Patricia Sánchez Martinez

Expediente 631/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el estado de Nuevo León. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
631/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
14/12/2018

Partes del expediente

  • Patricia Sánchez Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO.

  2. Principal

    SE AGREGA SIN MAYOR PRONUNCIAMIENTO OFICIO

  3. Principal

    QUEJOSA OFRECE PRUEBAS Y FORMULA ALEGATOS

  4. Principal

    Monterrey, Nuevo León, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos del presente juicio de amparo el escrito de aclaratorio del diverso de ampliación de demanda presentado por Alejandro López Valdés, en representación de Jorge de la Fuente Quintero y Hortensia Patricia Iglesias Cantú; al efecto, se provee: En primer lugar, se determina la procedencia o no de la ampliación de demanda de amparo, de conformidad con los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, numeral último que faculta al Juez de Distrito a determinar si da trámite a las demandas de amparo recibidas, o bien, desecharlas, siempre y cuando advierta una causal de improcedencia que sea manifiesta e indudable. Pues bien, la jurisprudencia de los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación, ha determinado que por "manifiesto" debe entenderse aquello que se da a conocer y por "indudable" lo que resulta evidente y fuera de duda. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registro 180663, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Materia(s): Común, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631, cuyo rubro y texto disponen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Así como en la jurisprudencia número 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 188643, Novena Época, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 128/2001, Página: 803, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En el caso, se actualiza de oficio la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad antes de acudir a promover esta acción de control constitucional, es decir, no ejerció el recurso, juicio o medio de defensa legal ordinario que puede modificar, revocar o nulificar los actos reprochados. El referido precepto prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." De inicio, debe establecerse que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de los derechos humanos y derechos fundamentales de los gobernados, motivo por el cual, su estructura se funda en principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Tales principios generales se hayan instituidos en el dispositivo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se recoge el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. El principio de definitividad guarda como propósito que el promovente del juicio de amparo agote los recursos ordinarios o medios de defensa legales por los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, esto a fin de evitar la proliferación y promoción indiscriminada de juicios constitucionales de amparo. Por ello, los medios de defensa ordinarios son creados por las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el supuesto de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de garantías. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes agraviadas por actos administrativos no tuvieran la carga de exponer sus defensas o recursos ante las autoridades responsables, para que aquéllas culminen con las facultades que les competen, la acción de amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito suplantaría las atribuciones de la administración pública. En ese contexto, el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, necesariamente antes de su promoción, el peticionario tiene que acudir a las instancias que puedan declarar la insubsistencia del acto de autoridad que produce afectación, salvo los casos de excepción contemplados legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ahora, se actualiza el supuesto referido de improcedencia en este juicio, en virtud de que los quejosos Jorge de la Fuente Quintero y Hortensia Patricia Iglesias Cantú, no agotaron previamente al impulso de esta acción constitucional, el juicio o medio de defensa que se erige en una ley ordinaria y que tiene la fuerza jurídica para modificar, revocar o nulificar los actos de autoridad que impugnaron. Esto es así, toda vez que los artículos 17, 25 y 66 a 70 Bis de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, estatuyen las hipótesis jurídicas en las que procede el juicio contencioso administrativo, normas que a la letra dicen: "Artículo 17. El Tribunal será competente para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos o resoluciones que se indican a continuación, dictados, ordenados, ejecutados o que se pretenda ejecutar, por autoridades administrativas, fiscales o entidades de la Administración Pública Paraestatal o de los Municipios del Estado de Nuevo León, cuando estas últimas actúen en carácter de autoridad: I.- Que determinen la existencia de una obligación fiscal, la fijen en cantidad líquida o den las bases para su liquidación; II.- Que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por las leyes fiscales indebidamente percibidos por el Estado o los Municipios; o cuando se niegue por las mismas autoridades la devolución de un saldo a favor del contribuyente; III.- Los dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, siempre y cuando se afirme: a) Que el crédito que se exige se ha extinguido legalmente, o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la oficina ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el Artículo 22 del Código Fiscal del Estado; b) Que se es poseedor, a título de propietario, de los bienes embargados en el procedimiento administrativo de ejecución seguido contra otras personas; o que se es acreedor preferente al fisco, para ser pagado con el producto de los mismos. El tercero que afirme ser propietario de los bienes o negociaciones, o titular de los derechos embargados, podrá promover el juicio en cualquier tiempo antes de que se finque el remate, se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los bienes a favor del fisco estatal o municipal. El tercero que afirme tener derecho a que los créditos a su favor se cubran preferentemente a los fiscales estatales o municipales, podrá promover el juicio antes de que se haya aplicado el importe del remate a cubrir el crédito fiscal; y c) Que el procedimiento administrativo de ejecución no se encuentra ajustado a la ley. En este caso, las violaciones cometidas antes de la etapa del remate sólo podrán hacerse valer hasta el momento de la convocatoria en primera almoneda, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material, en cuyo caso el juicio podrá interponerse contra el acta en que conste la diligencia de embargo. Si las violaciones tuvieran lugar con posterioridad a la mencionada convocatoria o se trate de venta de bienes fuera de subasta, el juicio se interpondrá contra la resolución que finque el remate o la que autorice la venta fuera de subasta. En los juicios que se promuevan por alguna de las causas a que se refieren los dos últimos incisos de esta fracción, no podrá discutirse la existencia del crédito fiscal; IV.- Que causen un agravio en materia fiscal o administrativa, distinto a los precisados en los incisos anteriores, así como todos aquellos actos realizados por cualquier autoridad administrativa, estatal o municipal, fuera del procedimiento de ejecución fiscal; V.- Que impongan sanciones no corporales por infracción a las leyes y reglamentos estatales o municipales, de carácter administrativo o fiscal; VI.- Que determinen responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos del Estado o de los Municipios; VII.- (Derogada, P.O. 2 de noviembre de 2007) VIII.- En materia de pensiones con cargo al erario estatal o a cargo de los Municipios de la entidad, o de las instituciones estatales o municipales de seguridad social; IX.- Los relativos a la responsabilidad patrimonial extracontractual reclamada al Estado, a los Municipios, o a las entidades paraestatales o municipales; X.- Los que se promuevan contra cualquier acto u omisión definitivos de las autoridades administrativas del Estado, de los Municipios y de sus entidades paraestatales o municipales, que afecten los intereses jurídicos de los particulares; XI.- Los que se promuevan en contra de las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas o fiscales, estatales o municipales, al resolver los recursos establecidos por las leyes y reglamentos respectivos; XII.- Los que promuevan las autoridades estatales o municipales o los titulares de sus entidades paraestatales o municipales, para que sean nulificadas las resoluciones administrativas o fiscales dictadas por ellas mismas, favorables a los particulares; XIII.- Los que se promuevan en contra de las resoluciones negativas fictas, configuradas por el silencio de la autoridad para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la Ley fije o a falta de término de cuarenta y cinco días. Cuando por disposición de las leyes o reglamentos, el silencio de la autoridad administrativa para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que se señale en ellos, para tal efecto, implique la configuración de una afirmativa ficta, la autoridad ante la que se hubiere formulado tendrá el plazo de diez días hábiles para reconocer de manera expresa tal circunstancia y las consecuencias legales que de su omisión se desprendan. De no acontecer así, o si el particular considera que el reconocimiento que se haga no satisface la pretensión deducida en la instancia no resuelta de manera expresa, el juicio contencioso administrativo procederá en contra de la omisión de reconocer la configuración de la afirmativa ficta o, en su caso, del reconocimiento que se haga al respecto, en la parte que afecte su interés jurídico. En cualquier caso en que la afirmativa ficta implique la afectación de un derecho de terceros, la contravención de disposiciones de orden público o cause un perjuicio al interés social, la misma se tendrá por no configurada; XIV.- Los demás que se promuevan en contra de actos o resoluciones que por su naturaleza o por disposición de otras leyes se consideren como competencia del Tribunal. De igual manera, el Tribunal será competente, por medio de la Sala Superior o del Magistrado de la Sala Ordinaria, según sea el caso, para conocer y resolver los recursos de revisión y queja que se promuevan conforme a lo dispuesto en los Artículos 90, 91 y 92 de esta Ley." "Artículo 25. Los Magistrados de las Salas Ordinarias conocerán indistintamente de los juicios que se promuevan ante el Tribunal, en los casos a que se refieren las fracciones I a XIV del Artículo 17 de esta Ley, del cumplimiento de las sentencias pronunciadas, así como de los recursos de queja que se interpongan con motivo de sus resoluciones, quienes los substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala esta Ley; a falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León." "Artículo 66. A petición expresa de parte, el magistrado instructor, en el mismo auto que admita la demanda, decretará la suspensión de los actos impugnados, haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para su observancia." "Artículo 67. La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia definitiva, y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren hasta en tanto se pronuncie sentencia. No se otorgará la suspensión cuando de concederla se siga perjuicio al interés social, se contravengan disposiciones de orden público o se dejare sin materia el juicio. Se considera entre otros casos, que se sigue perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, cuando de concederla, se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; se permita el alza de precios relativos a artículos de primera necesidad o de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el Estado o campañas u operativos contra el alcoholismo, la ludopatía, el tabaquismo o la venta ilícita de sustancias; se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o por ese motivo se afecte la salud de las personas; igualmente cuando de otorgarse la suspensión se proceda a la instalación, se continúe el funcionamiento o se evite de alguna manera el control, la verificación o vigilancia del cumplimiento de los ordenamientos administrativos estatales o municipales de los casinos, centros de apuesta, salas de sorteos, casas de juego y establecimientos similares; o cuando se trate de centros de vicio, de lenocinio o se dediquen al comercio de drogas y de enervantes. La suspensión podrá ser revocada o modificada por el Magistrado instructor en cualquier etapa del juicio, ya sea oficiosamente o a petición de parte, si varían las condiciones por las cuales se otorgó, o si se argumentan o demuestran hechos o circunstancias que no se hubieren tomado en consideración al concederla. La suspensión se limitará a los actos, procedimientos o resoluciones que se impugnen y sus efectos. Al concederla, el Magistrado instructor procurará precisar la situación en que habrá (sic) de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio hasta su terminación." "Artículo 68.- Cuando a juicio del Magistrado fuera necesario garantizar el interés fiscal, la suspensión del acto reclamado se concederá previo aseguramiento del mismo, mediante certificado de depósito expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, o con fianza otorgada por institución autorizada. Sin perjuicio de lo preceptuado en el párrafo anterior, el Magistrado podrá eximir el otorgamiento de garantía del adeudo fiscal, en los siguientes casos: I. Siempre que previamente se haya constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad demandada; II. Cuando se trate de persona distinta del obligado directamente al pago; III. Cuando de acuerdo a la apreciación del Magistrado y tratándose del cobro de sumas, éstas excedan de la posibilidad del quejoso." "Artículo 69.- En los casos en que proceda la suspensión y pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante, en las formas previstas en el artículo anterior, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, si no se obtiene sentencia favorable en el juicio. La suspensión quedará insubsistente si el tercero a su vez otorga caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban en el momento que ésta fue concedida y a cubrir los daños que sobrevengan en perjuicio del actor, en caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efectos la caución que ofrezca el tercero conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiere otorgado el actor. En todos los casos, el Magistrado podrá requerir al interesado o a las partes en el juicio, los informes que considere necesarios para estimar el monto de los daños y perjuicios objeto de garantía o contragarantía, y fijará discrecionalmente el monto de los mismos cuando no sean estimables en dinero. No se admitirá la contragarantía cuando, de ejecutarse el acto demandado, quede sin materia el juicio." "Artículo 70. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo dentro de los treinta días siguientes a que cause ejecutoria la sentencia; si no lo hiciere dentro de ese término, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía. La solicitud correspondiente se tramitará en la vía incidental." "Artículo 70 Bis. Cuando la autoridad demandada no cumpliere la suspensión concedida, a petición de parte se le requerirá el cumplimiento. Si dentro del día siguiente al requerimiento la autoridad no cumpliere con la medida cautelar, se procederá a imponerle las medidas de apremio previstas en el Artículo 96 de esta Ley." De una interpretación a los numerales reproducidos, se puede observar que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, conocerá del juicio contencioso que se promueva, entre otras hipótesis, contra actos u omisiones definitivos de las autoridades administrativas del Estado, de los Municipios y de sus entidades paraestatales o municipales, que afecten los intereses jurídicos de los particulares. La acción contenciosa permite suspender los actos que se impugnan, a petición expresa y se puede solicitar en cualquier tiempo mientras no se emita la resolución definitiva, sin que la normatividad exija mayores requisitos que los que estipula la Ley de Amparo para otorgar el decreto paralizador (ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para conceder la medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio). A fin de llegar a la convicción de lo anterior, es pertinente señalar que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando de las autoridades responsables lo siguiente: La resolución dictada el nueve de agosto de dos mil dieciocho, por el Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los procedimientos SODU-DJ-089/2017 y SODU-OI-CO-DJ-327/2016 (acumulados). Cabe precisar que los impetrantes, en el capítulo correspondiente, señalaron otros actos destacados; sin embargo, éstos en realidad constituyen conceptos de violación, de ahí que no se tendrán como actos reclamados sino como motivos de disenso. Así, se tiene que el acto que reclaman los quejosos consistente en la resolución de nueve de agosto de dos mil dieciocho, partiendo del origen del mismo; debe concluirse que contra dicho acto sí es procedente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, acorde con el numeral 17, fracciones X, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León. Aún más, considerando lo anterior, es dable resaltar que no se actualiza ninguna excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo siguiente: a) no se combaten normas con motivo de su primer acto de aplicación (amparo contra leyes); b) el cuerpo normativo que estatuye el medio de defensa establece la suspensión y no exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para que, de proceder, se ordene la paralización de los actos; c) no se reclama en este juicio, únicamente, una violación directa a la Ley Fundamental de la Nación; y e) el medio de defensa -juicio contencioso administrativo- se encuentra previsto en una normatividad sustantiva y no adjetiva. En esa línea de pensamiento, si sobre el acto reclamado no se surte una excepción al principio aducido, entonces los quejosos estaban obligados a agotar ante la autoridad ordinaria, el juicio o medio de defensa que podía modificar, revocar o nulificar el acto reprochado. Lo anterior se sustenta en la tesis número 2a. LVI/2000 y la tesis jurisprudencial sin número, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena y Séptima Épocas del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Volumen 175-180, Tercera Parte, Julio de 2000, páginas 156 y 119, respectivamente, y que ilustran: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevee la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." De igual modo, son aplicables las tesis números IV.2o.A.29 A (10a.) y IV.2o.A.125 A (10a.), con registros electrónicos números 2003071 y 2012894, de la autoría del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 2029, y publicada el viernes veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, correspondientemente, y que relatan: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE ANTES DE PROMOVER EL JUICIO CONSTITUCIONAL, AL NO ESTABLECER LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN QUE LO PREVÉ, MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS. El principio de definitividad previsto en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, opera como una regla de procedencia del juicio constitucional que obliga al gobernado a agotar previamente los medios de defensa ordinarios por los cuales se puedan modificar, anular o revocar los actos reclamados, a menos de que la norma que establezca el recurso exija mayores requisitos que la ley inicialmente citada para conceder la suspensión definitiva de los efectos de aquéllos. Así, de los artículos 66, 67 y 69 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, 124 y 125 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se advierte lo siguiente: a) no contemplan -ambas normas- un límite procesal para iniciar el trámite de la suspensión; b) en el ámbito local la medida cautelar se otorga en un único acto por el Magistrado instructor; c) en el juicio de amparo la suspensión es revisada en dos etapas, una provisional y otra definitiva; d) la legislación estatal dispone que el Magistrado debe verificar que con ella no se cause perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el juicio; y, e) el Juez de Distrito, además, debe corroborar el daño irreparable que se le causaría al particular en caso de negarla. Por tanto, como la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, que prevé el juicio contencioso administrativo, no impone mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos impugnados, debe agotarse dicho medio de defensa ordinario antes de promover el juicio protector de derechos humanos, a menos que llegara a actualizarse alguna otra excepción al principio de definitividad, derivada de la ley o de la jurisprudencia." "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO AL AMPARO, PORQUE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN NO ESTABLECE MÁS REQUISITOS NI UN PLAZO MAYOR PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. Este Tribunal Colegiado de Circuito, en la tesis IV.2o.A.29 A (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 3, marzo de 2013, página 2029, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE ANTES DE PROMOVER EL JUICIO CONSTITUCIONAL, AL NO ESTABLECER LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN QUE LO PREVÉ, MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS.", sostuvo que la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León no preveía mayores requisitos para obtener la suspensión de los actos, que la abrogada Ley de Amparo. Ahora, debido a la actualización de las normas que en su momento fueron analizadas para sustentar esa tesis, este órgano jurisdiccional reitera aquel criterio, pues del análisis comparativo entre las legislaciones vigentes, se advierte que la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León no establece más requisitos ni un plazo mayor para la obtención de la medida cautelar, que los previstos en la Ley de Amparo en vigor a partir del 3 de abril de 2013, pues en ambos casos, para que proceda la suspensión, se exigen requisitos esencialmente iguales, esto es: la solicitud de la parte agraviada; que no se afecte al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y que, en caso de existir afectación a un tercero, deba otorgarse garantía. Asimismo, coinciden en el plazo para acordarla, pues en ambas, se señala el de veinticuatro horas. Por tanto, para satisfacer el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, debe agotarse el medio de defensa ordinario antes de promover el juicio protector de derechos humanos." Es imprescindible acotar que la parte quejosa en su escrito de ampliación de demanda, arguyó la inobservancia a los artículos 259, 269, 459, fracciones XX y XXIV, 467, fracciones XX y XXIV, y 468 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; y, numerales 4, 6, fracción XIX, y 22 de la Ley General de Víctimas; lo que se erige en un concepto de violación indirecto o de legalidad. En efecto, la parte quejosa al fijar la causa de pedir (lesión legal que se ocasiona en su esfera legal individual), no solo hizo valer cuestiones de inconstitucionalidad sobre el acto reclamado, sino también de ilegalidad, entonces, concurren razonamientos de inconstitucionalidad e ilegalidad que aseguró se concretaron en aquél; de ahí que cuando tales expresiones son concomitantes, no se surte el supuesto de excepción y el peticionario de amparo tiene que agotar el medio de defensa ordinario. Lo anterior se sustenta en las tesis de jurisprudencia con registros electrónicos números 251825 y 253743, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 127-132 y 90, Sexta Parte, páginas 201 y 174, respectivamente, y que enuncian: "RECURSOS ORDINARIOS. VIOLACIONES DIRECTAS Y VIOLACIONES INDIRECTAS DE LA CONSTITUCION. Este Tribunal Colegiado estima que puede promoverse en forma inmediata el juicio de garantías, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, pero solamente cuando se plantea exclusivamente ese tipo de violaciones, y no así cuando se hacen valer al mismo tiempo en la demanda de garantías, violaciones directa e indirectas a la Carta Magna. Lo anterior, porque sólo en el primer caso se configura una excepción a la regla contenida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad en el juicio de garantías, habida cuenta de que el agraviado sólo puede atacar adecuadamente la resolución respectivamente ante el Juez de amparo, pues no resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas al Pacto Federal en los recursos ordinarios, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. En cambio, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de garantías, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al Juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar el proveído recurrido, porque de todas maneras al fallarse el recurso, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad que consagra el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución, para hacer procedente el juicio de garantías, obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Se estima además, que no resultaría jurídico, cuando se plantean en la misma demanda de garantías violaciones constitucionales directas e indirectas, analizar únicamente las primeras y omitir el estudio de las segundas, porque no puede fraccionarse la procedencia del juicio de garantías. El juicio constitucional procede porque se configura un excepción a la regla contenida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, o bien es improcedente conforme a dicha regla; pero no puede aceptarse que el amparo proceda sólo respecto a determinados conceptos de violación y resulte improcedente en lo que ve a otros." "RECURSOS ORDINARIOS. VIOLACIONES CONSTITUCIONALES Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien este tribunal ha sostenido que las violaciones directas de la Constitución Federal pueden plantearse directamente en el juicio de amparo, que es el medio destinado directamente a proteger las garantías individuales, ello no quiere decir que las violaciones a las leyes secundarias puedan siempre plantearse directamente en amparo, sin agotar los recursos ordinarios, pues tales recursos sí están destinados a resolver controversias sobre legalidad, que sólo indirectamente resultan violatorias de garantías constitucionales. O sea que cuando se acude directamente al juicio de amparo, sin agotar recursos ordinarios o medios de defensa, en términos de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, en dicho juicio de amparo sólo se pueden atacar actos directamente violatorios de la Constitución. Y en el mismo juicio sólo podrán plantearse también cuestiones de legalidad (de violación a leyes secundarias) cuando tales cuestiones estén tan estrechamente vinculadas a la violación constitucional directa que no puedan estudiarse independientemente de ésta. Pero cuando se plantean violaciones autónomas a la Constitución y a las leyes secundarias, que pueden ser planteadas y estudiadas en forma separada, aunque ambas violaciones se hayan cometido en el mismo acto, el afectado deberá en todo caso agotar los recursos ordinarios, si no quiere hacer valer únicamente las cuestiones constitucionales, sino también desea hacer valer, en forma autónoma o subsidiaria, violaciones a la ley secundaria. De estimarse lo contrario, en un caso se haría indebidamente engorrosa la defensa de las garantías constitucionales mediante el juicio de amparo, y en el otro caso se facilitaría el abuso del mismo juicio, ya que el planteamiento de cuestiones de legalidad puede hacerlo innecesario, y si se desea plantear también esas cuestiones, ello deberá hacerse agotando previamente los recursos o medios de defensa ordinarios. Esta interpretación hará que tenga aplicación legalmente correcta la fracción XV del artículo 73 mencionado, de manera que el juicio de amparo sirva de defensa ágil de las garantías violadas, y de que no se abuse indebidamente de él para plantear directamente cuestiones de legalidad." En ese orden de ideas, con base en los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar la presente ampliación de demanda de amparo por notoriamente improcedente. Por otra parte, agréguese a los autos del presente juicio de amparo el diverso escrito de cuenta presentado vía electrónica por parte de Alberto Sada Robles, abogado autorizado de la parte tercero interesada; en atención a su contenido, gírese atento oficio al Director de Protección Civil del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para que de no existir inconveniente alguno, gire las ordenes pertinentes del caso y personal a su mando se constituya al inmueble ubicado en el número 112, de la Avenida Vasconcelos de la Colonia Santa Engracia, del citado municipio (incluyendo sótanos y locales comerciales), a las once horas del veintiocho de septiembre del presente año y permitan el acceso al Ingeniero Rogelio Chávez Sánchez (perito de la parte tercero interesada) y personas de su equipo, a fin de que este en aptitud de realizar el dictamen pericial que le ha sido encomendado, debiendo tomar las medidas de seguridad necesarias, a fin de evitar algún contratiempo. En la inteligencia de que deberá informar en el plazo de veinticuatro horas siguientes al en que reciba el presente oficio, el cumplimiento a lo anterior o en su caso si existe alguna imposibilidad para hacerlo. Finalmente, visto el oficio 38686/2018, signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del exhorto número 63/2018, con número de orden 74/2018, del índice de este juzgado, derivado del presente juicio de garantías; al efecto, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes y téngasele informando que lo registró bajo el exhorto número 123/2018, con número de orden 128/2018, de su índice, el cual ordenó su diligencia en esa fecha. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la parte tercero interesada; por oficio al Director de Protección Civil del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y por lista de acuerdos al resto de las partes. Así lo proveyó y firma Terecita de Jesús Hernández Moreno, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa en el Estado, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, con fundamento en el artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; ante María del Carmen Marrufo Piñeyro, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. Diego Gzz.

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