Patricia Salinas Alatorre

Expediente 781/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
781/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
19/09/2017

Partes del expediente

  • Patricia Salinas Alatorre

Actuaciones

  1. Principal

    El diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA que: El término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del ocho al dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, sin contar los días catorce y quince de los corrientes, por ser inhábiles y dieciséis y diecisiete del citado mes y año, por corresponder a sábado y domingo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de cinco de septiembre del año que transcurre, dentro del juicio de amparo 781/2017. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha la secretaria da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de cinco de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 43-57), que desechó la demanda de garantías promovida por Patricia Salinas Alatorre; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2°, de la ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. *Alejandra

  2. Principal

    CUENTA. El cinco de septiembre de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta a la Juez con lo siguiente: Escrito de demanda de derechos suscrita por Patricia Salinas Alatorre, registrado con el folio 11905, seis copias y anexos que se adjuntan. La circunstancia de que el licenciado David Enríquez Maldonado, no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cinco de septiembre de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Patricia Salinas Alatorre, contra actos del Congreso del Estado de Zacatecas y otras autoridades, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 781/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Apreciada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados se hace consistir en: La aprobación, expedición, promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el seis de febrero de dos mil trece, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, contenida en el Decreto número 462. El dictamen de presunta responsabilidad administrativa, de fecha diez de julio de dos mil diecisiete, dictado por la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, con motivo de las observaciones determinadas en el acta final de auditoría número AF-05/2015, practicada a la Secretaría de Economía de Gobierno del Estado de Zacatecas. El acuerdo de fecha diez de julio de dos mil diecisiete, dictado por la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del estado de Zacatecas, mediante el cual se ordena en mi contra el inicio de procedimiento administrativo de responsabilidad número DJ/61/PA/2017, con fundamento en los artículos 1, 2, fracción III, 3, 4 fracción V, 8, 13 fracción IV, 14, 15, 17, 64 párrafo segundo, 66, 69, 70 y 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, así como sus consecuencias jurídicas." Apreciada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado señalado en primer término se hace consistir en: El dictamen de presunta responsabilidad administrativa, emitido dentro de la auditoria AF-05/2015 por la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado a la Secretaría de Economía. Respecto del citado acto reclamado, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, del mismo cuerpo de leyes, los cuales en su orden señalan lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Por su parte la fracción I, del artículo 5, de la Ley de Amparo establece: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio constitucional es improcedente cuando el acto reclamado no cause una afectación (perjuicio) actual y directa en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. La esfera jurídica se puede afectar de manera directa (interés jurídico) o en atención a la especial situación frente al orden jurídico que guarde el quejoso (interés legítimo). El interés jurídico, consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía constitucional, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a la titularidad de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses del gobernado. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al interés legítimo ha establecido que éste de manera mínima y flexible, puede definirse como aquél interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. En el caso concreto, se considera que la quejosa acude a la presente instancia constitucional en defensa de un interés jurídico; sin embargo, tanto el interés jurídico, como el legítimo, exigen como requisito mínimo, que el particular resienta un perjuicio o agravio real y actual en su esfera jurídica. La exigencia de una afectación real y actual, implica un requisito de procedencia del juicio de amparo, en que se exige que con el acto reclamado, se cause afectación al interesado, en el aspecto más amplio de tutela de derechos fundamentales, el que pudo haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio, hipotético; lo que además debe ser plenamente comprobado. Además conviene precisar que el juicio de amparo tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que restrinjan derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales; por ello, es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo. Es decir, resulta importante determinar la naturaleza del acto existente, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el promovente del mismo, pueden sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo. Expuesto lo anterior, atendiendo al tema del acto reclamado, -falta de notificación dentro de la auditoria AF-05/2015, practicada por la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado a la Secretaría de Economía, a los recursos asignados al "Fideicomiso Zacatecas" ejercicio fiscal comprendido del año dos mil catorce al veintiséis de mayo de dos mil quince- conviene traer a cuenta las siguientes consideraciones. La figura de la auditoría pública se define como la revisión y examen de una función, cifra, proceso o reporte, efectuados por personal independiente a la operación, para apoyar la función ejecutiva. Su objetivo es examinar las operaciones con el propósito de verificar si los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, si la utilización de los recursos se ha realizado en forma eficiente, si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente y si en el desarrollo de las actividades se ha cumplido con las disposiciones legales vigentes. De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, la Secretaría de la Función Pública tiene facultades para fiscalizar y practicar auditorías al ejercicio del gasto público y su congruencia con los presupuestos de egresos, con el objeto de promover la eficiencia en su gestión y propiciar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas, en apoyo o sustitución de los Órganos Internos de Control. Por su parte, el Manual de Organización de la Secretaría de la Función Pública del estado de Zacatecas, vigente al momento de la emisión del dictamen reclamado por la quejosa se precisa que: El objetivo del procedimiento de auditoría de las obras públicas y acciones ejecutadas por las dependencias, entidades y municipios, con recursos públicos estatales y/o convenidos, así como proponer las medidas preventivas y en su caso correctivas que deban observar los Entes auditados y rendir los informes correspondientes. Por consiguiente, hecha la declaratoria correspondiente por la Secretaría de la función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas deberá notificar al sujeto de fiscalización las observaciones y recomendaciones contenidas en el informe de resultados, a efecto de que las atienda y ejerza las acciones tendentes al resarcimiento de los daños causados a la hacienda o patrimonio público. Diligencia en la que se levantará acta de inicio, donde se hará constar la documentación que será requerida para cumplir con el objeto de la diligencia, la cual deberá ser proporcionada por el ente público revisado. Luego, el proceso de auditoría se lleva a cabo en varias etapas establecidas en el artículo 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, el cual culmina con un dictamen, donde se hará constar las observaciones no solventadas o solventadas parcialmente. Expuesto lo anterior, atendiendo al tema del acto reclamado, -dictamen de presunta responsabilidad administrativa, emitido dentro de la auditoria AF-05/2015, por la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado a la Secretaría de Economía- se considera que no es un acto que, conlleve un perjuicio a los sujetos potencialmente presuntos responsables, porque el dictamen es un documento mediante el cual se notifican las observaciones (actos u omisiones que se advirtieron en la auditoría) las cuales no fueron solventadas, siendo sólo un antecedente, para probablemente iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad. Bajo el anterior marco contextual, se DESECHA DE PLANO la demanda promovida por Patricia Salinas Alatorre, respecto del dictamen de presunta responsabilidad administrativa, emitido dentro de la auditoria AF-05/2015 por la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado a la Secretaría de Economía. Lo que se apoya en la tesis de rubro y texto siguiente: "INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA FINANCIERA EMITIDO POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO EN SU CONTRA POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A QUIENES SE ATRIBUYE LA OMISIÓN DE SOLVENTAR OBSERVACIONES DERIVADAS DE DICHA REVISIÓN. El informe de resultados de la auditoría financiera practicada a un Municipio del Estado de México, es un documento mediante el cual se notifican las observaciones (actos u omisiones que se advirtieron en la auditoría) que no fueron solventadas, y cuyo resultado no es vinculatorio, al ser sólo un antecedente, para probablemente iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad o resarcitorio. En estas condiciones, es improcedente el juicio de amparo contra el mencionado documento emitido por el Órgano Superior de Fiscalización de dicha entidad, por parte de los servidores públicos a quienes se atribuye la omisión de solventar observaciones derivadas de la indicada revisión, al no afectar su interés jurídico, porque las sanciones derivadas de la responsabilidad administrativa en que incurran, se imponen por resolución de las autoridades administrativas correspondientes, previa sustanciación del procedimiento respectivo, en el que se otorgue la garantía de audiencia, y si bien es cierto que los vicios o irregularidades de la auditoría financiera pueden trascender a éste, también lo es que ello se reflejará hasta la determinación relativa, y será a partir de ésta que el interesado podrá impugnar la sanción que, en su caso, se le imponga y controvertir los vicios advertidos". Por otra parte, en relación al acto reclamado que hace consistir el quejoso en: Auto de diez de julio de dos mil diecisiete, dictado por la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, en el cual ordena el inicio de procedimiento administrativo de responsabilidad DJ/61/PA/2017. Se estima actualizada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III interpretada a contrario sensu, en razón a que no constituyen una determinación definitiva dictada dentro del procedimiento respectivo; dispositivos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; La lectura de esta porción normativa permite identificar las dos clases de actos impugnables en amparo indirecto cuando se generen en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, de lo que se infiere que tales actos sólo pueden provenir de autoridades administrativas distintas de tribunales jurisdiccionales. Así, en el inciso a) de dicha fracción, aparece una regla especial de procedencia consistente en que cuando dentro de un procedimiento administrativo seguido "en forma de juicio" se emitan actos que ameriten la inconformidad del particular, éstos no pueden válidamente reclamarse en amparo sino hasta que se dicte la resolución definitiva, momento en el cual podrán reclamar en el amparo ante el Juez de Distrito tanto las violaciones contenidas en dicha resolución como las que se hubieren cometido durante el procedimiento. No puede dejar de observarse que en esta regla el legislador sigue, en esencia, el mismo criterio que estableció en el amparo directo, donde instituyó que dicho juicio de garantías sólo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pudiendo invocarse en tal ocasión, tanto las violaciones cometidas en esas resoluciones definitivas como las cometidas en el curso del procedimiento. La segunda regla de procedencia del amparo biinstancial prevista en la citada fracción es cuando se trate de actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese orden de ideas, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo sólo es procedente en contra de la resolución con que tales actos culminan definiendo la situación jurídica correspondiente; así consta, como ya se dijo, en el amparo directo, donde ordinariamente de acuerdo con el artículo 170 de la citada ley, el amparo no procede en contra de cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la sentencia definitiva o laudo que decide el juicio; la misma regla opera en relación con los actos de remate o de ejecución de sentencia ejecutoriada, pues conforme al artículo 107, fracción IV, último párrafo, también aquí procede el amparo hasta la resolución definitiva o la que aprueba o desaprueba el remate. En todas estas hipótesis los actos procesales aislados anteriores a la resolución definitiva pueden causar perjuicio al particular que interviene en el juicio o procedimiento, pero aunque ello acontezca, el amparo sólo procede, como regla general, cuando sobreviene la definitiva; el quejoso debe esperar ésta, y si lo perjudica podrá atacarla en amparo junto con las violaciones de procedimiento. Lo anterior a menos de que se trate de actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, según lo prevé el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo. Si la regla general, como se dijo, es que cualquier violación procesal se guarde para hacerla valer en amparo hasta que se dicta la resolución definitiva, resulta obvio que la razón de tal sistema -visto sobre lo ordinario- radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo en contra de cada acto procesal para hacer expeditos los juicios y procedimientos, sin desdoro de la protección constitucional que, al final, venga a sanear toda la actuación de la autoridad. Por tanto, esa misma razón legal debe considerarse que también opera en el presente caso, pues la misma necesidad de expeditez se da tanto en los juicios o procesos formales como en los procedimientos seguidos en forma de juicio en sede administrativa, independientemente de que se trate de que la autoridad deba decidir una controversia entre partes contendientes, o que simplemente se limite a seguir el trámite legal establecido para dar audiencia a un particular, máxime si se toma en cuenta que la celeridad es fundamental en todo procedimiento administrativo por ser de orden público, de modo que en este aspecto opera, por mayoría de razón, la misma regla que para los procedimientos formales como para los civiles. A la misma conclusión se llega respecto del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, que se citó con antelación, pues no hace distinción entre procedimientos donde la autoridad administrativa no jurisdiccional dirime un litigio entre partes contendientes, y aquellos en donde solamente sigue un trámite procedimental frente a un particular en preparación de su resolución, por lo que al no establecer distinción de trato debe entenderse que comprende a todos ellos. Adoptar la interpretación contraria al indicado sistema que establece la Ley de Amparo produciría, en la práctica, la obstrucción, dificultad o lentitud del funcionamiento de la administración pública en el campo donde actúa frente a los particulares, cuando lo hace a través de procedimientos, trabas que se tendrían sin ninguna necesidad, en virtud de que a través del amparo con motivo de la resolución definitiva se reparan todas las violaciones. Por todo lo expuesto, se concluye que al establecer el artículo 107, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva, ha de estimarse que por "procedimiento en forma de juicio" deben entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con la garantía de audiencia. En efecto, respecto de actos provenientes de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo indirecto es procedente sólo cuándo se impugnan aquellas resoluciones definitivas por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución y contra actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sostiene lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 196, tomo XVII, abril de 2003, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo". Bajo el anterior marco contextual, el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad DJ/61/PA/2017, tramitado ante la Dirección Jurídica y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, contra la quejosa, respecto de las conductas que se le imputan, no constituyen actos cuyo efecto sea de imposible reparación, que afecte derechos sustantivos de la demandante del amparo tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forme parte; tampoco ponen fin a la vía administrativa respectiva -procedimiento de responsabilidad administrativa- que además concluya con alguna sanción a la quejosa. Por el contrario, el acto reclamado materia de análisis en el presente considerando, sólo sirve para en su caso, preparar el dictado de la resolución administrativa correspondiente, en la que, de manera definitiva se determinará la existencia o no de la responsabilidad administrativa de la quejosa y, en su caso, se establecerá la sanción correspondiente; es decir, forman parte de una secuela procedimental que concluye con una resolución en la que puede o no imponerse sanciones u obligaciones al presunto responsable, de ahí que por regla general, dichas actuaciones no son impugnables en la presente instancia constitucional conforme lo previsto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. En efecto, las actuaciones reclamadas materia de pronunciamiento en el presente considerando, forman parte de la sustanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa tendente a determinar de manera definitiva la existencia o no de la responsabilidad administrativa de la quejosa; mismas, que, a criterio de la suscrita no son impugnables en la presente instancia constitucional, sino en su caso, hasta que se emita la última resolución en el procedimiento administrativo, en donde eventualmente, pudiera establecerse la sanción correspondiente. Lo anterior, en el entendido que el juicio de amparo sólo puede promoverse hasta que se dicte la resolución con la que culmine dicho procedimiento; es decir, la definitiva, pudiéndose reclamarse en tal oportunidad todas y cada una de las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. En el entendido que, únicamente cuando el acto reclamado sancionador sea inminente, esto es, que exista certeza sobre su realización, se podrá impugnar su constitucionalidad, sin necesidad de que el mismo sea definitivo, pero cuando el actuar de la responsable, se encuentra condicionado por la conducta previa de los particulares o partes en litigio, como en el caso acontece, debe sujetarse al procedimiento respectivo que no es definitivo. Pensar lo contrario, obstaculizaría injustificadamente la secuencia procesal, ya que de ser así, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen un daño de imposible reparación, desnaturalizando con ello al juicio constitucional. Sostiene lo anterior, sólo en lo conducente y por las razones que la integran, la jurisprudencia P./J. 37/2014, visible en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia examinada, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por Patricia Salinas Alatorre, respecto del inicio del procedimiento administrativo número DJ/61/PA/2017 instaurado contra la quejosa. Desechamientos que debe hacerse extensivo respecto de los artículos 1, 2, fracción III, 3, 4 fracción V, 8, 13 fracción IV, 14, 15, 17, 64 párrafo segundo, 66, 69, 70 y 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, contenidos en el decreto número 462, que entró en vigor a partir del siete de febrero de dos mil trece. Lo anterior, habida cuenta que cuando se promueve un amparo en contra de disposiciones de observancia general con motivo de su aplicación, no puede desvincularse la apreciación de esas normas generales de los actos de aplicación relativos, dado que en estos últimos se establece la situación concreta de la parte quejosa, de modo tal que esa vinculación entre las normas generales reclamadas y sus actos de aplicación, impide que pueda proveerse sobre la admisión de la demanda de cuenta, sin considerar los actos en donde se hayan aplicado. En efecto, de acuerdo a la reclamación planteada en el presente juicio de amparo, no se podría analizar la constitucionalidad de los ordenamientos legales que se combaten en esta vía, de manera aislada o independiente de los actos de aplicación reclamados, puesto que como se dijo con antelación, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para examinar el uno prescindiendo del otro. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación, volumen 181-186 primera parte, Séptima Época, que a la letra indica: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar el uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación." DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la quejosa, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones al licenciado David Enríquez Maldonado, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal fin, el ubicado en calle de la Unión número ciento ocho guión B (108-B), interior ciento cinco (105), colonia centro, en esta ciudad de Zacatecas. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe.

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