Patricia Turrubiates Ortega
Expediente 424/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 424/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/05/2021
Partes del expediente
- Patricia Turrubiates Ortega
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que Patricia Turrubiates Ortega, no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el veintinueve de enero del año en curso, en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, requiérase a la parte agraviada para que dentro del término de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezca en el local de este órgano jurisdiccional en día y hora hábil debidamente identificada, a efecto de recoger los documentos originales que en su caso hubiese allegado a este asunto, previa constancia de recibo que se deje en autos; apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado éstos serán destruidos, de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, doce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por la quejosa Patricia Turrubiates Ortega, contra actos del Fiscal General de la República con sede en la Ciudad de México y de otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno con el número 424/2021-V. Por otra parte, tomando en cuenta que al promoverse el presente asunto se realizó de forma física, se exhorta a la partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. A continuación, se procede a analizar en su integridad la demanda que nos ocupa, en virtud de ser un todo, por lo que así debe interpretarse para armonizar los datos que contiene y fijar un sentido congruente con los elementos que la conforman, a fin de alcanzar una interpretación completa de la voluntad de la promovente; lo que se efectúa en términos de la tesis 169, publicada en la página 207, del Tomo I, Materia Constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima desechar de plano la demanda promovida por Patricia Turrubiates Ortega, contra actos del Fiscal General de la República con sede en la Ciudad de México y de otras autoridades, al considerar actualizada de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, dicho numeral literalmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" Para una mejor comprensión del precepto legal antes transcrito conviene citar de igual forma la fracción X del invocado numeral 61 de la ley de la materia, el cual en lo conducente dice: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" El precepto transcrito revela que el legislador ordinario estatuyó como motivo de improcedencia del juicio de amparo, la existencia de una ejecutoria pronunciada en otro juicio de la misma materia, en el cual se presente identidad en los sujetos y en el objeto. La razón prevista en esa fracción es impedir que la cosa juzgada, que constituye la verdad legal frente a las partes y frente a la sociedad en general, pueda ser cuestionada a través de una resolución ulterior; ya que, de lo contrario, se produciría una cadena interminable de juicios de amparo, lo que evidentemente quiso evitar el legislador, al prohibir que los actos reclamados en un juicio constitucional cuya resolución quedó firme, puedan impugnarse nuevamente. La figura jurídica que se analiza encuentra justificación en la seguridad jurídica de las decisiones o resoluciones que establecen situaciones de derecho concretas, mediante la individualización de normas jurídicas a través del procedimiento jurisdiccional respectivo, que concluye con la sentencia definitiva; en materia de amparo, su finalidad es evitar el pronunciamiento de resoluciones contradictorias, así como la promoción de nuevos juicios con idéntico objeto. En efecto, la cosa juzgada, como verdad legal, significa que si en un diverso juicio se ha emitido un fallo en el que se resolvió el fondo sustancial controvertido, es improcedente someter el mismo punto en un proceso distinto; y conforme a las fracciones precisadas se requiere para su actualización de los requisitos siguientes: a) Que la ley o acto sea materia de otro juicio de amparo. b) Que ambos juicios estén promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones sean distintas. c) Que exista ejecutoria en el juicio de amparo anterior. En el caso que nos ocupa, la quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "De las autoridades responsables señaladas como ordenadoras reclamo el ilegal e inconstitucional aseguramiento del lote de terreno de mi propiedad y que más adelante precisaré, decretado por las referidas Responsables Ordenadoras. Aseguramiento el anterior que me fue notificado en forma personal en fecha 19 de abril del año en curso, según lo acredito con la copia de la cédula de notificación que anexo al presente asunto. Reclamo además de dichas responsables CUALQUIER ORDEN PASADA, PRESENTE O FUTURA QUE COMO PENA INUSITADA Y TRASCEDENTAL AFECTE EL PATRIMONIO JURÍDICO Y MATERIAL D EMI PERSONA QUE SE TRADUZCA EN LA CONFISCACIÓN (ARTÍCULO 22), EN EL ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL, TODO LO ANTERIOR DE MI PROPIEDAD, INCLUYENDO CUALQUIER ANOTACIÓN REGISTRAL EN REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD que incida en el trato diario y normal de mis actividades y que tiendan a estigmatizarme y anular o menoscabar mis derechos y libertades. Lo anterior ya que de tales mandamientos se han vulnerado directamente en detrimento de la suscrita los derechos humanos de legalidad en su vertiente de debido proceso, además de los demás derechos fundamentales que se precisarán en la presente demanda. De las autoridades responsables señaladas como ejecutoras, reclamo la ejecución material del inconstitucional aseguramiento citado en el párrafo que antecede, así como de la última de las autoridades señaladas como ejecutoras, reclamo la inscripción y/o anotación del aseguramiento citado en dicha dependencia, dictado por las autoridades ordenadoras, quienes se encuentran a cargo de la Averiguación Previa FE/SEIDO/UEITA-TAMP/0000686/2018, en la inteligencia de que como ya lo mencioné el inconstitucional aseguramiento del inmueble de mi propiedad me fue notificado de manera personal en fecha 19 de abril del año en curso." Y como autoridades responsables a las siguientes: 1. Fiscal General de la República. 2. Titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. 3. Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. 4. Agente del Ministerio Público de Investigación Titular de la Agencia Trigésima Investigadora de la "U.E.I.T.A.T.A." 5. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Trigésima Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. 6. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Trigésima Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopia y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (Fabiola Padilla Cruz). Todos con sede en la Ciudad de México. 7. Agente del Ministerio Público de la Federación de Atención y Determinación Matamoros, de la Unidad de Atención Inmediata y/o Agente del Ministerio Público de la Federación Orientadora de la Agencia Primera de la Unidad de Atención Inmediata de la Procuraduría (Fiscalía) General de la República (licenciada María Amparo Sosa Martínez). 8. Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial. 9. Inspector de la Policía Federal. 10. Director de la Oficina del Instituto Registral y Catastral del Estado. Todos de esta ciudad. 11. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. 12. Coordinador Estatal de la Policía Federal. Ambos con residencia en Ciudad Victoria. Además, como prueba documental la agraviada acompañó el oficio FGR/SEIDO/UEITA/2251/2021, con el cual acredita que el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se le notificó que dentro de la carpeta de investigación FE/SEIDO/UEITA-TAMP/0000686/2018, el veinte de julio de dos mil dieciocho, la Agente del Ministerio Público de la Federación de Atención y Determinación Matamoros de la Unidad de Atención Inmediata, ordenó el aseguramiento entre otros de la casa habitación ubicada en calle Libra, número 208, entre Avenida del Niño y Acuario, colonia Satélite, de esta ciudad. De lo antes transcrito, se deduce que en esencia la parte quejosa reclama el aseguramiento decretado el veinte de julio de dos mil dieciocho, respecto del bien inmueble del que dijo tener los derechos de propiedad como cónyuge del titular de la finca, así como la ejecución del mismo, esto derivado de la carpeta de investigación FE/SEIDO/UEITA-TAMP/0000686/2018. Luego, en el juicio de amparo 1011/2019-VII, la quejosa señaló en su ocurso inicial y posteriormente en su ampliación de demanda, idénticas autoridades responsables a las que han quedado transcritas y en la sentencia terminada de engrosar el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se precisó como acto reclamado el siguiente: ".aseguramiento ministerial decretado el veinte de julio de dos mil dieciocho y ratificado el treinta y uno siguiente, respecto del bien inmueble del que aduce tener derechos de propiedad como cónyuge del titular de la finca, así como la ejecución de dicho aseguramiento, mediante gravamen o inscripción que existe sobre dicho predio" En ese juicio se concedió la protección constitucional a la quejosa Patricia Turrubiates Ortega, para el efecto siguiente: "Que la Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la agencia Cuadragésima Investigadora (antes Trigésima Investigadora), de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, dependiente de la Fiscalía General de la República, con sede en la ciudad de México, dentro de la carpeta de investigación FE/SEIDO/UEITATAMP/0000686/2018, dejando incólumes o intocados el acuerdo de aseguramiento y su ratificación decretados en fechas veinte y treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, respecto de la casa habitación número doscientos ocho, de la colonia Satélite, de esta ciudad; proceda conforme a las disposiciones aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales y le notifique personalmente a la aquí quejosa por sí o a través de su representante legal, las determinaciones en las cuales ordenó el aseguramiento del inmueble descrito en la carpeta antes aludida, entregándole copia o poniendo a su disposición copia del registro de aseguramiento, para que la agraviada manifieste lo que a sus intereses convenga. Asimismo, el amparo otorgado en cuanto a la autoridad investigadora antes mencionada, para que conceda garantía de audiencia a la quejosa, se hace extensivo respecto de los actos de ejecución que le correspondan a la Directora de la Oficina Matamoros del Instituto Registral y Catastral del Estado, en esta ciudad." De igual forma, en la parte considerativa de dicha resolución en lo que aquí interesa se determinó lo siguiente: "Cabe mencionar que a este tribunal en la instancia constitucional, no le corresponde definir si el inmueble afectado con inscripción de aseguramiento, corresponde o no al predio número 202 [doscientos dos], de la misma colonia Satélite, de esta localidad, que aduce la quejosa; pues la anotación registral se ordenó realizar respecto de la casa habitación asegurada ministerialmente, identificada con el número doscientos ocho y en todo caso, la agraviada ejerciendo su garantía de audiencia, podrá en su caso esgrimir dichos argumentos ante las autoridades responsables, sobre si el aseguramiento se materializó o no en el predio baldío, sin construcción, que refiere cuenta con nomenclatura doscientos dos, de esta población. En ese sentido, con independencia de que las partes hayan desvirtuado o impugnado las probanzas aportadas por la aquí quejosa, no corresponde a este tribunal definir la posible discrepancia o error en las inscripciones de aseguramiento sobre alguno de los inmuebles aludidos. Pues si la agraviada se ostenta con interés jurídico de propietaria por sociedad conyugal, respecto del predio con afectación de aseguramiento emitido por el Ministerio Público de la Federación en una carpeta de investigación, se le tiene justificado su carácter de tercera extraña para acudir a esta contienda constitucional. En efecto, se estima suficiente su interés para efectos de solicitar el amparo en esta contienda en su calidad de cónyuge del titular de la finca asegurada; con ese carácter, estará en posibilidad de apersonarse ante las responsables, para que le permitan defender sus derechos y efectuar las aclaraciones que procedan en el procedimiento de origen." Sentencia que causó ejecutoria el doce de marzo de dos mil veintiuno y como consecuencia, en ese mismo auto se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables, encontrándose pendiente de recabar la información necesaria para realizar el estudio correspondiente. Lo anterior constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, ya que fue obtenido del juicio de amparo 1011/2019-VIII, del índice de este juzgado, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente copia certificada de actuaciones. Encuentra apoyo lo anterior, en lo expuesto en la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia Común, Registro 2017123, visible en la página 10, de contenido: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Como se puede observar, los actos reclamados son sustancialmente los mismos, y en ambos idénticas autoridades responsables. Atento a lo anterior, y luego de la confrontación que se hizo entre el presente juicio de amparo y el diverso 1011/2019-VIII, se advierte que la parte quejosa pretende que se lleve a cabo el análisis del mismo acto reclamado en dicho amparo; a saber, el aseguramiento del inmueble decretado dentro de la carpeta de investigación FE/SEIDO/UEITA-TAMP/0000686/2018, el veinte de julio de dos mil dieciocho, la Agente del Ministerio Público de la Federación de Atención y Determinación Matamoros de la Unidad de Atención Inmediata, que como se dijo existe concesión de amparo para el efecto de que la Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la agencia Cuadragésima Investigadora (antes Trigésima Investigadora), de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, dependiente de la Fiscalía General de la República, con sede en la ciudad de México, dentro de la carpeta de investigación FE/SEIDO/UEITATAMP/0000686/2018, dejando incólumes o intocados el acuerdo de aseguramiento y su ratificación decretados en fechas veinte y treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, respecto de la casa habitación número doscientos ocho, de la colonia Satélite, de esta ciudad, le notifique personalmente a la aquí quejosa por sí o a través de su representante legal, las determinaciones en las cuales ordenó el aseguramiento del inmueble descrito en la carpeta antes aludida. Por lo tanto, tal panorama pone de relieve que opera la causal de improcedencia en estudio, respecto de la cual existe una decisión judicial que constituye cosa juzgada, pues como se dijo, en el juicio de amparo 1011/2019-VIII del índice de este juzgado, fue estudiado el aseguramiento que ahora combate, por lo que es indudable que esa circunstancia veda la posibilidad de inconformarse nuevamente contra dicha determinación, por lo que hace inejercitable toda acción de amparo ulterior en la que pretenda reclamar el mismo acto; de ahí que el presente juicio de amparo resulte improcedente, pues en atención a la firmeza que adquirió la resolución dictada en el citado juicio constitucional, es inconcuso que legalmente no puede desconocerse dicha sentencia, sin afectarse con ello la institución de la cosa juzgada, lo que atento a la técnica del juicio de amparo es inadmisible, en consecuencia, como se precisó, opera en este asunto la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Lo anterior, se apoya en el criterio de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de dos mil ocho, visible en la Página 197, cuyo contenido es el siguiente: "COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA. Para que proceda la excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque concurran identidad en la cosa demandada (eadem res), en la causa (eadem causa pretendi), y en las personas y la calidad con que intervinieron (eadem conditio personarum). Ahora bien, si la identidad en la causa se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer como fundamento de las pretensiones que reclaman, es requisito indispensable para que exista cosa juzgada se atienda no únicamente a la causa próxima (consecuencia directa e inmediata de la realización del acto jurídico) sino además a la causa remota (causal supeditada a acontecimientos supervenientes para su consumación) pues sólo si existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en el segundo procedimiento ya fueron materia de análisis en el primero, y que por ello deba declararse procedente la excepción con la finalidad de no dar pauta a posibles sentencias contradictorias. Lo anterior, en el entendido de que cuando existan varias acciones contra una misma persona respecto de una misma cosa, deben intentarse en una sola demanda todas las que no sean contrarias, ya que el ejercicio de una extingue las otras, salvo que fuera un hecho superveniente debidamente acreditado. Por tanto, es claro que esto último no se daría si la causa remota que se involucra en uno y otro son distintas, con mayor razón si la causa próxima también es otra." En consecuencia, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, promovida por Patricia Turrubiates Ortega; al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de Ley de la materia. Por otro lado, se tiene como domicilio de la agraviada para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito inicial de demanda y como autorizados en los términos que precisa a las personas que menciona. De igual manera, en relación a la solicitud el acceso al expediente electrónico mediante firma electrónica (FIREL), al presente asunto, así como para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, y consultar acuerdos, resoluciones y sentencias emitidas en esta contienda. Atento a lo anterior, en términos del artículo 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a las tramitación electrónica del Juicio de Amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se autoriza al licenciado Jorge Alberto Rodríguez Loera, quien se encuentra registrado ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, bajo el nombre de usuario LOERA, para que tenga acceso y para los efectos mencionados en el párrafo que antecede, únicamente en relación al expediente electrónico del juicio que nos ocupa. En otro orden de ideas, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente.Así lo acuerda y firma el Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, Titular del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria ante quien actúa y da fe. L'RIGU
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