Patricia Silva Peñuñuri
Expediente 209/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 209/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 02/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Patricia Silva Peñuñuri
- Segunda Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, dos de junio de dos mil veintidós. Estado de los autos. Visto lo de cuenta, de lo cual se advierte que en el cuaderno principal de este incidente se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa. Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se negaron las medidas cautelares. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Incorporación de escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado electrónicamente por la autorizada legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita se le conceda el acceso al expediente electrónico; sin embargo, no proporcionó nombre de usuario para tal efecto, asimismo, como se asentó en la certificación de cuenta, la citada autorizada legal cuenta con dos usuarios registrados en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En esa virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, una vez que precise el nombre de usuario con el que desea se autorice acceso al expediente electrónico, se proveerá lo conducente. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con diecinueve minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y el informe con justificación rendido por la responsable; a lo que el juez acuerda: téngase por realizada la certificación que antecede. Asimismo, se da cuenta con el estado de los autos; a lo que el juez acuerda: revisado el estado de autos, se advierte que en proveído de cinco de abril de la presente anualidad, se reconoció el carácter de tercero interesado a Pablo Moraila Peñúñuri, siendo el nombre correcto el de Pablo Moraila Rodríguez, asimismo se omitió notificar en forma personal dicha determinación; no obstante, lo anterior no constituye obstáculo para la celebración de la presente audiencia, pues no se está en el caso de diferir la audiencia constitucional, dado el sentido que regirá el presente fallo, pues con ello a dicha persona no se le causará perjuicio, aunado a que mediante escrito recibido el ocho del mes y año que transcurre, el autorizado legal formuló alegatos. Resulta aplicable, de conformidad con el artículo sexto transitorio, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 531, visible en la página trecientos cuarenta y nueve, del Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época, Apéndice de 1995, cuyo rubro señala: "TERCERO PERJUDICADO. FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ". Asimismo, es aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia por reiteración número VI.T. J/1 (10a.) emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. SI LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA SE LIMITAN A AMPARAR AL QUEJOSO PARA QUE LA RESPONSABLE REALICE DETERMINADOS ACTOS PROCESALES Y DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, AQUÉL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, PUES ELLO NO LE CAUSA PERJUICIO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 90/2010)." A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y la secretaria da cuenta con las documentales que exhibió la autoridad responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitido y desahogado por su especial naturaleza el aludido medio de convicción. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, la secretaria hace constar que el autorizado legal de la tercera interesada los formuló. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día hábil siguiente, por razón de turno, a este juzgado, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama de la Segunda Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Por proveído de uno de marzo siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveído de cinco de abril de la presente anualidad, se le reconoció a Pablo Moraila Peñuñuri (sic) -lo correcto es Pablo Moraila Rodríguez- el carácter de tercero interesado, quien previamente se había apersonado al sumario, por lo que se le tuvo por designado domicilio y autorizados legales. Finalmente, se celebró audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que el acto reclamado se pretende ejecutar en la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La determinación emitida en el toca 175/2021, el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, mediante la cual la Sala responsable confirmó el proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno, emitido por la juez Primero de Primera Instancia de lo Civil, en el cual aprobó el remate en primera almoneda celebrado en el juicio hipotecario 163/2018. III. Certeza del acto reclamado Es cierto el acto atribuido a la Segunda Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir informe con justificación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la veracidad del acto combatido se acredita con las documentales que al efecto acompañó a su informe, consistentes en copia certificada de las constancias que integran el toca 175/2021 de su control, así como el juicio hipotecario 163/2018 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil, con residencia en esta ciudad; documentales a la que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Causas de improcedencia Definida la certeza de los actos reclamados, a continuación es menester examinar si resulta procedente la acción de amparo, dado que en caso de no ser así, las causas de improcedencia son de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto. En ese sentido, este juzgado federal advierte de oficio que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el precepto 107 fracción IV, párrafo tercero, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, ya que la resolución reclamada no es la última dictada dentro del procedimiento de remate. En el segundo de tales preceptos se prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada dentro del procedimiento de remate, definida como aquella que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2015, emitió la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." En la ejecutoria que dio origen al citado criterio, el Alto Tribunal dejó sentado que la última resolución en el procedimiento de remate, no es la que lo aprueba o lo desaprueba, porque no pone fin a ese procedimiento, sino aquella que ordena en forma definitiva la escrituración, o bien, la entrega del bien inmueble rematado, ya que ambas órdenes constituyen efectos connaturales al acto de adjudicación, por lo que resulta indistinto que se ordene únicamente la escrituración o bien la entrega del bien para estimar actualizada la última resolución del remate. En el presente caso, la sentencia reclamada no constituye la última resolución dictada dentro de ese procedimiento, pues no se ordenó en forma definitiva la adjudicación mediante escritura o la entrega del bien rematado, pues se itera, sólo se confirmó la diversa en que se aprobó la determinación adoptada en la audiencia de remate de nueve de abril de dos mil veintiuno. Como se ve, la sola emisión del acuerdo aprobando el remate y la adjudicación a favor de la parte actora no posibilita al ejecutante a materializar los efectos de la adjudicación, porque está condicionada a que se designe notario, por lo que será hasta que el juez ordene la elaboración de la escritura correspondiente, una vez que el actor lo designe, lo cual culminará con el procedimiento de remate. Máxime que en la determinación confirmada por la alzada, la juez de origen se limitó a aprobar el remate de un inmueble, sin hacer pronunciamiento relativo alguno al otorgamiento de escritura pública inherente a la adjudicación (verbigracia, que se requiera a la ejecutada firme el instrumento notarial correspondiente con apercibimiento de firma judicial en rebeldía) y/o entrega de los bienes rematados, supuestos de procedencia del juicio constitucional conforme al numeral 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. De ahí que no pueda estimarse que la resolución reclamada, satisfaga las características establecidas en la ley y su interpretación jurídica, para considerarla como la última resolución dictada en el procedimiento de remate. En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, lo que obliga a sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado a Segunda Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, consistente en la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca civil 175/2021, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa, contra del auto que aprobó el remate judicial en el juicio especial hipotecario 163/2018. En tal sentido, se concluye que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, no constituye la última resolución para efectos de la procedencia del juicio de garantías. Se invoca la tesis jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el precepto 107 fracción IV, párrafo tercero, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio, en términos del numeral 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. En consecuencia, atendiendo al sentido de la presente sentencia, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la quejosa, pues cuando se acredita una causa de sobreseimiento del juicio (como ocurrió en el presente caso), no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendentes a demostrar la violación de derechos fundamentales por los actos reclamados de la autoridad responsable, lo que atañe al problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia II.3o. J/58, sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, respecto a los alegatos formulados por la parte tercera interesada, indíquesele que la Ley de Amparo no exige su análisis, ya que no forman parte de la litis constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, lo que procede es sobreseer en el juicio a su respecto. Decisión En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia analizada con antelación, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto precisado en el apartado II del presente fallo, por las razones expuestas en el considerando IV. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta que suscribe la parte tercero interesado, por medio del cual hace diversas manifestaciones; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que vierte en su escrito en los términos que indica sin perjuicio de hacer relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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