Patricia Ramírez Martínez

Expediente 2205/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
2205/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
07/02/2017

Partes del expediente

  • Patricia Ramírez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis; en tal virtud, con fundamento en los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto por el cual se desechó la demanda de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE] y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la razón actuarial que antecede, de la cual se advierte que no fue posible notificar personalmente el acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, a la parte quejosa Patricia Ramírez Martínez, por la razón asentada en la misma; en esas condiciones, se ordena realizar la notificación de que se habla, y las subsecuentes, por medio de lista en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de diciembre de dos mil dieciséis. EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Patricia Ramírez Martínez, contra actos del Titular del Área de Auditoría de Quejas y de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 2205/2016-II; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, ya que se actualiza de manera manifiesta e indudable, una causal de improcedencia. En primer término cabe precisar que de la lectura integral al escrito de demanda se advierte que Patricia Ramírez Martínez, señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional, lo siguiente: "La ilegal notificación por rotulón del acuerdo de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis, hecha el mismo treinta de noviembre de dos mil dieciséis, por el C. Titular del Área de Auditoría, de Quejas y de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pese a que se dejó de actuaren el expediente de responsabilidades administrativas número 1070/2016 por más de seis meses, contraviniéndose así el artículo 309 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, como se lee en el artículo 47 de esta última Ley referida." Esto es, se duele de la notificación por rotulón del acuerdo de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente de responsabilidades administrativas 1070/2016, mediante el cual el Titular del Área de Auditoría, de Quejas y de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, señala fecha para que el aquí quejoso presente al perito en materia de medicina legal que propuso. Precisado lo anterior, el suscrito advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) De los dispositivos legales transcritos se advierte que tratándose de actos dictados en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, el amparo en la vía indirecta es procedente únicamente en dos supuestos: 1. Cuando se trata de la resolución definitiva. 2. Contra actos en el procedimiento que sean de imposible reparación. Este supuesto de procedencia para el juicio de amparo biinstancial, se apoya en el principio de economía procesal que tiene por objeto evitar la proliferación o cadena interminable de amparos promovidos en contra de diversas actuaciones suscitadas en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Con ello, el legislador pretende impedir que las partes dentro de los procedimientos de esta naturaleza puedan intentar la acción de amparo tantas veces como violaciones se cometan en los mismos, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. En el particular, la notificación por rotulón del acuerdo de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente de responsabilidades administrativas 1070/2016, mediante el cual el Titular del Área de Auditoría, de Quejas y de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, señala fecha para que el aquí quejoso presente al perito en materia de medicina legal que propuso, constituye un acto que únicamente produce una afectación de naturaleza procesal, que no puede ser sujeta al análisis en el juicio de amparo indirecto, pues la presente vía se encuentra reservada a actos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del inconforme, lo que en la especie no ocurre. A mayor abundamiento, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Criterio que se encuentra visible en la jurisprudencia identificada con la nomenclatura P./J. 37/2014 (10a.), visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En ese orden de ideas, si en el caso concreto la parte inconforme reclama la notificación por rotulón del acuerdo de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente de responsabilidades administrativas 1070/2016, mediante el cual el Titular del Área de Auditoría, de Quejas y de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, señala fecha para que el aquí quejoso presente al perito en materia de medicina legal que propuso, misma que no afecta de manera directa alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; por tanto, se concluye que la demanda de garantías es de manifiesta, notoria e indudable improcedencia, pues el acto reclamado sólo constituye, una infracción procesal que puede ser remediada en favor de la parte inconforme al momento de que se emita el fallo definitivo en el procedimiento de origen. En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo promovida por Patricia Ramírez Martínez. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jesús Cortés Mena, Magda Martínez Toledano, Marco Antonio Romero Bahena, Sandra Angélica Breña Rivadeneyra, Dunia Araceli Gutiérrez García, María Teresa Flores Cerón, Yessica Yordana Romero Adunas y Carlos San Juan Rojas, en virtud de haber acreditado tener inscritas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como autorizadas en los términos restringidos que prevé el citado numeral a Madga Ivonne Elizalde Sánchez, Angélica Lorena Pulido Álvarez, Víctor Hugo Alarcón López, Mijaíl Ramírez Martínez y Patricia González López por no encontrarse en el supuesto anterior. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis 1a./J. 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164473, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. RESERVA DE INFORMACIÓN Hágase saber a las partes, que de conformidad con los artículos 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, -aplicable al caso concreto de conformidad con el artículo 2º Transitorio del decreto por el que se expidió la ley en cita-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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