Patricia Tellez Gómez
Expediente 11/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 11/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Patricia Tellez Gómez
- H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 11/2017. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito recibido el seis de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Patricia Tellez Gómez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que enseguida se mencionan. AUTORIDAD RESPONSABLE: Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. Secretaria de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. ACTO RECLAMADO "La aplicación de preceptos legales, declarados inconstitucionales mediante jurisprudencia temática emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber: Artículos 27 y 27 bis de la Ley de Hacienda Municipal 677 (sic)". SEGUNDO. Por acuerdo de nueve de enero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el número 11/2017; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama la aplicación de disposiciones locales por una autoridad administrativa que se encuentra en la jurisdicción territorial de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda de amparo se precisa que la parte quejosa reclama: La aplicación de los artículos 27 y 27 bis de la Ley de Hacienda Municipal Número 667 del Estado de Guerrero, en que se encuentran previstos el objeto y sujeto del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Lo anterior, a través del cobro reflejado en el recibo oficial de pago con folio F 303883, de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. Sin que pase inadvertido, que la parte quejosa en sus conceptos de violación, refiere que tal entero es inconstitucional porque tiene su fundamento en una ley que de acuerdo a la jurisprudencia temática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vulnera el derecho fundamental de la legalidad tributaria, porque no fue debidamente refrendada por el funcionario al que le correspondía; sin embargo, para abordar aquella cuestión primeramente deberá dilucidarse si efectivamente quedó demostrado el acto que se reputa como el de aplicación de los ordinales invocados, para posteriormente verificar si aquél entero tuvo sustento en dichos dispositivos y finalmente, si sobre el particular es aplicable la jurisprudencia temática invocada por la parte quejosa como sustento de su reclamo. Lo anterior, tomando en consideración que la aplicación de la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un caso concreto, aun cuando se refiera a la inconstitucionalidad de leyes o la interpretación directa de la Constitución, sólo representa una cuestión de legalidad en acatamiento de lo establecido por el artículo 192 de la Ley de Amparo, porque ello no lleva implícito un nuevo estudio constitucional, de ahí que el análisis de la cuestión planteada deba atenderse conforme al método de estudio señalado en líneas precedentes. TERCERO. La quejosa bajo protesta de decir verdad, se ostentó sabedora del acto reclamado el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis; en ese sentido, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del veinte de diciembre de dos mil dieciséis al nueve de enero de dos mil diecisiete (descontados los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de diciembre de dicha anualidad, así como uno, siete y ocho de enero del año en curso, por haber sido inhábiles); de ahí que, al haberse presentado la demanda de amparo el seis de enero de dos mil diecisiete, según consta en la papeleta de turno que expide la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO.- Las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes con justificación, en torno al acto reclamado aceptaron que la quejosa realizó el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Máxime que como lo indicó el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en el toca amparo en revisión administrativa número 117/2016, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el diverso juicio de amparo 1223/2015 del índice de este tribunal que se invoca como hecho notorio, la aplicación de los preceptos legales reclamados, se materializa a través del pago que quedó plasmado en el recibo número F-303883 expedido el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, por la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, documento que fue exhibido en copia certificada por la aquí quejosa y dada su naturaleza tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, y que es suficiente para acreditar que a la impetrante le fueron cobrados respectivamente, entre otros conceptos, los siguientes: "IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES", "IMP. ADIC. PROEDUCACIÓN Y ASISTENCIA SOC" y "CERTIFICADOS CATASTRALES 5 SMD". Una vez acreditado el entero que efectuó la quejosa como autoliquidación del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, procede ahora verificar si ese proceder producto de la propia voluntad de la solicitante del amparo se encuentra regulado por las disposiciones legales cuya aplicación reclama, o en su defecto, determinar la consecuencia que trae aparejada la falta de demostración de dicho extremo. QUINTO. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, las autoridades responsables sostienen que en el caso se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones XIII y XXIII, del artículo 61; en relación con el diverso ordinal 108, fracciones VI y VIII, ambos de la Ley de Amparo. Así las cosas, tales hipótesis de improcedencia se estiman infundadas, ya que no es factible sostener su actualización, tomando en consideración que la litis en esta instancia no versa sobre la constitucionalidad de una norma general, sino exclusivamente respecto del acto de aplicación ulterior de dicha norma, de modo que los efectos de la sentencia únicamente se ciñen a este último contenido en el recibo de pago exhibido, respecto del cual, como se estipuló en el considerando tercero, la interposición de la demanda de amparo fue oportuna. Lo anterior revela entonces que aun y cuando se acreditan los enteros previos que adujo la autoridad responsable, efectuó la parte quejosa por concepto de impuesto predial, de todos modos ello no impide a la solicitante del amparo obtener la protección de la justicia federal, porque sus efectos se circunscribirán exclusivamente al acto concreto que no constituye el primero en la aplicación de la norma, y en el caso, las causas de improcedencia invocadas están relacionadas con la procedencia del juicio de amparo en tratándose de normas generales; de ahí que por ejemplo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la procedencia del amparo sin que obste que se trate del segundo o ulteriores actos de aplicación de la ley, cuando el acto ulterior de aplicación se funda en una norma declarada inconstitucional, pues ya no se analizará la constitucionalidad de la ley sino la del acto de aplicación. En relación con la última de las causales de improcedencia en estudio, la cual a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de garantías, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional; por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Uno de los cuales es el que se deriva del numeral 108, fracciones VI y VIII, de la ley de la materia, que establece la obligación a cargo de todo peticionario de garantías de expresar en su demanda los preceptos que, conforme al artículo 1º de la propia ley de la materia, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame, así como los conceptos de violación tendientes a controvertir la constitucionalidad del acto reclamado, en virtud de que es éste en el que la parte promovente mediante la exposición de hechos, argumentos y razonamientos establece las violaciones de garantías que le causan los actos reclamados. Si se omite expresar los conceptos de violación o sólo se combate el acto reclamado aduciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas no constituyen una verdadera expresión de verdaderos conceptos de violación a que se refiere el artículo invocado, supuesto en el cual, el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede examinar la regularidad constitucional del acto reclamado. Sin embargo, en el caso no se advierte que la parte quejosa hubiera dejado de observar tales requisitos en su demanda de amparo, habida cuenta que sobre el particular se observa cuál es el precepto constitucional que contiene el derecho sustantivo que se estima violentado (artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna), así como la causa en la que se sustenta lo pedido, esto es, por qué estima inconstitucionales los preceptos legales que se reclaman en esta instancia constitucional, como se expondrá en el considerando siguiente en el que se precisen los conceptos de violación que hace valer. Al no existir otras causas de improcedencia propuestas por las partes, ni alguna otra que deba estudiarse de oficio, se procede al estudio del acto reclamado al tenor de los conceptos de violación que se proponen. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. En su único motivo de disenso la peticionaria del amparo aduce esencialmente que: Los artículos 27 y 27 bis de la Ley de Hacienda Municipal 667, vulneran la garantía de legalidad, consagrada en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que dicha ley no fue refrendada por el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero, por lo que dicha ley no cumple con uno de los requisitos para la formación válida del acto legislativo, por lo que estima que el acto reclamado deviene inconstitucional, en tanto que el cobro de la contribución respectiva se fundó, evidentemente, en los artículos 27 y 27 bis de la Ley de Hacienda Municipal 667 (No refiere la Ley de Ingresos). Que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la legislación del Estado de Quintana Roo, determinó que "un decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado debe refrendarlo también el Secretario de Hacienda del Estado, conforme al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, y de no hacerse así, no satisface uno de los requisitos para la formación válida del citado acto legislativo", lo que tiene sustento en la jurisprudencia 2ª./J. 95/2011 del índice de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro: "REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CORRESPONDE AL SECRETARIO DE GOBIERNO Y AL FUNCIONARIO DEL RAMO RELATIVO." Que ante la evidente inconstitucionalidad de la contribución controvertida, procede idéntica declaración respecto de los accesorios. Refiere que el criterio que expone en su demanda, es el que sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el A.R.AD. 444/2012; y este Juzgado de Distrito al resolver el amparo indirecto número 445/2014. Los citados planteamientos, analizados de manera conjunta, como lo autoriza el artículo 76 de la Ley de Amparo, se estiman infundados por las razones siguientes: Si bien es cierto, que como lo aduce la peticionaria del amparo el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, de manera voluntaria procedió al pago de la contribución cuya inconstitucionalidad se reclama; que por dicho concepto pagó la cantidad de $7,135.66 (siete mil ciento treinta y cinco pesos 66/100 moneda nacional) y que realizado el pago, la autoridad responsable expidió el recibo F-303883; también lo es, que del análisis efectuado al indicado recibo, se aprecia que la autoridad responsable, al recibir el pago de que se trata, en ningún momento aplicó como fundamento del mismo, el ordenamiento jurídico cuya inconstitucionalidad se reclama, por aplicación temática de jurisprudencia emitida por el máximo tribunal del país; es decir, la Ley del de Hacienda Municipal 667, respecto de la cual refiere vulnera la garantía de legalidad consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, puesto que no fue refrendada por el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero. En efecto, del recibo oficial F-303883, de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas, se aprecia de manera clara que el impuesto enterado no se sustentó en términos de lo dispuesto en los artículos 27 y 27 bis de la Ley de Hacienda Municipal 667, que reclama; ello es así, toda vez que del documento exhibido por la parte quejosa, se aprecia que el pago del citado impuesto, se realizó acorde a lo previsto en los artículos 31, fracción IV, 36, fracción I, 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, fracción V, 104, 106, fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; 1, 2, 3, 4, fracción I, inciso e), 5, 6, 7, 8, 9, 21 al 34, así como los artículos transitorios Primero, Quinto y Sexto, de la Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, de ahí lo infundado de su motivo de disenso. No pasa inadvertido para este Juzgador, que la Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco, hace remisión a preceptos de la Ley de Catastro, sin embargo, el artículo 25 de dicho cuerpo normativo, establece en relación a la base del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), lo siguiente: "CAPÍTULO TERCERO.--- IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES.--- SECCIÓN ÚNICA.--- SOBRE ADQUISICIONES DE INMUEBLES.--- (.).--- Artículo 25. La base del impuesto será:--- l. Tratándose de bienes inmuebles:--- a) El valor más alto que resulte de considerar entre el avalúo catastral, el avalúo con fines fiscales elaborado por peritos valuadores, autorizados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y el valor de operación.--- b) (.)" En efecto, dicha porción normativa es clara al disponer que para determinar la cuantía de la base gravable del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), se tomará como referencia el valor del inmueble, el cual será el más alto entre: 1) El avalúo catastral; 2) El avalúo fiscal elaborado por peritos valuadores; y, 3) El declarado en la operación. Es decir, la base del citado impuesto se pagará tomando en cuenta alguna de las diversas hipótesis que ahí se señalan; sin embargo, en el caso concreto, del recibo de pago correspondiente no se advierte que se hubiere aplicado en modo alguno la diversa a la 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco para el cálculo del monto pagado y tampoco se aprecia cuál de las tres hipótesis fue la que se tomó en cuenta para determinar la base del impuesto; además el artículo 5º de la Ley número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el ejercicio Fiscal dos mil dieciséis, ordenamiento jurídico que se aprecia fue invocado por la autoridad responsable en el recibo F-303883, precisa lo siguiente: "ARTÍCULO 5o. Las contribuciones que se percibirán del Impuesto Predial y del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, serán las conceptuadas por esta Ley, de acuerdo con el objeto, sujeto, base, cuota, tasa o tarifa y época de pago a que esta misma ley se refiere. Sin que lo anterior, sea óbice para que las demás contribuciones que se perciban, sean las conceptuadas por esta Ley de conformidad con lo que refiere la Ley de Hacienda Municipal Número 677, respecto al objeto, base, cuota, tasa o Tarija y época de pago." Esto es, el propio ordenamiento jurídico en cita, refiere que las contribuciones que se perciban, entre otras, por el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, serán las conceptuadas por dicha Ley, de acuerdo con el objeto, sujeto, base, cuota, tasa o tarifa y época de pago a que el mismo cuerpo normativo se refiere; lo cual implica que para su cálculo y entero, en modo alguno debe considerarse lo establecido en diverso ordenamiento jurídico, como lo pretende hacer valer la impetrante del amparo. Por tanto, si el pago que efectuó la quejosa por concepto del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, no se realizó en términos de la Ley de Hacienda Municipal 667 cuya inconstitucionalidad reclama en aplicación de jurisprudencia temática, se estima que el acto reclamado es legal y, por tanto, constitucional, al no advertirse violación manifiesta de ley que hubiere sido aplicada en su perjuicio. Asimismo, resulta ineficaz lo que aduce quejosa, en torno a que lo expuesto en su demanda, es el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión A.R.AD. 444/2012; así como el que se sostuvo por este Juzgado de Distrito al resolver el amparo directo 445/2014, en el sentido de conceder la protección federal ante la inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados, por considerar que el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero debió haber refrendado el decreto promulgatorio de la Ley de Hacienda Número 677; pues en aquellos se sometió a consideración de dicho órganos jurisdiccionales, un tema diverso (inconstitucionalidad de Leyes), al aquí abordado, lo que constituye un hecho notorio para este Juzgador al resolver en el presente juicio de garantías, acorde con lo que dispone el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2o., párrafo segundo. Orienta lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, visible a página 1199, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, Materia(s): Común, Época: Novena Época, cuyo contenido es el siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento". Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativa número 290/2016, interpuesto por Eliset Loyola González, contra la sentencia del siete de julio de dos mil dieciséis, emitida por este Juzgador en el juicio de amparo indirecto 547/2016. Finalmente, deviene ineficaz lo que aduce la peticionaria del amparo, en el sentido de que el pago de derecho por certificaciones catastrales e impuestos adicionales al ser accesorios del pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, debe correr la misma suerte. Se estima lo anterior, en tanto que su ilegalidad la hace derivar de la inconstitucionalidad del impuesto sobre adquisición de inmuebles, por la aplicación de la Ley de Hacienda Municipal 667, ordenamiento que, como ya se dijo, de manera alguna le fue aplicado; además, contrario a lo que aduce la peticionaria del amparo, el pago de derechos por la expedición de "CERTIFICADOS CATASTRALES" que debe enterarse al Municipio, se encuentra previsto el Artículo 82, fracción V, de la Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis y que dispone: "ARTÍCULO 82. Los derechos por certificaciones, copias de planos y demás servicios que proporcionen las dependencias del Ayuntamiento se pagarán conforme a la tarifa siguiente: I. (.) V. Certificados catastrales de inscripción que se expidan por la adquisición de inmuebles: a) Cuando el importe de la operación sea hasta $58,603.60 pesos; la cantidad de $350.50 pesos. b) Cuando el importe de la operación sea de $58,604.30 a $117,207.20 pesos; la cantidad de $701.00 pesos. c) Cuando el importe de la operación sea de $117,207.90 a $213,805.00 pesos; la cantidad de $1,402.00 pesos. d) Cuando el importe de la operación sea de $213,805.70 a $404,897.60 pesos; la cantidad de $2,103.00 pesos. e) Cuando el importe de la operación sea de $404,898.30 a $739,905.50 pesos; la cantidad de $2,804.00 pesos. f) Cuando el importe de la operación sea de $739,906.20 a $1,057,037.90 pesos; la cantidad de $3,505.00 pesos. g) Cuando el importe de la operación sea de más de $1,057,038.60 pesos; la cantidad $4,206.00 pesos. (.)" Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer por la peticionaria del amparo, lo que procede es negar la protección de la justicia federal solicitada. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a PATRICIA TELLEZ GÓMEZ, contra de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de la presente ejecutoria, por los motivos expuestos en el sexto considerando. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el quince de febrero de dos mil diecisiete, asistido por María del Rosario Romero Delgado, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA AUTORIZADA EL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE DICE: "...VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 11/2017. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito recibido el seis de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Patricia Tellez Gómez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que enseguida se mencionan. AUTORIDAD RESPONSABLE: Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. Secretaria de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. ACTO RECLAMADO "La aplicación de preceptos legales, declarados inconstitucionales mediante jurisprudencia temática emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber: Artículos 27 y 27 bis de la Ley de Hacienda Municipal 677 (sic)". SEGUNDO. Por acuerdo de nueve de enero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el número 11/2017; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama la aplicación de disposiciones locales por una autoridad administrativa que se encuentra en la jurisdicción territorial de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda de amparo se precisa que la parte quejosa reclama: La aplicación de los artículos 27 y 27 bis de la Ley de Hacienda Municipal Número 667 del Estado de Guerrero, en que se encuentran previstos el objeto y sujeto del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Lo anterior, a través del cobro reflejado en el recibo oficial de pago con folio F 303883, de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. Sin que pase inadvertido, que la parte quejosa en sus conceptos de violación, refiere que tal entero es inconstitucional porque tiene su fundamento en una ley que de acuerdo a la jurisprudencia temática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vulnera el derecho fundamental de la legalidad tributaria, porque no fue debidamente refrendada por el funcionario al que le correspondía; sin embargo, para abordar aquella cuestión primeramente deberá dilucidarse si efectivamente quedó demostrado el acto que se reputa como el de aplicación de los ordinales invocados, para posteriormente verificar si aquél entero tuvo sustento en dichos dispositivos y finalmente, si sobre el particular es aplicable la jurisprudencia temática invocada por la parte quejosa como sustento de su reclamo. Lo anterior, tomando en consideración que la aplicación de la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un caso concreto, aun cuando se refiera a la inconstitucionalidad de leyes o la interpretación directa de la Constitución, sólo representa una cuestión de legalidad en acatamiento de lo establecido por el artículo 192 de la Ley de Amparo, porque ello no lleva implícito un nuevo estudio constitucional, de ahí que el análisis de la cuestión planteada deba atenderse conforme al método de estudio señalado en líneas precedentes. TERCERO. La quejosa bajo protesta de decir verdad, se ostentó sabedora del acto reclamado el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis; en ese sentido, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del veinte de diciembre de dos mil dieciséis al nueve de enero de dos mil diecisiete (descontados los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de diciembre de dicha anualidad, así como uno, siete y ocho de enero del año en curso, por haber sido inhábiles); de ahí que, al haberse presentado la demanda de amparo el seis de enero de dos mil diecisiete, según consta en la papeleta de turno que expide la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO.- Las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes con justificación, en torno al acto reclamado aceptaron que la quejosa realizó el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Máxime que como lo indicó el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en el toca amparo en revisión administrativa número 117/2016, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el diverso juicio de amparo 1223/2015 del índice de este tribunal que se invoca como hecho notorio, la aplicación de los preceptos legales reclamados, se materializa a través del pago que quedó plasmado en el recibo número F-303883 expedido el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, por la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, documento que fue exhibido en copia certificada por la aquí quejosa y dada su naturaleza tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, y que es suficiente para acreditar que a la impetrante le fueron cobrados respectivamente, entre otros conceptos, los siguientes: "IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES", "IMP. ADIC. PROEDUCACIÓN Y ASISTENCIA SOC" y "CERTIFICADOS CATASTRALES 5 SMD". Una vez acreditado el entero que efectuó la quejosa como autoliquidación del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, procede ahora verificar si ese proceder producto de la propia voluntad de la solicitante del amparo se encuentra regulado por las disposiciones legales cuya aplicación reclama, o en su defecto, determinar la consecuencia que trae aparejada la falta de demostración de dicho extremo. QUINTO. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, las autoridades responsables sostienen que en el caso se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones XIII y XXIII, del artículo 61; en relación con el diverso ordinal 108, fracciones VI y VIII, ambos de la Ley de Amparo. Así las cosas, tales hipótesis de improcedencia se estiman infundadas, ya que no es factible sostener su actualización, tomando en consideración que la litis en esta instancia no versa sobre la constitucionalidad de una norma general, sino exclusivamente respecto del acto de aplicación ulterior de dicha norma, de modo que los efectos de la sentencia únicamente se ciñen a este último contenido en el recibo de pago exhibido, respecto del cual, como se estipuló en el considerando tercero, la interposición de la demanda de amparo fue oportuna. Lo anterior revela entonces que aun y cuando se acreditan los enteros previos que adujo la autoridad responsable, efectuó la parte quejosa por concepto de impuesto predial, de todos modos ello no impide a la solicitante del amparo obtener la protección de la justicia federal, porque sus efectos se circunscribirán exclusivamente al acto concreto que no constituye el primero en la aplicación de la norma, y en el caso, las causas de improcedencia invocadas están relacionadas con la procedencia del juicio de amparo en tratándose de normas generales; de ahí que por ejemplo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la procedencia del amparo sin que obste que se trate del segundo o ulteriores actos de aplicación de la ley, cuando el acto ulterior de aplicación se funda en una norma declarada inconstitucional, pues ya no se analizará la constitucionalidad de la ley sino la del acto de aplicación. En relación con la última de las causales de improcedencia en estudio, la cual a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de garantías, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional; por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Uno de los cuales es el que se deriva del numeral 108, fracciones VI y VIII, de la ley de la materia, que establece la obligación a cargo de todo peticionario de garantías de expresar en su demanda los preceptos que, conforme al artículo 1º de la propia ley de la materia, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame, así como los conceptos de violación tendientes a controvertir la constitucionalidad del acto reclamado, en virtud de que es éste en el que la parte promovente mediante la exposición de hechos, argumentos y razonamientos establece las violaciones de garantías que le causan los actos reclamados. Si se omite expresar los conceptos de violación o sólo se combate el acto reclamado aduciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas no constituyen una verdadera expresión de verdaderos conceptos de violación a que se refiere el artículo invocado, supuesto en el cual, el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede examinar la regularidad constitucional del acto reclamado. Sin embargo, en el caso no se advierte que la parte quejosa hubiera dejado de observar tales requisitos en su demanda de amparo, habida cuenta que sobre el particular se observa cuál es el precepto constitucional que contiene el derecho sustantivo que se estima violentado (artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna), así como la causa en la que se sustenta lo pedido, esto es, por qué estima inconstitucionales los preceptos legales que se reclaman en esta instancia constitucional, como se expondrá en el considerando siguiente en el que se precisen los conceptos de violación que hace valer. Al no existir otras causas de improcedencia propuestas por las partes, ni alguna otra que deba estudiarse de oficio, se procede al estudio del acto reclamado al tenor de los conceptos de violación que se proponen. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. En su único motivo de disenso la peticionaria del amparo aduce esencialmente que: Los artículos 27 y 27 bis de la Ley de Hacienda Municipal 667, vulneran la garantía de legalidad, consagrada en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que dicha ley no fue refrendada por el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero, por lo que dicha ley no cumple con uno de los requisitos para la formación válida del acto legislativo, por lo que estima que el acto reclamado deviene inconstitucional, en tanto que el cobro de la contribución respectiva se fundó, evidentemente, en los artículos 27 y 27 bis de la Ley de Hacienda Municipal 667 (No refiere la Ley de Ingresos). Que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la legislación del Estado de Quintana Roo, determinó que "un decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado debe refrendarlo también el Secretario de Hacienda del Estado, conforme al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, y de no hacerse así, no satisface uno de los requisitos para la formación válida del citado acto legislativo", lo que tiene sustento en la jurisprudencia 2ª./J. 95/2011 del índice de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro: "REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CORRESPONDE AL SECRETARIO DE GOBIERNO Y AL FUNCIONARIO DEL RAMO RELATIVO." Que ante la evidente inconstitucionalidad de la contribución controvertida, procede idéntica declaración respecto de los accesorios. Refiere que el criterio que expone en su demanda, es el que sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el A.R.AD. 444/2012; y este Juzgado de Distrito al resolver el amparo indirecto número 445/2014. Los citados planteamientos, analizados de manera conjunta, como lo autoriza el artículo 76 de la Ley de Amparo, se estiman infundados por las razones siguientes: Si bien es cierto, que como lo aduce la peticionaria del amparo el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, de manera voluntaria procedió al pago de la contribución cuya inconstitucionalidad se reclama; que por dicho concepto pagó la cantidad de $7,135.66 (siete mil ciento treinta y cinco pesos 66/100 moneda nacional) y que realizado el pago, la autoridad responsable expidió el recibo F-303883; también lo es, que del análisis efectuado al indicado recibo, se aprecia que la autoridad responsable, al recibir el pago de que se trata, en ningún momento aplicó como fundamento del mismo, el ordenamiento jurídico cuya inconstitucionalidad se reclama, por aplicación temática de jurisprudencia emitida por el máximo tribunal del país; es decir, la Ley del de Hacienda Municipal 667, respecto de la cual refiere vulnera la garantía de legalidad consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, puesto que no fue refrendada por el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero. En efecto, del recibo oficial F-303883, de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas, se aprecia de manera clara que el impuesto enterado no se sustentó en términos de lo dispuesto en los artículos 27 y 27 bis de la Ley de Hacienda Municipal 667, que reclama; ello es así, toda vez que del documento exhibido por la parte quejosa, se aprecia que el pago del citado impuesto, se realizó acorde a lo previsto en los artículos 31, fracción IV, 36, fracción I, 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, fracción V, 104, 106, fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; 1, 2, 3, 4, fracción I, inciso e), 5, 6, 7, 8, 9, 21 al 34, así como los artículos transitorios Primero, Quinto y Sexto, de la Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, de ahí lo infundado de su motivo de disenso. No pasa inadvertido para este Juzgador, que la Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco, hace remisión a preceptos de la Ley de Catastro, sin embargo, el artículo 25 de dicho cuerpo normativo, establece en relación a la base del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), lo siguiente: "CAPÍTULO TERCERO.--- IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES.--- SECCIÓN ÚNICA.--- SOBRE ADQUISICIONES DE INMUEBLES.--- (.).--- Artículo 25. La base del impuesto será:--- l. Tratándose de bienes inmuebles:--- a) El valor más alto que resulte de considerar entre el avalúo catastral, el avalúo con fines fiscales elaborado por peritos valuadores, autorizados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y el valor de operación.--- b) (.)" En efecto, dicha porción normativa es clara al disponer que para determinar la cuantía de la base gravable del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), se tomará como referencia el valor del inmueble, el cual será el más alto entre: 1) El avalúo catastral; 2) El avalúo fiscal elaborado por peritos valuadores; y, 3) El declarado en la operación. Es decir, la base del citado impuesto se pagará tomando en cuenta alguna de las diversas hipótesis que ahí se señalan; sin embargo, en el caso concreto, del recibo de pago correspondiente no se advierte que se hubiere aplicado en modo alguno la diversa a la 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco para el cálculo del monto pagado y tampoco se aprecia cuál de las tres hipótesis fue la que se tomó en cuenta para determinar la base del impuesto; además el artículo 5º de la Ley número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el ejercicio Fiscal dos mil dieciséis, ordenamiento jurídico que se aprecia fue invocado por la autoridad responsable en el recibo F-303883, precisa lo siguiente: "ARTÍCULO 5o. Las contribuciones que se percibirán del Impuesto Predial y del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, serán las conceptuadas por esta Ley, de acuerdo con el objeto, sujeto, base, cuota, tasa o tarifa y época de pago a que esta misma ley se refiere. Sin que lo anterior, sea óbice para que las demás contribuciones que se perciban, sean las conceptuadas por esta Ley de conformidad con lo que refiere la Ley de Hacienda Municipal Número 677, respecto al objeto, base, cuota, tasa o Tarija y época de pago." Esto es, el propio ordenamiento jurídico en cita, refiere que las contribuciones que se perciban, entre otras, por el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, serán las conceptuadas por dicha Ley, de acuerdo con el objeto, sujeto, base, cuota, tasa o tarifa y época de pago a que el mismo cuerpo normativo se refiere; lo cual implica que para su cálculo y entero, en modo alguno debe considerarse lo establecido en diverso ordenamiento jurídico, como lo pretende hacer valer la impetrante del amparo. Por tanto, si el pago que efectuó la quejosa por concepto del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, no se realizó en términos de la Ley de Hacienda Municipal 667 cuya inconstitucionalidad reclama en aplicación de jurisprudencia temática, se estima que el acto reclamado es legal y, por tanto, constitucional, al no advertirse violación manifiesta de ley que hubiere sido aplicada en su perjuicio. Asimismo, resulta ineficaz lo que aduce quejosa, en torno a que lo expuesto en su demanda, es el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión A.R.AD. 444/2012; así como el que se sostuvo por este Juzgado de Distrito al resolver el amparo directo 445/2014, en el sentido de conceder la protección federal ante la inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados, por considerar que el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero debió haber refrendado el decreto promulgatorio de la Ley de Hacienda Número 677; pues en aquellos se sometió a consideración de dicho órganos jurisdiccionales, un tema diverso (inconstitucionalidad de Leyes), al aquí abordado, lo que constituye un hecho notorio para este Juzgador al resolver en el presente juicio de garantías, acorde con lo que dispone el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2o., párrafo segundo. Orienta lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, visible a página 1199, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, Materia(s): Común, Época: Novena Época, cuyo contenido es el siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento". Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativa número 290/2016, interpuesto por Eliset Loyola González, contra la sentencia del siete de julio de dos mil dieciséis, emitida por este Juzgador en el juicio de amparo indirecto 547/2016. Finalmente, deviene ineficaz lo que aduce la peticionaria del amparo, en el sentido de que el pago de derecho por certificaciones catastrales e impuestos adicionales al ser accesorios del pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, debe correr la misma suerte. Se estima lo anterior, en tanto que su ilegalidad la hace derivar de la inconstitucionalidad del impuesto sobre adquisición de inmuebles, por la aplicación de la Ley de Hacienda Municipal 667, ordenamiento que, como ya se dijo, de manera alguna le fue aplicado; además, contrario a lo que aduce la peticionaria del amparo, el pago de derechos por la expedición de "CERTIFICADOS CATASTRALES" que debe enterarse al Municipio, se encuentra previsto el Artículo 82, fracción V, de la Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis y que dispone: "ARTÍCULO 82. Los derechos por certificaciones, copias de planos y demás servicios que proporcionen las dependencias del Ayuntamiento se pagarán conforme a la tarifa siguiente: I. (.) V. Certificados catastrales de inscripción que se expidan por la adquisición de inmuebles: a) Cuando el importe de la operación sea hasta $58,603.60 pesos; la cantidad de $350.50 pesos. b) Cuando el importe de la operación sea de $58,604.30 a $117,207.20 pesos; la cantidad de $701.00 pesos. c) Cuando el importe de la operación sea de $117,207.90 a $213,805.00 pesos; la cantidad de $1,402.00 pesos. d) Cuando el importe de la operación sea de $213,805.70 a $404,897.60 pesos; la cantidad de $2,103.00 pesos. e) Cuando el importe de la operación sea de $404,898.30 a $739,905.50 pesos; la cantidad de $2,804.00 pesos. f) Cuando el importe de la operación sea de $739,906.20 a $1,057,037.90 pesos; la cantidad de $3,505.00 pesos. g) Cuando el importe de la operación sea de más de $1,057,038.60 pesos; la cantidad $4,206.00 pesos. (.)" Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer por la peticionaria del amparo, lo que procede es negar la protección de la justicia federal solicitada. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a PATRICIA TELLEZ GÓMEZ, contra de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de la presente ejecutoria, por los motivos expuestos en el sexto considerando. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el quince de febrero de dos mil diecisiete, asistido por María del Rosario Romero Delgado, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; trece de febrero de dos mil diecisiete. Agréguense a sus autos el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia, se tienen por hechas las manifestaciones que realiza en relación con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y con ellas dése cuenta en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintisiete de enero de dos mil diecisiete. Agréguese lo de cuenta; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Secretario de Administración y Finanzas del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; asimismo, téngasele por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como sus delegados en términos del numeral 9 de la ley de la materia a las personas que designa.
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