Patricia Sales Muñoz
Expediente 199/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 199/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 24/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Patricia Sales Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Al no ser atendido el citatorio por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Visto el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término que le fuera concedido a la parte quejosa a efecto de que manifestara lo que a su interés correspondiera en relación a los actos realizados por la aquí responsable en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente Juicio de Amparo, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. Por lo anterior, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado procede a emitir determinación en relación a los actos de ejecución de sentencia realizados por la autoridad responsable Tesorera Municipal de esta ciudad. De conformidad con lo que establece el artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo, es de invocarse la Jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, que en su literalidad dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Ahora bien, mediante sentencia de treinta de marzo de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la peticionaria de amparo ***, para los siguientes efectos: se impone conceder el amparo solicitado, de conformidad con la fracción I, del artículo 77, en relación con el 78, ambos de la Ley de Amparo, para los efectos siguientes: Como lo precisó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 439/2011, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J.17/2006, el efecto que produce una sentencia en la que se declara la inconstitucionalidad de un precepto que prevé diferentes tasas impositivas del tributo en cuestión no es el de liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente el de desincorporar de la esfera jurídica de éste la obligación tributaria en la parte que se declara inconstitucional, por lo que el efecto de la declaratoria de inconstitucional debe ser para el efecto de que el Tesorero Municipal de Celaya, Guanajuato, determine de nueva cuenta el avaluó correspondiente a los inmuebles ubicados en ***, Zona Centro y ***, todos en esta ciudad, cuyos números de cuenta catastral son ***, respectivamente, en la categoría de menor cuantía señalada para la respectiva subclasificación establecida en las propias normas impugnadas, con lo que se elimina la inseguridad jurídica causada por la violación al derecho humano de legalidad tributaria provocada por la falta de precisión en cuanto a los criterios de aplicación de las distintas categorías y, por consiguiente, la discrecionalidad que se le otorga a la autoridad administrativa para realizarlo. Al efecto dicha autoridad deberá determinar el avaluó de los inmuebles identificados con las cuentas prediales antes indicadas, calculando sus valores unitarios, conforme los siguientes lineamientos: Atribuir al terreno el carácter de habitacional y por ende el valor indicado como mínimo en el inciso a), de la fracción I, del artículo 5°, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Respecto del valor de las construcciones, según corresponda, aplicar los montos mínimos respecto de los predios urbanos, de la tabla contenida en inciso b), de la fracción I, del artículo 5°, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Mediante proveído de nueve de mayo del año en curso, se emitió acuerdo por parte de este Juzgado de la Federación en el que se determinó que la sentencia que concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, causó ejecutoria; motivo por el cual, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con el oficio registrado con el número 3137 signado por la Tesorera Municipal del Municipio de Celaya, Guanajuato, por medio del cual rindió su informe de cumplimiento, haciendo del conocimiento del suscrito, que los inmuebles materia del presente juicio de amparo, fueron ubicados en la categoría de menor cuantía señalada para la respectiva subclasificación establecida en las propias normas impugnadas, con lo que se elimina la inseguridad jurídica causada por la violación al derecho humano de legalidad tributaria provocada por la falta de precisión en cuanto a los criterios de aplicación de las distintas categorías y, por consiguiente, la discrecionalidad que se le otorga a la autoridad administrativa para realizarlo, de lo que se desprende que la autoridad en mención restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de su garantía individual violada, dando así cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, anexando las constancias que acreditan su dicho, las cuales obran de la foja noventa y ocho a la ciento nueve de autos. En consecuencia, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la sentencia ejecutoria decretada en este juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y contenido dice: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. En la inteligencia que las tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. En tal virtud, una vez que transcurra el término a que alude el artículo 201 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, en términos del numeral 202 de la citada Ley de Amparo. Previo archivar física y materialmente el expediente en que se actúa, estese en espera de que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordeno su archivo.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en especial la certificación que antecede asentada por la Secretaria de este Juzgado, de la cual se advierte que a la fecha ha concluido el término que la Ley concede a las partes para recurrir (sin que lo hayan hecho) la sentencia constitucional emitida en el presente juicio de amparo el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la peticionaria de amparo ***; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. La concesión de la protección constitucional solicitada, fue para los siguientes efectos: Se impone conceder el amparo solicitado, de conformidad con la fracción I, del artículo 77, en relación con el 78, ambos de la Ley de Amparo, para los efectos siguientes: se impone conceder el amparo solicitado, de conformidad con la fracción I, del artículo 77, en relación con el 78, ambos de la Ley de Amparo, para los efectos siguientes: Como lo precisó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 439/2011, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J.17/2006, el efecto que produce una sentencia en la que se declara la inconstitucionalidad de un precepto que prevé diferentes tasas impositivas del tributo en cuestión no es el de liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente el de desincorporar de la esfera jurídica de éste la obligación tributaria en la parte que se declara inconstitucional, por lo que el efecto de la declaratoria de inconstitucional debe ser para el efecto de que el Tesorero Municipal de Celaya, Guanajuato, determine de nueva cuenta el avaluó correspondiente a los inmuebles ubicados en *** en esta ciudad, cuyos números de cuenta catastral son ***, ***, *** y ***, respectivamente, en la categoría de menor cuantía señalada para la respectiva subclasificación establecida en las propias normas impugnadas, con lo que se elimina la inseguridad jurídica causada por la violación al derecho humano de legalidad tributaria provocada por la falta de precisión en cuanto a los criterios de aplicación de las distintas categorías y, por consiguiente, la discrecionalidad que se le otorga a la autoridad administrativa para realizarlo. Al efecto dicha autoridad deberá determinar el avaluó de los inmuebles identificados con las cuentas prediales antes indicadas, calculando sus valores unitarios, conforme los siguientes lineamientos: I. Atribuir al terreno el carácter de habitacional y por ende el valor indicado como mínimo en el inciso a), de la fracción I, del artículo 5°, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. II. Respecto del valor de las construcciones, según corresponda, aplicar los montos mínimos respecto de los predios urbanos, de la tabla contenida en inciso b), de la fracción I, del artículo 5°, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. En virtud de lo anterior, vistos los autos del presente juicio, se levanta la reserva contenida en proveído de veintiocho de abril del año en curso y se provee: Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Tesorera Municipal del Municipio de Celaya, Guanajuato, por medio del cual rinde su informe de cumplimiento, en relación a la ejecutoria decretada en el presente juicio de amparo, anexando constancia para acreditar su dicho. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de la anualidad en curso; con el contenido del comunicado de referencia y constancias anexas, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DIAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a su interés legal convenga al respecto, apercibida que de no hacerlo en dicho plazo, este Juzgador Federal resolverá lo que en derecho proceda, de conformidad con las constancias que obran en autos.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de nueve de mayo actual, que en lo conducente dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en especial la certificación que antecede asentada por la Secretaria de este Juzgado, de la cual se advierte que a la fecha ha concluido el término que la Ley concede a las partes para recurrir (sin que lo hayan hecho) la sentencia constitucional emitida en el presente juicio de amparo el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la peticionaria de amparo ***; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. La concesión de la protección constitucional solicitada, fue para los siguientes efectos: Se impone conceder el amparo solicitado, de conformidad con la fracción I, del artículo 77, en relación con el 78, ambos de la Ley de Amparo, para los efectos siguientes: se impone conceder el amparo solicitado, de conformidad con la fracción I, del artículo 77, en relación con el 78, ambos de la Ley de Amparo, para los efectos siguientes: Como lo precisó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 439/2011, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J.17/2006, el efecto que produce una sentencia en la que se declara la inconstitucionalidad de un precepto que prevé diferentes tasas impositivas del tributo en cuestión no es el de liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente el de desincorporar de la esfera jurídica de éste la obligación tributaria en la parte que se declara inconstitucional, por lo que el efecto de la declaratoria de inconstitucional debe ser para el efecto de que el Tesorero Municipal de Celaya, Guanajuato, determine de nueva cuenta el avaluó correspondiente a los inmuebles ubicados en *** en esta ciudad, cuyos números de cuenta catastral son ***, ***, *** y ***, respectivamente, en la categoría de menor cuantía señalada para la respectiva subclasificación establecida en las propias normas impugnadas, con lo que se elimina la inseguridad jurídica causada por la violación al derecho humano de legalidad tributaria provocada por la falta de precisión en cuanto a los criterios de aplicación de las distintas categorías y, por consiguiente, la discrecionalidad que se le otorga a la autoridad administrativa para realizarlo. Al efecto dicha autoridad deberá determinar el avaluó de los inmuebles identificados con las cuentas prediales antes indicadas, calculando sus valores unitarios, conforme los siguientes lineamientos: I. Atribuir al terreno el carácter de habitacional y por ende el valor indicado como mínimo en el inciso a), de la fracción I, del artículo 5°, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. II. Respecto del valor de las construcciones, según corresponda, aplicar los montos mínimos respecto de los predios urbanos, de la tabla contenida en inciso b), de la fracción I, del artículo 5°, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. En virtud de lo anterior, vistos los autos del presente juicio, se levanta la reserva contenida en proveído de veintiocho de abril del año en curso y se provee: Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Tesorera Municipal del Municipio de Celaya, Guanajuato, por medio del cual rinde su informe de cumplimiento, en relación a la ejecutoria decretada en el presente juicio de amparo, anexando constancia para acreditar su dicho. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de la anualidad en curso; con el contenido del comunicado de referencia y constancias anexas, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DIAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a su interés legal convenga al respecto, apercibida que de no hacerlo en dicho plazo, este Juzgador Federal resolverá lo que en derecho proceda, de conformidad con las constancias que obran en autos.
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta signado por TESORERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO, por medio del cual alude, dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, resérvese lo relativo a su acuerdo hasta que cause ejecutoria la referida sentencia.
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