Patricia Rodrìguez Verònica
Expediente 816/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 816/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Patricia Rodrìguez Verònica
Actuaciones
- Principal
VI... Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja... en contra del proveído por el que se desechó su demanda de amparo; ..., se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. ... el presente expediente no es de relevancia documental y es susceptible de destrucción. Una vez transcurridos más de tres años contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del juicio en que se actúa, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
VI... Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por quien se ostenta como Patricia ..., por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de lo Familiar de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 816/2019-VI. Previo a acordar lo conducente en torno al ocurso de demanda de que se trata, es dable subrayar que la demanda de amparo fue promovida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual es un sitio web a través del cual las partes y sus representantes en los juicios de amparo podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para presentar demandas, recursos y promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en estos; lo cual otorga a los justiciables la oportunidad de facilitar el acceso a la administración de justicia de manera pronta y expedita, acorde con el espíritu que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, es importante destacar que tratándose de promociones electrónicas la Ley de Amparo establece las reglas y formas en que los procedimientos se substanciaran y resolverán ante los Tribunales Judiciales, específicamente el artículo 3º del citado ordenamiento legal. Acorde con lo anterior, los artículos 64, 65, 72 y 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, indican los requisitos para presentar demandas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En este contexto, del artículo 3º de la ley de la materia se evidencia que la tramitación del amparo indirecto podrá realizarse de manera optativa, a través de los mecanismos e instrumentos tecnológicos habilitados por el Consejo de la Judicatura Federal, siempre y cuando tales actuaciones se ajusten a los parámetros establecidos para su procedencia. Asimismo, se establece que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, y que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por su parte, es menester destacar que los artículos 64 y 65, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, precisan que para que los usuarios puedan acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario que las personas cuenten con firma electrónica, reconocida por el Poder Judicial Federal a través de la Unidad de Control de Certificación de Firmas, que se registren en el Sistema, y vincular dicho registro con su firma electrónica. Además, en los referidos preceptos se establece como excepción de la obligación de contar con dicho registro, para el caso de que se promuevan demandas en donde se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; asimismo, que en tratándose de dichos actos tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Ahora, del precepto 72 del Acuerdo 1/2015 de referencia, se advierte que fuera de los casos de excepción precisados en el párrafo que antecede, al escrito de demanda debe agregarse la firma electrónica vigente. Finalmente, el artículo 76, párrafo segundo del citado Acuerdo, señala que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. En ese contexto, en el caso se advierte que el escrito de cuenta no cumple con lo establecido en los citados preceptos legales, pues no contiene Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emitió el Consejo de la Judicatura Federal. En efecto, del ocurso de cuenta no se advierte evidencia criptográfica alguna que denote la firma electrónica que deben contener las promociones que se presenten de forma virtual, la cual, como se señaló, tiene los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Aunado a lo anterior, en el escrito de demanda no se reclaman actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, es inconcuso que este Juzgador está facultado para proveer respecto del escrito de demanda a la luz de los razonamientos expuestos. En mérito de lo anterior, es menester destacar que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse la demanda. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los preceptos citados, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Por su parte, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En tanto, el numeral 3°, de la ley de la materia, dispone que los escritos que en forma electrónica se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la Firma Electrónica; la cual, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. De lo anterior se tiene que, la firma electrónica produce los mismos efectos que la autógrafa, por tanto resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad de la parte quejosa para instar la acción constitucional, porque a través de ella se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. Bajo ese contexto, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de garantías, el artículo 3°, de la Ley de Amparo, dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Asimismo se destaca el contenido de los artículos 72 y 76, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, ya transcritos, se advierte que para presentar una demanda de amparo vía medios electrónicos, con excepción de los casos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es necesario que la promovente ingrese su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generó al momento de registrarse conforme al artículo 64 del citado Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad; además, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo y agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente a efecto de enviar su demanda. Asimismo, el último de los numerales citados indica que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica. Ahora, en el caso en concreto, la demanda de amparo que nos ocupa carece de la evidencia criptográfica de la firma electrónica y por lo tanto el suscrito no advierte la manifestación de la voluntad de la peticionaria de amparo, ya que como se ha precisado tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo el artículo 3° de la ley de la materia dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; con la cual las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Lo anterior, implica que ante la falta de evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre de la titular, si el certificado es reconocido por la Unidad y si el mismo se encuentre vigente, la parte promovente fue omisa en manifestar su voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional. Así, en relación con la certificación secretarial realizada respecto de la presentación de tal documento y los diversos razonamientos esgrimidos, se advierte que no se puede dar valor probatorio alguno a la demanda de cuenta por haber sido presentada sin firma electrónica (evidencia criptográfica). Por lo que, se insiste, en virtud de que las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad de la quejosa, y ante tal omisión dicho escrito no tiene ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma de la promovente, o como en el caso, a través de la firma electrónica correspondiente y de esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. En ese orden de ideas, se concluye que ante la falta de evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular, si el certificado es reconocido por la Unidad y si el mismo se encuentre vigente, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo por parte de Patricia Rodríguez Verónica. Consecuentemente, al ser considerada la falta de firma como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. No se inadvierte el hecho de que en la última foja del ocurso de demanda se advierta el nombre de "PATRICIA ...", aparentemente con una rúbrica de puño y letra de la quejosa; sin embargo, ello no constituye una firma autógrafa pues a simple vista se aprecia que corresponde a una fotocopia o a una página que fue escaneada, ya que la demanda se presentó a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; por tanto, no se encuentra acreditada la voluntad de la peticionaria de amparo para instar el juicio constitucional. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que procede es desechar la demanda de amparo. Ahora, a fin de no dejar en estado de indefensión a la promovente, notifíquese únicamente el presente proveído vía electrónica en el correo con usuario "Raquel...", en razón de que al realizar la búsqueda correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registrado dicho usuario; en el entendido de que la solicitante del amparo queda obligada a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Ahora bien, toda vez que el domicilio que indica la quejosa para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, con apoyo en los ordinales 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, se tiene como tal, las listas que se publican en los estrados de este juzgado federal, sin perjuicio de que con posterioridad designe uno en esta ciudad. Sin que haya lugar a tener por autorizadas a las personas referidas en el ocurso de cuenta, toda vez que como se adelantó, éste no se encuentra firmado; por tanto, no existe la voluntad de la parte quejosa de realizar dichas autorizaciones. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión.
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