Patricia Susana González Vargas

Expediente 754/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
754/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
19/03/2021

Partes del expediente

  • Patricia Susana González Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento con el cual acusa recibo del oficio con el que se le remitió las documentales que allegó a este juzgado; por tanto, se ordena que obre como constancia, en razón de que el presente asunto se encuentra totalmente concluido. Cúmplase.

  2. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario el tomo de constancias formado con motivo de las copias certificadas que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, devuélvanse dichas constancias para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obren los acuses de recibo de los oficios 3949/2021 y 3950/2021, con los que les fue notificado el sobreseimiento dictado en el presente juicio al Juez Primero Mixto, Familiar y Civil en Manzanillo, Colima y al Secretario Actuario Adscrito a la Oficina de Servicios Comunes del Tercer Partido Judicial en el Estado de Colima, pues la parte a quien le podría afectar la sentencia sería al quejoso, quien no interpuso recurso de revisión en su contra. Sustenta lo anterior por identidad de razones la jurisprudencia número P./J. 14/2018, que dice: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL TERCERO INTERESADO NO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER ESE RECURSO, CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO OMITIÓ EL ESTUDIO DE LOS PLANTEAMIENTOS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL QUEJOSO. Conforme a los artículos 5o., fracción III, y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, el tercero interesado tiene legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en un juicio de amparo directo, cuando subsista el estudio de un tema propiamente constitucional, la cual se encuentra condicionada a que dicha sentencia irrogue una afectación directa a su esfera jurídica; por tanto, no está legitimado para interponer ese recurso contra la omisión del Tribunal Colegiado de Circuito de estudiar los planteamientos del quejoso que cuestionan la constitucionalidad de un precepto determinado, pues esa omisión sólo perjudica a quien los formula, es decir, a este último, además de que el derecho de expresar esos argumentos en la demanda de amparo se origina con la aplicación del precepto referido, en perjuicio del quejoso." Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el veinte de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se sobreseyó el juicio; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia del presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, la Secretaria deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa, la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado.

  3. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual el Juez Primero Mixto Familiar y Civil del Tercer Partido Judicial en el Estado de Colima, refiere dar contestación al oficio 2272/2021, remitido por este juzgado, y al efecto anexa las copias certificadas relativas al expediente ***, que contiene la notificación a la demandada ***, del acuerdo de trece de marzo de dos mil veinte, de las que se evidencia que han cesado las omisiones que reclamó la quejosa en la demanda que dio origen al presente juicio; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, para determinar lo que en derecho corresponda, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador advierte de manera notoria la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley en cita, que determina el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia, como lo señala el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley. Al efecto, resulta aplicable el criterio jurisprudencial 2a./J.10/2003, que derivó de la contradicción de tesis 26/200-PL, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386. Para sustentar lo anterior, es oportuno trascribir el contenido del numeral de referencia: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que en consecuencia, impugna a través del mismo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la paralización definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos de dicho acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, en virtud de que la quejosa reclama la omisión del Juez Primero Mixto Civil y Familiar y el Secretario Actuario Adscrito a la Oficina de Servicios Comunes, ambos del Tercer Partido Judicial con sede en Manzanillo, Colima, de notificar el acuerdo de fecha trece de marzo de dos mil veinte del expediente ***; sin embargo, tal como se precisó al inicio del presente acuerdo, la responsable ya notifico el respectivo acuerdo a la tercera interesada. Situación que se corrobora del análisis de las constancias remitidas por el Juez responsable, de donde se desprende que el siete de diciembre de dos mil veinte, se notificó el citado acuerdo a la parte demandada en el juicio de origen, Alma Delia López Mejía, lo que además fue notificado a dicha parte personalmente, como se corrobora de la cedula de notificación anexada. Por lo que al haberse notificado el multicitado acuerdo del juicio señalado del que deriva el acto reclamado a la parte demandada en el juicio de origen, es evidente que se colmó la omisión reclamada, cesando sus efectos, desapareciendo del mundo fáctico y jurídico, así como sus consecuencias; cesación de efectos que trajo consigo que volvieran las cosas al estado que guardaban antes de la vulneración a sus derechos fundamentales. Con lo anterior, la esfera jurídica de la parte quejosa quedó intocada como si el acto reclamado nunca se hubiese desarrollado, de ahí la actualización de la causal de improcedencia en estudio. En estas condiciones, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo en términos del diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley. Corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causa de sobreseimiento indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causas de sobreseimiento), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho fundamental al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales relativos. En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando éstos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Es de señalarse, que algunas de las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de esta resolución, aun cuando se refieran a la Ley de Amparo abrogada, resultan aplicables de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se oponen a esta última. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por ***, por conducto de su apoderada judicial ***. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta y siete minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese la circunstancia anterior a la autoridad señalada como responsable para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

  4. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo, toda vez que no han sido recibidas las constancias del expediente **, solicitadas a la autoridad responsable Juez Primero Mixto, Familiar y Civil de Manzanillo, Colima, en proveído de veintisiete del actual; por ello, y a efecto de que se cumpla el requerimiento formulado, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con cincuenta y siete minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista.

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