Patricia Rosalva Ramirez Martinez

Expediente 1028/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1028/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
16/08/2022

Partes del expediente

  • Patricia Rosalva Ramirez Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Agrega comparecencia. Agréguese a estos autos la comparecencia de la quejosa ***, mediante la cual ratificó en todas y cada una de sus partes el contenido y firma del escrito recibido en este juzgado el nueve de agosto de dos mil veintidós, registrado con el número de control interno 15221, así como la del escrito inicial de demanda, por haber sido estampadas dichas firmas de su puño y letra. En ese tenor, téngasele desahogando el requerimiento contenido en auto de diez del presente mes y año. Desechamiento de la demanda. En ese tenor, visto el escrito el escrito de referencia registrado con el número de control interno 15221, en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento a la prevención contenida en auto de veintiocho de julio del año en curso. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda, se advierte, que la parte quejosa reclama: "[.] aplicarme una sanción mal llamada MEDIDA CAUTELAR, dictada en mi contra dentro de una supuesta investigación, donde concluye suspender mis labores en la escuela que desempeño mi trabajo como docente [.]" Desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe tenerse en consideración, que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no sería factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Causal de improcedencia. Respecto de la demanda de amparo, se estima la configuración de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los numerales 1, fracción i y último párrafo y el 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, porque los actos que reclama no pueden catalogarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta, o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De los preceptos previamente citados, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, en los casos en que se actualiza una causa de las previstas sea en la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias, que se susciten por normas generales, actos u omisiones, de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías para su protección por la propia Constitución. Asimismo, se establece que autoridad responsable será aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, en el caso anterior, los particulares tendrán la calidad de autoridad cuando realicen actos equivalente a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Caso concreto. En el presente caso, el acto reclamado consistente en que a través del oficio DES/2009/2021-2022, de fecha doce de julio de dos mil veintidós, suscrito por el Jefe del Departamento de Secundarias Generales de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, donde le informan que se determina procedente como medida cautelar que no se encuentre frente a un grupo y dentro de un plantel educativo, hasta en tanto se concluya la investigación y se resuelva en definitivo su situación laboral. De lo anterior, se colige que el acto que la parte quejosa reclama, de ninguna manera se puede considerar como acto de autoridad, pues se trata, de una medida tomada por la citada responsable, respecto de la situación laboral con el ahora impetrante de garantías, en su calidad de empleada. Lo anterior es así, tomando en consideración que el Jefe del Departamento de Secundarias Generales de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, tiene dos caracteres definidos: uno de autoridad y otro de carácter privado, en su calidad de patrón respecto de las personas que son contratadas como empleados para el desempeño de sus funciones. En efecto, por un lado y acorde a lo establecido, el Jefe del Departamento de Secundarias Generales de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, forma parte de la Secretaria de Educación local, quien es la encargada de cumplir y hacer cumplir los fines y funciones de la educación pública y, por otra, es un organismo de carácter privado, cuando careciendo de imperio es sólo un patrón que le resulta como consecuencia del vínculo laboral existente entre dicha dependencia como empleador y la quejosa *** como trabajadora, ponen de manifiesto que ambas partes se ubican en un plano de igualdad dentro de la relación burocrática que generó el acto reclamado, dado que la suspensión en el puesto que la agraviada desempeñaba, encuentra origen en obligaciones que surgen de la relación laboral que mantiene con la Secretaría de Educación local, que previamente la había designado como docente de la escuela secundaria general ***, cuya suspensión temporal señala como acto reclamado. En este último caso, como aconteció en la especie, en el supuesto de presentarse alguna controversia entre el nombrado ente local y sus empleados, la misma deberá tramitarse ante la autoridad laboral competente. Es decir, en el caso concreto, el acto reclamado deriva del trato entre la ahora inconforme y la referida autoridad, en virtud de desempeñarse como su empleada, según se advierte de la propia demanda de garantías, de lo que se infiere claramente que, en todo caso, la autoridad en cita, no actuó como autoridad sino como patrón, es decir, con la calidad jurídica de una entidad de derecho privado y no como organismo público. De suerte que si el acto reclamado deriva del vínculo laboral entre la amparista y el Departamento de Secundarias de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, y no se advierte que aquél fuera emitido con potestad de imperio, es decir, como autoridad en los términos previstos en el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, sino con el carácter de patrón en el ámbito del derecho del trabajo que rige las relaciones de esa dependencia con su personal, es inconcuso, que no se está, como lo alega, en presencia de un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo indirecto. Sobre lo antes dicho, tiene aplicación al respecto, por igualdad de razón, la jurisprudencia P./J. 10/90, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 92, del Tomo VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, correspondiente a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución." Así como la tesis del otrora tercer tribunal colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo X, noviembre de 1992, página 321, que se lee: "TRABAJADORES DE CONFIANZA, AL SERVICIO DEL ESTADO, CESE DE. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. En las relaciones que lleva el Estado con sus trabajadores, tiene, dentro de sus unidades burocráticas, una posición jurídica similar a la de un patrón, al contratar los servicios de particulares para llevar a cabo las funciones que está obligado a prestar, sin que con ello actúe con el imperio de su soberanía que es la característica distintiva de los actos de autoridad, por lo que al suspender o cesar al trabajador de confianza del encargo para el que fue contratado, es inconcuso que no pronuncia acto de autoridad alguno que sea susceptible de analizarse a través del juicio de garantías." En tales condiciones se concluye que el acto que se reclama a la autoridad responsable es realizado en carácter de patrón, en contra de los cuales no procede el juicio de amparo por no constituir un acto de autoridad, sino que en su caso, podrían generar un conflicto de trabajo ante las autoridades laborales de justicia, debido a que precisamente no se reclaman actos de autoridad sino aspectos atinentes a cuestiones laborales. Esto porque resultaría incongruente sostener que cuando se reclaman derechos relativos a la relación de trabajo, por sólo esa circunstancia, sea competente el órgano jurisdiccional de amparo, al considerarse laboral la relación y al Estado como patrón, pues esos actos (condiciones de trabajo), no pierden su carácter laboral (relación patrón-trabajador), y que por ello se convierta en acto de autoridad. Tiene apoyo a la presente determinación por analogía la tesis VII. 2o.T. J/18 (10ª.), con número de registro 2014528, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que a la letra dice: "DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ASCENSO LABORAL, NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El presidente de la Comisión Dictaminadora del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar de la Secretaría de Educación Pública, al realizar actos que tienen relación directa con los procedimientos de ascenso dentro de ese plantel educativo, no colma los requisitos para considerarlo como autoridad para efectos del amparo, porque su actuación no emana de un mandato que tenga su origen en la ley, que le confiera atribuciones para actuar como una autoridad de Estado, modificando unilateralmente una situación jurídica, sino que se trata de actos que derivan de una relación laboral que pueden clasificarse en un plano de coordinación, que es lo que caracteriza a ese tipo de relaciones. Por tanto, cuando a través del juicio de amparo se impugnan actos que tienen relación directa con el procedimiento laboral de ascenso y se señala como autoridad responsable al director del plantel educativo, en su calidad de presidente de la comisión dictaminadora, el amparo es improcedente, al no tener aquél tal carácter, pues los actos que se le atribuyen los lleva a cabo en relación con los trabajadores de dicho plantel, lo cual tiene su origen en el vínculo obrero-patrón y no gobierno-gobernado." No pasa inadvertido que en términos del artículo 5° segundo párrafo de la Ley de Amparo, incluso los particulares pueden ser considerados autoridad responsable; sin embargo, no cobra aplicación en el presente caso, pues la autoridad responsable aquí señalada no actúa con imperio, sino en su carácter de patrón. Decisión. En ese tenor, resulta inconcuso que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61, con relación al numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, en términos del artículo 113 de la norma en mención, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata.. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por medio de lista

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Agrega comparecencia. Agréguese a estos autos la comparecencia de la quejosa ***, mediante la cual ratificó en todas y cada una de sus partes el contenido y firma del escrito recibido en este juzgado el nueve de agosto de dos mil veintidós, registrado con el número de control interno 15221, así como la del escrito inicial de demanda, por haber sido estampadas dichas firmas de su puño y letra. En ese tenor, téngasele desahogando el requerimiento contenido en auto de diez del presente mes y año. Desechamiento de la demanda. En ese tenor, visto el escrito el escrito de referencia registrado con el número de control interno 15221, en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento a la prevención contenida en auto de veintiocho de julio del año en curso. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda, se advierte, que la parte quejosa reclama: aplicarme una sanción mal llamada MEDIDA CAUTELAR, dictada en mi contra dentro de una supuesta investigación, donde concluye suspender mis labores en la escuela que desempeño mi trabajo como docente Desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe tenerse en consideración, que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no sería factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Causal de improcedencia. Respecto de la demanda de amparo, se estima la configuración de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los numerales 1, fracción i y último párrafo y el 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, porque los actos que reclama no pueden catalogarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Marco normativo. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta, o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De los preceptos previamente citados, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, en los casos en que se actualiza una causa de las previstas sea en la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias, que se susciten por normas generales, actos u omisiones, de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías para su protección por la propia Constitución. Asimismo, se establece que autoridad responsable será aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, en el caso anterior, los particulares tendrán la calidad de autoridad cuando realicen actos equivalente a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Caso concreto. En el presente caso, el acto reclamado consistente en que a través del oficio DES/2009/2021-2022, de fecha doce de julio de dos mil veintidós, suscrito por el Jefe del Departamento de Secundarias Generales de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, donde le informan que se determina procedente como medida cautelar que no se encuentre frente a un grupo y dentro de un plantel educativo, hasta en tanto se concluya la investigación y se resuelva en definitivo su situación laboral. De lo anterior, se colige que el acto que la parte quejosa reclama, de ninguna manera se puede considerar como acto de autoridad, pues se trata, de una medida tomada por la citada responsable, respecto de la situación laboral con el ahora impetrante de garantías, en su calidad de empleada. Lo anterior es así, tomando en consideración que el Jefe del Departamento de Secundarias Generales de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, tiene dos caracteres definidos: uno de autoridad y otro de carácter privado, en su calidad de patrón respecto de las personas que son contratadas como empleados para el desempeño de sus funciones. En efecto, por un lado y acorde a lo establecido, el Jefe del Departamento de Secundarias Generales de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, forma parte de la Secretaria de Educación local, quien es la encargada de cumplir y hacer cumplir los fines y funciones de la educación pública y, por otra, es un organismo de carácter privado, cuando careciendo de imperio es sólo un patrón que le resulta como consecuencia del vínculo laboral existente entre dicha dependencia como empleador y la quejosa *** como trabajadora, ponen de manifiesto que ambas partes se ubican en un plano de igualdad dentro de la relación burocrática que generó el acto reclamado, dado que la suspensión en el puesto que la agraviada desempeñaba, encuentra origen en obligaciones que surgen de la relación laboral que mantiene con la Secretaría de Educación local, que previamente la había designado como docente de la escuela secundaria general ***, cuya suspensión temporal señala como acto reclamado. En este último caso, como aconteció en la especie, en el supuesto de presentarse alguna controversia entre el nombrado ente local y sus empleados, la misma deberá tramitarse ante la autoridad laboral competente. Es decir, en el caso concreto, el acto reclamado deriva del trato entre la ahora inconforme y la referida autoridad, en virtud de desempeñarse como su empleada, según se advierte de la propia demanda de garantías, de lo que se infiere claramente que, en todo caso, la autoridad en cita, no actuó como autoridad sino como patrón, es decir, con la calidad jurídica de una entidad de derecho privado y no como organismo público. De suerte que si el acto reclamado deriva del vínculo laboral entre la amparista y el Departamento de Secundarias de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, y no se advierte que aquél fuera emitido con potestad de imperio, es decir, como autoridad en los términos previstos en el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, sino con el carácter de patrón en el ámbito del derecho del trabajo que rige las relaciones de esa dependencia con su personal, es inconcuso, que no se está, como lo alega, en presencia de un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo indirecto. Sobre lo antes dicho, tiene aplicación al respecto, por igualdad de razón, la jurisprudencia P./J. 10/90, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 92, del Tomo VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, correspondiente a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS. y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS., subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución." Así como la tesis del otrora tercer tribunal colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo X, noviembre de 1992, página 321, que se lee: TRABAJADORES DE CONFIANZA, AL SERVICIO DEL ESTADO, CESE DE. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. En las relaciones que lleva el Estado con sus trabajadores, tiene, dentro de sus unidades burocráticas, una posición jurídica similar a la de un patrón, al contratar los servicios de particulares para llevar a cabo las funciones que está obligado a prestar, sin que con ello actúe con el imperio de su soberanía que es la característica distintiva de los actos de autoridad, por lo que al suspender o cesar al trabajador de confianza del encargo para el que fue contratado, es inconcuso que no pronuncia acto de autoridad alguno que sea susceptible de analizarse a través del juicio de garantías." En tales condiciones se concluye que el acto que se reclama a la autoridad responsable es realizado en carácter de patrón, en contra de los cuales no procede el juicio de amparo por no constituir un acto de autoridad, sino que en su caso, podrían generar un conflicto de trabajo ante las autoridades laborales de justicia, debido a que precisamente no se reclaman actos de autoridad sino aspectos atinentes a cuestiones laborales. Esto porque resultaría incongruente sostener que cuando se reclaman derechos relativos a la relación de trabajo, por sólo esa circunstancia, sea competente el órgano jurisdiccional de amparo, al considerarse laboral la relación y al Estado como patrón, pues esos actos condiciones de trabajo, no pierden su carácter laboral relación patrón-trabajador, y que por ello se convierta en acto de autoridad. Tiene apoyo a la presente determinación por analogía la tesis VII. 2o.T. J/18 10, con número de registro 2014528, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que a la letra dice: DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ASCENSO LABORAL, NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El presidente de la Comisión Dictaminadora del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar de la Secretaría de Educación Pública, al realizar actos que tienen relación directa con los procedimientos de ascenso dentro de ese plantel educativo, no colma los requisitos para considerarlo como autoridad para efectos del amparo, porque su actuación no emana de un mandato que tenga su origen en la ley, que le confiera atribuciones para actuar como una autoridad de Estado, modificando unilateralmente una situación jurídica, sino que se trata de actos que derivan de una relación laboral que pueden clasificarse en un plano de coordinación, que es lo que caracteriza a ese tipo de relaciones. Por tanto, cuando a través del juicio de amparo se impugnan actos que tienen relación directa con el procedimiento laboral de ascenso y se señala como autoridad responsable al director del plantel educativo, en su calidad de presidente de la comisión dictaminadora, el amparo es improcedente, al no tener aquél tal carácter, pues los actos que se le atribuyen los lleva a cabo en relación con los trabajadores de dicho plantel, lo cual tiene su origen en el vínculo obrero patrón y no gobierno gobernado. No pasa inadvertido que en términos del artículo 5 segundo párrafo de la Ley de Amparo, incluso los particulares pueden ser considerados autoridad responsable; sin embargo, no cobra aplicación en el presente caso, pues la autoridad responsable aquí señalada no actúa con imperio, sino en su carácter de patrón. Decisión. En ese tenor, resulta inconcuso que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61, con relación al numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, en términos del artículo 113 de la norma en mención, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por medio de lista

  3. Principal

    SE AGREGA ESCRITO DE CUENTA. SE REQUIERE A PROMOVENTE PARA QUE LO RATIFIQUE. APERCIBIDO. N.P.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: SE AGREGA ESCRITO DE CUENTA. SE REQUIERE A PROMOVENTE PARA QUE LO RATIFIQUE. APERCIBIDO. N.P.

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