Patricia Vázquez García

Expediente 435/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
435/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
31/07/2023

Partes del expediente

  • Patricia Vázquez García

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda, sin que la impetrante hubiese ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días naturales siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado ordenamiento legal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Alfredo García Ríos, secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho con motivo del primer período vacacional del presente año que gozará la titular de este órgano, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, lo que se comunicó por la secretaria técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3097/2023, de esa misma fecha, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinte de julio de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO DE LA PREVENCIÓNVisto el escrito de la quejosa; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento efectuado mediante proveído de doce de julio del año en curso, al aclarar su escrito inicial de demanda. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDAEn principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierte es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Son orientadoras las consideraciones sustentadas en la jurisprudencia P./J. 128/2001. I. CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE QUE SE ESTIMA ACTUALIZADA Bajo esta perspectiva, se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal; y, 5º, fracción I, y 107, fracción IV, de la ley de la materia, los cuales establecen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.)". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la citada ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos dispone que las controversias de que habla el artículo 103 de la Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, por lo que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en dicha Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que son partes en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley mencionada y con ello se produzca una afectación real, así como actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. A su vez, el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé, en lo que aquí interesa, que el juicio de amparo es procedente en contra de actos de los tribunales del trabajo dictados en el procedimiento llevado después de juicio. De la interpretación sistemática de los artículos mencionados, se deduce que es requisito esencial para la procedencia del juicio de amparo que el acto reclamado produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Precisado lo anterior debe decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, determinó que, de conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es, por regla general, improcedente contra dilaciones dentro del procedimiento, con la salvedad que el juez de amparo advierta que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. En ese tenor, la referida Segunda Sala, en la jurisprudencia 2a./J. 12/2022 (11a.), estableció que tratándose de actos emitidos después de concluido el juicio, la propia Ley de Amparo, establece reglas específicas de procedencia diferentes a la prevista en la fracción V del artículo 107 de dicha Ley; no obstante, corresponde al juzgador, en cada caso, ponderar cuándo existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, como caso de excepción para efectos de la procedencia del amparo indirecto, para lo cual se debe considerar, además de la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada; que un plazo razonable en la etapa de ejecución de sentencia pudiera ser aquel que permita el desahogo de dicha fase en un tiempo ligeramente superior al que pudiera desarrollarse en condiciones normales. La jurisprudencia invocada es del contenido y datos siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2024318 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 12/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Marzo de 2022, Tomo III, página 1927 Tipo: Jurisprudencia DILACIÓN EXCESIVA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA LABORAL. PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE UN AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, NO ES APLICABLE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si resultaba aplicable o no la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), para determinar la actualización de una dilación excesiva, como caso de excepción para la procedencia del amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no resulta aplicable para analizar si se ha configurado o no una dilación excesiva que haga procedente el amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Justificación: Esto es así, ya que a través de dicha jurisprudencia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación simplemente se limitó a complementar el alcance de la diversa jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la cual había dejado a la interpretación judicial analizar, en cada caso, si existía o no una abierta dilación procesal o paralización total del procedimiento, como una excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto contra los actos previstos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, contra los "actos en juicio" cuyos efectos son de imposible reparación, para lo cual estableció un parámetro mínimo objetivo para emprender la acción constitucional en contra de las dilaciones presuntamente excesivas de la autoridad responsable en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Dicho parámetro se fijó en función del lapso máximo que preveía la Ley Federal del Trabajo para que el juicio laboral permaneciera inmóvil, so pena de que operara la caducidad de la instancia, lo que evidentemente no aplica con relación a las dilaciones procesales ocurridas en la fase de ejecución de sentencia, al tratarse de una etapa procesal diferente a la del juicio, en la que la Ley Federal del Trabajo establece procedimientos y plazos específicos para el cumplimiento de un laudo, los cuales, incluso, en un momento dado pudieran abonar para determinar la actualización de una dilación procesal para esa etapa; además de que la propia Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos después de concluido el juicio, establece reglas específicas de procedencia diferentes a la analizada en la jurisprudencia en comento, es decir, a la prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, a juicio de esta Segunda Sala, corresponde al juzgador, en cada caso, ponderar cuándo existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, como caso de excepción para efectos de la procedencia del amparo indirecto, para lo cual deberá considerar, además de la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada; que un plazo razonable en la etapa de ejecución de sentencia pudiera ser aquel que permita el desahogo de dicha fase en un tiempo ligeramente superior al que pudiera desarrollarse en condiciones normales." II. ACTO RECLAMADO Establecido lo anterior, de la lectura integral del escrito aclaratorio de demanda se advierte que la disconforme señala como acto reclamado el consistente en: "Se precisa que efectivamente el acto reclamado consiste en la omisión de contestar la petición presentada mediante escrito de fecha 03 de julio del año 2023, ante el presidente ejecutor de la Junta Especial número 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante la cual se solicité la entrega del cheque remitido por la institución de crédito en pago de la condena del aludo firme." III. CONCLUSIÓN De lo anterior se estima que el acto que reclama la parte quejosa, consistente en la omisión de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de acordar el escrito de tres de julio de dos mil veintitrés dentro del juicio laboral ******************** del índice de dicha autoridad, no se trata de una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento. A fin de evidenciarlo es necesario precisar el plazo con el que cuenta la autoridad responsable para acordar las promociones respectivas. En efecto, el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo establece: "Artículo 838.- La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley". El artículo antes transcrito establece que la autoridad de trabajo, deberá dictar sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito. En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 838 de la Ley Federal de Trabajo, la junta responsable tenía como plazo máximo para acordar el escrito presentado el tres de julio de dos mil veintitrés, hasta el cinco de julio siguiente. Luego, de esa data a la fecha de la presentación de la demanda (once de julio del año en curso), tan sólo transcurrieron tres días hábiles, sin contar el ocho y nueve de julio de este año por ser inhábiles al resultar sábado y domingo. En tal virtud, con apego a los lineamientos establecidos en la jurisprudencia citada, esta Juzgadora pondera la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la posible afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la parte quejosa, de lo que se concluye que no existe una abierta dilación del procedimiento de ejecución o su paralización total, considerando sustancialmente que tan sólo transcurrieron escasos tres días desde el plazo que tenía la autoridad para acordar hasta el momento en que se presentó la demanda de amparo. Destacando incluso que la parte quejosa manifestó en su escrito aclaratorio que en fecha diez de julio de este año, esto es, un día antes a la presentación de la demanda de amparo le fueron notificados los autos de veintitrés y treinta de junio de dos mil veintitrés, mismos que fueron agregados en copia simple por la propia impetrante de amparo y de los que se puede advertir que en el primero se le informó que se fijó el catorce de julio de este año para la celebración de la audiencia en relación al recurso de revisión planteado por la demandada y en el segundo se le hizo del conocimiento que una vez emitida la resolución del recurso de revisión y que cause estado, quedaría a su disposición el título de crédito. Situación anterior que evidencia que la autoridad responsable no ha adoptado una conducta que retarde o paralice el procedimiento de ejecución, a más que no se advierte mayor afectación generada por dicha actuación de la responsable. Por todo lo anterior que se considera que no existe una abierta dilación o paralización del procedimiento de ejecución, por lo que por no se está ante un caso de excepción, a los diversos establecidos en la Constitución Federal y la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio biinstancial. Entonces, al actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal; y, 5º, fracción I, y 107, fracción IV, de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a doce de julio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Patricia Vázquez García, por propio derecho, contra actos del Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por violación a los artículos 1° y 17 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 435/2023, 08/05/24 10:30:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2b.bd KARINA ESTHER SANTIAGO ESPINOZA que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN DE LA DEMANDA De los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo1 , se aprecia que el Juez de Distrito que conozca de una demanda, cuando advierta que existe una irregularidad en la misma, por haberse omitido alguno de los requisitos que establece el numeral 108, deberá prevenir al promovente para el efecto de que subsane las omisiones o haga las aclaraciones correspondientes, en el entendido de que también puede prevenirse cuando se trate de demandas oscuras y/o confusas en algunos de sus requisitos. 1 "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1º. de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; 08/05/24 10:30:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2b.bd KARINA ESTHER SANTIAGO ESPINOZA A.I. PRAL. 435/2023 ??????????????? Así, con el propósito de proveer eficazmente el presente asunto, es necesario prevenir a los impetrantes del amparo por irregularidades en el ocurso de su demanda que a continuación se precisan. En principio, en relación con el requisito contenido en la fracción IV, del artículo 108 de la Ley de Amparo2 , cabe mencionar que de la lectura de la demanda, se advierte que, la quejosa señaló como acto reclamado el consistente en: "DEL PRESIDENTE EJECUTOR DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 44 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE: reclamo la NEGATIVA de entrega a la suscrita quejosa, del cheque de caja número 0010552, de fecha 28 de junio de 2023, emitido por la institución bancaria BBVA México S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA México, producto del embargo trabado a consecuencia de laudo firme (cosa juzgada) dictado en el juicio laboral 717/2014 de su índice, en violación a lo establecido en los artículos 940 y 956 de la Ley Federal de Trabajo, violando con ello lo consagrado por el artículo 17 Constitucional que establece el derecho humano y su garantía de obtener los gobernados impartición de justicia pronta y expedita." En tanto, en el capítulo de antecedentes precisó: "1.- Se encuentra radicado ante la Junta Especial Número 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad de Poza Rica, Veracruz, el juicio laboral expediente 717/2014 de su índice, en contra de PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, en el que se reclamó por mi esposo (actualmente finado) ISMAEL RAMOS ISIDRO, el pago correcto de la pensión jubilatoria, así como de las diferencias resultantes de no pagarle correctamente su pensión jubilatoria, entre otras prestaciones. 2.- Con fecha 22 de marzo de 2018, se emitió laudo condenatorio que ha quedado firme. II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." 2 Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; [.]. 08/05/24 10:30:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2b.bd KARINA ESTHER SANTIAGO ESPINOZA 3.- La suscrita quejosa, soy viuda y sustituta procesal del trabajador ISMAEL RAMOS ISIDRO dentro del juicio laboral expediente 717/2014 de la Junta Especial Número 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad de Poza Rica, Veracruz, como consta en resolución de fecha 12 de octubre de 2022. 4.- La parte quejosa solicitó auto de ejecución en fecha 17 de octubre de 2022, el cual fue dictado por el Presidente responsable en fecha 19 de abril de 2023, posteriormente el día 8 de junio de 2023 se realizó diligencia de requerimiento de pago a la empresa, la cual ante la negativa de pago, se procedió a señalar cuenta bancaria de la empresa para trabar embargo, librándose oficio por el Presidente responsable al banco para reiterar el formal embargo y requerir remitiera las cantidades en dinero embargadas a la cuenta bancaria del patrón, así como consecuencia de ello remitiera cheque a favor de la viuda del trabajador PATRICIA VÁZQUEZ GARCIA. 5.- Por escrito de fecha 9 de junio de 2023 mis apoderados legales promovieron al Presidente ejecutor que se girara oficio al banco BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, para que remitiera el cheque a favor de la aquí quejosa con las cantidades trabadas en embargo del día 8 de junio de 2023. 6.- Por escrito 3 de julio de 2023, mis apoderados legales hicieron devolución de oficio dirigido al banco BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO .BBVA MÉXICO, toda vez que por manifestación verbal de la apoderada de dicha institución de crédito fue informado que por escrito de 30 de junio de 2023 esa institución bancaria remitió el cheque de caja número 0010552, de fecha 28 de junio de 2023, emitido por la institución bancaria BBVA México S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA México, a nombre de la suscrita quejosa. 7.- Informada la suscrita de la entrega del cheque al Presidente responsable, solicité por conducto de mi apoderada legal por escrito 3 de julio de 2023 dirigido al Presidente ejecutor, el pago del cheque de caja número 0010552, de fecha 28 de junio de 2023, emitido por la institución bancaria BBVA México S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA México, a nombre de la suscrita quejosa, consecuencia del embargo antes mencionado. 8.- La suscrita, me trasladé el día de hoy a las oficinas de dicha autoridad PRESIDENTE EJECUTOR DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 44 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, para que me hiciera entrega del cheque antes mencionado por concepto del pago de la condena del laudo; hecho lo anterior el C. PRESIDENTE EJECUTOR rotundamente me NEGÓ LA ENTREGA DEL CHEQUE, sin fundamento legal alguno para dicha negativa, lo que constituye de suyo una flagrante violación al derecho de obtener justicia pronta y expedita. Es por ello que se acude al presente juicio constitucional con la intención de que su Señoría proteja los derechos humanos de la suscrita viuda del trabajador, para lograr que la responsable entregue de manera inmediata el cheque de caja número 0010583 de fecha 28 de junio de 2023 a favor de PATRICIA VAZQUEZ GARCIA con cargo a la Institución Bancaria BBVA México S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA México, producto del embargo al patrón tercero interesado como consecuencia del laudo firme y definitivo." 08/05/24 10:30:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2b.bd KARINA ESTHER SANTIAGO ESPINOZA A.I. PRAL. 435/2023 ??????????????? De ahí que, para tener mayores elementos para emitir un pronunciamiento sobre tópicos como la procedencia, la suspensión e integrar, en su caso, debidamente la litis, y diversos aspectos, al ser lo reclamado no claro, obscuro o irregular; en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108 fracción IV, del propio cuerpo normativo, requiérase a la promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 1. Precise si el acto que reclama lo hace consistir en la omisión de contestar el escrito presentado el tres de julio de dos mil veintitrés, ante el Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el que solicitó se ordenara la entrega inmediata del cheque a su favor, así como el archivo del expediente laboral 717/2014. 2. O en su caso, aclare si reclama la resolución que recayó al mencionado escrito de tres de julio de dos mil veintitrés, en la cual el Presidente Ejecutor de la Junta responsable se negó a devolverle el cheque de caja número 0010583 de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, a su favor con cargo a la Institución Bancaria BBVA México S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA México, producto del embargo al patrón tercero interesado como consecuencia del laudo firme y definitivo dentro del citado expediente laboral; además, deberá indicar si esa negativa fue emitida a través de mandamiento escrito y de qué fecha. 08/05/24 10:30:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2b.bd KARINA ESTHER SANTIAGO ESPINOZA Lo anterior, en virtud de que no se desprende de su ocurso constitucional y dicho dato es indispensable a fin de estar en posibilidad de verificar la procedencia de la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." APERCIBIMIENTO Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado en el término y en las condiciones apuntadas, con fundamento en lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. COPIAS RESTANTES DE LA DEMANDA En tanto se provee lo conducente, consérvense en la secretaría de este juzgado las copias anexas de la demanda 08/05/24 10:30:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2b.bd KARINA ESTHER SANTIAGO ESPINOZA A.I. PRAL. 435/2023 ??????????????? de amparo, sin que se estime necesario por el momento agregarse a los presentes autos. AUTORIZADOS Téngase a la promovente señalando en su escrito de demanda como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Isauro Ramírez Nieto, Joel Rigoberto Estrada Rodríguez, Gema Jazmín Gómez García, Mariana Bautista Amador y Roció Castillo Hidalgo, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del citado numeral a Reyna Matilde Amador Zumaya, por así haberlo solicitado expresamente. ACCESO, CONSULTA Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Por otra parte, toda vez que la quejosa solicita el acceso y la consulta del expediente electrónico del presente juicio, así como notificaciones electrónicas; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo y en términos de la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), realícensele únicamente las notificaciones que dentro del presente juicio se deban efectuar de forma personal, por dicho medio. En virtud de lo anterior, se comisiona a la oficial judicial "A", para que de inmediato, realice el trámite correspondiente para que la impetrante pueda tener acceso, consultar y ser notificado vía internet el expediente electrónico de este juicio de amparo, con los usuarios: abogado70, Mariana2020 y JazminG. 08/05/24 10:30:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2b.bd KARINA ESTHER SANTIAGO ESPINOZA Se significa al ocursante, que a partir del día de hoy se encuentra habilitada por conducto de sus autorizados para realizar la consulta vía internet, así como recibir notificaciones personales vía electrónica, mismas que se regirán conforme a lo previsto en la ley de la materia para las notificaciones electrónicas. NOTIFICACIÓN Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, se indica a los actuarios que conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08/05/24 10:30:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2b.bd KARINA ESTHER SANTIAGO ESPINOZA A.I. PRAL. 435/2023 ??????????????? veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico, asimismo, que todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico, por lo cual, éste únicamente contendrá las promociones físicamente recibidas y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. RESERVA DE INFORMACIÓN Este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales y sensibles, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO EN LÍNEA De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.

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