Patricia Rendón Estrada

Expediente 1011/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 1 actuación registrada, la última del 18 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1011/2015
Año
2015
Actuaciones
1
Última actuación
18/12/2015

Partes del expediente

  • Patricia Rendón Estrada

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, dieciocho de diciembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito de demanda promovido por Patricia Rendón Estrada. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1011/2015 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: " Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" Este precepto autoriza al suscrito juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en: "1. De la autoridad responsable se reclama la interlocutoria de fecha 24 de noviembre del año en curso, dictada con motivo del incidente de ejecución promovido por la actora Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda en el expediente número 09/2009, promovido en contra de la suscrita, resolución que me fuera notificada de manera personal en fecha 27 de noviembre del año 2015." De lo antes expuesto, se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dado que el acto reclamado consiste en la interlocutoria pronunciada en el incidente de ejecución de sentencia relativo al juicio 9/2009, en la que se declaró que la peticionaria de amparo incumplió con el convenio judicial celebrado con la actora aquí tercero interesada Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, respecto de los tres pagos a favor de éste estipulados en el convenio celebrado por la actora y demandada ahora peticionaria de amparo -dicha interlocutoria se pronunció en etapa ejecutiva donde es parte la quejosa-. Los numerales en comento, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. "Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De la interpretación del último precepto, se colige que tratándose de actos realizados en el período señalado (de ejecución de sentencia), solo es procedente el amparo biinstancial cuando se interponga contra la última resolución que en esa fase se pronuncie, entendiéndose por última resolución la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Luego, tal determinación no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, dado que, como quedó precisado, el amparo indirecto solo procede en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento o la que ordena el archivo, donde podrá reclamar las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la quejosa, es decir, el acto reclamado consistente en la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, donde se declaró que la quejosa incumplió con tres pagos pactados en el convenio celebrado entre las partes en el juicio de origen, mismo que se ordenó ejecutar la cual se pronunció en la fase ejecutiva, no implica que sea de imposible reparación ya que no afecta de forma directa derechos sustantivos de la promovente, pues tal acto lo puede reclamar cuando se actualice el supuesto señalado con antelación. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 108/2010, sustentada por del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En consecuencia, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones XXIII, de la ley de la materia, con apoyo en el artículo 113 de la misma ley, lo que procede es desechar la demanda de garantías por notoriamente improcedente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de demanda y como autorizados en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Martiza Ortega Lizárraga y Francisco Osuna Valle en virtud de no tener cédula profesional ni permiso temporal para ejercer la abogacía registrados en este juzgado, como tampoco en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. NOTIFÍQUESE; personalmente a la promovente.

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