Patricia Roldán Cordero

Expediente 1250/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1250/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • Patricia Roldán Cordero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Tribunal responsable informa. Agréguese únicamente para obre como corresponda el oficio de los magistrados que integran el Tribunal de Arbitraje del Estado, por medio del cual informan que mediante oficio 855/2021 remitieron copia certificada del proveído del diecisiete de marzo pasado, dictado en el expediente laboral D-415/2018 y adjuntan copia certificada del acuse antes precisado; atento a lo anterior, dado que mediante auto del veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Israel Flores Rodríguez, Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante la Secretaria Diana Cortés González, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio del Tribunal de Arbitraje del Estado, por medio del cual, remite diversas constancias en atención al requerimiento realizado mediante proveído de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno; atento a lo anterior se provee: Cabe recordar que en el presente asunto la parte quejosa reclama del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla lo siguiente: Omisión de emplazar a la parte demandada y señalar fecha de la audiencia de ley dentro del juicio laboral D-415/2018, El auto del catorce de diciembre de dos mil veinte por el que la autoridad responsable ordenó emplazar al demandado dentro del expediente laboral D-415/2018 vía exhorto. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, ante todo debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Cesación de efectos del acto reclamado consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada y señalar fecha de la audiencia de ley. Sentado lo anterior, respecto al acto reclamado, consistente la omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de ley, y emplazar al Ayuntamiento de Huejotzingo, dentro del juicio laboral D-415/2018 del índice de la autoridad responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica jurídica, se precisa que en relación con el acto reclamado consistente la omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de ley, y emplazar al Ayuntamiento de Huejotzingo, dentro del juicio laboral D-415/2018 del índice de la autoridad responsable; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así ya que de las constancias que obran en autos se advierte que la autoridad responsable señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley, emplazó al demandado, tan es así que dicha parte procesal ya dio contestación al escrito de demanda dentro del expediente laboral de origen, tal y como se advierte de las siguientes reproducciones gráficas. De las imágenes insertas se aprecia que la autoridad responsable señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley, y ya emplazó a la parte demandada en el juicio laboral de origen -incluso ya se apersonó-, esto es, se pronunció respecto de la omisión reclamada por la parte quejosa. En consecuencia, dado que han cesado las omisiones reclamadas, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte, subsiste el acto pero no puede surtir efectos En otra tesitura, por lo que hace al acto reclamado consistente en el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte por el que la autoridad responsable se ordenó emplazar al demandado dentro del expediente laboral D-415/2018 vía exhorto, oficiosamente se advierte que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto contemplada en el artículo 61, fracción XXII, de la ley de la materia, cuyo contenido dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" En efecto, la causa de improcedencia del juicio constitucional, se actualiza ante la presencia de un hecho extraordinario (que no depende de la autoridad responsable), que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, ha desaparecido, por lo que ya no es posible que el acto reclamado lesione a la parte quejosa; en consecuencia, tal causa de improcedencia del juicio de amparo tiene como base la imposibilidad de que se realice o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto del mismo. Esto es así, en virtud de que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, no obstante ello, existen diversos requisitos que condicionan a la procedencia del juicio de amparo, dado que debe trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En ese contexto, la causa de improcedencia del juicio constitucional que se analiza prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, prevé que aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de su derecho humano que estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia que concediera la protección constitucional, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del citado quejoso. Una vez sentado lo anterior, conviene destacar que de las constancias requeridas oficiosamente al Juzgado de Exhortos de la zona metropolitana de Puebla, dentro del exhorto 5550/2020, se advierte el cumplimiento dado al diverso 233/2020 ordenado por el Tribunal de Arbitraje dentro del expediente laboral D-415/2018 mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte por el que solicitó que en auxilio de sus funciones, emplazara al demandado Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla al juicio laboral en cita. Exhorto que se tuvo por cumplido mediante diligencia de diez de febrero de dos mil veintiuno, en la que se emplazó al demandado, tal y como se advierte en la siguiente reproducción gráfica: Comunicación oficial que la autoridad responsable ya tuvo por recibida, incluso se tuvo ya por apersonada la parte demandada al expediente laboral de origen. Lo relatado, pone de relieve la actualización de la causa de improcedencia en estudio, pues si bien subsiste el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte, por el que la autoridad responsable ordenó emplazar al demandado dentro del expediente laboral D-415/2018 por exhorto; sin embargo, aquél ya no produce alguna afectación al quejoso, puesto que dicho emplazamiento ya se realizó, incluso el demandado dio contestación. En consecuencia, el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte ya no incide en la esfera jurídica del quejoso, pues en el supuesto de que se resolviera el fondo del juicio de amparo y se concediera la protección constitucional a su favor, resultaría nugatorio restituirla en el goce de su derecho que estima violado, pues al dejar sin efectos dicho proveído sería ilógico que se le concediera la protección constitucional para que en su caso, se emplazará nuevamente al demandado dentro del juicio laboral en comentó, por conducto del actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, lo que tendría como consecuencia un retardo en la impartición de justicia. Lo anterior es así, pues como se ha señalado, el juicio de amparo es un medio de control constitucional, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del peticionario de amparo, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales. Entonces, aun cuando subsiste acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte, lo cierto es que ha dejado de existir su materia u objeto, pues el emplazamiento dentro del juicio laboral D-415/2018, ya se practicó; por tanto, la posible afectación que se producía en la esfera jurídica de la quejosa al aducir la dilación procesal, dejo de concretarse por la modificación de la situación en que ahora impera, lo cual se insiste, ya no deja huella alguna en el quejoso. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, del tomo XXIV, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 2006, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En consecuencia por todo lo expuesto, es evidente que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, pues en el caso se actualizan de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXI y XXII, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las quince horas con diez minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Se admite ampliación. Visto el estado de autos y la diligencia de ratificación de firma del veintiocho de enero de dos mil veintiuno de la que se advierte que la parte quejosa reconoció el contenido y firma del escrito presentado en este juzgado con el número de promoción 321, se provee lo siguiente: Al respecto, resulta oportuno precisar que la parte quejosa en su escrito de demanda señaló como acto reclamado la omisión de emplazar a la parte demandada en el expediente laboral de origen, así como señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ley. Ahora, el Tribunal de Arbitraje responsable al rendir su informe justificado manifestó que atendiendo al domicilio de la parte demandada ordenó su emplazamiento mediante exhorto cuyo conocimiento correspondió a la jueza de Exhortos de la Zona Metropolitana del Estado de Puebla. En ese sentido, se desprende que el acto reclamado inicialmente por la parte quejosa guarda una estrecha vinculación con la omisión reclamada inicialmente -emplazamiento de la parte demandada-; por tanto, se admite a trámite la ampliación de demanda que propone la parte quejosa señalando como nuevo acto reclamado el proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte dictado en el juicio laboral D-415/2018 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado. Informe justificado. Córrase traslado con el ocurso de ampliación a la autoridad responsable y respecto de ésta pídase el informe justificado en torno al acto que se le reclama, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Federal; en el que deberá exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Información sobre causas de improcedencia. Se solicita a la autoridad responsable a fin de que en caso de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia la informe, apercibida que en caso de no hacerlo se le impondrá una multa de 30 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Intervención del Ministerio Público adscrita. Córrase traslado con el escrito de ampliación a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, para los efectos legales conducentes. Por otro lado, se tienen por anunciadas las pruebas que señala la parte quejosa, mismas que deberán de relacionarse en la audiencia constitucional. Finalmente, en relación al correo electrónico jessica.juarez.tellez@gmail.com que proporciona, se toma conocimiento para para mejor la comunicación, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Autorizado solicita documentos adjuntos. Por otra parte, agréguese el escrito del autorizado en términos amplios de la parte quejosa por medio del cual solicita la devolución de las documentales exhibidas en el presente juicio de amparo; atento a lo anterior, de una revisión minuciosa se advierte únicamente obra agregada copia certificada del auto de catorce de diciembre de dos mil veinte y la cédula de notificación correspondiente, ambos relativos al expediente laboral D-415/2018. En consecuencia hágase la devolución de las documentales antes referidas y se autoriza a la persona que menciona para su recepción, en el entendido que deberán comparecer debidamente identificados con credencial oficial vigente, y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Se informa a la quejosa que atendiendo a los lineamientos indicados en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea, micrositio "Agenda OJ", a efecto de que el propio sistema le designe el día y hora de acuerdo a la disponibilidad de citas y se genere su código QR. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Informe justificado. Téngase por recibido el oficio de los magistrados del Tribunal de Arbitraje en el Estado; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad oficiante. Con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por presentada la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, debiendo darse cuenta con ésta en la audiencia constitucional. En términos de lo dispuesto por los artículos 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la referida autoridad a las personas que menciona en el comunicado que se provee. Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 8,646 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano