Patricia Salome Longinos Alvarez

Expediente 1319/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1319/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
13/09/2016

Partes del expediente

  • Patricia Salome Longinos Alvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; trece de septiembre de dos mil dieciséis. De la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado, y en el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes. Por otra parte, vista la cuenta precedente y del estado que guarda este asunto, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Radicación.- Por recibida la demanda de amparo promovida por Patricia Salomé Longinos Álvarez, contra actos del Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1319/2016-III. Estudio de causas de improcedencia.- Ahora bien, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de dicho ordenamiento, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público e interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de referencia. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación de mayo 1991, del Tomo VII, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: ".en el expediente 324/2015 donde ordena exhorto para cambiar de depositario de los bienes que se embargaron en este juicio pero resulta que los bienes no son propiedad del demandado JUAN CARLOS GUTIÉRREZ BOBADILLA, sino de mi propiedad." De lo anterior, se obtiene que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en la demanda se reclama una determinación sin haberse agotado el recurso ordinario previsto para tal efecto. Ahora, el precepto legal de referencia establece que el juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El precepto legal transcrito prevé la improcedencia del juicio por incumplimiento al principio de definitividad del acto reclamado. El juicio de amparo es un medio excepcional de defensa, al cual sólo puede acudirse cuando se han agotado todos los recursos ordinarios idóneos, previstos en la ley del acto reclamado para modificarlo, revocarlo o anularlo, caso contrario, la demanda pretendida será improcedente. En esto estriba el principio de definitividad rector del juicio en análisis, que lo hace procedente solo respecto de actos definitivos, esto es, aquellos no susceptibles de modificación o de revocación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio consagrado en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos o cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del agraviado y trascienda al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido en la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que la acción constitucional sea la vía última en el derecho interno, a través de la cual se busque la anulación de actos de autoridad. Entonces, si lo pretendido por la agraviada puede obtenerlo mediante la interposición de recursos ordinarios, debe agotarlos de manera previa a la promoción del juicio de amparo, pues con ello se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el orden del uso de los medios de impugnación establecidos para los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, se produzcan resoluciones contradictorias, de ahí la importancia del principio de definitividad invocado. En efecto, el acto reclamado debe ser definitivo, es decir, antes de la promoción de la demanda de amparo el quejoso debe agotar en tiempo y forma el medio de defensa ordinario procedente, a través del cual sea factible modificar o revocar el acto reclamado, pues de lo contrario, la acción constitucional resultará improcedente al inobservarse el principio de definitividad. Así pues, de la intelección del precepto legal sustento de esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: a) El acto reclamado emane de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Contra dicho acto proceda algún recurso o medio de defensa legal, a través del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. c) Ese recurso o medio de defensa pueda interponerse dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En esta tesitura, la parte inconforme tilda de inconstitucional el auto de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Primero Mercantil de Toluca, Estado de México, en el exhorto 229/2016 derivado del expediente 324/2015, por el cual ordena cambiar de depositario de los bienes embargados de su propiedad. La determinación en comento no tiene el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues se estima que contra tal determinación procede un recurso o medio de defensa legal que la quejosa debió haber agotado de manera previa a la instauración del juicio de amparo, a saber, el recurso de revocación. Además, si bien la quejosa no es parte formal en el juicio del que deriva el acto reclamado, pues tiene el carácter de tercerista, sin embargo, ello no implica que las partes en una tercería excluyente, carezcan de interés jurídico protegido por la ley, en lo que se refiere a la administración y conservación de los bienes en el juicio principal, y que reclaman como de su propiedad, pues de no reconocerles personalidad en ese juicio, en lo que respecta a la conservación y administración de los bienes, podrían éstos desaparecer y menoscabarse, privando a los terceristas del derecho de defender lo que han reclamado como suyo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2175, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo LVIII, Quinta Época, del rubro y texto siguiente: "TERCERIAS EXCLUYENTES DE DOMINIO, INTERES JURIDICO DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS DE. No puede sostenerse que las partes en una tercería excluyente, carezcan de interés jurídico protegido por la ley, en lo que se refiere a la administración y conservación de los bienes en el juicio principal, y que reclaman como de su propiedad, pues de no reconocerles personalidad en ese juicio, en lo que respecta a la conservación y administración de los bienes, podrían éstos desaparecer y menoscabarse, quedando sin materia la tercería y privando a los terceristas del derecho de defender lo que han reclamado como suyo. La tercería excluyente de dominio tiene por objeto excluir del secuestro llevado a cabo en el juicio principal, un bien que el tercerista considera que es suyo, y según la ley, el juicio puede continuar su curso hasta antes del remate, oportunidad en la que se suspenderá, si la tercería es de dominio, y hasta antes del pago, si se trata de una tercería de preferencia, y si bien el juicio principal constituye una entidad particular, al igual que una tercería, respecto a los derechos controvertidos en cada uno de ellos, ambos tienen sin embargo un procedimiento que es común y que se refiere a la conservación de la cosa secuestrada. La tercería excluyente de dominio no es sino una fase de la acción reivindicatoria, y de ello resulta que el reivindicante pretenda recuperar la cosa misma y por ello tiene el derecho de que no se lleve a cabo su venta, hasta que se decida sobre su acción, ya que si ésta procede, la recobrará, y si por razón del secuestro, la ley permite, en determinadas ocasiones y circunstancias, que la cosa sea vendida, entonces el reivindicante obtendrá su precio en sustitución de aquélla, y de esto proviene que el que reivindica tenga derecho de intervenir en todos los procedimientos tendientes a la enajenación de la cosa, ya que la ejecución de la sentencia de tercería, de ser favorable para el actor, necesariamente se llevará a efecto en la cosa o en el precio obtenido por ella, y así, como en el caso de que se inicie el procedimiento de remate en el juicio principal, tiene indiscutible derecho el tercerista, para hacer gestiones ante el Juez, a fin de que no se efectúe la propia diligencia, mientras esté pendiente la tercería, y aun para interponer los recursos procedentes a ese respecto, dentro del juicio, de igual manera debe estimarse que goza del mismo derecho para intervenir en todos los procedimientos que tiendan a lograr la conservación de la cosa, que es objeto de la acción incidental, o que puedan tener como resultado cambiarla por otra, afectando las consecuencias de la acción que ha puesto en ejercicio." El artículo 1334 del Código de Comercio, en su orden, disponen: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. (.).". La interpretación del precepto citado permite considerar, como regla general que el recurso de revocación es de naturaleza casuística, pues, el propio Código de Comercio, en lo que interesa, estatuye que la apelación sólo procede en los juicios mercantiles contra autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga ese código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación en razón de su cuantía. Por tanto, si en la legislación mercantil rectora del litigio subyacente no existe dispositivo que determine de manera expresa la procedencia del recurso de apelación contra el auto que constituye el acto reclamado en el presente sumario constitucional, se debe acudir a la regla de exclusión estatuida en el numeral 1334 de la normatividad mercantil en consulta, referente a que los autos y decretos que no sean apelables serán revocables. Por consiguiente, se debe estimar que en el caso se actualiza la hipótesis estatuida en la citada fracción XIII del artículo 73 de la ley de la materia, al haberse colmado las exigencias siguientes: a) La determinación reclamada es una resolución proveniente de tribunal judicial, a saber, del Juzgado Primero Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, México. b) El acto reclamado es impugnable mediante el recurso de revocación establecido en el numeral 1334 del Código de Comercio. c) Por medio de dicho recurso, el acto reclamado puede ser confirmado, modificado o revocado. En consecuencia, si el acto reclamado en el presente sumario era susceptible de reparación mediante el recurso de revocación y éste no se agotó, debe estimarse que no se cumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional, el cual consiste en la obligación del gobernado o quejoso de intentar los medios de defensa que la ley le permite para combatir las resoluciones que considera le causan perjuicio. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda promovida por Patricia Salomé Longinos Alvarez, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Improcedencia que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades ejecutoras al no reclamarse por vicios propios. Domicilio para oír y recibir notificaciones.- En conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en este juzgado. Si bien es cierto que la notificación de la presente determinación debe ser en forma personalísima, no menos cierto resulta que la quejosa señaló las listas de acuerdos que se publica en este juzgado para recibir notificaciones; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Autorizados.- Se tienen por autorizado de la quejosa a la persona que señala en su escrito demanda, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 12 de Ley de Amparo, segundo párrafo. Transparencia.- Finalmente, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Segundo Transitorio de la citada Ley, en caso de solicitarse una versión pública de la resolución que se emita en este juicio, se ordena clasificar la información que, en su caso, fuese reservada y suprimir la confidencial de las partes en términos de los artículos 110 y 113 de dicha norma. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.

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