Patricia Rosario López Valencia
Expediente 1100/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1100/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Patricia Rosario López Valencia
Actuaciones
- Principal
PRAL 1100/2023 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida el catorce de noviembre de este año en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, turnada en la misma fecha a este Juzgado y registrada el quince de noviembre siguiente, promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de los magistrados integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de otra autoridad; fórmese el expediente 1100/2023. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que en el expediente electrónico sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, la parte quejosa reclama de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: La omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para asegurar y hacer cumplir íntegramente la sentencia dictada y firme en el juicio contencioso administrativo ********************. Del titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, Delegación de Oaxaca: La omisión de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo ********************. Actos contra los cuales se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario); numerales que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - -- - - (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.). IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". De acuerdo con los citados numerales, el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos de ejecución de sentencia y no se reclame la última resolución en la que: Se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia. Se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Se ordene el archivo definitivo del expediente. Tratándose de remates, se entiende como última resolución aquella en la que en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado. Para acreditar la causa de improcedencia, resulta necesario citar los antecedentes que bajo protesta de decir verdad manifestó la parte quejosa, a saber: El cinco de agosto de dos mil veintiuno el quejoso presentó demanda de nulidad ante la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contra la resolución negativa ficta recaída al escrito dirigido a la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; radicándose con el juicio de nulidad ********************. El uno de marzo de dos mil veintidós la Sala Regional del Sureste emitió sentencia, en la que condenó a la autoridad demandada. En acuerdo de uno de agosto del año en curso dicha Sala inició de oficio el procedimiento previsto en el artículo 58, primer párrafo, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que la autoridad demandada diera cumplimiento a la sentencia definitiva de uno de marzo de dos mil veintidós; con apercibimiento que, de no hacerlo, se le impondría una multa. De lo anterior, se advierte que aún no se ha agotado totalmente el procedimiento oficioso de ejecución establecido en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues la Sala Regional responsable, con base en lo narrado por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, ha requerido el cumplimiento de la sentencia al Instituto demandado, esto es, el uno de agosto de dos mil veintitrés; fecha en la cual, de oficio, la sala inició el procedimiento de ejecución. Ello, toda vez que el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone: "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento". Conforme a la porción normativa transcrita, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe actuar de oficio o a petición de parte para asegurar el pleno cumplimiento de sus resoluciones, pero ello una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de la referida ley, esto es, de cuatro meses, a partir de la fecha en que la sentencia quede firme. Entonces, cumplido ese término, debe requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento que hubiere dado a la sentencia; de no hacerlo, decidirá si hubo incumplimiento injustificado y, en tal caso, le impondrá una multa como medida de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario -actualmente unidad de medida de actualización-, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada, para que la obligue a cumplir, apercibiéndola con multa también. Transcurridos los plazos otorgados, lo pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente a fin de que determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. Ahora, como de los antecedentes de los actos reclamados que bajo protesta de decir verdad manifestó la parte quejosa, se advierte que la sala responsable mediante acuerdo de uno de agosto del año en curso dio inició de oficio el procedimiento previsto en el artículo 58, primer párrafo, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que la autoridad demandada diera cumplimiento a la sentencia definitiva de uno de marzo de dos mil veintidós y la apercibió con imponerle una multa en caso de no hacerlo, misma que se advierte no se ha hecho efectiva en términos del referido precepto, ni tampoco se ha requerido a su superior jerárquico para que dentro del plazo de tres días obligue al demandado a cumplir sin demora con el fallo. Y tampoco ha comunicado los hechos a la Contraloría Interna correspondiente, a fin de que ésta determine la responsabilidad del funcionario que haya incurrido en incumplimiento. Medidas de coacción establecidas en el precitado artículo 58, fracción I, que constituyen mecanismos desarrollados por el legislador para conminar a la autoridad a realizar la conducta necesaria, a fin de lograr el cumplimiento de la sentencia de nulidad. Lo que hace evidente que dicho procedimiento no ha concluido hasta sus últimas consecuencias; además de que tampoco existe resolución alguna en la que se haya aprobado ni reconocido de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia dictado en el juicio de origen, así como tampoco se declaró la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA". Y no se advierte vulneración de derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada, conforme a la jurisprudencia P./J.108/2010, cuyo rubro es el siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". No pasa inadvertido el tiempo que puede demorar el cumplimiento de una sentencia de nulidad; sin embargo, es obligación de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa agotar todos los medios legales a su alcance, entre los que se encuentra la imposición de multas a la autoridad demandada y su superior jerárquico cuando omitan cumplir, previa obtención de los datos relativos al RFC y domicilio fiscal del funcionario público que ocupe el cargo respectivo, al momento de la omisión. Ello, pues la procedencia del juicio de amparo indirecto, por regla general implica que la Sala responsable ha concluido la etapa de ejecución, en los términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, sin satisfacer la pretensión de la parte actora, sobre el cumplimiento de la sentencia de nulidad. Además, cabe señalar que, después de concluido el procedimiento oficioso, y antes de promover la demanda de amparo indirecto, contra el incumplimiento de la sentencia de nulidad procede el recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a), punto 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Es así, porque de dicho precepto legal se desprende que existe un medio de impugnación ordinario en contra de la omisión a dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala responsable - el recurso de queja- antes de recurrir al amparo indirecto. Procedimiento en el que la parte afectada puede inconformarse acerca del hacer o no hacer de la autoridad demandada para proseguir con la exigencia de cumplimiento, siendo entonces que la jurisdicción ordinaria termina una vez que se agotó el recurso de queja previamente citado. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA". Dicho criterio se sostiene con las consideraciones expuestas en la ejecutoria emitida en el amparo en revisión ******************** por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito. De ahí que, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO POR IMPROCEDENTE la referida demanda. 3.1. Acceso a la justicia. La actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando a la promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Y, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, página 2066, de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". 4. Domicilio y personas autorizadas. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y como sus autorizados legales en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************(cédula profesional ********************, registro ********************) y ********************(cédula profesional ********************, registro ********************), por haberse encontrado registradas sus cédulas profesionales en la base de datos del sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales (http://ciber.cjf.gob.mx/RegProf), que los faculta a ejercer la profesión de licenciado en derecho. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, se tiene como sus autorizados legales únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a******************** y ********************, por no haberse encontrado registradas sus cédulas profesionales en el referido sistema. 4.1. No ha lugar a efectuar notificaciones por correo electrónico. Respecto a la solicitud que realiza el quejoso, relativa a que se le practiquen las notificaciones que deriven de esta instancia constitucional vía de correo electrónico que proporciona, dígasele que no es procedente acordar de conformidad, toda vez que la Ley de Amparo no prevé esa forma de notificación, aunado a que no proporciono dicho medio de comunicación alterno. 5. Autorización para la consulta del expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 35, 36 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, respecto a la solicitud de consulta del expediente vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a la ocursante para que tenga acceso a la consulta del expediente electrónico relativo a este juicio de amparo, a través del usuario "********************". 6. Medios de comunicación no procesal. Se tiene a la parte quejosa proporcionando dos números telefónicos, como medios de comunicación para entablar comunicación no procesal, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, adicionado por el referido Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 7. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 8. Publicación de versión pública de sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; pero tratándose de la resolución o sentencia que llegue a dictarse, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 9. Medios tecnológicos y soluciones digitales aplicables a expedientes. Atendiendo a los artículos 252, 253, 261 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vigente, se comunica a las partes que a partir del siete de noviembre del dos mil veintidós este órgano jurisdiccional tramitará e integrará este asunto a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por tanto: 1º Cuando se inicie un asunto y se tramite a través de documentos físicos, sólo se imprimirán las actuaciones que resulten indispensables, como las constancias de notificación, y servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, pues los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes; y, 2º La documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, y no se imprimirán ni agregarán al expediente impreso; que será aplicable a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós. 3º Ello, bajo ninguna circunstancia se obstaculiza la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. 4º Las partes podrán consultar este expediente mediante el uso de los dispositivos electrónicos respectivos. 5º Se privilegiará el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. 6º En caso de que alguna de las partes acuda físicamente a este Juzgado o cuando deseen asistir personalmente a consultar los expedientes por no ser posible a través de los dispositivos electrónicos, sólo se llevará a cabo a través del uso del equipo de cómputo que se tiene destinado para el efecto. 7º Y la atención en este órgano jurisdiccional por parte del personal únicamente se realizará a través del teléfono colocado en el área de atención al público, en el que estarán a la vista las extensiones de los servidores públicos para el contacto relativo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO CITATORIO. PRAL 1100/2023 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida el catorce de noviembre de este año en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, turnada en la misma fecha a este Juzgado y registrada el quince de noviembre siguiente, promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de los magistrados integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de otra autoridad; fórmese el expediente 1100/2023. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que en el expediente electrónico sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, la parte quejosa reclama de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: La omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para asegurar y hacer cumplir íntegramente la sentencia dictada y firme en el juicio contencioso administrativo ********************. Del titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, Delegación de Oaxaca: La omisión de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo ********************. Actos contra los cuales se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario); numerales que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - -- - - (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.). IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". De acuerdo con los citados numerales, el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos de ejecución de sentencia y no se reclame la última resolución en la que: Se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia. Se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Se ordene el archivo definitivo del expediente. Tratándose de remates, se entiende como última resolución aquella en la que en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado. Para acreditar la causa de improcedencia, resulta necesario citar los antecedentes que bajo protesta de decir verdad manifestó la parte quejosa, a saber: El cinco de agosto de dos mil veintiuno el quejoso presentó demanda de nulidad ante la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contra la resolución negativa ficta recaída al escrito dirigido a la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; radicándose con el juicio de nulidad ********************. El uno de marzo de dos mil veintidós la Sala Regional del Sureste emitió sentencia, en la que condenó a la autoridad demandada. En acuerdo de uno de agosto del año en curso dicha Sala inició de oficio el procedimiento previsto en el artículo 58, primer párrafo, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que la autoridad demandada diera cumplimiento a la sentencia definitiva de uno de marzo de dos mil veintidós; con apercibimiento que, de no hacerlo, se le impondría una multa. De lo anterior, se advierte que aún no se ha agotado totalmente el procedimiento oficioso de ejecución establecido en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues la Sala Regional responsable, con base en lo narrado por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, ha requerido el cumplimiento de la sentencia al Instituto demandado, esto es, el uno de agosto de dos mil veintitrés; fecha en la cual, de oficio, la sala inició el procedimiento de ejecución. Ello, toda vez que el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone: "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento". Conforme a la porción normativa transcrita, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe actuar de oficio o a petición de parte para asegurar el pleno cumplimiento de sus resoluciones, pero ello una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de la referida ley, esto es, de cuatro meses, a partir de la fecha en que la sentencia quede firme. Entonces, cumplido ese término, debe requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento que hubiere dado a la sentencia; de no hacerlo, decidirá si hubo incumplimiento injustificado y, en tal caso, le impondrá una multa como medida de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario -actualmente unidad de medida de actualización-, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada, para que la obligue a cumplir, apercibiéndola con multa también. Transcurridos los plazos otorgados, lo pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente a fin de que determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. Ahora, como de los antecedentes de los actos reclamados que bajo protesta de decir verdad manifestó la parte quejosa, se advierte que la sala responsable mediante acuerdo de uno de agosto del año en curso dio inició de oficio el procedimiento previsto en el artículo 58, primer párrafo, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que la autoridad demandada diera cumplimiento a la sentencia definitiva de uno de marzo de dos mil veintidós y la apercibió con imponerle una multa en caso de no hacerlo, misma que se advierte no se ha hecho efectiva en términos del referido precepto, ni tampoco se ha requerido a su superior jerárquico para que dentro del plazo de tres días obligue al demandado a cumplir sin demora con el fallo. Y tampoco ha comunicado los hechos a la Contraloría Interna correspondiente, a fin de que ésta determine la responsabilidad del funcionario que haya incurrido en incumplimiento. Medidas de coacción establecidas en el precitado artículo 58, fracción I, que constituyen mecanismos desarrollados por el legislador para conminar a la autoridad a realizar la conducta necesaria, a fin de lograr el cumplimiento de la sentencia de nulidad. Lo que hace evidente que dicho procedimiento no ha concluido hasta sus últimas consecuencias; además de que tampoco existe resolución alguna en la que se haya aprobado ni reconocido de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia dictado en el juicio de origen, así como tampoco se declaró la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA". Y no se advierte vulneración de derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada, conforme a la jurisprudencia P./J.108/2010, cuyo rubro es el siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". No pasa inadvertido el tiempo que puede demorar el cumplimiento de una sentencia de nulidad; sin embargo, es obligación de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa agotar todos los medios legales a su alcance, entre los que se encuentra la imposición de multas a la autoridad demandada y su superior jerárquico cuando omitan cumplir, previa obtención de los datos relativos al RFC y domicilio fiscal del funcionario público que ocupe el cargo respectivo, al momento de la omisión. Ello, pues la procedencia del juicio de amparo indirecto, por regla general implica que la Sala responsable ha concluido la etapa de ejecución, en los términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, sin satisfacer la pretensión de la parte actora, sobre el cumplimiento de la sentencia de nulidad. Además, cabe señalar que, después de concluido el procedimiento oficioso, y antes de promover la demanda de amparo indirecto, contra el incumplimiento de la sentencia de nulidad procede el recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a), punto 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Es así, porque de dicho precepto legal se desprende que existe un medio de impugnación ordinario en contra de la omisión a dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala responsable - el recurso de queja- antes de recurrir al amparo indirecto. Procedimiento en el que la parte afectada puede inconformarse acerca del hacer o no hacer de la autoridad demandada para proseguir con la exigencia de cumplimiento, siendo entonces que la jurisdicción ordinaria termina una vez que se agotó el recurso de queja previamente citado. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA". Dicho criterio se sostiene con las consideraciones expuestas en la ejecutoria emitida en el amparo en revisión ******************** por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito. De ahí que, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO POR IMPROCEDENTE la referida demanda. 3.1. Acceso a la justicia. La actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando a la promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Y, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, página 2066, de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". 4. Domicilio y personas autorizadas. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y como sus autorizados legales en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************(cédula profesional ********************, registro ********************) y ********************(cédula profesional ********************, registro ********************), por haberse encontrado registradas sus cédulas profesionales en la base de datos del sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales (http://ciber.cjf.gob.mx/RegProf), que los faculta a ejercer la profesión de licenciado en derecho. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, se tiene como sus autorizados legales únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a******************** y ********************, por no haberse encontrado registradas sus cédulas profesionales en el referido sistema. 4.1. No ha lugar a efectuar notificaciones por correo electrónico. Respecto a la solicitud que realiza el quejoso, relativa a que se le practiquen las notificaciones que deriven de esta instancia constitucional vía de correo electrónico que proporciona, dígasele que no es procedente acordar de conformidad, toda vez que la Ley de Amparo no prevé esa forma de notificación, aunado a que no proporciono dicho medio de comunicación alterno. 5. Autorización para la consulta del expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 35, 36 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, respecto a la solicitud de consulta del expediente vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a la ocursante para que tenga acceso a la consulta del expediente electrónico relativo a este juicio de amparo, a través del usuario "********************". 6. Medios de comunicación no procesal. Se tiene a la parte quejosa proporcionando dos números telefónicos, como medios de comunicación para entablar comunicación no procesal, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, adicionado por el referido Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 7. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 8. Publicación de versión pública de sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; pero tratándose de la resolución o sentencia que llegue a dictarse, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 9. Medios tecnológicos y soluciones digitales aplicables a expedientes. Atendiendo a los artículos 252, 253, 261 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vigente, se comunica a las partes que a partir del siete de noviembre del dos mil veintidós este órgano jurisdiccional tramitará e integrará este asunto a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por tanto: 1º Cuando se inicie un asunto y se tramite a través de documentos físicos, sólo se imprimirán las actuaciones que resulten indispensables, como las constancias de notificación, y servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, pues los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes; y, 2º La documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, y no se imprimirán ni agregarán al expediente impreso; que será aplicable a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós. 3º Ello, bajo ninguna circunstancia se obstaculiza la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. 4º Las partes podrán consultar este expediente mediante el uso de los dispositivos electrónicos respectivos. 5º Se privilegiará el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. 6º En caso de que alguna de las partes acuda físicamente a este Juzgado o cuando deseen asistir personalmente a consultar los expedientes por no ser posible a través de los dispositivos electrónicos, sólo se llevará a cabo a través del uso del equipo de cómputo que se tiene destinado para el efecto. 7º Y la atención en este órgano jurisdiccional por parte del personal únicamente se realizará a través del teléfono colocado en el área de atención al público, en el que estarán a la vista las extensiones de los servidores públicos para el contacto relativo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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