponderadas hasta que fenece el te´rmino para cumplir y asi´ imponer el nu´mero de horas de la sancio´n." Las consideraciones transcritas dieron origen a la jurisprudencia de la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, página 31, de rubor y texto: ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. NO NECESARIAMENTE DEBE DETERMINARSE SU TEMPORALIDAD DESDE EL APERCIBIMIENTO. Si se toma en cuenta, por un lado, que el apercibimiento es la advertencia de las consecuencias desfavorables que pudiesen ocurrir por incumplir algu´n mandamiento de la autoridad y, por el otro, que el arresto es la medida de apremio consistente en la privacio´n de la libertad por tiempo determinado, resulta evidente que no puede necesariamente definirse desde el apercibimiento la temporalidad del arresto como medida de apremio, pues so´lo hasta que vence el te´rmino concedido para el cumplimiento de la obligacio´n y se incurre en desacato, la autoridad puede calificar la contumacia, es decir, el dolo, el grado de desacato, la intencio´n de cumplir con lo ordenado o incluso la existencia de alguna justificacio´n, de ahi´ la imposibilidad de fijar la temporalidad de una medida au´n no impuesta." Con base en las premisas expuestas, se desprende que los requisitos necesarios para considerar va´lida la imposicio´n de una medida de apremio, como la reclamada -arresto-, son los siguientes. 1. Que exista determinacio´n por parte de un o´rgano jurisdiccional. 2. Que la misma se encuentre fundada y motivada. 3. Que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las involucradas en el litigio. 4. La notificacio´n oportuna y personal al obligado; y, 5. El apercibimiento de que en caso de incumplimiento se aplicara´ una medida de apremio precisa y concreta. En el caso, la imposicio´n de la medida de apremio de arresto, se encuentra precedida por el auto de uno de febrero de dos mil veintidós, en el que el juez responsable requirió al quejoso la entrega de los menores, en acatamiento a las cláusulas del convenio elevado a categoría de cosa juzgada, bajo el apercibimiento que de no hacerlo procedería a imponer una medida de apremio consistente en un arresto de diez horas. Cabe sen~alar que no constituye obsta´culo para la procedencia de este juicio de amparo que la parte quejosa no haya sen~alado como acto reclamado destacado el acuerdo de uno de febrero de dos mil veintidós, a trave´s del cual se le apercibio´ con la medida de apremio de arresto, pues dicha circunstancia no puede conducir a sostener que el auto que hace efectivo el apercibimiento y ordena su arresto, sea un acto derivado de otro consentido, toda vez que la orden de arresto no deriva propiamente del auto en el que se apercibe con su imposicio´n, sino de la actuacio´n del quejoso. Al respecto, resultan aplicables las jurisprudencias 2a./J. 1/2013 y 1a./J. 38/2007, sustentadas por la Segunda y Primera Sala de la SCJN, respectivamente, de rubros y texto: "MULTA. EL AUTO QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO E IMPONE LA REFERIDA SANCIO´N NO ES UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO, AUN CUANDO NO SE HUBIERE IMPUGNADO DICHA PREVENCIO´N. La advertencia de que se impondra´ una multa en caso de no acatar una orden, es un acto auto´nomo y distinto del acuerdo que impone la referida sancio´n, ya que este u´ltimo depende de la falta de acatamiento a la orden mencionada por parte del sujeto obligado. Lo anterior quiere decir que la imposicio´n de la multa no deriva propiamente del auto en el que se apercibe con su aplicacio´n, sino de la actuacio´n y omisio´n del interesado. Por esa razo´n, la circunstancia de que no se impugne el provei´do por el cual se determina que en caso de no cumplir una obligacio´n se hara´n acreedores a una multa, no conduce a sostener que el auto que hace efectivo el apercibimiento e impone la referida sancio´n, sea un acto derivado de otro consentido y que, por tanto, el juicio de amparo promovido en su contra sea improcedente, en virtud de que no es una consecuencia legal necesaria de dicho acuerdo." "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. EL HECHO DE QUE NO SE IMPUGNE EL ACUERDO QUE CONTIENE EL APERCIBIMIENTO RESPECTIVO, NO SIGNIFICA QUE EL AUTO QUE LO HACE EFECTIVO CONSTITUYA UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO Y, POR ENDE, NO SE ACTUALIZA EN SU CONTRA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTI´CULO 73, FRACCIO´N XII, DE LA LEY DE AMPARO. El hecho de que el quejoso no haya impugnado el acuerdo por el cual se le apercibio´ de que en caso de no acatar determinada disposicio´n judicial se le impondri´a como medida de apremio un arresto, no significa que el auto que ordeno´ hacer efectivo tal apercibimiento constituya un acto derivado de otro consentido, y por ende, no se actualiza en su contra la causa de improcedencia prevista en el arti´culo 73, fraccio´n XII, de la Ley de Amparo. Ello es asi´, en virtud de que el auto de apercibimiento es auto´nomo y, por tanto, distinto de aquel que decreta el arresto, pues el aludido apercibimiento queda sujeto a la potestad del Juez comu´n para hacerlo efectivo o no, habida cuenta que el quejoso tuvo la posibilidad de acatar la orden judicial, y evitar asi´ que se le decretara el arresto con el que se le conmino´; adema´s de que al constituir el arresto un acto tendiente a la privacio´n de la libertad del afectado, la demanda de garanti´as puede promoverse va´lidamente en cualquier tiempo." Asi´, de su ana´lisis, se advierte que contiene vicios de fundamentacio´n y motivacio´n que lo tornan ilegal, como es lo relativo a la idoneidad de la medida de apremio, y como consecuencia, lo relativo a la medida para salvaguardar la integridad de los menores. Falta de idoneidad del arresto como medida de apremio en juicios familiares. En torno a la imposicio´n del arresto como medida de apremio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, al resolver la contradiccio´n de tesis 92/2006-PS, determino´ que no es el medio adecuado para obligar al cumplimiento de pago de la pensio´n alimenticia, en caso de que la parte obligada se mantenga en una actitud contumaz, sino que debe hacerse uso de otras medidas juri´dicas para lograr su cumplimiento. En efecto, en la ejecutoria de referencia, en la parte que interesa, la referida Sala determino´ lo siguiente: a. Que el deber y el reci´proco derecho de alimentos es una cuestio´n que no constituye un tra´mite necesario para llevar a cabo alguna etapa del proceso, sino que tal circunstancia, por disposicio´n legal, reside en la obligacio´n que tienen algunas personas de proporcionar a otras lo que es necesario para su subsistencia, situacio´n que bajo determinadas circunstancias prevalecera´ hasta el dictado de la resolucio´n final; por lo tanto, la obligacio´n alimentaria, es un aspecto que habra´ de decidirse al resolver el fondo del asunto. b. Indico´, que no es posible considerar que la determinacio´n que ordena el pago de cierta cantidad por concepto de alimentos, sea entendida como un tra´mite procesal y, por esa razo´n, en caso de incumplimiento de dicho pago, no es procedente la imposicio´n de una medida de apremio, puesto que la imposicio´n de las medidas de apremio quedan excluidas trata´ndose de alguna decisio´n judicial que tenga que ver con lo que se resolvera´ en cuanto a los aspectos del fondo del asunto. c. Sostuvo que la legislacio´n civil objeto de estudio [Estado de Me´xico y del entonces Distrito Federal], establece como medios de aseguramiento para cubrir los alimentos, la hipoteca, prenda, fianza, el depo´sito de una cantidad bastante para cubrirlos o cualquier otra forma de garanti´a a juicio de la persona juzgadora; de modo que sen~alo´ que si la ley de forma especi´fica preve´ los medios para asegurar los alimentos, lo procedente, en caso de incumplimiento en el pago de la pensio´n alimenticia, sera´ hacer efectivos dichos medios, a fin de no dejar de cubrir la necesidad de subsistencia de los acreedores alimentistas. d. Destaco´ que ante el incumplimiento en el pago de una pensio´n alimenticia, las juezas y los jueces deben procurar aplicar las medidas de aseguramiento previstas en la ley, a fin de no hacer nugatorio el derecho de los acreedores alimentistas y no ordenar la imposicio´n de una de las medidas de apremio que son aplicables so´lo en los casos de desacato a un mandato judicial relacionado con cuestiones de i´ndole procesal. e. Asimismo, preciso´ que la determinacio´n que obliga al pago de una pensio´n alimenticia es una medida cautelar, con la cual el legislador pretende hacer efectivo el derecho de los acreedores alimentistas y, por lo tanto, ante el incumplimiento en el pago de la mencionada pensio´n, lo conveniente es adoptar medidas tendentes al logro de la finalidad perseguida y no optar por la imposicio´n de una medida que tenga como objetivo constren~ir al cumplimiento ante la amenaza de una reprenda que, de llegar a hacerse efectiva, u´nicamente tendra´ los tintes de castigo como consecuencia de una conducta rebelde, pues la imposicio´n de una medida de apremio en modo alguno puede repercutirle un beneficio a la parte reclamante del derecho. f. Ello, porque en criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, la imposicio´n de una medida de apremio, como lo es el arresto, no es capaz de obligar al deudor alimentario a pagar la pensio´n correspondiente, ya que de facto sucede que ante la conducta contumaz del deudor, la imposicio´n de una medida de ese tipo (arresto) u´nicamente trae como resultado que se le castigue por su omisio´n en el cumplimiento, pero difi´cilmente lo conminara´ a cumplir con su obligacio´n. g. En ese sentido, la Primera Sala del Ma´ximo Tribunal de la Repu´blica, determino´ que si bien la legislacio´n que fue objeto de estudio preve´ como medida de apremio la orden de arresto, debe estimarse que las determinaciones judiciales a que se refiere tal precepto son aquellas de i´ndole procesal, y la determinacio´n que fija el pago de cierta cantidad por concepto de pensio´n alimenticia provisional es una medida cautelar, respecto de la cual no son aplicables las medidas de apremio, pues la misma no constituye una determinacio´n dictada con el fin de llevar a cabo algu´n tra´mite en el proceso. h. Establecio´ que aun cuando el arresto no fuera una medida de apremio, la imposicio´n de e´ste como medio para lograr el cumplimiento de pago de la pensio´n alimenticia, no seri´a eficaz para evitar que el obligado desista de su actitud renuente, pues se pone en evidencia que ante la rebeldi´a del deudor alimentario, la imposicio´n del arresto no es capaz de satisfacer el reclamo del acreedor alimentista, por lo que, como ya quedo´ establecido, la aplicacio´n del arresto funge ma´s como un medio de castigo ante la conducta contumaz del deudor alimentario, que como un medio con el cual pueda forzarse al cumplimiento de la obligacio´n alimentaria. i. Concluyo´ que la imposicio´n de un arresto no es suficiente para lograr que se cumplan los fines que se persiguen al determinarse el pago de una pensio´n alimenticia, los cuales consisten en procurar al familiar que no este´ en aptitud de procurarse e´l mismo, lo suficiente y necesario para su manutencio´n y subsistencia, puesto que el arresto, como ya se dijo, u´nicamente traera´ como resultado sancionar al deudor alimentario omiso, pero en forma alguna subsanara´ la necesidad apremiante de alimento de los acreedores alimentistas, a quienes el castigo del obligado renuente en nada les beneficia. A partir de esos razonamientos derivo´ la jurisprudencia 1a./J. 25/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, que establece: "PENSIO´N ALIMENTICIA PROVISIONAL FIJADA EN JUICIOS ORDINARIOS DE DIVORCIO NECESARIO. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE SU PAGO, EL JUEZ DEBE EMPLEAR LOS MEDIOS DE ASEGURAMIENTO PREVISTOS EN LA LEY Y NO IMPONER ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE ME´XICO Y DEL DISTRITO FEDERAL). De los arti´culos 4.95, fraccio´n II, y 4.143, del Co´digo Civil del Estado de Me´xico, y de los correlativos 282, fraccio´n II, y 317, del Co´digo Civil para el Distrito Federal, se advierte que en los juicios ordinarios de divorcio necesario, al admitir la demanda, el Juez puede fijar y asegurar las cantidades que por concepto de alimentos el deudor alimentario debe dar al co´nyuge acreedor y a los hijos, segu´n corresponda; y, asimismo, para tal efecto establecen los siguientes medios de aseguramiento: hipoteca, prenda, fianza, depo´sito de cantidad bastante para cubrirlos o cualquier otra forma de garanti´a que sea suficiente a juicio del Juez. En congruencia con lo anterior, cuando el deudor obligado incumple con el pago de la pensio´n alimenticia provisional fijada en un juicio de divorcio necesario, el juzgador debe procurar emplear los referidos medios de aseguramiento, pues e´stos tienen como finalidad, por un lado, garantizar la eficacia de la determinacio´n judicial conforme a la cual se fija la mencionada pensio´n y, por otro, cumplir con el objetivo de la obligacio´n alimentaria, consistente en cubrir la necesidad perentoria de subsistencia de los acreedores alimentistas. Sin que PJF - Versio´n Pu´blica R.C. 117/2018. 35 obste a lo anterior el hecho de que los arti´culos 1.124, fraccio´n V, del Co´digo de Procedimientos Civiles del Estado de Me´xico, y 73, fraccio´n IV, del Co´digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, autoricen al juzgador para imponer el arresto como medida de apremio a fin de hacer cumplir sus determinaciones, pues debe entenderse que las determinaciones judiciales a que se refieren estos preceptos legales son de i´ndole procesal y, por ende, las medidas de apremio so´lo pueden aplicarse trata´ndose del desacato a un mandato judicial que tenga que ver directamente con la tramitacio´n del proceso, y no cuando se incumpla una medida cautelar como es el pago por concepto de pensio´n alimenticia provisional, cuya finalidad es hacer efectivo el derecho de los acreedores alimentistas mientras se resuelve en definitiva el juicio del que deriva. Adema´s, ante la conducta renuente del deudor alimentario en el pago de la pensio´n aludida, la imposicio´n de su arresto no es eficaz para satisfacer la necesidad de subsistencia de los acreedores alimentistas, quienes no obstante el arresto del deudor contumaz, quedara´n en la misma situacio´n apremiante." Ahora, bajo el contexto apuntado y de una interpretacio´n extensiva de las consideraciones que informan la referida jurisprudencia 1a./J. 25/2007, puede arribarse a la conclusio´n de que la determinacio´n adoptada por el juez responsable en la que ordeno´ el arresto del quejoso si no hacia la entrega de los menores, no resulta una medida ido´nea para el efecto pretendido. Lo anterior se estima asi´, porque lejos de ser una medida protectora para los menores puede resultar, a la postre, contraproducente para e´l, pues se le colocari´a en una situacio´n desconcertante para el caso de que a su padre se le hiciera efectivo el arresto en sus te´rminos, ya que ello implicari´a que pudieran quedar bajo resguardo de su progenitora, con lo que se modificari´a el entorno habitual en el que se desenvuelven, con la conducente afectacio´n que ello conllevari´a. En efecto, la medida adoptada por el juez de origen podri´a afectar sensiblemente la integridad de los menores involucrados, ya que tendri´a por efecto alterar el ambiente en el que normalmente se desarrollan, lo cual podri´a desestabilizarlos emocionalmente, pues obligarlos, de un momento a otro, a vivir con una persona distinta a su padre, aumentari´a notablemente la posibilidad de que tengan dan~os emocionales difi´ciles de revertir. Adema´s, podri´a resultar una experiencia traumatizante para los menores que se decrete el arresto de su padre, ya que esa medida lejos de privilegiar su intere´s superior lo desconoce, pues el juez responsable no considero´ que esa decisio´n podri´a ponerlos en riesgo, ya que su padre es con quien actualmente viven; de ahi´ que separarlos de su padre, aunque sea temporalmente, podri´a poner en peligro a los menores. Por lo anterior, el juez de origen, en uso de las facultades que la ley le confiere y, sobre todo, al ser sensible en asuntos que involucren a menores de edad, no debio´ limitarse a tomar decisiones ordinarias, como la imposicio´n de una medida de apremio consistente en un arresto, sino que debio´ hacer uso de las diversas medidas otorgadas en la propia ley que resulten ma´s ido´neas para el propo´sito deseado. Para fortalecer esta conclusio´n, se traen a colacio´n los siguientes criterios sustentados por el Cuarto y De´cimo Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, que establecen lo siguiente: "MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA TUTELAR EL INTERE´S SUPERIOR DE LOS NIN~OS. LOS TRIBUNALES FAMILIARES DEBEN ACTUAR CON CELERIDAD Y CREATIVIDAD. En conformidad con lo dispuesto en el arti´culo 941 del Co´digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los tribunales de lo familiar esta´n facultados para intervenir, de oficio, en los asuntos que afecten a la familia, en el a´mbito de sus competencias, especialmente trata´ndose de menores, y en ejercicio de esa facultad deben decretar las medidas precautorias que tiendan a preservar a la familia y proteger a sus miembros. Esto implica que deben estar sensibles, prestos y expeditos para decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese ipso facto cualquier situacio´n irregular que este´ ocurriendo con perjuicio de los intereses de los nin~os, y no mantenerse en una actitud pasiva o cen~ida a la inercia, mediante la toma de decisiones ordinarias a pesar de encontrarse frente a situaciones extraordinarias, como sucede cuando a pesar de haberse dispuesto la aplicacio´n de los medios de apremio y haber dado vista al Ministerio Pu´blico, no se logra vencer la resistencia del custodio, con el dan~o indiscutible que pueden resentir los menores con el alejamiento innecesario e ilegal de su padre o madre, de modo que sin apartarse el Juez de la ley, debe hacer uso de su creatividad para superar al punto esa situacio´n, requiriendo, por ejemplo, al custodio para que en la fecha inmediata de las establecidas para el efecto, presente al menor al Centro de Convivencia Familiar Supervisada, con el apercibimiento, para el caso de persistir en su negativa posicio´n, de suspenderlo de inmediato en el ejercicio de la custodia, para poner al menor bajo el cuidado de otras personas previstas por la ley, que faciliten la convivencia del nin~o con ambos padres, hasta que se resuelva la controversia incidental en definitiva, siguiendo al efecto las exigencias de audiencia y contradiccio´n, pero con la celeridad que impone el caso, y que les permiten los arti´culos 942 y siguientes del co´digo adjetivo invocado. "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO EN JUICIOS DE GUARDA Y CUSTODIA. SU IMPOSICIO´N NO ES IDO´NEA NI EFICAZ PARA PRESENTAR A UNO DE LOS PROGENITORES Y A SUS HIJOS A LA PRA´CTICA DE ESTUDIOS PSICOLO´GICOS (LEGISLACIO´N APLICABLE PARA LA CIUDAD DE ME´XICO). Conforme al arti´culo 73, fraccio´n IV, del Co´digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de Me´xico, los Jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear cualquiera de los medios de apremio sen~alados en sus fracciones, entre ellos, el arresto hasta por treinta y seis horas; sin embargo, en asuntos de guarda y custodia, en los que se requiere a los progenitores que se presenten, o bien, lleven a sus menores hijos, para que se les practiquen ciertas pruebas como la pericial, con el fin de resolver la incidencia de me´rito, esa medida de apremio no resulta ido´nea y eficaz para poder obtener las valoraciones y, consecuentemente, resolver, pues lejos de ser una medida protectora para los menores, puede resultar a la postre contraproducente para ellos, pues se les colocari´a en una situacio´n desconcertante, para el caso de que se haga efectivo el arresto al progenitor que los tiene bajo su cargo, pues ello implicari´a que queden resguardados en una institucio´n social o con familiares (para el caso de que acrediten que pueden hacerse cargo de ellos), traslada´ndolos fuera del lugar de su residencia y del entorno habitual en el que se desenvuelven, con la conducente afectacio´n que conlleva. Por tanto, el Juez, en uso de las facultades que la ley le confiere y sobre todo teniendo en cuenta que debe ser sensible en asuntos que involucren a menores, no debe limitarse a tomar decisiones ordinarias, como la imposicio´n de una medida de apremio consistente en un arresto hasta por treinta y seis horas, sino que debe hacer uso de las diversas otorgadas en la propia ley que resulten ma´s eficaces para el propo´sito deseado, entre ellas, la prevista en el arti´culo 287 del co´digo procesal civil citado, que brinda un mecanismo ma´s eficiente para obligar a una de las partes a cumplir con el requerimiento realizado por el juzgador, porque otorga la posibilidad de apercibir al requerido para realizar una conducta, so pena de tener por ciertas las afirmaciones de las partes, salvo prueba en contrario. De modo que con apoyo en este arti´culo, puede estimarse que si el progenitor no comparece ni presenta a sus menores hijos a la pra´ctica de estudios psicolo´gicos, la medida de apremio conducente sera´ tener por presuntamente ciertas las afirmaciones vertidas por la contraparte, salvo prueba en contrario. En ese contexto, debe atenderse al contenido del arti´culo 91 del Co´digo de Procedimientos Civiles para el Estado, que establece lo siguiente: "Arti´culo 91. Los Tribunales para hacer cumplir sus determinaciones pueden emplear indistintamente, los medios de apremio siguientes: I. Multa por el equivalente a la cantidad de hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacio´n; II. Cateo; III. Arresto hasta por treinta y seis horas; IV. Orden de presentacio´n ante el Tribunal, y V. Auxilio de la fuerza pu´blica." Tal como se advierte, la porcio´n normativa transcrita brinda otros mecanismos que podri´an resultar ma´s ido´neos en este tipo de controversias del orden familiar, como podri´a ser la imposicio´n de multas, incluso ma´s elevadas a las diversas que se le han impuesto en el juicio de origen o bien apercibir al padre que de no cumplir con la prevencio´n realizada, podri´a modificar la convivencia de los menores, hasta que se resuelva la controversia familiar, entre otras medidas que podri´a ordenar. Al respecto, conviene recordar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, al resolver el amparo directo en revisio´n 2710/2017, en sesio´n del veinticinco de abril de dos mil dieciocho, determino´ que el impedimento u obstaculizacio´n sistema´tica del derecho de convivencia de un menor por parte del progenitor custodio so´lo puede conducir a que se modifique la custodia que ejerce. Lo anterior, se encuentra reflejado en la tesis 1a. CLIII/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte, que sen~ala: "GUARDA Y CUSTODIA. CUANDO UNO DE LOS PROGENITORES HA INCUMPLIDO SISTEMA´TICAMENTE CON EL RE´GIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS, ES CONFORME AL INTERE´S SUPERIOR DEL MENOR MODIFICARLA. De acuerdo a la doctrina que ha desarrollado esta Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, la convivencia con ambos progenitores es fundamental para el desarrollo de los menores; por lo tanto, en un escenario de ruptura familiar, los juzgadores deben garantizar que se lleven a cabo las visitas y convivencias. Ahora bien, esta Primera Sala ha establecido que para tomar decisiones respecto a la guarda y custodia -y en general respecto a las convivencias de los menores con sus padres-, debe utilizarse un esta´ndar de riesgo, segu´n el cual, debe tomarse la decisio´n que genere la menor probabilidad de que los menores sufran dan~os. De acuerdo con esto, a la larga existe un mayor riesgo de que la falta absoluta de contacto con alguno de los padres le ocasione ma´s dan~os al menor que los que pudieran derivar del cambio de la guarda y custodia. A pesar de la importancia de asegurar las convivencias, los tribunales no deben decretar el cambio de guarda y custodia sin antes haber intentado por otros medios que e´stas se lleven a cabo. Sin embargo, cuando ya existen diversos requerimientos, apercibimientos y o´rdenes y alguno de los progenitores sigue sin presentar al menor a las convivencias, el cambio de la guarda y custodia se vuelve necesario En consecuencia, se arriba a la conviccio´n de que la determinacio´n adoptada por el juez responsable en la que ordeno´ imponerle al quejoso una medida de apremio consistente en un arresto por diez horas, debido a que no hizo entrega de los menores, no resulta una medida ido´nea para el efecto pretendido, motivo por el que resulta procedente otorgar la proteccio´n constitucional. Por tanto, a fin de restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos vulnerados, con fundamento en el arti´culo 77 de la Ley de Amparo, se impone conceder la proteccio´n constitucional, para el efecto de que el Juez responsable, en un plazo que no podra´ ser superior a los cinco di´as ha´biles a partir de que cause ejecutoria esta resolucio´n: a) Deje insubsistente el acuerdo de quince de febrero de dos mil veintidós, en la parte en que hizo efectivo el apercibimiento y, por tanto, ordeno´ el arresto por diez horas del quejoso. b) En vi´a de consecuencia, deje insubsistente el diverso auto de uno de febrero de dos mil veintidós, u´nicamente en la parte en que se apercibio´ a la quejosa con el arresto sen~alado. c) Derivado de lo anterior, dicte una nueva determinacio´n en la que prescinda de ordenar el arresto del quejoso, de conformidad con las consideraciones vertidas en esta sentencia. d) Finalmente, adopte las medidas conducentes a fin de que no se ejecute el arresto declarado inconstitucional y, por tanto, ordene a la autoridad ejecutara dejar insubsistente la orden correspondiente. Cabe precisar que el juez responsable se encuentra facultado, para determinar -con libertad de jurisdiccio´n-, en su caso, las medidas de apremio a imponer, siempre que sean ido´neas para alcanzar el fin pretendido y en observancia en todo momento del intere´s superior de los menores involucrados. La concesio´n del amparo solicitado debe hacerse extensivo al acto atribuido a las autoridades ejecutoras, Jefe de Grupo Ministerial adscrito a la Unidad de Apoyo Policial de Zacatlán, Puebla y Encargado de Seguridad Pública del Municipio de Zacatlán, Puebla, pues su actuar no se reclama por vicios propios, por lo que para dar cumplimiento a la orden de arresto reclamada bastaba la existencia de la determinacio´n del juez responsable. Resulta aplicable en este sentido, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garanti´as una resolucio´n, igual declaracio´n debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecucio´n." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo adema´s en los arti´culos 73, 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia del Poder Judicial de la Federación AMPARA Y PROTEGE a Eric Herrera Cuevas, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales X.N.H.V. e I.A.H.V., contra el acto reclamado al Juzgado responsable, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.
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