Patricia Vara Gutiérrez

Expediente 1120/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1120/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
11/08/2021

Partes del expediente

  • Patricia Vara Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que la parte promovente no se inconformó contra el auto de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; en consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención a que fue desechado y carece de relevancia documental e histórica.

  2. Principal

    . . . Con la demanda de amparo a que se refiere la razón de cuenta que antecede, que promueve ***, por propio derecho, contra actos atribuidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente y regístrese bajo el número que le corresponda. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Así, del análisis de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: 1) Del Congreso de la Unión, Presidente de la Republica y Secretario de Gobernación Federal. Los actos emitidos en el ámbito de su competencia consistentes en la aprobación, promulgación, publicación y refrendo de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y Ley de Amparo, en específico los artículos 107, fracción IX y 104, respectivamente. 2) De la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El acuerdo de Presidencia de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, por el que se desechó el recurso de reclamación que hizo valer la aquí quejosa en contra del acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó el amparo directo en revisión que interpuso contra la sentencia dictada en el juicio de amparo directo ***/2020 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito. Del apartado de antecedentes se desprende lo siguiente: 1. El quince de julio de dos mil ocho la aquí quejosa promovió demanda por despido injustificado contra la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Puebla, la cual fue radicado con el numero D/***/2008 del índice en el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. 2. Seguida la secuela procesal el veintiuno de febrero de dos mi veinte el Tribunal de Arbitraje emite laudo en el conflicto laboral citado. 3. Inconforme con dicho laudo la parte actora -aquí quejosa- promovió amparo directo el cual se radicó con el número **/2020 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito. 4. El quince de enero de dos mil veintiuno se emitió sentencia en el referido juicio de amparo directo. 5. Inconforme con la referida sentencia el ocho de marzo de dos mil veintiuno la aquí quejosa interpuso recurso de revisión ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, el cual fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su tramitación, el cual fue radicado el treinta de marzo de dos mil veintiuno, con número de amparo directo en revisión 995/2021, desechando dicho medio de impugnación, mediante acuerdo de Presidencia. 6. inconforme con el desechamiento del recurso de revisión, el veinte de mayo de dos mil veintiuno, la quejosa promovió recurso de reclamación, radicado con el número ***/2021 del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual fue desechado por improcedente el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Resolución de la que derivan los actos reclamados en el presente asunto. Acto respecto se considera que la demanda de amparo origen de este juicio, es notoriamente improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que se deseche de plano. En efecto, los mencionados numerales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Así, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la aprobación, promulgación, publicación y refrendo de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en específico el artículos 107, fracción IX. De la redacción artículo 61, fracción I, se desprende que la intención del legislador fue que no se pueda analizar a través de los juicios de amparo las adiciones, reformas y modificaciones a los preceptos de la norma suprema. Conviene precisar, además, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, se ha pronunciado en el sentido de que tanto el texto constitucional como sus procedimientos de reforma y/o adiciones, por su propia naturaleza y atendiendo al sentido del artículo 135 de la Ley Fundamental, constituyen funciones legislativas soberanas y extraordinarias que escapan al control jurisdiccional . . . Conviene tener presente también que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los tribunales de amparo han reconocido las limitaciones propias del juicio, por tratarse de obstáculos que derivan del orden lógico de las reglas procedimentales previstas en ley, de su estructura o de sus fines. Es decir, se ha interpretado que el marco constitucional no persigue la procedencia del juicio de amparo contra cualquier acto, pues siempre habrá condicionantes procesales que deban satisfacerse, tales como la oportunidad de la presentación o la posibilidad de materializar los efectos restitutorios de la sentencia, entre otros. Es en este contexto, no puede ni debe pasarse por alto que la propia Constitución ha previsto un sistema que, en su conjunto, prevé condicionantes y limitaciones, conforme al cual, mediante el juicio de amparo lo que se controla son los actos de los poderes del Estado, poderes subordinados a la Constitución. Ello es así, porque los artículos 103 y 107 constitucionales prevén un sistema que tiende a tutelar la esfera jurídica de los gobernados de aquellos actos que violenten lo que la Constitución les garantiza, de ahí que el parámetro por excelencia del ejercicio de control que a través del juicio de amparo se realiza toma como base la propia Constitución. En esta tesitura, cuando lo que se cuestiona en el juicio es la constitucionalidad de una reforma constitucional -ya sea por vicios del proceso legislativo o por vicios del contenido normativo-, resulta evidente que el juicio de amparo sería inadmisible, ya que no podrían los jueces federales utilizar como parámetro el mismo acto que van a juzgar, además, porque de otorgarse la protección federal se llegaría al absurdo de ordenar la desaplicación de una norma constitucional para algún gobernado. Por tanto, la improcedencia del juicio en contra de adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se considera notoria y manifiesta. En ese orden de cosas, si el acto reclamado en el presente juicio de amparo lo constituye esencialmente el procedimiento legislativo para reformar algún artículo constitucional, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, como se precisó en el acuerdo recurrido. Asimismo, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo emitido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, por el que se desechó el recurso de reclamación que hizo valer la aquí quejosa en contra del desechamiento del amparo directo en revisión que interpuso contra la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 291/2020 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, se considera que la demanda de amparo origen de este juicio es notoria e indudablemente improcedente, de conformidad en el artículo 61, fracción II de la Ley de Amparo, lo que lleva a desecharla. En efecto, el artículo 61, fracción II, de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo será improcedente Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora en el presente caso la parte quejosa promueve amparo indirecto en contra del acuerdo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual resulta improcedente de conformidad con el precepto citado. En ese sentido, dicho motivo de improcedencia se hace extensivo al acto reclamado, consistente en el estudio de la norma de observancia general, que la quejosa hizo consistir en la inconstitucionalidad del artículo 104 de la Ley de Amparo, atribuido a la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, ambos integrantes del Congreso de la Unión, Secretario de Gobernación y Presidente de la República, en cuanto a la aprobación, promulgación, publicación y refrendo del citado precepto, en el que conforme a sus facultades tuvieron intervención dichas responsables. Ello, porque al estudio de las leyes o reglamentos tildados de inconstitucionales, cuando son reclamados con motivo de su primer acto de aplicación -como ocurre en la especie- se encuentra inevitablemente vinculado el cuerpo normativo impugnado con el acto en donde éste se aplicó. En efecto, cuando en la demanda de amparo se promueva contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, su estudio no debe desvincular al de la disposición impugnada del que deriva el acto de aplicación; por lo que, por regla general, se analiza, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, y si en relación con él no se actualiza una causa de improcedencia; y solamente de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, se podrá analizar la constitucionalidad de la disposición impugnada. Verbigracia, cuando la ley que se considera inconstitucional, se aplica un acto concreto, es éste el que establece la procedencia de la demanda de amparo, el cual debe ser analizado, determinando si opera su procedencia; y de ser improcedente el acto de aplicación, la norma impugnada por extensión tiene el mismo efecto, al no poderse desvincular del acto que le dio su origen en su aplicación. Bajo esa premisa, al señalar la parte quejosa como acto concreto de aplicación el artículo 104 de la Ley de Amparo, en el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que desechó el recurso de reclamación que hizo valer la aquí quejosa en contra del desechamiento del amparo directo en revisión que interpuso contra la sentencia dictada en el juicio de amparo directo ***/2020 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito; al respecto, dicho acuerdo es el que se considera para la procedencia del amparo en relación a la inconstitucionalidad que reclama. Entonces, la impugnación de dicho precepto legal, como ya se estableció, al estar vinculados al acto de aplicación, debe seguir la misma suerte que el acto; por tanto, si en líneas precedentes ha sido analizado el acto de aplicación de la norma que se tilda de inconstitucional, y se determinó que en contra de éste la demanda de amparo es notoriamente improcedente de conformidad con la fracción II del artículo 61 de la Ley de Amparo, entonces dicha improcedencia opera en relación a la norma que se reclama y por tanto, debe desecharse la demanda en los mismos términos apuntados, al no poderse desvincular el cuerpo normativo del acto concreto de aplicación. En esas condiciones, al actualizarse las hipótesis de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracciones I y II, se desecha de plano. Sostener un criterio contrario, propiciaría la promoción de diversos juicios de amparo, haciendo nugatorio las reglas de procedencia que consagra el artículo 107 de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir que el acto reclamado es de imposible reparación para hacer procedente la acción constitucional. Además, esta determinación obedece a la prontitud y expeditez que impone el artículo 17 Constitucional, pues aun cuando se llegara a admitir la demanda y se tramitara el presente juicio, no podría dejarse de observar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señaló en la demanda. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como 3 fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se comisiona al Secretario que integre la presente en el expediente electrónico. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las cuáles son: Copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan; copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas, así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una debida integración del expediente electrónico. En último lugar, conforme a lo dispuesto en los artículos 9°, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; indíquese a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad.

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