Patricia Suárez Luna

Expediente 720/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
720/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
07/10/2021

Partes del expediente

  • Patricia Suárez Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron al auto dictado el diez de septiembre del año en curso, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la parte quejosa y la autoridad responsable, fueron notificadas el diez y trece de septiembre del año en curso, quedando comprendido dicho plazo del trece al veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es depurable, toda vez que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio 53/2021, signado por el Actuario adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad; a través del cual remite el diverso S.S.P.M./A.J./1911/2021, en el que el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, rinde su informe justificado; memorial que únicamente se ordena agregar a los presentes autos para que obre como constancia, toda vez que en auto de diez de septiembre del año que transcurre se resolvió el presente juicio de garantías.

  3. Principal

    Se tienen recibidos los oficios signados por el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad; a través de los cuales, en el primero rinde de nueva cuenta informe respecto de la suspensión de plano otorgada en auto de dos de septiembre del año en curso; comunicado que únicamente se agrega a los presentes autos para que obre como constancia, en virtud de haber sido recibido en proveído de siete del referido mes y año. Por otra parte, respecto del segundo de los comunicados, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante rindiendo su informe justificado; cuyo contenido se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se reciben las pruebas documentales que anexa la autoridad responsable a su informe de cuenta, las que serán tomadas en consideración en su oportunidad. Respecto al domicilio y a los delegados a que hace referencia la autoridad oficiante, se deberá estar a lo acordado en auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se proveyó al respecto. Ahora bien, del análisis practicado a las constancias que integran el presente expediente, se obtiene que, en la especie, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no es factible examinarlo en razón de que ya no puede surtir efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Por consiguiente, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Acude en apoyo de la anterior consideración, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO EN QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Así también, tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE EXPLICA. En la demanda de amparo que dio origen a este juicio, la quejosa Patricia Suárez Luna, reclamó la privación de su libertad e incomunicación de la que dijo ser objeto por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad. Mediante diversos comunicados, el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, rindió su informe al respecto, y ofreció, entre otras, las siguientes pruebas documentales: 1. Acta de remisión de detenido número 6943, marcada como hecho 344178, signada a las ocho horas con diez minutos del dos de septiembre de dos mil veintiuno, respecto de la aquí quejosa, por infracciones contra la tranquilidad y seguridad de las personas "alterar el orden público". 2. Examen médico practicado a la quejosa por el doctor Enrique Calderón Lizalde (cédula profesional 1625998), en el que se determinó: "consciente, tranquila, orientada en tres esferas de la conciencia, cooperadora al interrogatorio, exploración física presenta: pupilas normales, conjuntiva normales, lenguaje normal, reflejos osteotendinosos normales. A la exploración física complementaria: no presenta huellas de lesiones físicas recientes. Es resto es normal. IDX- Clínicamente; SANO SIN LESIONES." 3. Informe policial homologado en el que se pone a la quejosa a disposición del Juez de Barandilla, por "alterar el orden público". 4. Recibo de pago con número de folio 350604, expedido por la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal, con sede en esta ciudad, por la cantidad de $627.34 (seiscientos veintisiete pesos 34/100 moneda nacional) por concepto de pago multa detenidos. 5. Boleta de libertad signada por el Juez de Barandilla del Municipio de Mazatlán, con sede en esta ciudad, a favor de Patricia Suárez Luna, con número de folio 35060 de la que se desprende que a las veintidós horas con cincuenta y seis minutos del dos de septiembre de dos mil veintiuno, se liberó a la quejosa. Así, de la valoración conjunta de las documentales públicas de mérito -las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2° se desprende que la quejosa Patricia Suárez Luna, fue detenida las ocho horas con diez minutos del dos de septiembre del año en curso, y fue puesta a disposición del Tribunal de Barandilla de este Municipio, por "infracciones contra la tranquilidad y seguridad de las personas (alterar el orden público)", y a las a las veintidós horas con cincuenta y seis minutos de la misma data, fue puesta en libertad. En esa tesitura, la obtención de libertad por parte de la directa quejosa, pone de manifiesto la cesación en los efectos de la privación de la libertad y eventual incomunicación reclamadas, lo que hace improcedente la acción de amparo porque incluso de otorgarse la protección constitucional, por la propia naturaleza de esos actos, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ni restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho violado. Por consiguiente, resulta innecesario esperar a la fecha en que tenga verificativo la audiencia constitucional, para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que se examinó; por ende, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto del acto que en esta vía se reclama, y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Da apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Sin que sea óbice a lo anterior, la falta de pronunciamiento de la quejosa respecto a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable en el escrito de demanda Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ya que al haber cesado los efectos del acto reclamado, resulta infructuosa el desahogo de la vista de referencia.

  4. Principal

    De conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene recibido el oficio signado por el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Seguridad Pública del Municipio de Mazatlán en representación de su titular; por medio del cual rinde informe a la suspensión de plano; memorial que se ordena agregar en autos para que obre como corresponda, cuyo contenido se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Por lo que respecta al domicilio y a los delegados a que hace referencia la autoridad oficiante, se deberá estar a lo acordado en auto de dos de los que cursan, en el que se proveyó al respecto. Por otra parte, se tiene a la autoridad oficiante informando que la autoridad señalada como responsable por Juan Saldaña Rodríguez, en representación de Patricia Suárez Luna, bajo la denominación Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, no existe. En tal virtud, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contado legalmente, manifieste lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo se tendrá a dicha autoridad como no llamada al sumario en que se actúa.

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