Patricia Ruíz Díaz
Expediente 918/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Patricia Ruíz Díaz
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que el veinte de septiembre del año en curso, se tuvo compareciendo al prese juicio a la tercera interesada *****, por lo que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que señala el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que haga valer los derechos que a su parte corresponde. Por tanto, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 84/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, Tomo XXII, correspondiente al mes de Diciembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del siguiente texto: "TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA QUE COMPAREZCA A HACER VALER SUS DERECHOS DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL QUE SURTE EFECTOS EL EMPLAZAMIENTO EFECTUADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. De la interpretación armónica de los artículos 24, 34 y 167 de la Ley de Amparo, se concluye que los plazos comenzarán a contarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva y tratándose del tercero perjudicado, dicha notificación surtirá efectos a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación. Entonces, si el mencionado artículo 167 establece que la autoridad responsable entregará una copia a las partes emplazándolas para que dentro de un término máximo de diez días comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, dicho plazo debe comenzar a computarse para el tercero perjudicado el día siguiente hábil al en que surta efectos el emplazamiento, pues éste corresponde precisamente a la notificación a que se refiere el citado artículo 24, ya que, además, ese es el momento en que dicha parte tiene conocimiento del contenido de la demanda de amparo y es cuando está en posibilidad de establecer su defensa, sin que sea necesario esperar hasta que el Tribunal Colegiado le notifique el acuerdo de admisión de la demanda de garantías, pues de hacerse así se prorrogaría indefinidamente el plazo establecido por el referido artículo 167 y éste se haría nugatorio. Por otro lado, la circunstancia de que se desconozca cuál es el órgano colegiado al que correspondería conocer de la aludida demanda, tratándose de las plazas en donde existen dos o más tribunales que pudieran hacerlo, no exime al tercero perjudicado de respetar el mencionado plazo, pues en estos casos podrá presentarse ante la oficina de correspondencia común." En relación con la diversa tesis V.4o.1 K, visible en la página 1119, Tomo XXI, Marzo de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO. A efecto de que el tercero perjudicado esté en aptitud de comparecer al juicio de garantías en defensa de sus derechos procesales, es menester que entre la fecha del emplazamiento y aquella en que se celebre la audiencia constitucional, medie por lo menos el plazo de ocho días, similar a aquel que exige el artículo 149, primer párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, como anticipación para que, con relación a la audiencia de ley, sean dados a conocer a las partes los informes justificados que rindan las autoridades responsables. Tal postura obedece, en principio, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento de amparo cuya observancia es obligatoria para los tribunales de control constitucional; y, en segundo término, a la oportunidad de defensa que debe darse al tercero al acudir al juicio de garantías. Así, si en el amparo indirecto se emplazó al tercero perjudicado sin la mencionada anticipación de al menos ocho días, a la fecha en que se desahogó la audiencia constitucional, es inconcuso que no se le concedió la oportunidad de acudir en defensa de sus derechos; por ende, el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión debe mandar reponer el procedimiento a fin de que el Juez de Distrito le otorgue, al menos, el plazo enunciado para comparecer al juicio de amparo; siempre y cuando no advierta que habrá de sobreseerse o negarse el amparo solicitado." Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de donde se advierte que por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se soslayó acordar lo conducente con relación al domicilio señalado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se regulariza dicha circunstancia y por tanto, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones a la quejosa ..., téngasele el ubicado en calle ... en esta ciudad, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veintitrés de agosto de dos mil dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por *********carácter que se le reconoce en términos de la copia certificada por la Notario Público número 171 en el Estado de Michoacán, en fecha treinta de agosto de dos mil veintiuno, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Poder Judicial del Estado de Michoacán y Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, con sede en esta ciudad, de la que se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con la fracción IV, interpretada en sentido contrario del artículo 107 y con la fracción III, del normativo 172 de la Ley de la materia, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;". "Artículo 172.- En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;". En la especie la parte quejosa, hace consistir el acto reclamado en: ".El tribunal de alzada ordena que se quede sin efectos, cuando lo que se impugna es un auto y no directamente la sentencia interlocutoria que data de ocho de diciembre de dos mil veintiuno.". En el caso concreto, el acto aquí reclamado no se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que éstos no afectan de manera directa dichos derechos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "realizados fuera de juicio o después de concluido", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracción IV, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un judicial. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos fuera o después de concluido dicho, no intraprocesales. Con base en estas disposiciones legales, para ser calificados los actos reclamados realizados fuera de juicio o después de concluido, se requiere sólo que sean acordados posterior a la resolución definitiva, es decir que no admitan recurso alguno, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de realizados fuera de juicio o después de concluido: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, en relación a lo anterior el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que tales actos son aquéllos que causan una afectación cierta e inmediata a los derechos sustantivos tutelados por las garantías constitucionales. Tiene aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En el caso concreto el acto reclamado consiste en la resolución de segunda instancia, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Poder Judicial del Estado de Michoacán, dentro del toca I-190/2022, a través de la cual dejó sin efectos el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, dictado por la jueza primigenia, a través del cual estableció que no ha lugar a citar para oír sentencia definitiva, para el efecto dictar uno nuevo, que valore lo conducente con relación a la carga procesal de impulsar el juicio a cargo de las partes. En ese contexto, se desprende que el concepto de contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido necesarios para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con el acto reclamado es un acto intraprocesal, en términos de los artículos 107, fracción IV, interpreteda en sentido contrario, en relación al 172, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, porque no se afectan los derechos sustantivos de la agraviada, y no decide el fondo de la Litis planteada y que en todo caso tiene transcendencia hasta el resultado de la sentencia correspondiente, en que el material probatorio es valorado, el que incluso puede ser favorable a su intereses y en caso contrario por constituir una violación a las leyes del procedimiento que afecta sus defensas podrá hacerla valer como violación procesal cuando recurra en su caso la sentencia que se llegue a emitir dentro del citado juicio, en que se podrá hacer valer dichas violaciones procesales. Es así, porque en efecto, el acto reclamado se relaciona propiamente, con la impugnación de la resolución de segunda instancia, mediante el cual dejó sin efectos de veinticinco de mayo del presente año, donde se resolvió no citar a las partes para oír sentencia definitiva, respecto de lo cual es improcedente el juicio de amparo indirecto, al no ajustarse a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues, como se dijo, no se trata de actos que afecten materialmente derechos, ni el afectado reviste la categoría de sustantivo; es así porque aquella resolución es un acto de naturaleza procesal, por lo que la única consecuencia que genera la improcedencia del amparo indirecto, es que continúe la secuela procesal del juicio de origen hasta el dictado de la sentencia definitiva, por lo que no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación. Además, no puede estimarse que exista un perjuicio a derechos sustantivos, con efectos inmediatos, toda vez que la violación procesal que se pretende combatir a través del juicio de amparo indirecto, como también se dijo, puede resolverse en sentido favorable al interesado en la sentencia definitiva, por lo que no habrá trascendido en su perjuicio, aunado a que el hecho de que no proceda el juicio de amparo indirecto, no significa que el inconforme quede sin defensa, sino que tiene que sujetarse a los requisitos, términos, plazos y límites establecidos en el sistema jurídico mexicano, máxime que al tratarse de un derecho procesal, éste se encuentra dentro de la categoría de garantías judiciales que proporcionan el debido acceso a la justicia, el cual, en su caso, puede llegar a analizarse y restituirse a través del juicio de amparo directo. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia consultable en la página 394, aplicada por identidad de razón, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte, correspondiente a los meses de Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del tenor literal siguiente: "PRUEBAS. LA VIOLACION PROCESAL TRATANDOSE DE ELLAS, PUEDE COMETERSE AL PROVEER SOBRE EL OFRECIMIENTO O AL MOMENTO DE DESAHOGO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo dice: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley". Tomando en cuenta que el dispositivo hace referencia a la recepción de pruebas, lo que constituye una acepción muy amplia, la violación puede cometerse al proveer sobre el ofrecimiento o al momento del desahogo, esto último en los casos en que para ese fin sea menester un acto procesal específico, y así, en las hipótesis que enseguida se enumeran puede sobrevenir la infracción al procedimiento que se estudia, ya que en cualquiera de ellas, la actitud autoritaria se traduce en que el material probatorio no habrá de recibirse en el juicio: a) Que la autoridad decida expresamente no admitir las pruebas ofrecidas o parte de ellas; b) Que habiéndolas admitido se niegue a desahogarlas; c) Que no las admita como fueron propuestas y d) Que no las desahogue legalmente". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Desde este momento se autoriza el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, dígasele que de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a dichas personas a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que, mediante proveído de diecinueve de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por..., contra el acto del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio Oral del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, y otras autoridades, el cual se hizo consistir en: "orden de aprehensión, presentación, búsqueda y detención, así como pretender privarlo de su libertad y su ejecución." Ahora, en el caso concreto, se actualiza la causa considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que cesaron los efectos del acto reclamado. A fin de explicar la referida causal de improcedencia conviene traer a colación el contenido del citado artículo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En ese sentido, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien por una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener efectos jurídicos. De tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso; y, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J.9/98, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, página 210; que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Criterio aplicable en tanto que no se oponen a la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, por lo que continúa su vigencia, conforme al artículo sexto transitorio de la citada ley. De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, crea una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de perjudicar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser restituida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia en estudio se encuentra orientada por la imposibilidad de hacer efectivo el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En ese sentido, es patente que de la interpretación de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal, que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, página 38; del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora, en la especie, se actualiza la referida causa de improcedencia, en virtud de que la quejosa acudió a la instancia constitucional a reclamar la orden de aprehensión dictada en su contra dentro de la causa penal 798/2020, así como su ejecución; sin embargo, con posterioridad, se advierte que en audiencia de siete de julio de dos mil veintidós, el Juez responsable canceló la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, en razón que compareció a la audiencia de imputación (foja 116). Además, por voluntad de las partes se remitió la causa penal al área de mediación en el Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa de Zacapu, Michoacán, por lo que suspendió la causa penal. En consecuencia, al haber cancelado la orden de aprehensión, motivo del acto reclamado en el escrito inicial de demanda, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que alegó por esta vía el hoy quejoso; motivo por el cual, cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión dictada en su contra en la causa penal 798/2020, así como su ejecución. Sobreseimiento que se hace extensivo en cuanto al acto reclamado a las autoridades ejecutoras, toda vez que sus actos no se reclaman por vicios propios, sino como consecuencia del acto reclamado a la ordenadora. En mérito de lo anterior, es indudable que, como ya se dijo, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia Constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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