Patricia Serrano Rabadán
Expediente 38/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 38/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Patricia Serrano Rabadán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, PROCEDO A NOTIFICAR POR LISTA Y POR LISTA EN PÁGINA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA PATRICIA SERRANO RABADÁN, EL ACUERDO DE VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, EMITIDOPOR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON SEDE EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 38/2019-VI-B. "...Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo. Cabe precisar que el presente expediente carece de relevancia documental. Ahora bien, como en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger dichos papeles; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a depurarlos..."
- Principal
... lo que PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA EN ESTUDIO, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia Notifíquese y personalmente a la parte promovente en el domicilio que señalo en su demanda.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, PROCEDO A NOTIFICAR POR LISTA Y POR LISTA EN PÁGINA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, EMITIDO POR EL JUEZ SE...Ver Síntesis completa Agréguese la comparecencia de la parte promovente, por medio de la cual ratifica el contenido y firma de la promoción con el número de registro interno 1209; mediante la cual da cumplimiento a la prevención contenida en proveído de catorce de enero de los cursantes. Ahora bien, del análisis integral se advierte la inconformidad de la quejosa con el contrato de compra-venta, exhibido como documento base de la acción en los juicios 539/2017 del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México; 770/2018 del índice del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Tlalnepantla México y 275/2018 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México. Documento que se ha presentado de manera dolosa y con mala fe, para engañar al Juez Civil. DESECHAMIENTO. Lo anterior, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1 fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos y omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad, responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". De los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para determinar los actos susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, el último de los preceptos invocados señala que deben imputarse a la autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, a la que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación , de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." El elemento que define en qué casos se está en presencia de un acto de autoridad es su naturaleza, en tanto afecte la situación jurídica de un particular además de que sea realizado con motivo de relaciones de supra a subordinación, que son las que se dan entre gobernantes y gobernados, en donde los primeros desempeñan frente a los segundos, actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad (su existencia depende solo de la autoridad), imperatividad (se impone aun contra la voluntad del gobernado) y, coercitividad (no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública). De igual manera, existen las relaciones de coordinación, en las cuales, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para dirimir las controversias que se suscitan entre ellas y ambas partes estarán en el mismo nivel. Entonces, para determinar si lo reclamado es susceptible de analizarse en el juicio de amparo, deberá examinarse, en principio, el tipo de relación jurídica establecida a fin de determinar si ésta se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y que el ente al que se atribuye el acto reclamado actúe en un plano superior. Es pertinente señalar que si bien se señalan como responsables a autoridades jurisdiccionales, también lo es, que la promovente no señala ninguna actuación emanada de estas; pues precisa al aclarar la demanda que estas han sido receptoras del documento, al que le atribuye anomalías y lo califica de falso o nulo. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo se debe tener en cuenta lo siguiente: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Lo anterior, se desprende de la tesis 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." También la Ley de Amparo establece que un particular puede tener esa calidad, por actos equivalentes que afecten derechos y su función este determinada en una norma general, lo que no ocurre cuando se celebran contratos entre particulares Por tanto, del análisis de los artículos anteriormente trascritos, se advierte que lo reclamado no puede considerase como un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, virtud a que carece de la relación de supra a subordinación que debe revestir a éstos para ser considerado un acto impugnable a través del juicio de amparo. Ni se trata de un acto equivalente al de autoridad Lo anterior es así, en virtud que se considera como autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; sin embargo, la parte quejosa se duele sustancialmente de haber aceptado como documento base de la acción el contrato de compra-venta celebrado con la actora en los juicios de origen, el cual no conlleva la unilateralidad y obligatoriedad que se refiere en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, pues la celebración de ese acto, no constituye una relación de supra a subordinación, sino una manifestación exteriorizada de la voluntad de las partes. En consecuencia, al no ser el amparo la vía idónea para solicitar la nulidad del contrato de compra-venta de que se duele la quejosa, se configura la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA EN ESTUDIO, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia
- Principal
Agréguese la promoción y comparecencia de la parte quejosa, mediante el cual pretende desahogar el requerimiento de catorce de los actuales, y toda vez que de manera evidente se advierte falta de identidad entre la firma que aparece en dicho escrito, la comparecencia y la plasmada en la demanda, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado con identificación oficial a ratificar tanto la firma, como el contenido del ocurso registrado con el folio 1209; apercibiéndola, que para el caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado. Lo anterior sin perjuicio de que, si al ratificar la firma del ocurso en cita, se advierta una diferencia notoria entre ésta y las plasmadas en la demanda, así como en la diligencia de ratificación, este órgano podrá ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad y con ello, la procedencia del juicio de amparo. Determinación que guarda sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.), de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal en el país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 09 de junio de 2017 10:15 h, de rubro y texto siguientes: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada."
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