Patricia Valdez Vargas

Expediente 1084/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1084/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
29/03/2022

Partes del expediente

  • Patricia Valdez Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de tres de marzo de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias remitidas por el Actuario adscrito a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la sentencia de amparo emitida, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano de control constitucional, resolvería de oficio si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, sin que se pronunciaran al respecto, como se advierte de la certificación de cuenta. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. La protección constitucional se otorgó a fin de que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "Con libertad de jurisdicción, emita resolución en el recurso de revisión 2595/2017; ello, independientemente de que sea o no favorable a los intereses de la quejosa". Con la finalidad de cumplir lo anterior, la autoridad responsable, efectuó lo siguiente: ? El once de febrero de dos mil veintidós, dictó resolución en el recurso de revisión 2595/2017. En tales condiciones, del análisis comparativo realizado, entre los efectos para los que se concedió la protección constitucional y el acto llevado a cabo por la autoridad responsable para cumplimentar la sentencia concesoria, los cuales han quedado precisados, se colige que la ejecutoria se cumplió. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Por otra parte, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente, como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del mencionado año, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, en el artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración, los expedientes de juicios de amparo, en los que se haya concedido la protección constitucional. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y, no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Actuaria adscrita a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución correspondiente a la sesión de once de febrero del año en curso, dictada en el recurso de revisión ***. En consecuencia, con lo anterior, dése vista a la parte quejosa y a la tercero interesada, por el término de TRES DÍAS, computados a partir de la legal notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho legal convenga; APERCIBIDOS de que, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado resolverá de oficio si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    En virtud de no haberse presentado la quejosa a notificarse personalmente del acuerdo de tres de marzo del año en curso, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo aviso que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 fracción I, inciso c) y 29, de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que se fijó en los estrados del Juzgado y se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el acuerdo de referencia, que dice:Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Actuaria adscrita a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución correspondiente a la sesión de once de febrero del año en curso, dictada en el recurso de revisión ***. En consecuencia, con lo anterior, dése vista a la parte quejosa y a la tercero interesada, por el término de TRES DÍAS, computados a partir de la legal notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho legal convenga; APERCIBIDOS de que, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado resolverá de oficio si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en tal virtud, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, REQUIÉRASE a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del momento en que se encuentre legalmente notificada del presente proveído, informe a este Juzgado de Distrito, el acatamiento que dé a la ejecutoria y remita las constancias con las que acredite lo anterior; APERCIBIDA que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigentes; lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de este Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, con fundamento en el numeral señalado en primer término.* Por último, conviene precisar que respecto a lo establecido en el tercer párrafo, de este último artículo, el Acuerdo General 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que para el desarrollo del procedimiento de ejecución de una sentencia, en debido cumplimiento a lo establecido en el numeral antes mencionado, además de requerir a las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector, debe requerirse al superior jerárquico inmediato de la autoridad directamente obligada; sin embargo, este Juzgado Federal, estima que la autoridad responsable en este juicio carece de superior jerárquico, de modo que los requerimientos de cumplimiento de sentencias de amparo debe hacerse directamente a dicho órgano. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia J/3, del Pleno en Materia Civil del Primero Circuito, visible en la página 1378, Libro 9, Tomo II, agosto de dos mil catorce, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2007295, de rubro y texto siguientes: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias.

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