Patricia Tello Morales, Defensora Pública

Expediente 55/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
55/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
10/06/2021

Partes del expediente

  • Jessie Madeleinne Díaz Santacruz, Defensora Pública
  • Rebeca Orta del Villar, Defensora Pública
  • Patricia Tello Morales, Defensora Pública
  • Carlos Gustavo Cruz Miranda, Titular de la Unidad de Defensa Penal del Instituto Federal de Defensoría Pública y Otros.
  • Rafael Pérez Palafox

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, diez de junio de dos mil veintiuno. Causa estado Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se ordena archivo Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo dos mil veinte, por haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos Finalmente, no ha lugar a ordenar la devolución de documentos originales, toda vez que no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Olga Viviana López González, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, treinta de abril de dos mil veintiuno. Autoridad informa Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Titular de la Unidad de Defensa Penal del Instituto Federal de Defensoría Pública y representante común de los quejosos, por medio del cual informa en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintitrés de abril del año en curso, que ya se entabló comunicación con los quejosos Rafael Pérez Palafox, Rafael Pérez Palafox, Agustín Moisés Garache Pérez, Blas González Velázquez, Iván Marcelo Andrade e Israel Nava Pérez, por lo que remite las actas de entrevistas que lo acreditan Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en el oficio de cuenta; se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: La negativa de la responsable de autorizar la comunicación con los quejosos que se encuentran en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, vía telefónica o a través de alguna plataforma digital. Cuyo contenido se advierte en las siguientes imágenes: Bajo este contexto, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al efecto, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera de derechos del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se citan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Ahora, la referida causa de improcedencia se actualiza, dado que lo reclamado por la parte quejosa consiste en: la negativa de entablar comunicación con sus defensores, vía telefónica o por medio de alguna plataforma digital. Al respecto, de las constancias remitidas, por el Titular de la Unidad de Defensa Penal del Instituto Federal de Defensoría Pública, a través del oficio de cuenta, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia que los quejosos Rafael Pérez Palafox, Rafael Pérez Palafox, Agustín Moisés Garache Pérez, Blas González Velázquez, Iván Marcelo Andrade e Israel Nava, ya han entablado comunicación con sus defensores vía telefónica. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias antes relacionadas se evidencia que la afectación reclamada por el quejoso dejó de existir. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (trece horas con veintidós minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintiuno), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Olga Viviana López González, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Autoridad informa Agréguese el oficio signado por la Encargada del Centro de Reinserción Social, Tlaxcala, mediante el cual informa que el Instituto de Defensoría Pública, Delegación Tlaxcala, no ha dado respuesta a las solicitudes realizadas por esta, respecto a las comunicaciones vía telefónica que desea realizar con los quejosos, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Olga Viviana López González, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el acto reclamado en esta instancia lo constituye la negativa de la autoridad responsable de garantizar la comunicación entre defensor y defendido, tutelada constitucionalmente; la cual, los quejosos han solicitado que se realice a través de llamadas telefónicas, en su caso, mediante el uso de plataformas digitales de audio y video, o bien, de cualquier otra herramienta tecnológica que el centro penitenciario tenga a su disposición. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable, como justificación a su informe, se advierte que mediante oficio 339/02/2021 de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno la Encargada de la Dirección del Centro de Reinserción Social Tlaxcala, hizo del conocimiento del Instituto de Defensoría Pública, Delegación Tlaxcala, que no tenía inconveniente alguno en llevar a cabo la comunicación telefónica entre defensor y defendido; asimismo, solicitó a fin de que informara las fechas y horas programadas para llevar a cabo dicha comunicación, así como el número telefónico con el que se realizaría la misma, para estar en aptitud de notificar a los internos. Al respecto, es menester hacer notar que dicho oficio se remitió en vía de alcance al diverso 0159/01/2021, de veintisiete de enero del año en curso, en el que la autoridad responsable informó a la Instituto de la Defensoría Pública, Delegación Tlaxcala, que únicamente podrían tener comunicación los defensores públicos con sus defendidos vía telefónica, por el área de locutorios con un horario de dieciséis a dieciocho horas, los días lunes, martes, miércoles y viernes. No obstante lo anterior, de las constancias remitidas no obra alguna con la que se acredite si la Delegación Tlaxcala del Instituto de Defensoría Pública, atendió dichas comunicaciones y, de ser el caso, si se llevó a cabo dicha comunicación. Se requieren constancias En tales condiciones, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Encargada de la Dirección del Centro de Reinserción Social Tlaxcala para que en el improrrogable término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, informe a esta autoridad si el Instituto de Defensoría Pública, Delegación Tlaxcala, dio respuesta alguna a dichas solicitudes, y de ser el caso remita copia certificada de la totalidad de las constancias relacionadas con esa información, mismas que deberán estar completas legibles y en orden secuencial, toda vez que se estiman necesarias para resolver el presente juicio conforme a derecho. Apercibida que de no hacerlo dentro de la temporalidad concedida, o de no informar por escrito el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo que establece el artículo 259 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase a la parte quejosa, por conducto de su representante común Carlos Gustavo Cruz Miranda -Titular de la Unidad de Defensa Penal del Instituto Federal de Defensoría Pública-, para que en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, informe a esta autoridad si dicho instituto dio respuesta a las referidas comunicaciones (339/02/2021, de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno y 0159/01/2021, de veintisiete de enero del año en curso) y de ser así, remita las constancias con las que acredite esa circunstancia. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de la temporalidad concedida, o de no informar por escrito el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo que establece el artículo 251 de la Ley de Amparo. Desistimiento de quejoso Por otra parte, del estado que guardan los autos, se advierte que en la diligencia de notificación de doce de marzo de dos mil veintiuno, el quejoso Abel Martínez Panecatl, manifestó desistirse del presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase al citado quejoso, para que ratifique dicho desistimiento, con el apercibimiento que de no hacerlo, se continuará con la tramitación del presente juicio. Ahora, toda vez que el quejoso de referencia se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado a fin de que le notifiquen el presente acuerdo y realicen el requerimiento respectivo en dicho centro penitenciario. Lo anterior, hágase del conocimiento del Titular de la Unidad de Defensa Penal del Instituto Federal de Defensoría Pública, para los efectos legales correspondientes. Diferimiento de audiencia constitucional Por tanto, para dar margen a lo anterior y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese; personalmente al quejoso Abel Martínez Panecatl en el lugar donde se encuentra recluido, a Carlos Gustavo Cruz Miranda -Titular de la Unidad de Defensa Penal del Instituto Federal de Defensoría Pública-, y como representante común. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Olga Viviana López González, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

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