Patricia Riva Palacio Monroy

Expediente 1119/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1119/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
29/04/2021

Partes del expediente

  • Patricia Riva Palacio Monroy
  • Sociedad Civil U.A.O.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio signado proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, por medio del cual, remite los autos originales del presente juicio de amparo, y copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en el Q.C. 268/2020, en la que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa; acúsese recibo. Orden de archivo. archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de depuración y/o destrucción. se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es destruible, y se tendrá que conservar por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Relevancia documental. Debe decirse que el presente juicio de garantías no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Incidente de suspensión. No se aperturó cuaderno incidental al haberse desechado la demanda de amparo. Devolución de documentos Finalmente, hágase del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con noventa días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente auto, a efecto de que comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que adjuntó a su escrito de demanda, apercibida que de no hacerlo, se destruirán junto con el expediente.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, por medio del cual confirma la recepción de los autos originales del presente juicio de amparo y escritos de agravios, los cuales le fueron remitidos para la sustanciación del recurso de queja interpuesto por la quejosa, contra del auto por el que se desechó la demanda de amparo, e informa que dicho medio de impugnación fue admitido y radicado bajo el número Q.C. 268/2020-III; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Patricia Riva Palacio, en su carácter de representante legal y Presidenta del Órgano de Dirección de la Sociedad Civil "U.A.O.", con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 a 103 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de queja en contra del acuerdo de uno de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. II. No se da vista. Dada la naturaleza del proveído contra el cual se interpone el recurso de queja, no es necesario dar vista de las partes, por el plazo de tres días, para que señalen las constancias que en copia certificada serán remitidas al tribunal revisor. III. Remisión de constancias. Conforme con lo anterior, previa copia simple que del escrito de expresión de agravios se deje en autos, con el informe que se rinde en el presente auto, envíense al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, el expediente en que se actúa previa conformación del cuaderno de antecedentes respectivo y el escrito del recurso, atendiendo al procedimiento previsto en el artículo 101 del ordenamiento legal invocado, solicitando de la manera más atenta comunique la recepción de las constancias que se remiten. IV. Constancias para la substanciación del medio de impugnación. ríndase el informe de queja respectivo y remítase el recurso de que se trata, al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno. Para que la superioridad esté en posibilidad de resolver el recurso de mérito, se remiten las constancias necesarias para ello, mismas que consisten en lo siguiente: - El original y copia del escrito de expresión de agravios. - El presente juicio de amparo 1119/2020-III, previa conformación del cuaderno de antecedentes respectivo. Se solicita atentamente a la autoridad que por razón de turno conozca el medio de impugnación, acuse recibo de los documentos que se envían. V. Se rinde informe de queja. En consecuencia, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, SE RINDE INFORME SOBRE LA MATERIA DE LA QUEJA, en el sentido de que ES CIERTO EL AUTO RECURRIDO, toda vez que este juzgado dictó el proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo. VI. No se suspende procedimiento. Se hace del conocimiento que al desecharse la demanda de amparo, no es necesario suspender el procedimiento como lo establece el artículo 102 de la Ley de Amparo, pues no se ha dado inicio al juicio de amparo.

  4. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Patricia Riva Palacio, en su carácter de representante legal y Presidenta del Órgano de Dirección de la Sociedad Civil "U.A.O.", personalidad que acredita con copia certificada del instrumento notarial cinco mil noventa y seis, pasada ante la fe del Notario Público Número Diez del Estado de México, por propio derecho, contra actos del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. II.- Creación del expediente. Fórmese expediente y regístrese con el número 1119/2020-III, del índice de este juzgado federal. De conformidad con los artículos 15 y 16 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para formar cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. III.- Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, como se verá a continuación. Estos preceptos autorizan a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, de la lectura integral de demanda se desprende que la promovente reclama de la autoridad señalada como responsable, el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, dictado en el expediente 72/2020, en el que la responsable tiene por contestada la demanda interpuesta contra Víctor Rojas Adaya y María del Carmen Virginia Guerra Díaz, y admitió la reconvención planteada por los mismos, en contra de la quejosa en su carácter de presidenta del Consejo de Administración y Representante legal de la Sociedad Civil "U.A.O." Luego, debe decirse que, del análisis del acto reclamado y sus antecedentes, obtenemos que la demanda de garantías que nos ocupa deviene notoriamente improcedente, conforme a lo señalado en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último, aplicado en sentido contrario a su interpretación, ambos de la Ley de Amparo. Conforme a los preceptos reproducidos, el amparo indirecto sólo procede contra actos dictados dentro de juicio, cuando tengan ejecución de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, siendo improcedente. Para ser calificados como irreparables, dichos actos necesitan actualizar dos condiciones: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situarlos en aquellos supuestos en los que el acto, impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, inclusive, antes del dictado de algún fallo definitivo, y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente, revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo ese contexto, el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos dentro de juicio que produzcan una afectación material a derechos sustantivos, esto es, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Bajo ese análisis, del acto reclamado, no se aprecia alguna afectación de imposible reparación al peticionario, pues no se advierte que se le afecte materialmente un derecho sustantivo, ni que se le impida el ejercicio de algún derecho, sino únicamente, una violación intraprocesal, puesto que al momento en que se dicte la sentencia, ésta le puede ser favorable sin que esas violaciones que reclama le lleguen a afectar, ni tampoco, provocar se quede insoluta la controversia en el juicio de origen. En esa tesitura, el acto que por esta vía se reclama, no constituye un acto dictado en un juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación para la quejosa, porque los efectos que el acto reclamado produce no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, toda vez que se refiere a una cuestión meramente procesal. Por lo que, en su caso, la eventual violación de la que se duele la parte quejosa, en cuanto a la admisión de la reconvención instaurada en su contra, dentro del juicio natural del cual es parte procesal, deberá reclamarse una vez que se dicte la sentencia que ponga fin al juicio de origen del cual deriva tal resolución que aquí pretende reclamar, siempre y cuando la misma haya sido adversa a sus intereses, y agotado el recurso que, en su caso, proceda en contra dicha resolución. Con lo anterior, se pretende que se continúe con el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, sin mayores trabas y que los afectados con el fallo correspondiente, al impugnarlo, puedan hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento que estimaran se hubieran cometido. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia radica en la circunstancia de que la determinación reclamada -admisión de la reconvención- no transgrede de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa, pues el mismo es relativo a cuestiones netamente procesales. Lo que se advierte de manera evidente de lo expresado en la propia demanda de amparo. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualizan de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. La suscrita juzgadora no soslaya el contenido de la jurisprudencia número P./J. 146/2020, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Diciembre de 2000, intitulada: "RECONVENCIÓN. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU DESECHAMIENTO"; sin embargo, cabe aclarar que dicho criterio no es aplicable en la especie. Lo anterior así se estima, puesto que mientras en el criterio de referencia alude a que procede el juicio de amparo en contra del desechamiento de la reconvención; en el escrito de cuenta el quejoso solicita la protección federal, contra el auto que admitió la demanda reconvencional, lo que constituye un supuesto diverso al que se refiere la jurisprudencia invocada. Y es que mientras que el desechamiento de la reconvención afecta el derecho sustantivo de acceso a la jurisdicción con consecuencias irreparables, su admisión solo podría constituir una violación procesal reparable al dictarse la sentencia que resuelva el fondo del asunto. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa. a) Domicilio. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones de carácter personal, las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional. b) Autorizados De igual forma, se tiene por autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Guillermo Reyes Reza, por contar con registro de cédula ante el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho REGPROF, mientras que a las diversas personas únicamente en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. Asimismo, se exhorta a la parte quejosa para que la continuación del presente juicio de amparo, la realice vía electrónica, a través del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. VII. Copias y reproducción de constancias. Expedición de copias. se ordena la expedición a las partes hasta en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Lo anterior, el entendido que el quejoso, deberá realizar las gestiones necesarias y seguir el procedimiento -conforme a los protocolos establecidos-, para acudir a recogerlas, previa razón que se asiente en autos para constancia. Protocolos para la consulta de expediente, copias y reproducción electrónica del expediente. Es decir, de acuerdo a lo establecido en los artículos 3 y 6 del Acuerdo 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la generación de citas para consulta del expediente o comparecencias de las partes de manera física en el órgano jurisdiccional, se ordena generar por el Portal de Servicios en Línea, en el apartado "Agenda OJ", el Código QR correspondiente, mismo que deberá portar de manera impresa, la parte quejosa para tener acceso a este órgano jurisdiccional, sin que pueda utilizar ese pase para visitar diversos órganos, pues solo le da derecho para ingresar a la diligencia encomendada. Para lo cual, el compareciente deberá al presentarse en la recepción de este órgano jurisdiccional, con 15 minutos de anticipación a la hora y fecha señalada para la diligencia, y deberá comunicarse al teléfono 55 2619 7400 extensión 2151, 2152 o 2162, indistintamente, para que le sea proporcionado el referido código QR, y pueda acceder a este juzgado. La cita obtenida conforme a lo previsto en la fracción I del artículo 6 del acuerdo en mención, tendrá la duración que se estime necesaria para el desahogo de la diligencia respectiva; si se advierte que la actuación puede durar más de lo previsto, su prolongación estará sujeta a la disponibilidad de la agenda, atendiendo en todo momento a las reglas previstas en el citado Acuerdo. VIII. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes, que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada.

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